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En México no hay rebelión

Desde la fundación del México republicano se ha asignado al Presidente la obligación de disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Ya desde Apatzingán (1814: art. 160) se hacía este planteamiento. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (art. 16) fijó la redacción actual. El único cambio ha sido (2004) agregar la obligación presidencial de preservar la “seguridad nacional” según ley expedida por el Congreso, con el fin de dar cobertura jurídica al CISEN y a la “inteligencia” gubernamental, pero se dejó igual el resto de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna.

Si durante casi 200 años no ha sido necesario hacer una interpretación del término “seguridad interior”, ¿qué lo requiere ahora? El gobierno y los militares están viendo esa fracción VI como si ahí estuviera una facultad conferida a las fuerzas armadas, pero eso no es verdadero. Lo que tal precepto establece es una obligación del Presidente de la República de usar la fuerza armada para la seguridad interior de la Federación es decir, del poder constituido en el país, frente a rebeliones armadas. Aquí se encuentra una de las dos funciones del Ejército y la Armada: defender al poder, impedir su derrocamiento violento. La otra es rechazar una agresión extranjera, tal como el mismo precepto constitucional lo refiere bajo el término de “defensa exterior”.

¿Para qué hacer una ley que convierta al Ejército y la Armada en cuerpos policiales? Pues para otorgarles facultades que no tiene la policía y que serían contrarias a los derechos fundamentales y sus garantías, establecidas en la Carta Magna. Eso es lo que se busca.

El fracaso del gobierno se ha convertido en ocasión para otorgar a las fuerzas armadas las prerrogativas que éstas han estado exigiendo, tales como retención de detenidos, intervención de comunicaciones, acceso a datos protegidos, detenciones sin orden judicial, etcétera. Es la “guerra” que fuera declarada por Calderón. Sin embargo, la crisis de violencia que padecemos es otro fenómeno.

Bajo un Estado de derecho el gobierno no puede declarar la guerra a sus propios ciudadanos que no están levantados en armas, sino que frente a la violencia debe otorgar garantías a todos para que la ley se cumpla y se logre defender a la sociedad, en especial la vida de las personas. La idea de esa falsa guerra es tan odiosa porque atenta contra los derechos humanos.

Calderón pidió al Congreso allanamientos y detenciones sin orden de juez. “La chota en tu casa”, le llamé entonces. La Cámara de Diputados ya las había aprobado cuando en el Senado ocurrió un milagro el día de su discusión y el precepto regresó a San Lázaro donde finalmente se declaró rechazado. Ahora lo está planteando el PRI, con el recíproco apoyo del PAN, bajo el pretexto de que los militares ya que no están de acuerdo en seguir siendo policías si no se les garantiza impunidad.

Lo ha dicho a su modo el general secretario, Salvador Cienfuegos. Él afirmó que los militares podrían preferir ser acusados de desobediencia a tener que enfrentar procesos por delitos relacionados con violación de derechos humanos. Dijo que les podía salir más barato. Es decir, que por cumplir órdenes se atropellan derechos. Pero entonces la solución debería consistir en que no se emitieran órdenes contrarias a la ley y se respetara a los seres humanos. Nada más elemental bajo un Estado de derecho.

El proyecto del PRI para otorgar preeminencia inconstitucional a los militares debería transmutarse en una reforma para instaurar en las leyes el protocolo de relación entre militares y población civil como ya lo había intentado la Armada de México. Tlatlaya es el paradigma de ejecuciones de “rebeldes” que aun en la guerra están absolutamente prohibidas.

Al mismo tiempo, el artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer más funciones que las militares. En México no hay guerra interior ni con el exterior. El mismo jefe del Ejército admite que no están actuando como soldados y, por tanto, se encuentran al margen de la Constitución, pero pide una ley que resuelva el problema. Pues no, no se puede. Se tendría que hacer una subversión de la Carta Magna para inventar una institución que fuera, al mismo tiempo, policía y ejército, pero además al margen del respeto de los derechos de la gente. En esto último estriba en realidad el mayor problema.

Habría sin embargo una solución aunque diferente a la que se pide ahora. Debería revisarse la última minuta sobre el tema, enviada por el Senado a la Cámara e ilegalmente congelada por ésta, pues nunca se votó en San Lázaro debido a la inconformidad de los militares y de Calderón.

Absolución del aborto

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El pontífice máximo de la Iglesia Católica ha concedido a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hubieran procurado un aborto. Se trata de una decisión permanente, una prórroga indefinida de lo que había sido establecido por el mismo Papa sólo para un año, el de la misericordia, recién concluido. Además, el perdón del aborto ha de ser “omnicomprensivo”, es decir, abarcará a todas las personas que hubieren intervenido en la interrupción del embarazo, esposos, familiares, enfermeras, enfermeros, médicos, etc.

Como se sabe, el aborto es un pecado grave en la Iglesia Romana. Bajo la política de misericordia promovida por el actual pontífice católico, Francisco, el interrumpir de manera voluntaria un aborto no dejará de ser el mismo pecado que antes pero en lo sucesivo podrá ser perdonado por cualquier sacerdote y no sólo por un obispo bajo condiciones extraordinarias. Cada aborto ya será, por tanto, una conducta posible de ser perdonada a juicio de cualquier ministro de culto católico.

El pontificado de Francisco se ubica de esta forma en el mismo nivel que los países donde se perdona el aborto, aún considerado como delito, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales se realiza. Ese fue el primer paso que se tuvo que dar en muchos lugares donde ahora el aborto ya es considerado como una decisión de cada cual.

Roma se incorpora de esta manera al inicio del proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, del reconocimiento pleno del derecho de las mujeres sobre el libre uso de su propio cuerpo, lo que incluye la maternidad libre, es decir, no obligada por la condición de sexo como fue durante milenios. Las mujeres no están ya sometidas a una condición de reproductoras, de receptáculos de la semilla masculina para la perpetuación de la especie humana y de la estirpe de los dominantes.

Francisco ha tocado un punto que siempre fue en extremo delicado desde un punto de vista teológico. Él lo aborda por el lado de la misericordia. Sin embargo, deja planteado dentro de la Iglesia Católica un asunto de mayor fondo: los derechos de las mujeres.

El actual pontífice máximo quizá no podrá concluir su obra consistente en reconocer que la iglesia romana “no es nadie para juzgar” las preferencias e inclinaciones del prójimo, lo cual habrá de ser finalmente la gran reforma eclesial que coloque al sacerdocio en pié de igualdad con los demás individuos que son entre sí iguales según el Estado moderno laico. Empezar a despojar al clero de su condición de representante de la divinidad será sin duda una reforma que, sin negar la teología, admita ubicar a las personas en el plano en que las ha puesto la doctrina de la igualdad humana. Esto tendría que abarcar también la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual es harto complicado en el seno de una clerecía masculina.

Hasta hace poco, especialmente con motivo de enérgicos pronunciamientos episcopales sobre aborto y matrimonios igualitarios, no se había visto una vereda hacia la humanización del clero, su despojo de las prendas divinas con las que se arropa para enjuiciar en forma inapelable la totalidad de las acciones de los seres humanos y para condenar bajo sus propias y exclusivas leyes.

Francisco, quien conoce muy bien la arrogancia sacerdotal de una representación divina depositada en individuos hombres profesionalmente capacitados para profesar el Evangelio, implora la misericordia, la reconciliación y el perdón, principios católicos, para avanzar en la desestructuración de aquella divinización del sacerdocio masculino en aras de volver a integrar a los curas, los cuidadores, a la sociedad de la cual se han desprendido inmisericordemente.

Más interesante aún es que Francisco se esté ubicando en mejor posición que los reaccionarios panistas y priistas, usufructuarios del Estrado laico, quienes votan en las cámaras a favor de la persecución penal del aborto.

Empoderar

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La palabra empoderar se ha vuelto a usar pero ahora con el único significado de dar o lograr poder. Como parte de una plataforma política de la derecha, el empoderamiento es presentado como algo que conduciría a dejar atrás la discriminación de las mujeres.

En consecuencia, el oficialismo ha presentado su discurso sobre el empoderamiento y además ha metido de contrabando el término en una convocatoria. Miguel Ángel Osorio inauguró un seminario sobre el “empoderamiento económico”, es decir, el enriquecimiento, en el marco de lo que llamó “cultura igualitaria” que “deje atrás el machismo y los estereotipos que limitan las posibilidades de desarrollo de las mujeres”. A su vez, el Senado convoca a la inscripción de candidatas a recibir el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, cuyos méritos deben abarcar logros y aportes cuya “finalidad” hubiera sido “el empoderamiento de las mujeres y el logro de la Igualdad de Género”.

El empoderamiento como enriquecimiento o como acceso personal al poder político no podría verse como un propósito general de las mujeres porque el poder, en cualquier modalidad, se ejerce por parte de pocos individuos o por élites. Ninguna política que vaya en contra de la opresión de las mujeres en general y de las condiciones de discriminación que éstas han padecido podría privilegiar el acceso personal al poder porque éste no puede brindarse más que a unas cuantas.

Otra tesis que va de la mano del empoderamiento personal consiste en postular que el acceso de más mujeres al mando de empresas y gobiernos es, por sí mismo, un avance en la lucha por la igualdad de género. Es claro que en la medida en que las mujeres son apartadas de la toma de decisiones se hace prácticamente imposible que se abran paso aquellos enfoques surgidos de la propia condición de género, es decir, el lugar y la manera desde donde se observa y analiza la realidad. Pero también es evidente que no todas las mujeres que acceden a puestos elevados tienen compresión de la lucha histórica tendiente a eliminar la discriminación y toda opresión contra las mujeres.

Las pocas acciones afirmativas, entre ellas la paridad de género en las candidaturas de los partidos, son apenas un avance inicial de lo que debería hacerse también en muchos otros ámbitos, la mayoría de los cuales no se encuentran tan directamente vinculados al poder. Pero en otras esferas hay aún mayores resistencias a la participación de las mujeres en condiciones menos desiguales.

El empoderamiento no es una vía de solución del gran conflicto histórico de género por más que sea necesario que muchas mujeres tengan acceso a los selectivos y reducidos ámbitos del poder. Pero, en este plano, es más necesario aún que ellas sean feministas y sepan dar la lucha, de lo contrario tendremos mujeres empoderadas tradicionalistas o francamente reaccionarias, lo cual no ofrecerá nada nuevo y positivo. Ya se ha visto. En verdad, la mayor tarea política que podría incluir la participación de las mujeres en las funciones públicas es justamente la radical reforma democrática del poder.

Se requiere vencer las resistencias a la reivindicación y práctica de los derechos de las mujeres, lograr que los gobernantes (hombres y mujeres) abandonen el discurso que consiste en referirse al conjunto de tales derechos pero sin decir cuáles son y cómo han de conquistarse. Osorio, por ejemplo, no podría reivindicar el derecho de las mujeres al libre uso del cuerpo de cada cual, a la decisión sobre la maternidad propia, porque no está de acuerdo o, si lo estuviera, el gobierno federal no lo admitiría.

Dentro de este mismo análisis hay que decir que la violencia de género es parte de la vida social y de la organización del Estado, no se conforma de hechos aislados. Se requiere la aplicación cotidiana y sin trabas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde 2007, la cual obliga a las autoridades a ser activas, intervenir en la defensa de las víctimas, impedir actos violentos, atender a las mujeres amenazadas, declarar alertas de violencia de género, denunciar y perseguir a los agentes activos de los delitos, todo ello con una perspectiva en la que todo se deba analizar a partir de la condición en la que viven las mujeres. Pero esto es lo que no hacen gobierno federal, Ministerio Público, jueces, gobiernos locales y ayuntamientos. El atraso en estas materias sigue siendo muy grande en México. Esa y otras leyes son ignoradas por las autoridades mientras que es una pesada carga tratar de hacerlas valer, por lo regular con escaso éxito.

El discurso del empoderamiento personal privilegia un camino sólo para algunas pero las mujeres, como sus derechos y reclamos, deberían estar decisivamente presentes en todos los poderes políticos y económicos.

Del PRI a la PGR

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Raúl Cervantes Andrade, ahora procurador, ha sido delegado a las asambleas nacionales XVIII (2001) y XIX (2005), consejero político nacional, coordinador de asuntos jurídicos y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, además de tres veces legislador federal plurinominal. Todas estas funciones y cargos las desempeñó dentro del Partido Revolucionario Institucional. Es sin duda un militante sólido.

Enrique Peña Nieto lo había perfilado como ministro de la Suprema Corte aun cuando no reunía las exigencias de la ley porque era senador, cargo irrenunciable. Ahora lo ha impuesto como procurador y pretende dejarlo como Fiscal General cuando él ya no sea presidente de la República. Esto se llama designación transexenal que, para colmo, se encuentra prevista en un transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014 con el cual se reformó el artículo 102 constitucional.

Peña desea imponer un funcionario por once años en total aunque su partido, el PRI, sea desalojado del Poder Ejecutivo y aunque la Fiscalía, se supone, deba ser independiente del Ejecutivo y de cualquier partido político. Lo que no se explica es que casi toda la oposición haya ratificado el nombramiento de Raúl Cervantes, destacado dirigente priista, sin que éste cubra requisitos de idoneidad para el cargo de procurador. No ha tenido nada que ver con la investigación criminal, no ha estudiado criminología, no ha tenido contacto con la procuración de justicia, carece de conocimientos sobre la organización de la PGR. Al respecto, el nuevo procurador está en blanco y así se puede pasar años. Un verdadero fiscal no se improvisa.

En otros países se busca un procurador profesional. En México con la mayor frecuencia se nombra a un experimentado político oficialista experto en maniobras propias de su ramo. Así ha sido durante muchas décadas. Baste recodar algunos personajes como Portes Gil, López Arias, Sánchez Vargas, Ojeda Paullada, Oscar Flores, Morales Lechuga, (Lozano Gracia, PAN), Macedo, Murillo Karam, entre otros. La Procuraduría ha sido una posición política, no una institución de Estado. Ha sido instrumento para perseguir y para perdonar, para amenazar y para negociar. Nunca nadie ha tenido la confianza plena en el Ministerio Público convertido en instrumento del poder político. Carranza quería una especie de ombudsman, al margen de los jueces porfirianos de consigna y de la Secretaría de Justicia, entonces abolida, pero se equivocó de lado a lado cuando implantó la norma de que el procurador debía ser nombrado y podía ser removido libremente por el presidente de la República en turno: hasta aquí llegaron las ansias reformadoras de la justicia en 1917.

Bajo un sistema de partido dominante de Estado y, además, corrupto, la justicia no puede ser independiente aunque lo proclame la ley. De lo que se trata es que ya lo sea después de cien años. Ese requisito es uno de los elementos básicos para desarrollar la democracia política y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y políticos. Pero Raúl Cervantes, prominente militante priista e integrante del entorno cercano de Peña Nieto, no es la persona capaz de abrir el paso a una Fiscalía General independiente basada en la legalidad y la probidad.

¿Para qué se quiere a Cervantes? Para tener ahora y después de Peña el control de la procuración de justicia, de las investigaciones penales, de la cantada lucha dosificada y con dedicatoria contra la corrupción y del uso instrumental del Ministerio Público. El procurador Raúl Cervantes nos quiere decir que el sistema no cambiará aunque las leyes hayan sido modificadas.

Sólo hay dos gruesos detalle: 1) no habrá fiscal hasta que haya ley de la Fiscalía, lo cual depende del Senado y 2) el próximo presidente de la República podría remover a Cervantes del puesto de Fiscal General si el Senado se abstuviera de objetar dicha remoción en un plazo de diez días. Así que es algo pronto para que Peña y su grupo, así como otras bandas priistas, canten victoria con la llegada de Raúl Cervantes a la PGR y luego a la Fiscalía General. Los ex gobernadores en capilla, por su lado, ya no tienen salvación porque son el estandarte de la anunciada derrota de la corrupción del Estado mexicano. Ya hemos visto lo que eso significa cuando son los mismos (o parecidos) quienes gobiernan.

Valdemar y el clero

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Hugo Valdemar Romero se ha convertido en los hechos en el principal vocero del Episcopado Mexicano. Bajo el cobijo de Norberto Rivera Carrera, cardenal y arzobispo de la Ciudad de México, ha convertido su voz en la del clero católico con la cobertura que le brindan los grandes medios de comunicación.

Este sacerdote sostiene que la homosexualidad se “padece” y hay que “liberarse” de ella, para lo cual recomienda a un psicólogo de apellido Cohen, “quien padeció la homosexualidad y pudo liberarse”, según dijo Valdemar en una declaración hecha ante sí mismo, el Sistema Informativo de la Arquidiócesis, y desde luego difundida por la prensa.

Valdemar no expone una interpretación de los Evangelios sino una ética que promueve la intolerancia y el odio hacia los y las diferentes. Lo ha hecho con los islamistas y, de costumbre, lo hace contra los homosexuales y las lesbianas, a quienes considera contagiados y contagiosos pero, como la cura es una “reorientación a la normalidad” y una “liberación”, según palabras de Valdemar, se trata de arrancar deseos, inclinaciones o lo que sea distinto al paradigma ético que sostiene el sacerdote ¿de cuál iglesia?

Para Valdemar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamado también matrimonio igualitario, pone en riesgo el futuro de la sociedad, según dijo en reciente entrevista radiofónica. Aunque con confusos y equivocados conceptos, el sacerdote convertido en ideólogo privilegiado del clero católico decía a José Cárdenas que «atrás de todo este tipo de iniciativas hay una teoría e ideología de género (sic), donde se va implementando toda una serie de nuevos valores, falsos valores, que niega la misma antropología y la misma constitución humana de la persona (sic)».

Valdemar sabe que seguirá habiendo parejas de homosexuales y lesbianas, las cuales no pueden evitarse con la fuerza que hoy tienen los enemigos del respeto a las diferencias, mas lo que él busca, tal como sus mentores, es que tales parejas no se vean, que se mantengan ocultas. Es por ello que el acto civil del matrimonio igualitario se analiza como contrario al matrimonio eclesial católico y los derechos legales de la pareja no heterosexual son inaceptables para ese oscurantismo decaído y vuelto a levantar. Pero, en el fondo, ninguna religión tendría que verse ofendida en absoluto con la legalización de decisiones convenidas entre dos personas cualesquiera que sean su sexo y su preferencia sexual.

Valdemar postula sin recato la ideología de género todavía dominante, la cual es excluyente, maniquea, opresiva, es algo de lo que algunos llaman “dominación masculina” (Bordieu) o, en términos más amplios, “opresión de género” (Pitch), llevada a las leyes modernas por aquel liberalismo que, como parte de su homofobia, replanteó que las relaciones entre hombres eran un delito (sodomía) en el primer código penal de 1835, en Veracruz, y prescribió la pena “de diez a quince años de trabajos forzados” con el propósito de castigar a unos y lograr que otros ocultaran sus preferencias sexuales. Empoderados católicos de inspiración medieval como Valdemar hacían leyes todavía en la primera mitad del siglo XIX, mas los liberales anticlericales las siguieron haciendo por el estilo a partir de la segunda mitad de ese mismo siglo persiguiendo actos sexuales contrarios al “orden natural” (Código de 1871), “antinaturales”, escriben hoy Rivera y Valdemar en su semanario. La homofobia no es exclusiva de sacerdotes. Ahora, cuando la proclama de la modernidad es ya historia, se anatematizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo tal como ocurría en las oscuridades medievales.

Dentro de esta misma discusión, nos enteramos por Valdemar que la Conapred y la Copred (organismos públicos para garantizar la no discriminación) son “instituciones represoras” que “actúan para que encarcelen a los padres de familia que no aceptan la dictadura gay”. Al respecto Valdemar dice que esto es “diabólico”. ¿A que diablo se refiere?

Me niego a creer que todo el clero, por el que habla Valdemar, tenga esas ideas. Me quedo al respecto con un obispo, el de Roma, Francisco, quien en referencia a los homosexuales dijo “¿quién soy yo para juzgarles?”. Algo nuevo tendría que hacer en México el pontífice católico cuando Rivera ya no sea arzobispo en funciones, ya pronto.

El clero político y los políticos

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Cuando Benito Juárez expidió la ley del matrimonio civil el 23 de junio de 1859, refugiado en Veracruz mientras el amotinado Félix Zuloaga despachaba en Palacio Nacional, la nueva Constitución tenía ya casi dos años de haber entrado en vigor (16 de septiembre de 1857) pero era difícil alcanzar las libertades prometidas.

Una de esas libertades consistía en poder casarse sin someterse a los requisitos eclesiales ni a los costos inherentes. Al reconocer que “todos nacen libres” y que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales” (art. 1º.), el Estado estaba obligado a integrar el registro civil para hacer efectiva la libertad de casarse y para que los “actos de la autoridad civil surtan ya todos su efectos legales”. Para la ley, desde entonces, el matrimonio no es un acto religioso por más que tal sacramento se encuentre permitido como parte de las libertades que se proclaman.

A pesar de las dos guerras que desató contra la República, el clero dejó de ser autoridad sobre “los principales actos de la vida de los ciudadanos”. En consecuencia, el matrimonio legal no es un asunto suyo. No obstante, varios obispos convocan a manifestaciones el 10 y el 24 de septiembre próximos para oponerse al proyecto sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y, consecuentemente, a las leyes locales ya en vigor sobre ese mismo tema.

Nadie exige que el clero católico o cualquier otro admita casar a parejas del mismo sexo. Ese es un asunto exclusivo de las corporaciones eclesiales. Pero si a partir de 1859 el matrimonio legal no es religioso (la separación, divorcio o anulación, en consecuencia, tampoco), sino exclusivamente civil, ¿cuál es el litigio?

Cuando Juárez emitió la ley del matrimonio, el alto clero reaccionario estaba pensando que iba a triunfar el motín militar que había alentado y que financiaba con recursos recaudados para “obras piadosas”. Para suerte del país, los obispos estaban equivocados. Pero, ¿qué ha pasado para suponer que más de un siglo y medio después los sucesores de aquellos jerarcas golpistas podrán imponer su designio sobre las leyes del país?

El problema principal no es el clero sino los políticos reaccionarios, los oportunistas, los electoreros, los pusilánimes. Los Zuloaga de hoy no son pocos ni menos poderosos, al parecer. A pesar de que Peña envió la iniciativa sobre matrimonio de personas del mismo sexo, su partido no está de acuerdo porque tiene miedo a una repercusión electoral y teme romper lanzas con el Episcopado.

Aunque la reforma al código civil federal no tendría incidencia en la realización de matrimonios pues casi todos deben efectuarse conforme a los códigos locales, el PRI sabe que su voto a favor lo ubicaría, al menos en ese punto, en el campo de las corrientes que promueven mayores libertades. Sería tildado de “defensor de homosexuales y lesbianas”.

No es que se busque negar la existencia de parejas del mismo sexo sino que se pretende que no se vean o que se vean mal, que se oculten, que carezcan de otros derechos, porque su presencia es considerada incómoda por parte de personas que sostienen principios éticos contrarios al pleno reconocimiento de las libertades. Así como se decía, o se dice, que por decisión divina hay razas por lo que juntarlas es contrario a la voluntad de Dios, se sigue diciendo que hay dos sexos, etc. Por su lado, los reaccionarios liberales afirman que el llamado matrimonio gay es “antinatural”. Ya no hay un dios sino Natura. Es lo mismo, sin embargo.

Sí tenemos un problema del Estado laico pero no de un imposible gobierno eclesiástico. Antes, el clero era autoridad, tenía facultades legales para decidir y resolver sobre asuntos relacionados con las personas desde el nacimiento de éstas hasta su muerte. Eso no va a regresar por más reaccionarios que sean los arzobispos mexicanos y sus voceros. Lo de hoy es la pretendida validez de principios tendientes a negar las nuevas libertades, una de ellas es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Estado laico sufre en la medida en que es arrastrado a una moral que tiene su base en principios religiosos. Cuando el país se atrevió a proclamar la separación del Estado y la Iglesia a partir de la Constitución de 1857 y la ley del 4 de diciembre de 1860 se produjeron sendos acontecimientos: en el primer caso, “ninguna corporación civil o eclesiástica tendrá capacidad para adquirir bienes raíces” que no sean “destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución” (art. 27), que fue base para la desamortización y posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, eliminar el poder económico de la Iglesia; y, en el segundo caso, la ley que tutelaba la libertad religiosa y proclamaba que la “independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por la otra, es y será perfecta e inviolable” (art. 1º.), la cual se basaba en las libertades constitucionales y, en consecuencia, afirmaba la renuncia del Estado a postular creencias religiosas.

No se ha dicho que el matrimonio sea un derecho individual, sino que todos somos libres para contraerlo. Sería ridículo que una sola persona exigiera ser casado. El derecho consiste en decidir sobre uno mismo y en convenir con otros y con otras. Si se proclama por ley que todos pueden asumir esa clase de decisiones en libertad, las parejas del mismo sexo tienen igual derecho que las de sexo distinto para convenir su unión formal y pública. Nadie puede ser discriminado con motivo de sus preferencias sexuales dice el articulo 1º. de la Constitución vigente.

No es el clero sino el PRI el que tiene en sus manos el punto… por ahora.

MEJOR DISCUTAMOS SOBRE EL DERECHO AL DEPORTE

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En México hay algunos buenos deportistas olímpicos. El caso que hemos visto una vez más es que los de otros países son buenísimos. Si no hay política deportiva nunca habrá muchos jóvenes con excelentes desempeños. Por tanto, es un error discutir la política deportiva del gobierno mexicano porque ésa no existe. Lo que se hace desde la Conade es sólo administración de un coto político. Lo mismo ocurre en las 32 entidades del país.

Sabemos de sobra que para hacer deporte se requiere antes que nada saltar unos obstáculos más difíciles que los de una competencia de vallas en la pista. Nada está organizado. Tanto deportistas como promotores del deporte carecen de verdaderos apoyos. Los jóvenes tienen que pagar para poder realizar cualquier actividad deportiva pero no sólo en los establecimientos privados que para cobrar han sido creados sino en los públicos.

Nunca ha tenido México una política deportiva. No se puede tener nadadores y nadadoras si no hay albercas y maestros. Eso cualquiera lo podría entender, excepto el gobierno, claro está.

La escasez de deportistas con cualidades para participar en unos juegos olímpicos es sólo una evidencia del problema de falta de deporte en México, pero no es el problema en sí mismo. Es decir, no se trataría de buscar a unos cuantos jóvenes, prepararlos muy bien y tener un equipo olímpico con muchas especialidades. Eso no funciona porque se requieren millones de jóvenes haciendo deporte para que de ellos salga un centenar de buenísimos deportistas. El objetivo no puede ser tener a esos cien excepcionales sino que se logra un buen equipo olímpico en un país cuando el deporte es un derecho efectivo de los jóvenes.

Lo que se debería empezar a discutir en México, a propósito de los denuestos a deportistas, manejadores, entrenadores y burócratas, es lo que en verdad es importante: los derechos de la juventud, entre ellos el deporte. Si no hay financiamiento para que los estudiantes se mantengan en las escuelas, es decir, el pago de un salario por estudiar, está claro que la deserción y el bajo rendimiento será lo que ha sido. Lo mismo ocurre en el aspecto concreto del deporte, pues para acceder a éste se requiere tener satisfechas las necesidades básicas y además contar con instalaciones y profesores suficientes. Eso es lo que hace falta.

La política deportiva no puede ser definida por organismos que gastan dinero en sueldos y viáticos pero no están diseñados para hacer algo concreto, incluyendo como parte de éstos a las llamadas federaciones que nadie sabe exactamente qué cosa son. El deporte debe organizarse desde abajo, desde la escuela, el barrio, la colonia, el pueblo. Para ello se requiere infraestructura. ¿Dónde está el plan nacional en este aspecto? Existen proclamados objetivos muy generales y programas demasiado estrechos pero nada más.

Los comentaristas deportivos traen una discusión muy entretenida pero por completo infértil porque ningún problema está alojado en el lugar donde lo analizan. Los burócratas por su lado se encuentran en el horrible tapete de justificaciones propias e inculpaciones de los demás. Sin embargo, por lo que se advierte, no habrá pronto cambios políticos pero tampoco existe, lastimosamente, un planteamiento surgido del deporte mismo, del que se hace de verdad, del que se sufre y se ama. Esto se debe a que la burocratización del deporte ha llegado a lo ridículo.

Nochixtlán fue otra matanza (impune)

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Los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de este año, luego del rápido desbloqueo de una carretera por parte de la Policía Federal, conforman una matanza más. No tendría que haber decenas de muertos para nombrar de tal forma un acontecimiento sangriento, es suficiente la forma en que se comportó la autoridad, en especial la responsabilidad que recae sobre la misma.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha realizado uno de esos lances que le caracterizan: ordenar una investigación conociendo de sobra lo ocurrido, pues él es el jefe de la policía, quien presuntamente ordenó la operación de desalojo del bloqueo y tal vez también el ataque policial contra la posterior protesta popular.

No es creíble que el jefe de la policía se encuentre ignorante de los detalles de Nochixtlán. En realidad, hay que insistir, Osorio tenía el reporte de los acontecimientos de ese día en esa población, contaba con su cuarto de guerra y daba órdenes. Sin embargo, se busca aparentar que aun cuando el país entero pudo ver en video a un agente de policía federal disparando hacia la multitud, el único que no lo ha visto es el mismísimo jefe de los gendarmes.

El problema es aún más brusco desde el ángulo político, es decir, el de las decisiones que llevaron a la matanza en Nochixtlán. El primer paso se emprendió cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar negociaciones con la CNTE, luego de lo cual la PGR procedió a intensificar su programa de encarcelamientos de dirigentes magisteriales disidentes, detalladamente elaborado en la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño, quien al parecer sólo conversa con sus amigos y con escolares de primaria a quienes visita con harta frecuencia. Ambas acciones gubernamentales trajeron como consecuencia un incremento en los movimientos de los maestros, en especial el bloqueo de carreteras e, incluso, vías férreas. La respuesta oficial, largamente anunciada, consistió en ordenar la acción policial, tal como por el otro lado lo esperaban tanto manifestantes como la población de varios puntos críticos en Oaxaca y Chiapas.

No hay exageración al calificar esta forma de operar como algo kafkiano en referencia al libro El Proceso en el cual los enjuiciados ignoran de qué se les acusa, el procedimiento y el momento en que se les va a decretar la sentencia; aquí los responsables políticos se investigan a sí mismos y jamás se dictará nada en su contra, ni siquiera pronunciarán ellos alguna leve autocrítica. El gobierno de México supera a Kafka. Así lo vimos cuando Luis Echeverría mandó a investigar la matanza del 10 de junio de 1971 ordenada por él mismo. Claro está que nunca se inició siquiera la tal averiguación sino hasta 40 años después, luego de lo cual el Poder Judicial mexicano nos agravió de nuevo al declarar la prescripción. Cualquiera diría que nada ha cambiado aunque haya cambiado todo.

El hecho de que el diálogo se hubiera restaurado inmediatamente después de la matanza de Nochixtlán sólo indica que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad por más investigaciones que simule realizar. Sin embargo, las negociaciones abiertas después de Nochixtlán parecen tener los mimos obstáculos que antes. La tesis peñista de que las leyes no se negocian es de origen diazordacista. La legislación es por excelencia el terreno de la negociación política. Lo que hay que cancelar es justamente el estereotipo de la evaluación. Nunca la enseñanza ha dependido de exámenes aplicados a profesores y a estudiantes. Por más que se hagan pruebas, la educación seguirá siendo buena, mala o regularcita. La nuestra es mala porque la escuela es autoritaria y, por tanto, los docentes y educandos no participan a plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje o, bien, éste se encuentra escindido. Aurelio Nuño es el funcionario público que menos está dispuesto a tratar de entender esa realidad.

Diálogo trágico

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Tuvieron que morir por las balas de la Policía Federal ocho personas en Nochixtlán para que el gobierno abriera un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de meses de solicitudes infructuosas de los maestros y de francas negativas de parte de las autoridades. Dicho esto de otro modo, la política gubernamental de condicionar todo diálogo a la renuncia de las peticiones principales del movimiento arrojó un saldo sangriento de muertos y heridos. La responsabilidad de esa tragedia es sin duda de Peña Nieto como jefe del gobierno pero el expositor sistemático de la negativa política fue Aurelio Nuño, secretario de Educación y hombre de mayor cercanía del presidente.

En un esfuerzo por sabotear el diálogo ya iniciado en la Secretaría de Gobernación, el mismo Nuño declaró que el tema educativo no sería tocado en las conversaciones. En realidad la reforma no es a la educación básica sino a la administración de la misma. Lo que tiene por ahora que abordarse entre los representantes de la CNTE y el gobierno es un tema de política de organización y administración de recursos humanos de las escuelas primarias y secundarias públicas del país. El sistema de evaluación jamás podrá ser la base del mejoramiento de la enseñanza, mucho menos cuando tiene aspectos punitivos entre otras contradicciones, pero lo verdaderamente grave es que el secretario del ramo así lo considere y por ello defienda las reglas de la evaluación como si fueran parte de una verdadera reforma educativa.

Para arrebatarle al SNTE el control del ingreso y la promoción en el magisterio no se requería improvisar un sistema de evaluación súbita y masiva, pero el gobierno lo adoptó por necedad y ha llevado al país a un ya largo conflicto donde las autoridades fueron cerrándose cada día más: fueron desde la amenaza y los procedimientos de separación de quienes no se presentaban a las evaluaciones hasta los ceses de faltistas y el encarcelamiento de dirigentes. Al final, hubo fuego de la policía.

Osorio Chong, jefe superior de la Policía Federal que disparó contra habitantes de Nochixtlán y quien, por tanto, alguna responsabilidad ha de tener en los hechos de sangre, encabeza la delegación del gobierno en las conversaciones del Palacio de Covián. En tal situación, ese secretario es quien debe encontrar la manera de eludir la línea más intransigente de Peña-Nuño que consiste en que para conversar se requiere la sumisión del que critica, denuncia y protesta.

Mas para lograr la derrota de esa línea intransigente y represiva se requiere que las fuerzas democráticas alcen su voz con la mayor fuerza. No se trata sólo de echar abajo la punitividad del sistema de evaluación sino de derrotar ese alcance punitivo hacia todo conflicto político. Hay que entonar muy alto para obligar a bajar el volumen del griterío autoritario dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay que exigir, por tanto, que el diálogo tenga resultados, que predomine la voluntad de llegar a acuerdos.

Es mentira que las leyes no se negocian en sedes gubernamentales, esa afirmación es mendaz y forma parte de la línea de Nuño fraseada ahora por Osorio, la cual sólo busca colocar a las negociaciones de Bucareli sobre la cuerda floja. Tal tesis diazordacista, preámbulo de incontables represiones, debe ser derrotada.

Las investigaciones en curso de la PGR sobre los muertos y heridos por arma de fuego en Nochixtlán no son de fiar. La procuradora es parte del gobierno, lo es en los hechos aunque no lo sea en la ley. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es incapaz jurídicamente de abrir procesos penales. Así que, en este caso como en otros muchos, se requiere un fiscal independiente. El gobierno no debe seguir investigando al gobierno como hasta ahora ha ocurrido.

No fueron profesores de la CNTE las víctimas mortales del fuego policiaco sino la gente que buscaba impedir la acción de los gendarmes en Nochixtlán porque apoyaba a sus propios maestros. Esto nunca lo reconocerá a las claras un gobierno engreído que quiere dar lecciones de rigidez como instrumento de gobernabilidad.

Recordemos por otra parte que el gobierno no debe educar sino que debe ser educado, conocimiento éste alcanzado desde el siglo XIX. Pues sí, ya estamos en el XXI…, cronológicamente.

Desde Vallejo hasta Rubén Núñez

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El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto. Ellos son presos políticos. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones.

El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.

A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos. Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa pero ya docilitados.

La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.

La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.

El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!