Archivo por meses: febrero 2019

Autonomías y repartos políticos

Los únicos organismos públicos que gozan de autonomía son las universidades precisamente autónomas. Los demás que se denominan autónomos carecen de la facultad de emitir sus propias legislaciones y, más en general, “gobernarse a sí mismos”, como la Constitución les concede tajantemente a las instituciones de educación superior.

Hay en México organismos autónomos diseñados casi a imagen y semejanza del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos titulares no sólo son técnicos, sino también integrantes de la llamada clase política aun cuando no estén formalmente afiliados a partido alguno.

El ente no gubernamental que organiza las elecciones fue una exigencia de las oposiciones durante muchos años. Luego de su creación, sin embargo, sus titulares buscaron incidir en la política del país, no sólo en cuanto a la manipulación electoral, sino también en criterios, paradigmas, formas de actuar y demás características del quehacer político: suponen con frecuencia que tienen funciones de maestros políticos.

Fue un error costoso que ese aparato electoral estuviera a cargo de personas que con frecuencia polemizan con los partidos “adversarios”, mientras que ellos mismos no realizan con rigor técnico algunas de sus atribuciones más importantes.

Por ejemplo, los resultados electorales se conocen en su totalidad tres días después de la elección. México tiene uno de los sistemas de resultados más lentos. Pero, por otro lado, sus integrantes pretenden ser intocables al sostener que cualquier medida administrativa legal es un atentado contra el ejercicio de su función. Así lo volvieron a decir cuando la Cámara redujo su abultado presupuesto. Sostienen que el INE puede doblegar por vías políticas o legales al poder constituido. Han recurrido al amparo para seguir gozando de sueldos demasiado elevados, los cuales ya están eliminados por vía constitucional y presupuestal.

Todos los organismos “autónomos” han presentado recursos en la Suprema Corte contra la aplicación de las normas constitucionales en materia de remuneraciones de servidores públicos. Y todos ellos han argumentado que su alto sueldo es garantía de probidad e imparcialidad. Esto incluye al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ha ejercido su atribución de presentar acción de inconstitucionalidad en materia justamente de derechos humanos, pero en este caso con motivo de la reducción de su sueldo. Esto nos recuerda aquello del conflicto de intereses y de la ética del servicio público.

Los gobernadores del Banco de México han recurrido a la Suprema Corte en procura de protección, pero no para defender el ejercicio de sus funciones sino sus sueldos. Es evidente que objetan una disposición constitucional, lo cual debería ser intransitable, pero lo peor es que, para ello, utilizan un recurso asignado al Banco como institución. No obstante, el ministro instructor de la Corte les concedió una suspensión, la cual no procede según la ley. Influencias políticas, nada más.

Los actuales integrantes de los “órganos autónomos” tuvieron que recurrir a un partido o un alto funcionario de gobierno para llegar a donde están, aún los que pasaron por un mecanismo de examen previo de conocimientos.

En otros países los integrantes de los órganos reguladores no discuten asuntos políticos, no postulan mediante sus cargos opiniones sobre su país y el mundo, sino que realizan funciones para las cuales, estrictamente, fueron designados. En México, sin embargo, esos organismos son diferentes porque el sistema político los ha llevado por otros caminos.

La creación de órganos “técnicos” declarados “autónomos” ha llegado a su agotamiento.

No obstante, se propone ahora que, en lugar del malogrado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se forme otro, pero igualmente “autónomo”, cuyos integrantes serían designados por el Senado. De nuevo se quiere el mismo reparto político.

Es preciso dejar de caminar sobre huellas de reformas pasadas y abrir la posibilidad de que, dentro de la administración pública, puedan existir órganos colegiados, sin personalidad jurídica propia pero con independencia en sus decisiones. Definidas sus funciones, el punto relevante sería diseñar el método de su designación.

En ocasión de la reforma educativa que se discute ahora en la Cámara de Diputados, se abre la oportunidad de intentar algo nuevo, sin repartos partidistas o burocráticos, en el diseño de organismos regulatorios y técnicos.

Venganza o transformación

Sería un error de parte de la nueva fuerza gobernante hacer una cacería de brujas para ir en persecución penal contra ex gobernantes. De la sed de venganza contra la corrupción no podría surgir justicia en su más alta acepción, sino una dura confrontación política que estorbaría finalmente la lucha contra el Estado corrupto.

Conocer hechos de corrupción, explicar cómo se hicieron las cosas desde el poder, fustigar los métodos de reparto de recursos y tráfico de influencias es algo necesario y lo seguirá siendo durante años. Pero esto no sería una cacería.

Incluso, proseguir las denuncias presentadas contra servidores públicos es una obligación del Ministerio Público por lo cual se deben concluir las investigaciones.

En otra vertiente se encuentran los actos de represión, la arbitrariedad y violencia del poder contra la gente. Aquí es indispensable activar investigaciones y procesos penales, pues de lo contrario habría una especie de omisión criminal.

Además, las acciones orientadas a lograr la libertad de los presos políticos deben acelerarse y multiplicarse, no sólo desde el gobierno federal sino también en los estados, incluyendo leyes de amnistía expedidas por las legislaturas. Tenemos miles de esos presos en el país y su permanencia en prisión es algo más que una injusticia, ya que expresa el autoritarismo y la represión integrados en la forma de gobierno.

Ha llegado por fin el momento en que el Congreso de la Unión  y las legislaturas de los estados ejerzan sus facultades de control político, vigilen el gasto e investiguen todo lo necesario para mejorar la función pública. La tradición mexicana consiste en que el Poder Legislativo no debe asomarse demasiado a la realidad porque eso implicaría invadir funciones del Ejecutivo. Sin embargo, es al contrario, la vigilancia está a cargo del parlamento en un sistema republicano.

Cuando no funcionan los mecanismos de control político y vigilancia, no sólo hay impunidad sino también se produce ese dañino fenómeno de que las denuncias suelen ser publicadas como si fueran sentencias. Todo eso es expresión del mal funcionamiento de las instituciones o de su ausencia.

Un fenómeno muy conocido consiste en que la Auditoría Superior descubre desvíos y otras malas prácticas, las informa a la Cámara de Diputados y presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se vuelve a mover la hoja de un árbol.

Para de verdad descubrir y enjuiciar las tramas de corrupción dentro de la administración pública es preciso activar el juicio político. Aunque éste se realiza contra personas en lo individual, su ámbito es mucho más amplio que un juicio penal pues lo que en el fondo se enjuicia son los actos y omisiones de gobierno, junto con el responsable personal. La habilitación del juicio político podría poner al descubierto el funcionamiento de los sistemas de gestión pública articulados a la corrupción. Esto es mejor que la venganza.

El incierto futuro de carecer de oposición formal

La lucha política en México vive un momento singular: el nuevo gobierno no tiene oposición organizada. Los dos partidos perdedores de la reciente elección carecen de dirección y, en consecuencia, de una plataforma política aunque sea mínima. Se va sabiendo lo que no quieren, pero no se conoce lo que buscan. Son reactivos y odian la nueva coyuntura en la que se encuentran, pero nada más.

Esta situación ha de ser, previsiblemente, momentánea, pero crea por lo pronto gran incertidumbre, en especial dentro de la nueva fuerza gobernante del país.

Desde la instalación de la Legislatura, aquellos dos partidos mostraron más su preocupación por no ser ninguneados y enseñar, en consecuencia, sus limados dientes, que por presentar su carta de exigencias, aspiraciones, peticiones y recomendaciones que, se supone, debe tener siempre todo partido político. Ninguno de ellos cuenta con una interpretación de lo sucedido en los recientes comicios y mucho menos de un análisis de la situación política del país.

En lugar de los dos partidos derrotados, la oposición se ha empezado a ubicar en los medios de comunicación y en la patronal. Pero, por definición o naturaleza, esos mecanismos de difusión de ideas y de agrupación gremial carecen de plataformas políticas precisas y no son instrumentos de elaboración programática, como tampoco conforman mecanismos para agrupar ciudadanos y postular candidaturas.

La crítica al gobierno que difunden muchos medios de comunicación y no pocos órganos patronales e, incluso, empresas, es poco propositiva, muy rasposa y a veces algo irónica. Aunque tiene cierto valor, no puede ser un sustituto constructivo de la oposición organizada y militante.

En consecuencia, el gobierno y los legisladores de la mayoría no encuentran interlocutores políticos para organizar el debate, contrastar sus propuestas, negociar acuerdos, construir escenarios incluyentes o, por el contrario, romper lanzas en abierta contienda.

Nunca se puede calcular cómo podría reaccionar cada uno de los dos partidos ante iniciativas presentadas por el gobierno o la mayoría en el Congreso. Lo peor es que no son tampoco susceptibles de consulta antes de formular nuevas políticas públicas o proyectos de reformas legislativas. Entre panistas y priistas nadie puede definir una orientación posible antes de la formalización de los hechos políticos, los cuales, una vez anunciados, sólo concitan el intento de bloqueo de parte de los dos partidos.

En otras palabras, casi nunca hay contrapropuestas de parte de los dos partidos que salieron de las recientes elecciones con graves contusiones y una consecuente ofuscación. El PRI y el PAN no han podido definir aún cual será su papel político y sus objetivos concretos en los próximos dos años.

Cuando la oposición formal está confundida, también sufre la fuerza gobernante porque el vacío que deja aquella es llenado por poderes informales que no respetan canon alguno y carecen de interés electoral, es decir, deseo de ganar votos mediante su concurso en la lucha política abierta.

Frente a esta singular situación que está viviendo México, convendría que el gobierno y la mayoría legislativa hicieran el esfuerzo por llevar a los dos partidos derrotados al terreno de la construcción común de cierto tipo de proyectos, no sólo de leyes sino también de políticas públicas.

Si con paciente insistencia se empieza a abrir la convocatoria sincera hacia los partidos, podría detenerse a tiempo la tendencia de que éstos sean sustituidos por otros mecanismos más difusos e irresponsables de organización de intereses.

En otras palabras, es del todo conveniente desde el punto de vista de la democracia detener el oscurecimiento de la lucha política al que, con su ofuscación, el PRI y el PAN están incitando.

Corrupción en la política social

El debate sobre las estancias infantiles privadas para personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social remite a un problema profundo de la política social.

No existen en el viejo régimen mexicano esferas públicas que no hayan sido afectadas por la corrupción como parte del sistema de administración del Estado. Las instituciones y programas sociales no son la excepción.

Son conocidos los métodos para eludir el pago debido de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, lo cual reduce drásticamente los recursos que esa institución podría recaudar. Muchas empresas en el país utilizan esos métodos, los cuales encuentran asidero en algunas disposiciones de ley redactadas para tal efecto y en la tolerancia de la autoridad.

Es lacerante que se les niegue seguridad social a los obreros agrícolas sin que el gobierno garantice, como es su deber, el ejercicio de ese derecho constitucional.

También es inaceptable que se niegue educación superior a jóvenes y se llegue, a veces, a vender pruebas. Los exámenes de ingreso no tienen calificación mínima porque no buscan evaluar sino sólo rechazar a quienes no caben, sin que la creciente demanda imponga al Estado la creación de nuevos planteles. La educación superior debe ser considerado un derecho.

Es grotesco y aborrecible que se tenga que pagar algo al “gestor” o “líder” para mantenerse en programas de asistencia social, como lo que ha sido Progresa-Prospera que tiene como propósito central financiar mínimamente la concurrencia a la escuela básica.

Cobrar a adultos mayores por concepto de gastos de “gestión” o de “administración” para garantizar la pensión alimentaria es uno de los más canallescos giros de la corrupción pública.

Así también, simular estancias infantiles para madres no asalariadas es una manifestación de la forma tan “libre” como se han administrado recursos de programas sociales.

Para combatir la corrupción en estas materias se requiere modificar los procedimientos de control y, es cierto, una que otra ley. Se trata de grandes recursos económicos que no llegan a su objetivo proclamado sino a los bolsillos de una extensa burocracia corrompida. Ahí es donde es preciso atacar.

Por ejemplo, la pensión alimentaria de adultos mayores se entregará siempre directamente al beneficiario y nunca a través de organizaciones o “gestores”. Esta pensión, la cual ha funcionado en la Ciudad de México desde el periodo gubernamental de AMLO, será de carácter universal-nacional y es vista como un derecho y no como una dádiva.

Puede entenderse fácilmente que la cobertura de “guardería” para trabajadoras no-asalariadas se entregue por lo pronto directamente a ellas como un derecho que se buscará hacerlo universal, comprendiendo, incluso, a los hombres.

Sin embargo, quienes han creado afanosamente el sistema de desvío de fondos y cobro de acceso de beneficiarios, hoy, se desgarran las vestiduras mediante la defensa, como maniobra discursiva, de quienes en las estancias infantiles no están dentro del círculo de corrupción.

No funcionarán las reformas de la política social mexicana si no se lleva a cabo la mayor transformación anticorrupción de la historia de México. Si en esto se falla, todo se irá al fracaso.

 

No hay delincuencia de cuello blanco sin organización

El robo de combustibles que ha ocupado primeras planas durante semanas es uno de los aspectos del Estado corrupto. Durante los próximos meses y años tendremos más y más primeras planas en donde se reflejará la profundidad de la corrupción como sistema.

Ya estamos viendo que el huachicol se estructura en amplias organizaciones donde aparecen servidores públicos. Dentro de poco eso irá quedando mucho más claro.
La corrupción, como parte del sistema político y mecanismo de la organización estatal, se desparramó sobre la sociedad. La forma más desgarradora en que el Estado corrupto tuvo impacto social fue el colapso del modelo de seguridad pública ante el surgimiento de la llamada delincuencia organizada, principalmente la vinculada al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. A partir de esto se desenvolvió la crisis de violencia, los enfrentamientos armados y las ejecuciones cotidianas en amplias regiones del país.

La delincuencia organizada fue definida en la Constitución como la “organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia” (art. 16). La última parte de este párrafo confiere al Congreso, al expedir la legislación secundaria, la facultad de escoger cuáles delitos pueden ser vinculados al concepto de delincuencia organizada y, por tanto, cuáles no.

Al analizar la ley específica resulta asombroso, aunque del todo explicable, que no se encuentren los delitos que suelen cometer directamente los poderosos. Las transgresiones a la democracia, como son la compra de votos, la utilización indebida de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el soborno, el tráfico de influencias, entre otras muchas, no están en la lista de aquellas vinculadas al delito de delincuencia organizada, el cual opera como una especie de delito de delitos.

La inmensa mayoría de actos punibles cometidos por servidores públicos en el ejercicio o con motivo de sus funciones se llevan a cabo en grupo. Es casi imposible robar y robar, enriquecerse a partir de fondos públicos, vender concesiones, simular operaciones, cobrar sobornos, etcétera, sin contar con una organización.

La idea de Felipe Calderón, propulsor de la “constitucionalización” del delito de delincuencia organizada y de su sencilla definición, así como de la ley reglamentaria, era excluir a los corruptos. Los narcos aparecían en esa versión sobre el país como la única amenaza organizada. Sin embargo, el narcotráfico, con toda su cauda de violencia y agravios, era a su vez producto de la estructura de la corrupción altamente organizada del Estado, especialmente en las esferas de gobierno. Esa era la que no se quería mostrar como dañina y peligrosa para el país; mucho menos quería combatirse.

El punto puede pronto resultar relevante porque los medios de investigación autorizados se facilitan cuando se persiguen conductas ilícitas amarradas al delito de delincuencia organizada, pero el combate a la corrupción no cuenta con esas ventajas, aunque los poderosos que delinquen se encuentren altamente organizados.
Resulta demostrativo que la ley de delincuencia organizada incluya al huachicol pero exceptúe a los servidores públicos involucrados y sus conectes, los franquiciatarios, los almacenadores, los transportadores.

Puede llegar la hora en que, por necesidades del combate al Estado corrupto, se deban incorporar los delitos que por su mecánica requieren una organización delictiva, aquellos de cuello blanco.

Si la figura de “delincuencia organizada” fue promovida con la idea de combatir a las mafias de narcos como los peores delincuentes, lo cual ha fracasado hasta ahora, podría usarse, sólo durante algún tiempo, para perseguir a los corruptos, ya que permite mayor holgura en los métodos legales de investigación, con la otra gran ventaja de que los funcionarios ladrones no viven en la clandestinidad.

Lo más difícil de la persecución de criminales se encuentra en el campo del combate a la corrupción, pues los poderosos son expertos en crear redes de complicidad. Por esto, podría no bastar la decisión política de desarticular al Estado corrupto. Podrían necesitarse también algunas reformas legales que favorecieran tan elevado propósito.