El método de repartir migajas presupuestales a los diputados no es nuevo. Lo inventó el PRI en el Estado de México hace muchos años y lo utilizó Peña en sus años de gobernador. Son migajas porque 10 mil millones de pesos (20 millones por cabeza) es mucho dinero pero muy poco dentro de un presupuesto de más de cuatro millones de millones. Se trata de un reparto de dinero para que cada diputado y diputada decida en qué debe usarse. Es como si cada representante popular sacara de su cartera un dinero para entregárselo directamente a su gente, a sus amigos, a sus seguidores.
Cuando este sistema opera para obras públicas o adquisiciones, se abre el enorme campo de los moches que son los cobros por haber sacado dinero del presupuesto para determinados propósitos, por ejemplo, el diez por ciento del gasto en cuestión para quien lo hizo posible, el diputado, sedicente legislador.
El presupuesto es un terreno de disputa política. Siempre lo ha sido. Pero una cosa es que los partidos y los legisladores traten de orientar el gasto hacia determinados propósitos como parte de políticas públicas y otra cosa muy diferente es que cada legislador se tome una bolsa de veinte millones para repartirlos él mismo en determinados lugares y con determinadas cuotas para ciertos propósitos compartidos entre el promotor y el beneficiario, como si el representante popular fuera un coyote, en lo cual se convierte inmediatamente con esta práctica. Tal uso de los recursos públicos se lleva a cabo a través de una colusión de servidores públicos que se ponen de acuerdo para realizar actividades que no son lícitas: es un delito.
Según el acuerdo de la Cámara de Diputados, los diez mil millones de pesos tendrán el propósito que cada diputado y diputada determine y se ejercerán con reglas de operación determinadas por la Secretaría de Hacienda en el mes de marzo del próximo año. El fin de cada peso del presupuesto debe estar determinado en el propio decreto, ser válido desde el punto de vista de la ley y ejercido de acuerdo con normas presupuestales. No es legal aprobar dinero con propósitos determinables con posterioridad por parte de cada legislador convertido ilícitamente en agente intermediario del ejercicio del gasto. Tampoco es legal utilizar dinero del erario para hacer política en favor de cualquier servidor público
Además, con 10 mil millones de pesos anuales se podría financiar una universidad de buen tamaño, construir varios hospitales de zona, reparar miles de escuelas ruinosas que hoy existen en el país, entre otros muchos propósitos. Pero, ¿cuál es el programa presupuestal de ese gasto de 10 mil millones? Ninguno. Por tanto, es inconstitucional ya que el gasto se conforma de programas con criterios y objetivos cuantitativos y cualitativos previamente determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación según reza la Carta Magna.
En términos generales, el acuerdo de reparto de dinero en San Lázaro es parte del funcionamiento del Estado corrupto. Y en términos concretos es la comisión de un delito y una transgresión grave de la Constitución del país.