Enrique Peña Nieto ha cometido los mismos errores de siempre en materia de finanzas públicas y, en general, de economía nacional. Como consecuencia, el país se encuentra a las puertas de una crisis.
Durante el periodo en curso, como antes, no se ha impulsado la inversión ni se ha iniciado un proceso de redistribución del ingreso. Estos dos errores básicos son la base sobre la que se sustenta el estancamiento económico crónico que padece el país. La reforma energética, en lugar de promover más inversiones, ha provocado su disminución pues Pemex ha sido víctima de un feroz ataque desde la Presidencia de la República, al grado de obligar a su achicamiento: cada día produce menos. La inversión pública en general también ha sufrido porque el gobierno carece de proyectos directamente productivos y se dedica al fomento de ciertas inversiones privadas mediante subsidios nada disfrazados.
Peña dio al principio de su gestión algunas señales de que podría modificar la política económica, al menos en cuanto a la recaudación, pero se limitó a la llamada reforma fiscal, obtenida a partir de algunas de las propuestas del PRD y con el indispensable apoyo decisivo de dicho partido, pero ésta ha sido tan repudiada por capitalistas y altos empleados, así como por el PAN, que Peña decidió limitarse a los cambios iniciales de lo que podría ser una nueva política fiscal. Peor aún, en lugar de utilizar bien los nuevos recursos proveídos por aquella reforma mocha, el gobierno mantuvo la contracción del gasto productivo, sostuvo la expansión inercial de los sueldos de la alta burocracia, amplió la base del gasto directamente clientelar, apoyó a algunos gobernadores en apuros, subió los gastos de operación y dilapidó con propósitos electoralistas mientras que la corrupción se acentuaba. El resultado ha sido que la deuda pública acumulada ha crecido mucho respecto de la cuantía del PIB anual al llegar al 50.5% de éste (la más alta desde la crisis de 1994-96), mientras la economía sigue estancada en términos sociales, es decir, tomando en cuenta el crecimiento de la población.
Desde hace mucho tiempo, los sucesivos gobiernos han creído que la productividad es el aumento de la tasa de ganancia. No entendieron nunca que esta última es el rendimiento del capital determinado por varios factores y no sólo por la elevación de la capacidad productiva del trabajo social. Ese inicuo concepto que prevalece ha dado sustento a políticas económicas basadas en la protección de la tasa de ganancia (ingreso neto por unidad de capital invertido), en lugar de buscar que el aumento de la productividad se traduzca en mejores remuneraciones de los trabajadores de la ciudad y el campo, es decir, en la ampliación del mercado interno. Es por ello que México es también campeón mundial en concentración de ingreso y riqueza en unas cuantas manos.
Asimismo, se ha creado un concepto de finanzas públicas que consiste en mantener uno de los menores porcentajes de recaudación en términos del PIB que existen en el mundo. El gobierno cree que este es un dogma que procura la inversión, especialmente la extranjera, pero con el cual no puede explicar bien porqué ésta ha disminuido recientemente.
Como casi todo se ha hecho igual que antes, ahora tenemos otra vez un grave problema de gasto-financiamiento. El gobierno se ha endeudado sin bases y ha decidido buscar remedio a su despropósito mediante el superávit primario que no es otra cosa que bajar el gasto social y restringir más aún la inversión pública para garantizar el pago de los abonos de la deuda (3% del PIB en el año). Cuando un gobierno tiene más ingresos que egresos (superávit) sin contar el costo financiero está reteniendo dinero de las contribuciones mientras que el nuevo endeudamiento ya casi es igual que los intereses de la deuda acumulada. De esa manera se perjudica la economía al bajar el gasto y no usar la deuda para invertir. Ya se puede apreciar que el año próximo el crecimiento económico será igual que durante el actual, si acaso. Desde la crisis de 1994, los saldos sexenales (Zedillo-Fox-Calderón) de crecimiento del PIB per cápita real han venido cayendo, desde 2.8 hasta 0.6%, y parece que así cerrará al término del sexenio de Peña.
Durante el presente año se recortó por un lado y se gastó más por el otro. Ahora vendrá un recorte casi general, pero no bajarán los altísimos sueldos de la alta burocracia (de los más elevados del mundo) ni sus gastos de operación (inconstitucionales muchos de ellos). ¿Qué país reduce su gasto en educación (-15.1%), ciencia (-23.3%) y salud (-10.8%)? Sólo uno: México.
Es necesario, por tanto, organizar manifestaciones y otras protestas para exigir que los gobernantes se bajen sus sueldos y abatan otros gastos superfluos. Se podrían rescatar así algunos miles de millones para educación y salud mientras se logra un gobierno que no cometa los mismos errores.