Archivo por meses: marzo 2020

La crisis económica del coronavirus

La pandemia del coronavirus se ha convertido en una crisis económica mundial ya que el patógeno es altamente contagioso, aunque menos letal que otros semejantes. Al amenazar a todos, la reclusión es el medio más efectivo de contener la infección. Esto lleva a bajar producción, comercio y servicios que no sean indispensables de momento. Luego, ya casi todo va entrando en esa lista.

La gripe pandémica de 1918-20 alcanzó a un tercio de la población mundial (500 millones de infectados) y hubo 50 millones de defunciones. Se redujo entonces la producción industrial del mundo en un 18%.

Desde antes de la declaratoria de la actual pandemia se han difundido muchos cálculos sobre «pérdidas» hechos desde diversos ángulos. Los mercados financieros hablan de quebrantos cuando se refieren a la depreciación coyuntural del valor de los activos cotizados, así como a la menor capacidad de cobrar préstamos en el corto plazo y de asumir las variaciones de tasas de cambio con la divisa refugio que ha resultado ser, otra vez, el dólar.

Pero nada de lo anterior es algo físico y perdurable. Son vínculos entre pocos concurrentes y situaciones contingentes.

Las cuentas empiezan a ser sociales cuando una parte de los trabajadores carece de seguro de desempleo o los patrones no asumen directamente el costo salarial del paro. También hay saldos negativos entre quienes laboran en el comercio al menudeo, que se ha estrechado, o de plano han dejado de laborar por cualquier situación relacionada con la pandemia.

Un fardo grande pesa sobre las economías vistas en conjunto. Es evidente que vivimos una recesión mundial definida ésta como la baja pronunciada de la producción y los servicios. El problema de mayor fondo, sin embargo, consiste en cómo y quién va a asumir las consecuencias. Sabido es que el asunto no consiste principalmente en la cantidad de sopa en la olla sino en el tamaño de la cuchara de cada cual. Así funciona el sistema capitalista.

Es evidente que las empresas tendrán una ganancia menor y, con seguridad, una menor tasa de utilidad, definida ésta como el excedente de valor obtenido como porcentaje sobre cada unidad monetaria invertida. Pero la pandemia no arruinará a casi nadie en tanto que las ventas podrán recuperarse a través de un tiempo más o menos breve, aunque las deudas empresariales tengan que dilatarse en sus pagos con el consiguiente peso de la tasa de interés.

Los problemas mayores de la pandemia se ubican entre aquellos que viven al día y están dejando de tener los ingresos de antes sin que luego se vaya a poder recuperar lo perdido. Son los asalariados descobijados de seguridad social o programas emergentes de subsidio, y los pequeños proveedores de toda clase de mercancías y servicios que no tienen patrón. En América Latina esta parte conforma más de la mitad de la población ocupada.

Los Estados tendrán que cubrir una gran parte del costo salarial de los trabajadores parados y otorgar subsidios hacia los no asalariados. En consecuencia, los gobiernos deben obtener ingresos extraordinarios mediante la captación de dinero, es decir, tomar prestado. ¿Quién va a terminar pagando esos platos rotos del coronavirus? Dicen en Estados Unidos que son los «contribuyentes», eufemismo que siempre ha ocultado la parte que aporta cada clase social. Ya sabemos que en ese país, como en otros (México), los bajos y medios ingresos contribuyen con una tasa efectiva mayor que la pagada por los grandes capitalistas.

Las nuevas cuentas del Capitolio –demócratas y republicanos unidos otra vez– serán al final pagadas mayoritariamente por los trabajadores y pequeños comerciantes. El capital no va a tener los mayores problemas.

En Europa del euro las cosas son aún más complicadas debido a las diferencias existentes entre los países de la unión monetaria. Los países del sur (menos ricos) se tendrán que endeudar al igual que los del norte (muy ricos), pero en diferentes condiciones. Los del sur van a tener que pagar por su nueva deuda la «tasa de riesgo» que no pagan los ricos del norte. He aquí por lo cual España e Italia, entre otros, exigen que el nuevo financiamiento que requiere la crisis del coronavirus se contrate bajo la cobertura completa de las instituciones europeas con bonos emitidos por éstas, para evitar, además, condicionamientos que restrinjan aún más sus propias políticas presupuestales. Pero los ricos no aceptan. No están tan unidos los integrantes de la Europa unida.

En América Latina, el Fondo Monetario Internacional ya está prometiendo dinero a diestra y siniestra. El FMI otorga prestamos para que los países pobres puedan pagar sus deudas y otras inversiones financieras a los países ricos. «Te presto para que me sigas pagando, intereses incluidos, naturalmente». Este ha sido el gran sistema de pagos internacionales de la segunda posguerra, el cual sigue más o menos vigente, a pesar de todo, en especial cuando sobrevienen las crisis.

Si la economía se está deteniendo, el Estado debe erogar recursos que de momento no tiene para subsidiar a los damnificados económicos de los tiempos víricos que corren. Pero hay otro problema, los ricos también se han puesto en la lista de los dañados y lo son, pero no tanto ni tan gravemente como todos los demás. El recuerdo lacerante del Fobaproa está otra vez entre nosotros. De cualquier forma, los gobiernos van a tener que tomar dinero para cubrir necesidades que no están en los presupuestos. Así, las deudas nacionales se van a incrementar y, con ello, las «tasas de riesgo» que imponen los mercados, lo cual va a conducir de nuevo al desastre del endeudamiento del ex Tercer Mundo.

Este no es un plan macabro de algún financiero muy listo sino la forma en que opera el llamado mercado.

Para empeorar el panorama se ha producido una considerable salida de capitales (dólares) de varios países latinoamericanos, para ser depositados en bancos del exterior, como una forma de escapar de las casi diarias depreciaciones de las monedas nacionales. Tener que usar las reservas internacionales de los bancos centrales para atender las urgencias de algunos inversionistas –pocos pero con mucho dinero– es una consecuencia de los esquemas de acumulación y financiamiento que han predominado.

En conclusión, es necesario no dilapidar las reservas internacionales para cubrir operaciones en el mercado de divisas: aguantar lo que se pueda. Reducir hasta su eliminación el superávit primario para disponer de recursos sin modificar condiciones pretéritas de contratación de financiamientos. Restringir gastos innecesarios que hasta ahora se han mantenido como cuotas de origen político. Utilizar fideicomisos y otros fondos públicos que se encuentran ociosos. Evitar conceder «estímulos fiscales» innecesarios, ampliar plazos para el entero de algunos impuestos pero recaudar al fin lo debido. Proseguir las acciones en contra de las evasiones fiscales y las falsificaciones.

Si el PIB va a decrecer en términos absolutos, como es al respecto lo único seguro, el Estado debe preferir toda inversión productiva posible, en especial las que se puedan adelantar. En consecuencia, la organización del aparato público se advierte como un renglón prioritario.

Esta tendría que ser la política ahora y en la impronta que nos deje el coronavirus.

De la Estafa Maestra al juicio político

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Hace 94 años que no se abría en México un juicio político. Muchos podrían pensar que durante ese lapso gozamos de los mejores gobernantes jamás vistos en el mundo: ninguno de ellos fue juzgado en el Congreso. Todos se presentaban como impolutos, los más honrados.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó acusar ante el Senado a una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, concepto éste contenido en la Constitución y que quiere decir acusar a alguien por ejercer un mal gobierno en contravención de las leyes.

El presidente de la República no es sujeto de juicio político pero sí lo son las y los secretarios. A su vez, las órdenes presidenciales no deben ser obedecidas si no van firmadas por el secretario o secretaria del ramo; esto se llama refrendo. Tal sistema permite que el Congreso pueda ejercer control sobre la política gubernamental y sancionar a los gobernantes con la destitución y la inhabilitación.

Este juicio no es de carácter penal y ni siquiera del ámbito administrativo, sino que tiene un espacio propio que consiste en juzgar la función gubernamental.

La acción parlamentaria de reclamar responsabilidad política fue eliminada en los hechos, mas no en las leyes, desde el maximato de Plutarco Elías Calles, a partir del cual los presidentes se volvieron la única instancia para impartir justicia a los demás gobernantes. Por esto casi nadie entiende en qué consiste el hasta ahora arrumbado juicio político y porqué la Cámara de Diputados acusa ante el Senado, el cual sentencia.

No hay tampoco que confundir el juicio político con el procedimiento de censura a los ministros o a todo el gobierno, el cual existe en los países con sistema parlamentario. En México es otra cosa: un enjuiciamiento por actos y omisiones políticos, así como su correspondiente sanción. Esto implica que el Congreso mexicano se convierte en una instancia jurisdiccional cuyas declaraciones y resoluciones son inatacables, según deja muy en claro el artículo 110 de la Constitución.

La reciente acusación de la Cámara contra una ex secretaria del Despacho es vigente no obstante que ella ya no se encuentra en ejercicio, pues el procedimiento se inició antes de cumplido un año de que aquella hubiera dejado el cargo, como lo prescribe la ley. Asimismo, el juicio procede aunque dicha ex secretaria se encuentra bajo proceso penal y en sede administrativa se le ha impuesto una sanción por omitir datos en su declaración patrimonial. La responsabilidad política corre por cuerda propia, lo cual es lógico, porque si no fuera así cualquier multa interrumpiría la función del Congreso de la Unión de vigilar al gobierno. Pero, además, todas esas son conductas diferentes.

El juicio político se realiza contra una persona pero no contiene sólo lo que ésta hizo o dejó de hacer, sino abarca la política que el gobierno practicó. La Estafa Maestra no fue obra de una secretaria de la Sedesol y luego de la Sedatu. Ese mecanismo de desvío de recursos públicos se ha observado en otras dependencias. El hecho que sólo a esa funcionaria se le hubiera abierto el juicio se debe a que muchos denunciados no son sujetos del mismo, a la ausencia de denuncias contra otros servidores públicos o a que varios dejaron sus cargos más de un año antes de la llegada de la nueva mayoría parlamentaria.

El principal argumento de defensa de la ahora acusada consiste en que la existencia del juicio político viola los derechos humanos, lo cual no podría ser resuelto dentro del mismo procedimiento porque las cámaras del Congreso no se pueden negar a obedecer la Constitución. Ya no es como antes. Otros argumentos, como la existencia simultánea de un proceso penal y de una sanción administrativa carecen de bases legales para impedir el juicio político, por los motivos antes expuestos. En fin, durante la instrucción y en sus alegatos, la ahora acusada objetó varias cosas pero nunca negó los hechos ni las conductas y omisiones que se le atribuyen.

Sin embargo, personas ignorantes de este procedimiento constitucional histórico, suspendido durante casi 100 años, se han permitido atacar a la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados. Si esas personas han condenado alguna vez la impunidad; si han reclamado la sustitución del ejercicio de facultades del Congreso por mandatos presidenciales; si han criticado a los legisladores por no ejercer sus funciones a cabalidad y con independencia de criterio; si se han sumado al repudio de la corrupción y se han lamentado de que las leyes no se aplican; entonces aquello que han dicho se les ha venido abajo por condenar ahora la conducta de la Cámara de Diputados que consiste en cumplir con su deber.

La Estafa Maestra se conoció por investigaciones de medios de comunicación pero se documentó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados. Si no se hubiera abierto el procedimiento de juicio político, la propia Cámara se encontraría en grave situación de incongruencia, simulación, encubrimiento; como antes era.

Las conclusiones de la Sección Instructora han puesto de relieve la creación de redes de desvío de recursos como forma de gobernar, no sólo para beneficiar a unos cuantos funcionarios. También se ha desvelado el método de incorporar a entidades públicas que no son de gobierno y a empresas privadas, reales o fantasmas, que operaban como dispersores de dinero dentro y fuera del país, tal como ha quedado demostrado. Asimismo, se ha reportado lo sencillo que fue la falta de comprobación contable, consuetudinaria e impune, de erogaciones de recursos presupuestales: durante años, la Auditoría le exigió a la Sedesol y luego a la Sedatu que solventara las observaciones pero no obtuvo la menor respuesta.

No hubo venganza en las conclusiones de la Sección Instructora porque no habría motivo alguno para aquélla. Mucho menos hubo inexplicables miedo y odio. Quienes votaron a favor de presentar la acusación al Senado cumplieron sencillamente con un deber y rescataron una facultad constitucional histórica del Congreso que le fue arrebatada por el presidencialismo despótico mexicano durante casi 100 años.

No hay el menor aspecto personal en la acusación. Si ha de continuar la nueva transformación de la vida pública de México, no puede haber concesiones políticas a la vieja forma de gobernar. El pasado no está pisado. Los grandes cambios requieren el concurso de todos los que en verdad pueden contribuir a tan elevados propósitos. El Congreso es una pieza vital en ese proceso, tal como poco a poco se ha venido acreditando ante la conciencia política de la nación.

Conclusiones de la Sección Instructora en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200318-A.pdf

La fantasmagórica oposición faltista del Congreso

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El pasado jueves 12 de marzo, al terminar las sesiones de ambas cámaras del Congreso, nadie dijo algo sobre la impertinencia de celebrar las que habrían de llevarse a cabo el día 18.

Pero un día antes, el 17, luego del puente, se anunció que las y los legisladores del PAN, el PRI y, por añadidura, el PRD, habían decidido, por sí y ante sí, dejar de presentarse a desempeñar sus funciones representativas. Así de rápido y simple.

Sin embargo, un legislador o legisladora carece de capacidad legal para dejar de concurrir a las sesiones de su respectiva cámara. La pena por faltar es el no pago de la dieta correspondiente y, a las diez faltas, se llama al suplente, es decir, hay sanciones. Como la falta se castiga, ahora tenemos a tres grupos parlamentarios sancionados por ausentes.

Las oposiciones parlamentarias fingen desconocimiento de la Constitución. Ninguna cámara del Congreso puede suspender sesiones por más de tres días sin permiso de la colegisladora. Este precepto encierra varias cosas: que ninguna cámara puede entrar en suspensión de sesiones; que, excepcionalmente, cuando se requiera debe haber una autorización previa de la otra porque el Congreso es un solo órgano, un poder del Estado; que tales decisiones las toman las cámaras, no sus integrantes por separado ni sus órganos de gobierno, para lo cual se requiere sesionar en pleno.

El Congreso puede, además, dar por terminado el periodo ordinario de sesiones en el momento que lo decidan las dos cámaras. Pero el acuerdo se tiene que tomar en las respectivas plenarias.

Los legisladores no pueden dar un cortinazo como si el Congreso fuera una tlapalería. Como poder elegido requiere fundar y motivar la decisión de suspender sesiones.

Las oposiciones (PAN y PRI) decidieron, juntas o cada una por su cuenta, dejar de asistir a sesiones. Tienen falta, pero nada más. Han conseguido mostrar que están reducidas por voluntad propia a ser fantasmagóricas.

El incidente de la ausencia, fundada en la inminente nueva fase de epidemia en la que entrará el país dentro de poco, denotó una falta de respeto hacia el Congreso, pero además carecía de base “científica”. Las autoridades no habían recomendado la cancelación de reuniones de menos de mil personas. Las fábricas siguen abiertas aunque congregan centenares sin que las minorías parlamentarias hubieran manifestado alguna preocupación por la salud de los obreros.

La pandemia de coronavirus debería poner a todos de un mismo lado, pero hay oposiciones tan elementales que tratan de usarla para dejarse sentir como opositores, para ver qué tantos se les unen. Y, peor aún, tratar de que la pandemia mundial sea presentada como una responsabilidad del gobierno. Esto ya está en el campo de la demencia.

Hace una semana yo escribía en este espacio que el PAN se ha convertido por decisión propia en una “oposición prescindible”. En las sesiones del 18 y 19 de marzo se demostró por desgracia mi aseveración. Ese partido no está haciendo falta, es como un fantasma que ni siquiera aúlla: puede estar o no estar, pero siempre lo hace en desacato del mandato de sus electores.

El jueves 19 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados una acusación contra una ex secretaria de Estado y, por esa vía, contra el anterior gobierno federal, por responsabilidad política, es decir, debido a su forma y métodos de gobernar, la desviación de recursos públicos y la violación de la Constitución y varias leyes. Fue la Estafa Maestra. Tal acusación ha sido enviada al Senado para sentencia. Este hecho histórico se produjo con la ausencia voluntaria del PAN (la del PRI se entiende porque era el partido gobernante, la del PVEM porque estuvo en aquel gobierno y la del PRD por lo que ya se sabe), con lo que se demuestra que el panismo no está interesado en remontar el viejo sistema político en el que se suprimió al Congreso como órgano de control político y autoridad jurisdiccional en la materia. Si no dio esa lucha durante sus 12 años en el gobierno, podría decirse que ahora tampoco tiene motivaciones.

Hace casi un siglo que nadie era acusado por la Cámara ante el Senado. Los altos funcionarios aparecían como impolutos, pues México era un país en el que ningún gobernante había sido juzgado en sede legislativa. Pero no eran buenos los miembros del gobierno, sino que el Congreso estaba sometido a ellos.

La fecha de la sesión de la Cámara de Diputados como órgano de acusación se conocía desde dos semanas antes porque es una disposición de ley. Así que decir que se ha aprovechado la pandemia para recuperar una función constitucional es una mala broma. Eso lo sabe Acción Nacional, pero no concurrió a la cita sin que el tema le importara en lo mínimo.

El PAN se fue porque quiso poner a las cámaras en inoperancia orgánica y funcional, lo cual le pareció al PRI una magnífica idea. Pero fracasó. El Congreso ya no está sometido a políticos de contentillo. No fue suficiente la alianza de los panistas con el PRI llevando al PRD de último vagón. El Congreso funcionó en sus dos cámaras. La de Diputados tomó entonces, razonablemente, la decisión de suspender sus sesiones plenarias la siguiente semana a la espera de que pase el punto alto de la curva de la epidemia nacional, le pidió permiso al Senado, éste lo concedió y, a su vez, solicitó autorización de los diputados para interrumpir sesiones en el momento oportuno. Mientras, el Congreso seguirá abierto y trabajando de otras formas. Por fortuna, al menos por ahora, nadie pudo dar un cortinazo a la representación nacional. Ya no son tiempos. Allá los fantasmas que se asusten de sus propios espectro

PAN: oposición prescindible

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Una diputada panista imploraba en tribuna que se acabaran las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y que Andrés López Obrador se dedicara a gobernar bien, es decir, a hacer lo que su partido quisiera. El tema a discusión eran unas reformas para permitir que bienes decomisados o inservibles para las funciones públicas no sólo fueran vendidos en subasta sino también pudieran ser sorteados. La legisladora odia al presidente y, por tanto, le exige que hable menos en público.

La oposición política más fuerte del país, el PAN, ha dicho también que el actual será un gobierno fallido porque ya lo es aunque le falten más de cuatro años. El líder parlamentario panista ya no opera como político sino como pitonisa, clarividente, adivinador.

Desde la irrupción de la oposición de izquierda en la Cámara de Diputados, en 1979, no se había producido el fenómeno consistente en que los opositores fueran prescindibles, como lo eran antes de aquella reforma política elaborada como respuesta al ´68 mexicano.

Tan luego como la izquierda llegó al Congreso se podía escuchar otra manera de ser, pensar, investigar, analizar, criticar y proponer. Por tanto, era más necesario para el gobierno llegar a acuerdos con el PAN o con la izquierda emergente. Se suponía que así debía funcionar el nuevo esquema político.

Durante los siguientes 20 años, la oposición no fue prescindible sino la crítica interlocutora de un priismo que trataba de legitimarse con la existencia de un cierto pluralismo político, aunque seguía alterando las votaciones como lo hizo señaladamente en 1988, luego de lo cual el PAN casi se convirtió en socio del gobierno.

A partir del año 2000, momento de la “transición”, el PAN también estuvo justificando a sus gobiernos al operar en un marco pluralista, en el cual las oposiciones jugaban un papel relevante, con tanta más claridad porque el gobierno carecía de una mayoría en el Congreso. En el año 2006 la oposición priista fue la salvación del panismo al ponerse claramente en contra de López Obrador, primero a favor del desafuero y, después, del fraude electoral de Felipe Calderón.

El retorno del PRI a la Presidencia fue un momento en que las oposiciones eran más necesarias en todos sentidos, pero ocurrió algo no previsto y la aproximación del gobierno a sus oposiciones ensanchó el espacio político del surgimiento de la otra oposición que terminaría por convertirse en la nueva fuerza gobernante.

En toda esta historia, las oposiciones, unas más que otras, han sido necesarias para el funcionamiento normal del aparato del Estado.

Pero, a partir de 2019, algo inusitado ha surgido en forma por el momento inexplicable. La oposición de derecha tradicional es prescindible porque no está inmersa en una lucha propiamente política, sino que ya se inventó un entorno que no es real: el “gobierno fallido” de la 4T con sus nefastas conferencias mañaneras.

Como es natural, el PAN va en pos de la próxima cita electoral de 2021, pero no lo hace con un programa propio, el suyo de siempre, sino sólo con la firme esperanza de que los fallos y problemas sin resolver, amén de la pandemia, hundan a Morena y los demás partidos de la 4T, de donde resurgirá la opción conservadora más persistente desde los años 40 del siglo XX, cuando el panismo tomó forma orgánica para combatir la política socializante de Lázaro Cárdenas.

El PAN es prescindible como oposición porque en realidad no actúa como tal. Una formación política que se opone exige cambios, además de denunciar. Pero Acción Nacional no está exigiendo nada concreto y sus denuncias suelen ser mentiras, como esa de que el actual presupuesto de egresos recortó el gasto en salud cuando en realidad se aprobó un fuerte incremento, especialmente en el IMSS.

La política social de la 4T es repudiada por el PAN, pero este partido no lo puede frasear así y se limita a decir que becas estudiantiles, pensiones no contributivas, salarios a los jóvenes aprendices, ayudas a las personas con discapacidad y a madres solteras, entre otros programas son “clientelares”, aunque se lleven a cabo como reconocimiento de derechos y con esquemas universales.

En realidad, es indiferente que el PAN vote en contra de todo eso en el Congreso. La conducta panista carece de relevancia porque ese partido no busca una interlocución política con la mayoría ni con nadie más. Acción Nacional odia al “populismo” pero no es capaz de criticarlo con todas sus letras porque teme presentarse ante el pueblo como un partido que repudia en concreto el “reparto de dinero” que, según piensa, es lo que hace el gobierno actual con las pensiones de adultos mayores, las becas estudiantiles y otras muchas subvenciones, inaceptables para una derecha que se columpia entre ser reaccionaria o simplemente conservadora.

Para que el gobierno de la 4T sea efectivamente fallido, el sueño del PAN es que México entre en franca recesión, haya una corrida financiera con fuerte devaluación y subida de tasas de interés, la inflación vuelva a erosionar el ingreso y se dispare el déficit público: algo semejante a lo ocurrido en México durante gobiernos del PRI y, luego, del PAN, a los que, sucesivamente, les costó la Presidencia. Por eso les ha surgido una oscura esperanza en la pandemia que está llegando a México.

Por lo pronto, Acción Nacional se ha convertido lastimosamente en una oposición prescindible.

Revuelta social de mujeres

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Crece la revuelta social de mujeres contra las violencias que les azotan. Las protestas no son nuevas pero nunca se había producido una adhesión tan grande a esas causas.

Es un acontecimiento político porque esa revuelta busca cambios en el Estado y en la sociedad para eliminar la violencia estructural contra las mujeres y también para conquistar derechos y las garantías de estos.

En México, las celebraciones del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo se han llevado a cabo desde los años treinta del siglo XX. El paro de mujeres se ha realizado en los dos años anteriores. Mas festejo y protesta tenían poca trascendencia. ¿Qué ocurrió para que ese día y ese paro de mujeres se pudieran celebrar, como será sin duda, en forma multitudinaria y se ubicaran en el centro del comentario público? ¿De qué manera una vieja lucha llega a su tiempo de alcanzar enorme relevancia?

Es evidente que no existen reglas generales para responder esas preguntas. Pero, en términos concretos, tenemos una combinación de factores, desde la persistencia de la larga lucha de los movimientos feministas y agrupaciones de mujeres hasta una violencia de género mayor y que se denuncia más. Es un proceso de acumulación.

A partir de los años noventa del siglo pasado se produjo algo así como una crisis de feminicidios en Ciudad Juárez que llegó a provocar conmoción. Se sabe que no era sólo Chihuahua sino que esa entidad mostraba cifras y crueldades asombrosas. Los agrupamientos contra la violencia de género crecieron en cantidad y calidad, empezaron a crear conciencia, a precisar sus categorías y a desmontar la ideología machista que contribuía a soslayar la creciente violencia contra las mujeres.

Al tiempo, fueron avanzando organismos y movimientos de lucha en favor de derechos tanto formales como sustantivos de las mujeres.

Pero, de un momento a otro, todo aquello que era paulatino se ha convertido en revuelta social.

Los movimientos de mujeres y los feminismos mexicanos no han actuado al margen de la realidad nacional sino que forman parte de la misma. Esto que es obvio puede servir para aproximarnos a la búsqueda de relaciones entre fenómenos distintos pero contemporáneos. Las luchas de las mujeres suelen ser políticas cuando van más lejos de la exigencia concreta de justicia en tal o cual caso de violencia y se lanzan a la búsqueda de justicia en general, levantando al mismo tiempo, una y otra vez, sus banderas de derechos sustantivos.

Las décadas de acción política de los feminismos y movimientos, sus demandas de leyes, normativas, protocolos, sistemas, políticas públicas, acciones de gobierno, así como sus críticas de los medios de comunicación, sus elaboraciones teóricas, conjugadas con las incansables denuncias y protestas, se han encontrado con muy recientes apoyos que están siendo multitudinarios. Es el momento en que ya se puede hablar de algo nuevo en la conciencia y la práctica de millones de mujeres.

Lo nuevo que está enfrente debe tener también algo que ver con el cambio político nacional que se produjo en 2018. No me refiero a esa propaganda de que el gobierno actual es feminista porque eso es imposible y, por ende, decirlo carece de bases de sustentación. Aludo a un clima político nuevo, tanto porque se demostró que era factible desalojar del gobierno federal a la mancuerna conservadora, como porque estamos en un momento en que la protesta no es bien o mal vista en los medios oficiales sino que, guste o no en cada caso, se admite como parte de la realidad.

Las derechas se han fisurado ligeramente. Algunas de ellas han abrazado el «feminismo», constriñendo éste al repudio de la violencia contra las mujeres. Otras, de plano, se siguen diciendo ignorantes del contenido de género del feminicidio y otras violencias, como parte de su tradicional negación de la opresión que sufren las mujeres.

Cuando ocurren grandes cambios en la conciencia social, las derechas suelen mostrarse confundidas porque no se los explican. Eso es lo que ocurre ahora. Sin embargo, a diferencia del gobierno, los feminismos y, en general, los movimientos de mujeres no parecen mostrar preocupación de que algunas de esas derechas busquen colgarse del avance de la conciencia de quienes hacen la revuelta justamente dirigida contra el sistema de género que los reaccionarios y conservadores mantuvieron y construyeron durante tantos años de predominio.

Dentro de un análisis aún más arriesgado se podría decir que esta revuelta social añade un elemento aún más innovador dentro de la situación del país, ya que podría estar surgiendo un sujeto político de masas sin adoptar la forma de partido, sindicato, agrupación patronal, clero o poder económico, sino de algo inusitado: las mujeres. Y, en la medida en que las acciones de ellas sean amplias, frecuentes y programáticas, ese nuevo sujeto podría ser cada vez más influyente.