Archivo por meses: Octubre 2009

Todos en contra

Felipe Calderón ha conseguido lo hasta ahora considerado imposible: ha puesto a todos en su contra. Los motivos de las diferentes clases o sectores de éstas son, sin embargo, diferentes. Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con pagar más; quienes no pagan rehúsan ahora pagar un poco por cuenta de lo que han dejado de aportar.

Es evidente que la gran burguesía monopolista, la cual no paga como lo afirma con razón el mismo Calderón (quien asumió por un instante el discurso de López Obrador, aunque sin la misma consecuencia), combate el aumento de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, aunque tampoco lo va a pagar, pero se opone sobre todo al pellizco de los impuestos retenidos (aparte de los no pagados) entre 1999 y 2004 –más de 80 mil millones en el cálculo más conservador—que Calderón les pidió entregar en cinco cómodas anualidades.

Quienes pagan los impuestos no están de acuerdo con un aumento de dos puntos porcentuales sobre sus ingresos, lo cual significaría poco más de siete por ciento de incremento a todos y, para los más bajos salarios que hoy contribuyen, representa casi 20 por ciento de aumento respecto de lo que están pagando ahora, lo cual es un atraco. (Nuestra insigne prensa libre mexicana no ha dicho la verdad sobre el proyecto gubernamental de impuesto sobre la renta ni ha intentado explicar a su sufrido público lo que significa el régimen de consolidación fiscal de los súper ricos mexicanos; lo que al respecto se ha planteado por el PRD desde el Congreso no ha sido publicado, sencillamente).

En cuanto a los impuestos al gasto no se trata sólo de dos por ciento adicional, reducido por la Cámara a uno por ciento en el IVA, sino también el tres por ciento a los usuarios de telecomunicaciones, dos pesos por cajetilla sin importar el precio de la misma y un incremento a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, todo lo cual le pega a casi todo mundo.

Los ciudadanos diputados de la mayoría de PRI y PAN (encabezados por sus respectivos presidentes nacionales) se aventaron la puntada de aprobar la condonación de derechos a los concesionarios de las nuevas frecuencias de telecomunicaciones, por la friolera de casi 5 mil millones de pesos, con el propósito –dijeron—de “incentivar” que le hagan el favor a México de invertir en la banda más lucrativa del espectro radioeléctrico (la más rápida) y la de mayor tasa económica de retorno, como si fuera petróleo crudo. No se sabe qué favores, también de retorno, están aquí comprometidos.

En síntesis, Calderón plantea que quienes ya están pagando impuestos (trabajadores y empresarios pequeños y medianos) ahora paguen más y quienes no pagan casi nada sigan así, aunque les quiere cobrar a éstos en 2010 unos 27 mil millones por cuenta de lo que no han pagado en los últimos diez años. Esto fue lo que amarró la pinza de la unidad nacional: todos en contra. Mayor torpeza es difícil.

Los privilegios fiscales, sin embargo, no se tocan, pues el régimen de consolidación fiscal de las holdings no se quiere suprimir, ni se quiere cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de bolsa, ni se pretende tocar a las empresas mineras que prácticamente no pagan nada por derechos de extracción, ni tampoco se desea eliminar los regímenes de privilegio del llamado sector primario y los transportes. En fin, Calderón respeta a los ricos y sólo les pide a los más ricos una pequeña contribución de 27 mil millones, por la cual éstos chillan como marranos atorados (tienen ingresos brutos anuales por más de cinco millones de millones de pesos).

El secretario de Hacienda, ante tal desastre y pésimo resultado político, debería renunciar como responsable de la aplicación de las órdenes recibidas de su jefe, Calderón. El paquete fiscal presentado por el gobierno no puede más que llevar al nombramiento de un nuevo secretario, aunque quien debería irse, en verdad, es el mismo Calderón por haber unificado a todos en su contra. Digo, es una idea.

¿Paquetazo o paquetito?

Al proyecto fiscal aprobado en la Cámara no lo ama nadie pero lo quiere la mayoría de San Lázaro. El PAN prefiere su absurda e inconstitucional “contribución contra la pobreza”, con una tasa de dos por ciento generalizado bajo las reglas del IVA. El PRI –quien negoció con Calderón—impulsa a regañadientes el uno por ciento al valor agregado, obra suya, sin duda. En cuanto al impuesto sobre la renta, han coincidido el gobierno y el PRI en la propuesta original de Calderón para elevar todas las tasas reales de quienes ya pagan, incluyendo en primer lugar a los trabajadores. Lo demás es más monstruoso pero es el proyecto panista original, que se lo ha tragado el PRI con fuertes disensos en sus filas.

Es un paquetazo en tanto que se busca hacer pagar más a quienes ya están contribuyendo pero se mantienen los privilegios fiscales para los más ricos. El régimen de consolidación de las holdings, apenas modificado, seguirá vigente. La Cámara se ha negado a imponer el pago de derechos a las compañías mineras que se roban los recursos naturales del país. Tampoco discutió siquiera el proyecto que envié desde el Senado para gravar las ganancias de bolsa. La progresividad del impuesto sobre la renta en realidad no ha sido modificada.

En cambio, se aprobó un nuevo impuesto al internet, el cual ya paga el IVA. Todos los países promueven este medio de comunicación y educación, menos Calderón, autor de esta iniciativa, y el PRI que la apoya sin explicación alguna. El aumento en la tasa y base del absurdo e inconstitucional impuesto al circulante tampoco ha sido explicado por sus autores ni por sus apoyadores priistas.

Sin embargo, la nueva recaudación contenida en el proyecto aprobado por PAN, PRI, Verde y Nueva Alianza, con los votos en contra del PRD, PT y Convergencia, es un paquetito. La cantidad implícita no alcanza más que para amortiguar una parte de la baja de los ingresos fiscales generada por la recesión. Pero no hay ningún plan contra la crisis, sino una respuesta timorata, protectora de privilegios.

El otro proyecto fue el que presentó el PRD. Plataforma tendiente a hacer pagar a quienes eluden su responsabilidad fiscal y a promover un fuerte programa de inversiones públicas productivas: tomar de la esfera de la especulación, de las súper ganancias de los monopolios y de los actuales gastos innecesarios el excedente para impulsar la economía. Esa es la respuesta correcta a la crisis que vivimos.

La alianza entre el gobierno y el PRI nos muestra una anomalía política. En las recientes elecciones, el PRI fue votado más que ningún otro partido pero no para realizar una alianza antipopular con el PAN sino para promover cambios. Los electores del PRI han sido defraudados.

La patronal, por su lado, no quiere el mínimo aumento de la tasa máxima al ingreso en dos puntos porcentuales, el cual difícilmente va a pagar, y tampoco está de acuerdo con la pequeña mordida al 40 por ciento durante 2010 a los impuestos retenidos por las holdings durante muchos años. Rechaza también el incremento del IEPS, en lo que tiene razón pero no por los argumentos apocalípticos que expone.

Al final, el paquetazo fiscal (paquetito en cuanto a su capacidad recaudatoria) va en el sentido de cobrar más a quienes ya pagan y mantener los privilegios de quienes no pagan. Este contenido marca toda una política gubernamental, asumida por el PRI en contra de sus propias promesas de campaña. En realidad, los nichos fiscales de privilegio los construyó el PRI cuando gobernaba.

La izquierda tiene la razón: hay que luchar contra la recesión y a favor de abolir los privilegios fiscales de un país con una fiscalidad endeble y atrasada.

Se fue la luz

Según la ley, debe existir un organismo público, diferente de la CFE, que se encargue del servicio de electricidad en la llamada zona centro. Sin embargo, después del sabadazo en el que Calderón extinguió el hasta entonces existente, ya no existe ninguno.

Según la ley, las relaciones de trabajo no se terminan por decreto presidencial, sino como consecuencia de actos convenidos o resoluciones jurisdiccionales.

Según la ley, un contrato colectivo de trabajo no se extingue por el simple cambio de denominación del patrón o por la sustitución del mismo.

Según la ley, el patrón sustituto es quien se hace cargo de los activos en funcionamiento de la empresa que se transforma o fusiona con otra y quien asume, por tanto, las relaciones laborales existentes con anterioridad. Es, digamos, la herencia laboral, que hasta ahora se había respetado, más o menos.

Todo lo anterior, inscrito en las leyes de México, ha sido borrado de un golpe por un individuo que se dice ser el presidente del empleo pero ha logrado correr a más de 50 mil trabajadores mediante un solo decreto.

Son los tiempos, diríase. Pero son, más bien, los actos realizados por un partido –el PAN—que, antes, demandó el respeto al Estado de derecho y que, hoy, se encarga de seguir desobedeciendo cuantas leyes puede. No es de extrañar que le apoye su maestro, el PRI.

Luz y Fuerza del Centro compraba la electricidad más cara que la tarifa a la que la vendía. Pero, además, la comercialización del servicio –llevar el fluido eléctrico–, tiene un costo mucho mayor que la producción de la electricidad. Cuando el gobierno presenta su balance económico, oculta esa realidad, como también omite decir que para manejar una red eléctrica obsoleta se requieren más trabajadores que si el gobierno hubiera invertido en la modernización de Luz y Fuerza.

Según Calderón, los electricistas tienen la responsabilidad de la obsolescencia de Luz y Fuerza, pero, según la ley y la realidad, ese organismo siempre estuvo dirigido por el gobierno. Su atraso técnico es responsabilidad de los gobernantes, quienes han demostrado carencia de interés por dotar a la vieja Compañía de Luz de las condiciones mínimas para prestar un servicio más o menos aceptable. Si la energía eléctrica no se suspende más frecuentemente es porque hemos tenido a unos trabajadores magos, que se las saben todas y arreglan cualquier desperfecto a pesar de que los cables y los transformadores ya cumplieron su vida útil hace décadas.

Algo odioso es criticar a un sindicato por haber logrado buenos salarios y prestaciones. Se supone, según varios medios de información, que los miembros del SME debieron haber tenido condiciones laborales tan deplorables como en muchas industrias donde ni sindicatos existen o están protegidas por los consabidos charros.

El señor Calderón ha aceptado pagar las jubilaciones. Luego, admite la vigencia del contrato colectivo y actúa como patrón sustituto. Todo esto no hace más que confirmar que, en efecto, el gobierno dice puras mentiras.

Además, la Secretaría de Hacienda está dispuesta a pagar a los trabajadores de Luz y Fuerza una liquidación copeteada, como diría Fox, a través de un bono de esquirolaje. ¿Desde cuándo es el patrón quien determina unilateralmente la cuantía de la indemnización de los obreros despedidos? ¿En qué parte del Presupuesto de Egresos se autorizó al Ejecutivo a pagar indemnizaciones mayores que las establecidas en la ley y el contrato de trabajo?

No hay ningún aspecto que sea legal en el sabadazo de Calderón. Todo ha sido una acción política, pero de la mala.

Por último, los “ahorros” de los que habla el gobierno son del todo demagógicos. Si las tarifas finales no aumentan, si los jubilados no se mueren todos al mismo tiempo, si la CFE no reduce sus tarifas como productor, si quienes se roban la luz –pobres y ricos—no dejan de hacerlo, si no se realiza la modernización, los “ahorros” serán tan mínimos que el saldo final de la operación sólo va a arrojar un daño político y social.

Bueno, para eso llegó Calderón a Los Pinos. ¿Para qué más?

¿Y los partidos políticos?

Es de suponerse que un partido tiene un proyecto de sociedad pero también, a cada momento, debe tener una propuesta política, la cual –también se supone—debe corresponder con su programa.

Ahora, el PRD –un partido sin propuesta política y con un programa al que casi nadie atiende—dice estar dispuesto a realizar alianzas electorales con el PAN. Hace unos meses se debatió sobre las alianzas con el PRI. Lo único que le falta al PRD es empezar a discutir posibles alianzas con el llamado Verde y con Alianza Social.

El PRD será necesario en tanto que posea un planteamiento propio, pero no sólo de sociedad, sino de política, es decir, de administración de los asuntos del Estado. Será necesario también en tanto defienda sus aspiraciones de libertad y de igualdad que no son compartidas por el resto de los partidos. Cuando todo esto no importe –ya está llegando el PRD a ese pantano—su existencia no será en absoluto necesaria ni deseable.

La singularidad de un partido no implica, sin embargo, que jamás tenga coincidencia práctica con otros partidos. Las alianzas, convergencias, acciones comunes, etcétera, son herramientas indispensables de cualquier partido con principios propios. Es más, cuando el resultado de cualquier negociación tiende a ser favorable al planteamiento de fondo de un partido, aunque ello implique ceder por el momento en algunos puntos secundarios, tal partido tiene la necesidad de llegar al acuerdo con sus adversarios. Pero tales convenios no significan una alianza sino la condición elemental de la lucha política mediante métodos no violentos, y aún bajo éstos.

Las alianzas electorales con el PAN deberían ser imposibles para el PRD. En el pasado se hicieron (Yucatán y Chihuahua), pero con los peores resultados, como era de esperarse, se diría. Acción Nacional, por su parte, no es capaz de hacer una alianza para apoyar un candidato a gobernador que sea dirigente del PRD. Pero, ahora, nos salen algunos líderes de este partido con la idea de que el PRD sí puede apoyar a un líder panista. Si el propósito electoral del PRD es impedir que gobierne el PRI en algunos estados, ¿para qué existe el perredismo como opción singular?

El asunto de Oaxaca tiene su particularidad, pues el posible candidato no es miembro del PAN sino de un partido que ha sido aliado del PRD. La ley electoral de ese estado impone candidaturas comunes de la totalidad de los candidatos –gobernador, diputados, ayuntamientos—por lo que las cosas se complican, pero aún bajo tales condiciones el PRD podría tener un candidato común con una persona que no encarnara el programa del PAN, es decir, que no tuviera partido o fuera de otro partido diferente al PAN y al PRD. Este tipo de acuerdos son válidos sobre la base de unos cuantos propósitos comunes y en una relación en la que ningún partido subordine al otro. Se trata, entonces, de una convergencia acotada que no anula el programa de cada cual ni la necesidad política de la existencia de ningún partido.

En México existen tres partidos relevantes. Es más fácil la unión entre el PAN y el PRI, con programas muy semejantes –véase la conducta de ambos partidos en 16 estados sobre la interrupción voluntaria del embarazo–, que entre cualquiera de esos dos y el PRD que posee un programa totalmente diferente a los partidos de la derecha. Sin embargo, en el campo electoral, los priistas y los panistas no realizan coaliciones. Ellos saben que su existencia depende de su singularidad. En cambio, en los parlamentos, casi siempre se ponen de acuerdo porque tienen coincidencias de fondo.

Si el PRD quiere sobrevivir tiene que asumir una propuesta política clara, propia, definida, asimilable por sus miembros y votantes. ¡Cuánta falta hace en el PRD una nueva dirección!

Sufragio efectivo

La lucha política en Iztapalapa ha generado toda clase de pronunciamientos en contra del sufragio. A pesar de que el asunto relevante en esa demarcación ha sido en realidad el voto ciudadano y el respeto al mismo, no ha sido ésta la manera como se le ha abordado por periodistas y políticos. Pareciera que todo se reduce a asuntos menores, pronunciamientos circunstanciales y actuaciones caricaturescas, como si el voto pudiera ser tratado de esa forma sin ofenderlo como valor democrático. Los que esperaban que Acosta renegara de su compromiso en realidad estaban en contra del voto mayoritario, querían mancillarlo, burlarlo.

En Iztapalapa, ante el cambio judicial de candidata, se realizó una maniobra política enteramente válida pues cada cual sabía por quien votaba. Clara Brugada obtuvo la mayoría y eso fue el contenido principal de tal episodio que seguramente formará parte de la historia electoral del país. Nadie fue engañado, no se realizó ninguna trampa en la votación, a pesar de que marcar el nombre de Brugada implicaba votar por otra persona que no se encontraba en la boleta, y de que marcar el nombre de Rafael Acosta quería decir que se le otorgaba el voto a Brugada. Pero ese enredo fue provocado por el más alto tribunal electoral del país, al cual ni siquiera se le critica por parte de quienes han soslayado el sufragio popular.

Es claro que la burla de los desplantes de Acosta es cosa natural de la prensa y los comentaristas, pero ¿dónde quedó el hecho de que la mayoría se expresó en Iztapalapa y le otorgó el triunfo a Clara Brugada?

Lo que ocurre es que en México el sufragio no merece respeto dentro de la vieja cultura política que no ha desaparecido, ni siquiera menguado. Parece que todo en política es maniobra, suciedad y ridiculez, por lo que el voto aparece como producto de fuerzas ocultas.

En contraste, la validación de las elecciones en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa aparece como un acto de justicia, lo cual es un tanto cierto ya que se ha respetado el voto mayoritario. Pero como en esos dos casos la victoria ha sido de la derecha panista, entonces todo es denostar al tribunal local y ensalzar a la sala regional del llamado Trife. Pero se olvida por conveniencia que lo sancionado por las autoridades electorales locales no era el resultado de las votaciones sino las trampas de los candidatos panistas. ¿Dónde dice la Constitución que los spots contratados –considerados ilícitos—deben ser pagados por el contratante? Hay muchas formas de contratar, entre ellas las que no implican pago alguno. No era necesario demostrar el pago con tal de que se probara el acuerdo entre Televisa y Sodi para hacer propaganda –cuestión reconocida por el IFE y el Trife–, con el propósito, además, de ridiculizar las nuevas normas electorales tan cuestionadas por el duopolio de la televisión. Asimismo, dice la ley que los donativos forman parte de los gastos de campaña, los cuales eran la litis en Miguel Hidalgo, ignorada olímpicamente por el Trife.

Cuando se anula una elección debido a que el vencedor violó las normas, no se castiga al sufragio mayoritario sino al candidato tramposo. Aquí ha predominado el valor del voto, lo cual no es condenable, pero se deja a los fulleros en total impunidad. La trampa perdonada no tendrá remedio, la repetición de los comicios, en cambio, sí tendría forma de llevarse a cabo. Se hizo, al parecer, una valoración política entre ambas cosas (voto ya emitido y trampas). Ganó el voto como valor pero ¿cómo se pueden combatir las trampas? Eso no lo detallan los defensores del tramposo, es decir, de Demetrio Sodi. En realidad, ganó más la trampa que el voto. Parece que en México el problema de las elecciones no tiene fin.