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Extraviado protagonismo de la autoridad electoral

Los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura

“Las elecciones no van a resolver los problemas que aquejan a México”, se atrevió a decir el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué resolverá aquello que aqueja a la nación? Eso no lo ha dicho Lorenzo Córdova, pero afirmar que las elecciones “no van a resolver los problemas” es soslayar el papel del voto como la forma menos violenta justamente de resolver problemas, es decir, mediante la expresión de la decisión política de la mayoría. Negar esto es negar todo el discurso democrático. Pero que lo haga el consejero presidente del órgano electoral requeriría de un serio examen sobre la integración de esa institución de la República.

Las elecciones, agregó Córdova, “son la vía privilegiada en las democracias, para debatir públicamente, de cara a la ciudadanía, las distintas propuestas y las distintas soluciones que son planteadas por los partidos políticos”. Ahora se nos informa desde el INE que las votaciones ciudadanas sirven “privilegiadamente” para que los políticos debatan entre sí (mientras les escuchan los ciudadanos) las distintas soluciones ofrecidas por los partidos, mucho antes que el momento en que los ciudadanos toman las decisiones políticas fundamentales dentro la tal democracia. Si una de las críticas de la democracia representativa es que la ciudadanía decide en el plano político sólo en las elecciones periódicas pero casi nunca en la toma posterior de otras decisiones trascendentales, el consejero presidente del INE nos desvela que la elección en realidad sólo sirve para el debate pero no para decidir, es decir, para resolver siquiera alguno de los problemas que nos aquejan. Se desconoce también, para decirlo rápido, los cambios que en años recientes han ocurrido en América Latina mediante elecciones.

Lorenzo Córdoba sigue de frente: “necesitamos –dice– un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada con el único límite de los cauces que establece la propia ley”. ¡Wow!, el supuesto árbitro electoral les dice a los políticos lo que tienen que hacer. Este discurso no tiene desperdicio, pero hemos de dejarlo para entrar en algo quizás más importante: el protagonismo de la autoridad electoral.

Según la Constitución, el INE debe organizar las elecciones y ser en ellas la autoridad administrativa. Se trata de dirigir el sistema para recibir los votos y contarlos bien. Pero, además, el INE tiene la encomienda de garantizar la equidad en las contiendas, la cual, por cierto, ha estado verdaderamente escasa bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, quien no ha querido oír, ver ni hablar de las sistemáticas violaciones a la ley de parte del Partido Verde, así llamado, y del uso de los programas gubernamentales.

En conclusión, los organizadores y árbitros administrativos no opinan, no dan cátedras, no les dicen a los políticos lo que deben hacer, no actúan a título personal, no representan a la República, no han sido elegidos por el pueblo. Sólo cumplen con la ley en el marco de sus atribuciones constitucionales. Si quieren dar cátedras, ahí está la academia; si quieren dar consejos, ahí están las asesorías en gobiernos y partidos; si quieren irrumpir en la política, ahí están las organizaciones; si quieren teorizar sobre la democracia y el papel del sufragio, que se la jueguen con la publicación de sus personalísimas opiniones, pero que no traten de usar sus cargos públicos para tan aventureros propósitos.

El protagonismo de los consejeros electorales, en especial del consejero presidente, no viene de Córdova sino, más bien, éste es una réplica de los anteriores. Todos lo han hecho. Y, así, todos se han tenido que tropezar con la misma piedra de falta de rectitud en su precisa función constitucional. Mas Córdova ha ido más lejos que otros en este aspecto: ha mandado por un tubo el significado y valor del sufragio, lo ha reducido al momento en que los políticos han de hablarle a los electores pero negando la tarea decisoria de la ciudadanía a través del voto.

Así, los promotores de la abstención, el voto nulo o el boicot de las elecciones tienen ahora a un nuevo ideólogo: Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por añadidura.

Ya todo lo sabíamos menos lo que hay que hacer

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La baja del precio del crudo, los recortes presupuestales, la creciente salida de dólares y la consecuente devaluación persistente del peso mexicano frente al dólar, la baja de la inversión pública y privada, la reducción efectiva de la capacidad adquisitiva del salario medio y la consecuente reducción de los pronósticos de crecimiento de la economía, la elevación de precios de productos básicos e industriales como consecuencia de todo lo anterior, ya lo sabíamos desde el año pasado, es decir, aquel 2014, tan lejos y tan cerca de nuestras vivencias actuales.

Todo lo anterior nos lo comunica el gobierno de Peña Nieto con gran resignación pero también con cierto cinismo por el hecho de que ya todo eso lo sabíamos. Nada hay nuevo en cuanto a las perspectivas económicas. Pero no se ha dicho todo. El primer recorte presupuestal del año es eso, es decir, el primero, pues habrá otros en lo que resta de la temporada. El método de presupuesto base cero que anuncia Videgaray tiene como propósito hacer un ajuste al gasto público para el año de 2016 mediante disecciones quirúrgicas, es decir, sin tener que recurrir a las amputaciones, de tal manera que todo gasto social que no sea estratégico dejará de existir irremediablemente, mientras las inversiones sólo serán aquellas absolutamente indispensables: los sueldos de la alta burocracia no bajarán, claro está.

Como una extraña paradoja anti neoliberal, la reforma energética (la cual no fue producto del mal llamado Pacto por México sino la causa y el momento de la ruptura de éste) se produjo en el peor momento de cualquier acometida privatizadora: el precio de lo privatizado ha bajado a la mitad y así seguirá durante varios años, con lo cual se han enfriado por lo pronto los inversionistas, extranjeros en su mayoría, quienes como buitres rondan los yacimientos del Golfo de México. No obstante, el gobierno mexicano está rematando yacimientos maduros, es decir, que ya antes produjeron, los cuales deberían ser considerados propiedad de la “nueva empresa productiva del Estado” llamada Pemex y no, como lo ha decidido el gobierno de Peña, unos activos de la nación para ser vendidos y explotados por cualquiera, siempre que ése sea capitalista privado que utilice en el futuro las ganancias en lo que le dé la gana a costa de una riqueza originalmente asignada a la nación. Ya lo sabíamos, también.

Dentro de este panorama se incluyen inevitables aseveraciones chistosas, como esa de Videragaray en el sentido de que si bien es cierto –por si alguien lo dudara—que el peso mexicano se ha devaluado frente al dólar estadunidense, también se ha revaluado frente al euro, el real, el yen y otras muchas monedas que también se han devaluado frente al dólar, en las que México, claro está que no lo dijo, casi no realiza operaciones. El tipo de cambio del peso mexicano no se establece respecto de todas las monedas del mundo sino sólo respecto al dólar, a través del cual se fijan las paridades con todas las demás, pero el secretario mexicano de Hacienda parece que lo ignora al tiempo que provoca humor involuntario: cuando se lo propone es buen cómico pero él no lo sabe.

Es inevitable que el peso siga desvalorizándose aunque no sea tan bruscamente. Esto se debe a que gran parte de la deuda pública está contratada a través de bonos gubernamentales cuyos propietarios son extranjeros o grandes capitalistas mexicanos que tienden a llevarse los fondos a Estados Unidos ante la perspectiva de un ligero y pausado aumento de las tasas de interés en el marco de una inflación mínima y un crecimiento económico consistente en aquel país. México es un buen mercado (para los inversionistas) en tanto las tasas de interés sean altas, es decir, le cuestan al pueblo un dineral, y mientras en Estados Unidos sean muy bajas, pero la política económica del norte no se sostendrá igual sino que mudará a remuneraciones más altas en aras de una recuperación de capitales.

Lo que México tendría que hacer es fomentar la producción y el empleo mediante una nueva política de distribución del ingreso, ya que no hay otra forma, con el fin de impulsar su mercado interno, bajar algunas importaciones y remunerar el capital con base en la productividad del trabajo y no en la competencia mundial. Pero para ello habría que cambiar de gobierno. Ahí está el detalle, pero se supone que para eso sirven las elecciones.

Dos sucesos dos

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Han ocurrido dos sucesos que se vinculan irremediablemente. El PRD luchó denodadamente contra el nombramiento de Medina Mora como ministro de la Corte mientras, dos días después, hallamos a ese mismo partido nombrando a Jesús Rodríguez Almeida como candidato a diputado federal. Se trata, en el primer caso, de un sabueso sin méritos para ser juez y, en el segundo, de un policía que fue sancionado al ser despedido como secretario de seguridad pública de la Ciudad de México y, además, sin militancia alguna ni virtud para ser parlamentario.

Esto es algo en verdad contradictorio por lo cual es preciso analizarlo sin miedo a personas o intereses en disputa. Medina Mora es todo lo contrario a una persona progresista y de principios, se caracterizó por ser impulsor del Estado de policía, por apoyar todas las iniciativas tendientes al establecimiento de un régimen regido por la doctrina de la persecución sin límites y con derechos nulos frente a los requerimientos policiacos. Estuvo en lances de arbitrariedad e ilegalidad, entre otros en el michoacanazo que llevó a varios servidores públicos a la cárcel por muchos meses, luego de los cuales obtuvieron su libertad con el consabido “usted perdone”. Rodríguez Almeida envió a prisión a unos detenidos al azar, luego de lo cual fueron liberados con el consabido “usted perdone”. Entre uno y otro de estos personajes hay diferencias de grado que no son irrelevantes, pero hay algo en común: les vale madre los derechos humanos.

Cualquiera observaría una contradicción entre el voto en contra del nombramiento de Medina Mora y la postulación de Rodríguez Almeida. Pero todo tiene sus explicaciones. Mientras la acción en el Senado tuvo lugar con base en principios, la nominación fue producto de una negociación de lo más oscura, por decir lo menos. No debe negarse que hubo titubeo en algunos senadores y que dos de ellos –Ríos Píter (el Jaguar) y Beristain– se ausentaron de la sesión para favorecer a Medina Mora, pero la posición del PRD como tal no tuvo mancha en ese lance (hubo, por cierto, otros dos de Morena: Mario Delgado y Salazar Solorio, quienes se ausentaron mientras Layda Sansores, también de Morena, rompió el voto y éste no contó para efectos de los dos tercios necesarios. Mas en lo que toca al ex secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, sólo uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional levantó su voz, la cual no fue escuchada por nadie.

Es cierto que en el Senado, con el voto en contra de los cuatro ausentes y el de quien rompió la papeleta, Medina Mora no hubiera llegado a la Corte (lo cual inculpa a los cinco correlones y les hace responsables de un hecho de dimensión histórica y de grave precedente nacional), pero la nominación de Rodríguez Almeida, menos grave evidentemente, no tiene la más mínima explicación válida por haber sido aprobada por todo un cuerpo colegiado: la dirección permanente de un partido político.

Es imposible igualar a uno y otro personaje pero lo que tiene dimensión contradictoria es que un partido asuma una conducta en un caso y la contraria en el otro. Tener dos caras, dos respuestas, dos conceptos sobre lo mismo o lo similar, dos éticas, no es propio de un partido que proclama la transformación de su país. ¿Cómo llegó Abarca a la presidencia municipal de Iguala? Pues con esa actitud de aceptar lo que algunos poderosos proponen sin analizar qué es lo que se admite.

Medina Mora frente a sí mismo

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Hay momentos en que ciertas personas tienen que comparecer frente a sí mismas. Esto le ha ocurrido a Eduardo Medina Mora al tratar de obtener las dos terceras partes de los votos en el Senado para convertirse en integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para desmentir que es un soldado del presidente Peña Nieto y de cualquier otro que venga, ha dicho que es panista de corazón aunque no sea miembro del PAN.

Medina Mora es lo que se llama un sabueso aunque se le quiera presentar como un jurista. Ha tenido varios cargos en los cuales se ha encargado de perseguir delincuentes y espiar a políticos de todos colores. Su desempeño en esta función de sabueso ha sido francamente mala. El ahora candidato a ministro de la Corte fue bastante torpe como policía político y como policía a secas.

Pero la principal objeción es otra: su desempeño como lacayo del presidente de turno. Uno de los lances más lacayunos de este personaje fue la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia para combatir la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Fue Felipe Calderón, a la sazón presidente de la República, quien le ordenó que elaborara el recurso (muy mal hecho, por cierto). Al margen de la convicción personal que hubiera tenido al respecto Medina Mora (muy respetable por lo demás), lo que hizo fue obedecer una orden de quien buscaba que la Corte echara abajo un precepto penal que impide el encarcelamiento de mujeres que abortan. Ese fue el intento de Calderón, quien es un dogmático fundamentalista en esa materia como en otras. Medina Mora pudo haberse negado, pues el presidente de la República no es el jefe del procurador ni la Procuraduría General es parte de la administración pública de la Federación, según lo implica el artículo 90 de la Constitución. Pero no, Medina Mora obedeció y fue llevado al fracaso por su jefe, Calderón, como ocurrió también en otros aspectos de su gestión.

La lambisconería no debería ser un camino para lograr promociones en el servicio público pues siempre es un obstáculo para el desempeño de cargos o empleos con honradez y probidad. Es peor cuando se trata de funciones judiciales y en especial del puesto de ministro de la Corte que tiene un periodo de 15 años, en los cuales de seguro que Medina Mora tendría que asumir el triste papel de vocero del presidente en turno como siempre lo ha sido. El país requiere otro manejo en esta clase de designaciones, algo con dignidad y responsabilidad. Estamos hartos de servidores públicos que, en funciones independientes del Ejecutivo, actúan bajo consigna del gobierno.

A este respecto habría que lamentar la designación de Arely Gómez como procuradora, pues no sabe nada de policía de investigaciones ni de políticas criminales pero es amiga de Peña Nieto y estará siempre bajo las órdenes del mismo. El país requiere fiscales independientes y ministros preparados que no reciban consignas de nadie. ¿Es eso mucho pedir?