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Juicio político: estrenar la Constitución… de 1917

Una noticia chusca ha conmocionado selectos medios. Un juzgado administrativo le ha puesto un plazo hasta el próximo domingo a los integrantes de las comisiones de gobernación y de justicia de la Cámara de Diputados para que procedan a integrar la Sub-comisión de Examen Previo. Si no lo hicieren así, la jueza podría consignar a los contumaces, ya multados y desaforados por ella misma, a otro juzgado, bajo la acusación de cometer el delito de incumplimiento de sentencia de amparo o algo por el estilo.

¿Qué es esto? Algo inaudito. Un abogado, Horacio Culebro, héroe de varias batallas, acudió hace ya muchos meses a un juzgado en procura de la protección de la justicia federal contra la omisión de la Cámara de Diputados al no integrar, como lo indica la ley, la sombría Sub-comisión de Examen Previo para sustanciar los procedimientos de responsabilidad política de altos servidores de la Federación y los estados. Existen 300 denuncias que no han sido tramitadas y, como es tradicional, la Cámara de Diputados no tramitará ninguna, al extremo de negarse a integrar el organismo que debe hacerlo.

En México nunca se ha llevado a cabo un juicio político desde que la actual Constitución entró en vigor. Puede decirse entonces que en este país ningún alto funcionario ha cometido jamás actos u omisiones que afecten los intereses públicos y su buen despacho en contravención de normas constitucionales o legales. Ninguno es ninguno, en 99 años. México es un país inverosímil, nadie en el mundo podría admitir la existencia de tan maciza realidad política. Aquí no hay dictadura perfecta –con licencia de Vargas Llosa– sino Estado perfecto, aún más difícil de alcanzar.

El juicio político suele confundirse con el desafuero, pero son diferentes. El primero es, como lo dice su nombre, eminentemente político y está dirigido a remover altos servidores públicos por mala gestión, abuso, ignorancia o error grave que afecte intereses públicos. Por otra banda, el desafuero es quitar la inmunidad a efecto de que el servidor público aforado pueda ser acusado en un juzgado penal de haber cometido un delito. Claro, se le separa del cargo, pero si el juez rebota la acusación, el desaforado puede regresar al cargo. Desde 1917 se han producido unos cuantos desafueros, los cuales, en los años veinte y treinta, tuvieron como propósito sólo remover legisladores y gobernadores, pero después se decidió castigar con cárcel, como a Díaz Serrano, para dar sustento al lema electoral de renovación moral de la sociedad (!); por cierto, el dinero del fraude nunca apareció. También se recuerda el desafuero de López Obrador, singular acontecimiento a cargo de Vicente Fox en la Presidencia y del PRI y el PAN en la Cámara, para abrir un juicio penal y suspender el derecho ciudadano de ser elegido, lo cual fue en realidad un ignominioso acto contra la precaria democracia nacional. Pronto veremos otro desafuero pero sin trascendencia alguna.

El juicio político, por su lado, es un instrumento parlamentario de vieja hechura que le otorga al Legislativo capacidad de control sobre el Ejecutivo. No se trata sólo de revisar las cuentas sino de evaluar el desempeño de los altos funcionarios, su capacidad, el apego a lo prescrito en las leyes y a los requerimientos de la sociedad. El presidente de la República no es sujeto de juicio político porque no se le ha querido dar al Congreso la facultad de removerlo por motivos puramente políticos ya que el Legislativo nombra al sustituto, pero las órdenes del jefe del gobierno deben ser firmadas por el secretario de despacho correspondiente, el cual sí es sujeto de responsabilidad política y puede ser enjuiciado por el Congreso. El presidente de la República es sin embargo sujeto de juicio bicameral de destitución (impeachment), pero sólo acusado de delitos del orden común o traición a la patria. Bueno, pero todo esto es puro postulado constitucional que jamás ha tenido expresión alguna.

Ahora bien, cuando la oposición empezó a tomar fuerza en la Cámara de Diputados, el PRI se encargó de enredar el trámite de los juicios políticos, por si acaso. Se designó a las comisiones de gobernación y de justicia para incoar los procedimientos después de pasar por una subcomisión de examen previo. Ésta es la que aún no existe. Si no hay a quien enviar un papel, tampoco habrá quien lo pueda regresar. Así es la lógica política en San Lázaro. Una vez cubiertos ambos trámites, dice la norma, la sección instructora entra en escena y la hace de fiscal. Pero la tal sección sólo se ha ocupado de desafueros (procedencia, se le llama) pero nunca de juicios de responsabilidad política.

Cuando no fue por una causa fue por otra, pero siempre el PRI se ha salido con la suya y, en varias ocasiones, el PAN ha acudido en su ayuda. Una vez que el PAN apoyó incoar el procedimiento a pedido del PRD, el PVEM empató la votación para evitar el juicio político contra Madrazo Pintado a pesar de que ese dizque partido entonces era aliado de los panistas y no de los priistas. Hasta ahora, todo ha quedado en las puras ganas de estrenar la Constitución… de 1917.

Así no tiene caso el debate sobre la mariguana

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Enrique Peña Nieto ordenó la apertura de un debate sobre la mariguana organizado por su propio gobierno. Ese mismo día reiteró: “mi posición categórica de estar en contra de la legalización de la mariguana”. “No se confundan, se abre un debate”, le ha dicho a sus hijos quienes le preguntaron si podrán pronto fumarse un churro en Los Pinos. El padre protector ya lo ha dicho: nada de churros. ¿Para qué convoca al debate? ¿Para concluir irremediablemente con su “posición categórica”? La cuestión es relevante porque el presidente de la República, en México, puede vetar las leyes del Congreso y se necesitaría el voto de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras para vencer la resistencia presidencial: imposible en este caso.

Las consultas convocadas en las cámaras, tal como la que organizará Osorio Chong, serán ejercicios con un solo resultado posible: dejar las cosas más o menos como están. Sin embargo, el uso de la mariguana es un problema cada vez mayor en México, pero no por cierto por sus consecuencias de salud sino por el rápido crecimiento del comercio ilegal monopolizado por bandas delincuenciales muy violentas y armadas hasta los dientes.

La cuestión no es médica porque la mariguana hace mucho menos daño que las drogas permitidas y porque los médicos especialistas están divididos en sus opiniones de tal manera que cuentan más las consideraciones morales que cualesquiera otras. Es evidente que no todo lo que hace daño o puede hacer daño a la salud está prohibido. Así que esa discusión carece de sentido.

Pero el endeble argumento de la salud se mezcla con otros temas en forma equivocada por parte de algunos responsables padres de familia. Veamos lo que dice quien va a vetar toda ley que al respecto no le guste: “¿para combatir el crimen organizado pongamos en riesgo la salud de la niñez y la juventud mexicanas? Mi respuesta es no”, ha dicho Peña Nieto. La pregunta está desfasada. Si la mariguana hiciera daño a la salud de niños y jóvenes, eso ya está sucediendo en forma creciente e imparable, tal como en efecto ocurre con las drogas legales, el alcohol, el tabaco. Fallecen muchos miles de adultos al año por alcoholismo y tabaquismo, pero no se tiene registro de decesos por consumir mariguana. Sin embargo, mueren muchos miles al año, jóvenes en su mayoría, en una guerra imposible de ganar e imposible de perder contra la delincuencia organizada que trafica con mariguana.

Las preguntas que hay que hacer son muy importantes porque de las equivocadas, como la hecha por Peña, se obtienen respuestas erróneas. Que cualquiera las haga, tiene poca importancia, pero tratándose de quien puede vetar leyes, es cosa grave.

Un debate verdadero podría requerir a los criminólogos. La división entre ellos generaría al menos la exposición de diversas teorías sobre el crimen, la cual, a su vez, ilustraría a la opinión pública sobre un tema que México vive trágicamente pero que no se discute.

Sin embargo, la discusión es principalmente política. La cuestión radica en cómo combatir a la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas. Como eso ya se ha intentado hasta el desangramiento, el camino que hoy se abre en el mundo es el de revisar la prohibición. Prohibir siempre ha sido lo más fácil. Perseguir a los transgresores ha sido más complicado. Detener con la pura prohibición un comercio con gran demanda ha sido enteramente imposible, al menos bajo el Estado secular. Pero aún es más trascendente discutir este tema desde el lado de las libertades, cuestión que se trata de dejar de lado en los foros o debates convocados sólo para especialistas en diversos temas pero con la ausencia de intelectuales capaces de introducir el elemento central que es la capacidad de autodecisión de las personas.

No tiene caso llevar a cabo debates y foros sabiendo el resultado de antemano. En este contexto, son un fraude, uno más. Carece de ética convocar a una discusión sobre la base de tener tomada la decisión de impedir cualquier opción contraria a la propia, como ha dejado dicho Peña Nieto con entera claridad.

Así que sería mejor realizar el debate por fuera pero en contra de las posiciones presidenciales categóricas.

Migajas de corrupción

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El método de repartir migajas presupuestales a los diputados no es nuevo. Lo inventó el PRI en el Estado de México hace muchos años y lo utilizó Peña en sus años de gobernador. Son migajas porque 10 mil millones de pesos (20 millones por cabeza) es mucho dinero pero muy poco dentro de un presupuesto de más de cuatro millones de millones. Se trata de un reparto de dinero para que cada diputado y diputada decida en qué debe usarse. Es como si cada representante popular sacara de su cartera un dinero para entregárselo directamente a su gente, a sus amigos, a sus seguidores.

Cuando este sistema opera para obras públicas o adquisiciones, se abre el enorme campo de los moches que son los cobros por haber sacado dinero del presupuesto para determinados propósitos, por ejemplo, el diez por ciento del gasto en cuestión para quien lo hizo posible, el diputado, sedicente legislador.

El presupuesto es un terreno de disputa política. Siempre lo ha sido. Pero una cosa es que los partidos y los legisladores traten de orientar el gasto hacia determinados propósitos como parte de políticas públicas y otra cosa muy diferente es que cada legislador se tome una bolsa de veinte millones para repartirlos él mismo en determinados lugares y con determinadas cuotas para ciertos propósitos compartidos entre el promotor y el beneficiario, como si el representante popular fuera un coyote, en lo cual se convierte inmediatamente con esta práctica. Tal uso de los recursos públicos se lleva a cabo a través de una colusión de servidores públicos que se ponen de acuerdo para realizar actividades que no son lícitas: es un delito.

Según el acuerdo de la Cámara de Diputados, los diez mil millones de pesos tendrán el propósito que cada diputado y diputada determine y se ejercerán con reglas de operación determinadas por la Secretaría de Hacienda en el mes de marzo del próximo año. El fin de cada peso del presupuesto debe estar determinado en el propio decreto, ser válido desde el punto de vista de la ley y ejercido de acuerdo con normas presupuestales. No es legal aprobar dinero con propósitos determinables con posterioridad por parte de cada legislador convertido ilícitamente en agente intermediario del ejercicio del gasto. Tampoco es legal utilizar dinero del erario para hacer política en favor de cualquier servidor público

Además, con 10 mil millones de pesos anuales se podría financiar una universidad de buen tamaño, construir varios hospitales de zona, reparar miles de escuelas ruinosas que hoy existen en el país, entre otros muchos propósitos. Pero, ¿cuál es el programa presupuestal de ese gasto de 10 mil millones? Ninguno. Por tanto, es inconstitucional ya que el gasto se conforma de programas con criterios y objetivos cuantitativos y cualitativos previamente determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación según reza la Carta Magna.

En términos generales, el acuerdo de reparto de dinero en San Lázaro es parte del funcionamiento del Estado corrupto. Y en términos concretos es la comisión de un delito y una transgresión grave de la Constitución del país.

¿Y el fuero? Que le pregunten a Peña Nieto

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El Congreso expidió una reforma sobre la corrupción. Se trata de un proyecto de poco alcance, desarticulado, inocuo en algunos de sus segmentos y difícil de ser aplicado. Después de tantos esfuerzos, discursos, denuncias, lamentaciones, hipocresías y reconversiones –todo sucesivo pero revuelto—la plataforma anticorrupción de la presente legislatura ha quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas.

Uno de los temas que ha sido ignorado es el fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios de la Federación, y su correspondiente esquema en los estados. Ha sido Peña Nieto quien ha impedido que el asunto sea tocado. Al respeto es preciso contar una historia.

En noviembre de 2011 culminó en el Senado una negociación sobre la desaparición de la figura del fuero constitucional. La iniciativa que yo había presentado unos cuatro años antes fue motivo de negociaciones dilatadas pero al final exitosas. Se votó un proyecto que aprobaba la iniciativa con cambios, los cuales, sin embargo, no modificaban su contenido básico: todos los altos funcionarios de la Federación que habían estado aforados hasta entonces podrían ser ahora sujetos de proceso penal como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La única circunstancia especial consistía en que durante el proceso permanecerían en libertad, como si estuvieran bajo fianza, y en el ejercicio de su cargo sólo para evitar que autoridades menores pudieran dar un golpe de mano contra el Ejecutivo, el Congreso o la judicatura. Una vez que el juez de la causa dictara sentencia de primera instancia, el funcionario debería ser separado de su cargo por la Cámara de Diputados, sin dictamen previo, mediante un procedimiento político y, de tal forma, ser entregado a la justicia. El presidente de la República estaba incluido en este sistema puesto que no debe haber, se dice, privilegios de ninguna especie. El auto de sujeción a proceso dictado por el juez contra estos funcionarios podría ser recurrido directamente ante la Suprema Corte para evitar el uso político de la justicia en la apertura de procesos penales, pero eso no implicaba ningún privilegio personal sino sólo un mecanismo de seguridad para el funcionamiento normal de los poderes públicos. Así, cualquier alto funcionario de la Federación y de las entidades federativas podría ser sujeto de proceso penal aunque, como todo mundo, bajo el principio de presunción de inocencia.

La Cámara de Diputados se hizo la disimulada y congeló el proyecto enviado por el Senado por instrucciones directas y personales de Enrique Peña Nieto, quien ya había asumido la dirección del grupo parlamentario del PRI en esa cámara desde antes de ser nombrado oficialmente candidato, lo cual, por cierto, era diferente en el Senado. El PRI tenía entonces más de un tercio de los diputados y, por tanto, capacidad de bloquear cualquier reforma constitucional. Así las cosas, transcurrió el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril de 2012, día del niño, feneciendo de tal forma la legislatura.

En marzo de 2013, con la actual legislatura y con el Pacto por México (mal llamado y mal logrado), el cual señalaba que debía eliminarse el fuero, la Cámara de Diputados modificó el proyecto original del Senado para hacer un verdadero enredo en el contenido y en la forma. Por órdenes de Peña Nieto, se eliminó al presidente de la República de la lista de funcionarios sujetos a procesos penales lo cual contó con la vergonzosa complicidad del PAN, pero se olvidó reponer un artículo derogado en el proyecto del Senado de tal forma que ubicaba, sin querer y por torpeza, al presidente de la República sin inmunidad alguna, es decir, que éste podía ser detenido por cualquier gendarme y mucho más fácilmente encarcelado por un juez. Además, ubicaba el momento en que un funcionario debía abandonar su cargo en la ejecución de la sentencia, es decir, después de años de recursos procesales interminables, y no cuando se dictara sentencia de primera instancia como decía el proyecto del Senado.

Dentro de la reforma constitucional contra la corrupción, el PRI se negó a volver al proyecto original para eliminar el fuero, pero además mantuvo al presidente de la República sin responsabilidad administrativa alguna, lo cual es ya insostenible. El partido oficial se disciplinó a la consigna presidencial aún a riesgo de que no fuera aprobado su débil y engañoso decreto contra la corrupción. Creo que las oposiciones debieron haber congelado esa reforma hasta que todo se descongelara. Por lo pronto, el fuero sigue por sus fueros gracias a Enrique Peña Nieto quien además mantiene su impunidad en materia administrativa, la cual ya no existe en ninguna parte del mundo.

Preponderancia

No sabemos cuantas veces más ha de ser necesario decir que la figura de preponderancia fue ideada como traje a la medida de América Móvil (Slim) y de Televisa (Azcárraga), dos grandes monopolios que deben ser tratados como tales. Esa figura obliga y limita a esos dos conglomerados. A quien le ha costado más es al consorcio de Slim porque es más rico. Quien ha tenido que ceder más es Azcárraga porque tiene más poder político. El problema es que ahora se quiere eximir a Televisa mediante una falsificación introducida en la ley secundaria. Eso busca Peña Nieto afanosamente.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Ifetel, dice que no tiene sentido sumar las audiencias de radio y televisión abierta porque son cosas diferentes. Pues sí, justo por eso el preponderante no debería serlo en todo el sector de radiodifusión (radio y TV) sino en el servicio de televisión abierta, altamente monopolizado. Pero además, el Ifetel hizo algo curioso y sospechoso: en radiodifusión declaró preponderante a Televisa en todo el sector y no sólo en el servicio de TV abierta, pero en telecomunicaciones declaró preponderante a América Móvil en los servicios de telefonía fija y móvil así como en el de internet, dejando en el vacío a la TV de paga.

Dice Frank La Rue, relator de la ONU sobre libertad de expresión, que la preponderancia debe ser declarada por servicios. Claro, pues en ninguna parte una figura semejante a ésta se ubica en los grandes sectores sino en cada uno de los servicios y, de ahí, hacia la propiedad cruzada de medios. De otra forma sería mucho más difícil combatir a los monopolios.

En esta coyuntura, López Dóriga se ha lanzado contra el PRD, o contra una parte de ese partido, acusándolo de apoyar a Slim. Ya sabemos qué es lo que nubla la inteligencia. Pero no aporta la menor evidencia: la reforma constitucional fue negociada en sus fundamentos entre el PRD y el PAN, y desde su diseño original abarcaba la contención del monopolio telefónico, el cual había sido producto de una entrega prácticamente gratuita (mordidas no vemos) por parte de Carlos Salinas. Así, una empresa paraestatal se convirtió en el principal pilar del mayor consorcio empresarial privado que ya es trasnacional. Telmex-Telcel ha sido más afectado pues ya tiene que compartir su infraestructura y modificar tarifas, entre otras nuevas obligaciones. Por su lado, Televisa quiere dejar de ser considerada preponderante, pero lo que más quiere es no ser declarada preponderante en TV de paga, donde es un monopolio en expansión. Pero quizá Azcárraga no ha informado al conductor noticioso que el asunto se va a dirimir en los tribunales donde otros pueden tratar de hacer valer la Constitución tal como la diseñamos para que no se pudieran escapar Carso y Televisa. Así que ya podrá la televisora someter a muchos legisladores con su conocido método de chantaje video-político, pero el asunto no estará definido hasta que se pronuncien las resoluciones judiciales en firme.

Una vez más hay que leer el decreto de reformas constitucionales con especial dedicatoria a todos los enceguecidos protectores de Televisa que defienden algo o quieren algo: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Así, en negritas.

El premio de lotería ¿para quién?

En la iniciativa del gobierno sobre telecomunicaciones destaca la propuesta de crear la figura legal de autorizados, los cuales no serían concesionarios sino empresas de un mercado secundario. A esos autorizados puede referirse la conversación de la diputada Carpinteyro, los cuales existen en otros países.

Los autorizados serían revendedores con licencia del Ifetel. Su problema consistiría en comprar servicios a una empresa concesionaria y crear una clientela propia. Ahora bien, la cláusula de preponderancia obliga a Telcel a abrir su red a otros concesionarios pero no está tan claro, en la iniciativa del gobierno, que esa misma obligación vaya a existir a favor de los autorizados, a menos que el Ifetel así lo acuerde.

La otra vía para que una empresa minorista no concesionaria entre en los servicios de telecomunicaciones es el uso de la red pública compartida, ya aprobada por el Congreso, cuya construcción deberá iniciarse antes de que termine 2014 y entrar en operación antes de que concluya el año 2018.

A pesar de que tanto en la propuesta como en lo ya aprobado no existen objeciones, el gobierno –por lo que se observa—filtró la conversación de Carpinteyro dando a entender que ésta quería meter mano al proyecto para beneficiarse de algo que, sin embargo, podría estar al alcance de muchos otros. Tal vez el divulgador de la grabación ilegal tenga el propósito de incidir de mala forma en las negociaciones, en las cuales sí existen fuertes divergencias en otros renglones, como el premio de lotería que le quieren dar a Televisa. ¿Cuál es ése?

El transitorio octavo, fracción III, del decreto de reformas constitucionales señala: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Esta es una parte del traje a la medida que confeccionamos en la iniciativa de reformas para declarar preponderantes a Slim y a Azcárraga, como lo son en realidad. El Ifetel, ha procedido a hacerlo, pero se abstuvo de declarar a Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión restringida y sólo lo hizo en todo el sector de radiodifusión donde no lo es si tomamos dentro de éste a la radio en igualdad de condiciones que la TV.

En efecto, si en el texto de la ley se definiera, como lo propone el gobierno, que el preponderante lo es en uno u otro de los sectores (telecomunicaciones o radiodifusión) se estaría permitiendo a Televisa ya no ser preponderante en televisión abierta y no serlo tampoco en la restringida (cable y satélite), lo cual es una gigantesca mentira pues la empresa de Azcárraga es monopolista en esos servicios. En el otro camino, si se admite lo que señala el decreto de reformas constitucionales en el sentido de que el preponderante lo es en tanto controle más del 50 por ciento de la prestación de servicios, Slim seguirá siendo preponderante en telefonía fija, en telefonía móvil y en internet, mientras Azcárraga seguiría siendo preponderante en televisión abierta y lo sería también en televisión restringida, todo lo cual corresponde a la realidad.

¿Quién quiere sacarse el premio de lotería y dejar de ser agente económico preponderante? Un monopolista políticamente necesario para el gobierno de Peña: Azcárraga. Este es uno de los puntos que verdaderamente están a debate en la confección de la ley.

¿Quién decide el precio de la gasolina?

La respuesta al título de este texto es muy sencilla: el gobierno. Pero la pregunta va dirigida a la ley y no a la costumbre. Sí, el gobierno dispone de los bienes públicos pero eso no es lo señalado en la Carta Magna. Según la Constitución, el Congreso debe aprobar cada año la Ley de Ingresos. Los precios y tarifas del sector público son ingresos precisamente públicos y, por tanto, deben establecerse en la ley, es decir, en un mandato de cobro. En México no existe el Estado de derecho, de tal suerte que el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

Ya sabemos que los precios del gas, el diesel y la gasolina, entre otros, están siendo incrementados con el propósito de elevar ingresos públicos en lugar de cobrar impuestos, por lo cual, con mayor razón el Congreso debería fijarlos como expresión de la política fiscal. Si así fuera, el PRI hubiera tenido que votar con el PAN los aumentos, ya que el viejo partido es incapaz de negarle al Ejecutivo un requerimiento de ingreso, menos aún cuando una parte del botín del asalto que implican tales aumentos va a parar a las arcas de los gobernadores.

Pero he aquí que el PRI se ha negado persistentemente a definir en la Ley de Ingresos una política de precios y tarifas del sector público, al menos de la parte sujeta a control presupuestal directo, como es el caso de Pemex y CFE. Cada año se lo hemos planteado y se hace el disimulado. Luego, cuando el gobierno panista hace los aumentos, se hace el enojado. Este juego tiene como propósito, por un lado, no impedir los aumentos y, por el otro, no aparecer como responsable de los mismos.

Ahora, el PRI anuncia una iniciativa para radicar en el Congreso la capacidad de definir los precios de gasolinas, electricidad y gas. Pero eso no es necesario. La Constitución ya le otorga al poder Legislativo esa atribución. Habría que recordar que la violación de la ley se hace desde los años de captura del Estado por parte del PRI. Durante muchas décadas, el presidente de la República en turno ha dispuesto de los bienes públicos como si fuera el dueño de una gran compañía. Calderón lo sigue haciendo, a pesar de la falsa crítica del PAN al viejo régimen de presidencialismo autoritario.

La política de precios de los bienes y servicios de origen público es peor que la de los monopolios pues éstos deben cuidar un cierto nivel óptimo de ventas, pero las gasolinas tienen una demanda menos elástica. El gobierno abusa del monopolio público que debería servir para fijar precios adecuados a la economía en su conjunto en lugar de verlo como un instrumento para sacarle dinero a la gente.

En la ciudad de México se hizo un gran escándalo con el aumento de la tarifa del Metro de dos a tres pesos. La anterior tarifa era ya ridícula para el costo de operación del sistema y la Asamblea Legislativa fue quien tomó la difícil decisión. El problema del pasaje del Metro es que no puede ser incrementado paulatinamente pues no existe suficiente circulante de baja denominación lo que llevó a un rezago de varios años. Pero al menos que no digan que el aumento del Metro y el de los precios de la gasolina y el gas son lo mismo. Estos energéticos no han dejado de subir de precio y, ahora, el gobierno a las claras nos dice que eso va a seguir en tanto que el Congreso no ejerce sus facultades constitucionales.

La contradicción entre el PRI y Calderón sólo fue porque éste aplicó el aumento al combustible antes de tiempo, unos días, pues su compromiso era congelar el precio durante todo 2009 y ni siquiera eso quiso cumplir.

Los incrementos de precios y tarifas de bienes públicos, aunados a la subida de impuestos, han traído las consecuencias que ya se esperaban. Pero las mercancías que más aumentan son los alimentos, es decir, otra vez el pueblo paga. Mientras, Calderón, desde Los Pinos, nos augura un buen año 2010, año de la patria.

Mayoría parlamentaria para la rebatinga

En cualquier parlamento la mayoría tiene el poder de bolsa. Pero no en cualquier parte esa mayoría tiene la capacidad o el talento político para ejercer su prerrogativa. En México, la coalición PRI-PVEM en la Cámara administró de la peor forma su fuerza mayoritaria, no supo hacer un presupuesto ni negociarlo con los sujetos del gasto. Todo fue una rebatinga y una forma nefasta de llegar a arreglos de la mano de la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué el PRI, con su aliado PVEM, no pudo diseñar una política de gasto? Porque carece de una cualquiera. Para el PRI, el presupuesto es un instrumento de reparto entre facciones políticas. No más. Así se modificó el proyecto inicial de Calderón –de por sí carente de rumbo– para asignar recursos en función de quienes los pedían y no de qué se iba a hacer con los mismos. Hay dos métodos: el priista, que consiste en conceder solicitudes de poderosos, y el normal, digamos, de elaborar las prioridades de gasto en función de un programa nacional.

La educación no es una prioridad para Calderón pero tampoco para el PRI. Durante años, los dos sucesivos gobiernos panistas han enviado proyectos de recorte al gasto educativo, especialmente a la educación superior. La Cámara ha tenido que buscar dinero de donde se ha podido para otorgar la misma cantidad del año anterior y, algunas veces, hemos logrado incrementar ese gasto pero nunca en la cantidad necesaria. Esta trampa ha sido utilizada para obligar a los diputados a dirigir los recursos no previstos en el proyecto original hacia los renglones de gasto más importantes. Pero ahora casi no hubo diferencia entre la cantidad de gasto total propuesta por el Ejecutivo y el cálculo final del ingreso. De esta forma, las negociaciones sobre el presupuesto fueron de reasignaciones dentro del proyecto original: quitar aquí para poner allá.

La mayoría priista de la Cámara volvió a caer en la trampa a pesar de su experiencia porque carecía de proyecto propio y liderazgo. En lugar de rehacer el presupuesto, negoció durante días con Hacienda para recortar algunas asignaciones con el propósito de satisfacer las peticiones de sus propios gobernadores y de instituciones y organizaciones que hubieran sido demasiado afectadas con la aprobación del proyecto de Calderón.

El PRD estuvo en la banca sin poder entrar a la cancha, pero al final se le hicieron pequeñas asignaciones a las entidades gobernadas por ese partido y a algunas instituciones públicas. El método no cambió, sin embargo, y todo siguió siendo una rebatinga.

El primer año en que el PRI –con el PVEM– es mayoría en la Cámara todo ha sido un desastre. No podía ser de otra forma con una congregación política que carece de proyecto de rumbo nacional pero defiende poderes políticos locales y grandes intereses económicos. Desde la discusión de los ingresos todo fue una mala conducción política: el PRI (mayoría) votó el aumento del IVA y culpó a la minoría (PAN) de haberlo aprobado. En el Senado el asunto se volvió ridículo cuando el PRI se desapareció del salón de sesiones en el momento de la votación de la tasa al valor agregado para que la minoría panista senatorial la confirmara. En síntesis, la nueva mayoría no se ha hecho responsable de sus actos y tampoco parece querer explicar la rebatinga presupuestal. ¿Qué quiere entonces?

El descrédito del gobierno de Calderón parece apuntar a un fortalecimiento del PRI, es decir, la reposición de un poder priista en Los Pinos. Pero ya el PRI no es el mismo en cuanto a su verticalidad y liderazgo. De aquí la rebatinga y la ausencia de proyectos comunes. En conclusión, la política del país está de pronóstico reservado.