Un par de empresarios prominentes: Daniel Servitje (Bimbo) y X. González (Kimberly) se pronunciaron anteayer a favor de la propuesta de Peña Nieto para convertir a Pemex en una sociedad anónima.
Para cualquier inversionista de bolsa la propuesta es magnífica, pero cada uno de ellos, al igual que Peña, debería explicar cómo sería tal cosa posible. Para empezar, Pemex es una empresa con capital contable negativo, corrupción crónica, charrismo sindical galopante, pésima administración e inmensa deuda. Pero el problema mayor —para convertirlo en sociedad anónima—quizá sea el régimen fiscal al que está sometido.
Los ingresos de Pemex son casi en su totalidad tomados por el gobierno federal para financiar el gasto corriente del mismo y de las entidades federativas. En realidad, Pemex es el mayor suministrador de fondos para sostener el costo del Estado mexicano, de tal manera que, al expropiarle sus recursos, el aparato público obliga a la paraestatal a recurrir a la deuda como medio para realizar sus inversiones. Así, el gobierno federal tiene un déficit bajo (0.4% del PIB) y Pemex toma la mayor parte del verdadero déficit (2.4% del mismo PIB), la cual se asigna a la llamada administración pública descentralizada.
Supongamos que se admite la propuesta de Peña Nieto y sus apoyadores, prominentes empresarios. Primer problema: ¿cómo sustituir ingresos fiscales actualmente a cargo de Pemex con el propósito de hacer funcionar la nueva sociedad anónima? No existiría otro método que ir por los dos puntos porcentuales del PIB a donde está el dinero: en las arcas de las grandes corporaciones que casi no pagan impuestos. Pero tal reforma implicaría cambiar el acuerdo supremo capitalistas-gobierno (sea del PRI o del PAN) bajo el cual se protegen las altas tasas de ganancia del sector monopólico del país. Pero en esto no van a estar de acuerdo ni Peña Nieto ni Servitje ni X. González ni los demás oligarcas mexicanos. Sin una gran reforma fiscal, imaginemos a Pemex pagando el impuesto sobre la renta más un porcentaje ínfimo por la extracción de hidrocarburos, digamos, como las empresas mineras: 5 pesos semestrales por hectárea concesionada. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar los sueldos del Estado mexicano? A esto no responden ni el político (candidato) ni los dos entusiastas empresarios.
Segundo problema: la deuda de Pemex es tan grande que una sociedad anónima tendría que dedicarse en las próximas décadas a pagar el débito. No habría realmente utilidades y mucho menos repartibles. A menos, claro está, que el Estado benefactor (de ricos) asumiera, como ahora, la deuda de Pemex como deuda soberana, lo que sería algo así como un nuevo Fobaproa mediante el cual el pueblo pagaría para que unos cuantos hicieran negocio con el petróleo propiedad de la nación.
Ahora bien, supongamos que se admite la propuesta de Peña Nieto y Pemex se convierte en una sociedad anónima con un régimen fiscal normal mientras su gigantesca deuda es asumida por la Federación. Pues bien, los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo —propiedad de la nación— pasarían a manos privadas y se tomarían los capitalistas una revancha histórica. Díganlo así, con sinceridad.
Dicen sus promotores que la privatización sería la única forma de incrementar la inversión petrolera. Se equivocan. Como organismo público, Pemex podría invertir más si el gobierno dejara de expropiarle todos sus ingresos. Además, existe el financiamiento de mercado, por lo que si Pemex fuera eficiente podría hacer las inversiones necesarias sin comprar acciones de Repsol por más de mil 500 millones de dólares (70% a crédito) cuando se requieren proyectos nuevos en México, país donde la importación de gasolinas resulta ser como vender naranjas para importar después jugo de naranja.
Pero, se dirá, negocios son negocios.