Archivo por meses: octubre 2017

A la Fepade se le atravesó un zombi

Las sucesivas reformas electorales han tenido varios fracasos: se buscaba un órgano regulador íntegramente imparcial, lo cual no se ha logrado; se quería un tribunal de justicia electoral, pero por lo regular no funciona de ese modo; se requirió un fiscal de delitos electorales (Fepade) que nunca existió como tal.

Un caso emblemático fue el de «Amigos de Fox», en el cual el entonces presidente de la República y principal denunciado, Vicente Fox, se negó a que se nombrara un fiscal independiente. La Fepade-PGR (Fromow-Macedo) resolvió el no ejercicio de la acción penal, aunque el IFE multó al PAN y al PVEM con más de 300 millones de entonces. «Amigos de Fox» fue ilegal, sin duda. Entre otros muchos, Carlos Slim, el mayor capitalista del país, había aportado tan sólo 17 millones, aunque no tuviera, dijo, intereses políticos y mucho menos «vocación».

Ahora, desde la Presidencia de la República se ha ordenado la destitución del fiscal electoral porque existe un caso de alto riesgo: una denuncia de financiación ilegal de la campaña de Peña Nieto (2012) con un soborno procedente de la firma brasileña Odebrecht, presuntamente recibido por Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Al parecer, el gobierno no le tenía suficiente confianza a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya no se trata de asuntos varios y muchas veces menores, sino que ahora se encuentra en el centro Enrique Peña Nieto y la parte de su gabinete que operó la campaña electoral. Por menos de eso caen gobiernos en América y Europa.

No existe la menor duda de que la orden de destitución ha procedido de Los Pinos y ha sido ejecutada por el encargado de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene capacidad de dar órdenes a la PGR mientras que el flamante encargado podría sólo permanecer por el tiempo que se requiriera para que sea designado el nuevo procurador, pero aquél seguirá hasta el fin del sexenio, según ha dicho él mismo, lo cual es ilegal, pues la vacante debe cumplirse mediante el mecanismo constitucional. Este punto es aun más relevante porque Alberto Elías, el encargado, no tiene la antigüedad en la profesión jurídica que se requiere para ser procurador, entonces tampoco la tendría para destituir a un fiscal especial. Todo huele a que Raúl Cervantes quiso poner su renuncia antes de que se tuviera que cumplir la orden presidencial de mandar al diablo a la Fepade, para no verse envuelto en otro lío.

Al respecto de la infidencia como causa del despido de Santiago Nieto, nomás recuérdese que la PGR publica conversaciones telefónicas, videos, rumores, dichos y cuanta cosa cree que le beneficia, como forma de conducir casos resonantes. Lo ha hecho siempre y nadie ha logrado tumbar por ello a un procurador. Hemos visto en la televisión supuestas detenciones o declaraciones de detenidos. Sólo recuérdese el asunto de Florence Cassez (conducido por la policía y admitido por la PGR) y el de un par de operadores de la pandilla de «Guerreros Unidos» de Iguala con motivo de la versión del entonces procurador Murillo Karam, quien quería dar por comprobada la incineración en Cocula de los 43 de Ayotzinapa. Hay miles de sucesos parecidos a estos.

Si se hubiera querido sancionar a Santiago Nieto con fundamentos, por lo menos se hubieran tomado la molestia de abrir un procedimiento formal, pero lo que hubo fue la orden directa de un encargado, por instrucciones superiores, ante lo cual el presidente de la República ha dicho que es un asunto del Senado. ¿También lo fue el cese del fiscal electoral?

Ya en el Senado las cosas han seguido el mismo curso. Gamboa Patrón ha dicho que no admite presiones ni chantajes, ni nada de nada. Lo que quieren los priistas es acatar la orden presidencial y llevar a cabo, para tal efecto, una votación secreta. En el Congreso, se votan mediante cédulas las designaciones. Nieto ya está designado, lo que se podría votar es el rechazo a su destitución.

Aunque el asunto consiste en una denuncia en materia electoral y no se ha hecho la investigación ni mucho menos Lozoya está a punto de ser inculpado, es tanto el miedo de que el asunto Odebrecht se muestre relacionado con Lozoya y con la campaña de Peña que el fiscal electoral ha tenido que pagar por anticipado.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ha dicho que tiene ya concluidos varios procedimientos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Hay que esperar para poder verlos. México, como siempre, es el último en enterarse de algo trasnacional: hay 10 países donde ya hay sentencias penales vinculadas al sistema de sobornos de la empresa brasileña.

La Fepade nunca ha existido en realidad, pero cuando por una vez, el fiscal quería, al parecer, hacer algo a la altura de su deber, se le ha atravesado el zombi del presidencialismo mexicano y se le quiere enviar de regreso a su despacho privado, alejado por completo de las causas penales que le corresponden a los fiscales. Si fuera posible que el Senado se interpusiera, eso sería una gran cosa.

Al diablo con las instituciones

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Aquella frase tan comentada y criticada de López Obrador, «al diablo con sus instituciones», se ha convertido en una realización bajo la actual administración, pero no en un sentido de renovación para mejorar. El largo proceso de deterioro y degeneración de las instituciones del Estado mexicano se ha llevado a peores y mayores consecuencias.

La Procuraduría General de la República siempre tuvo el problema de que el presidente en turno le daba órdenes al procurador, pero nunca estuvo tan deteriorada como ahora. Al tiempo de su renuncia, Raúl Cervantes dijo que es preciso que el Ministerio Público sea eficaz e independiente. Él no pudo lograrlo en el breve lapso de su gestión, pero es que nadie puede, ya que no es cuestión simplemente de nuevas leyes sino de que la PGR no es una verdadera institución del Estado, como tampoco lo son las procuradurías de las entidades federativas.

La Fiscalía General que está prevista en la Constitución, cuya ley aún no existe, sería la infortunada heredera de la vetusta PGR. Ya desde ahora las designaciones del fiscal general y del fiscal anticorrupción han generado un gran follón en el Congreso porque no hay institucionalidad en la procuración de justicia, no existe una digna profesión de los y las fiscales, no hay de dónde sacar maestros prácticos del Ministerio Público. Nomás véase que todos los procuradores y procuradoras han sido unos improvisados e improvisadas pero, eso sí, disciplinados y disciplinadas al presidente de la República. Esa institución está mandada al diablo.

En la PGR todavía se sostiene la tesis de que el basurero de Cocula fue convertido en un gran horno crematorio, durante una sola noche, ni siquiera completa, mediante el simple uso de gasolina y llantas, para desaparecer 43 cuerpos sin que se haya podido recuperar el más pequeño residuo luego de un gigantesco incendio cuya existencia pasó desapercibida por completo.

Aturdidos, pudimos observar cómo Enrique Peña mandó al diablo a la maltrecha Secretaría de la Función Pública. Fue enviado ahí un abogado como secretario, con la expresa encomienda de investigar la misteriosa enajenación de una casa blanca de Las Lomas. El presidente de un país nombra especialmente a quien le va a investigar a él y a su esposa, el cual les exonera, naturalmente. ¿Cómo se llama la obra? La tragedia política mexicana. Luego, ante el desprestigio de aquel señor secretario, debido a la unánime burla popular, la procuradora fue trasladada ahí como relevo después de haber fracasado como jefa del Ministerio Público.

El secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha negado sistemáticamente a dar cuenta de lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, donde murieron 7 civiles. Con esa actitud, el «jefe del Gabinete» ha mandado al diablo, como instituciones, a la Policía Federal y a su Gendarmería, de las cuales es el jefe superior. Lo que Osorio hizo luego de los hechos fue ordenar una «investigación» y, después, se olvidó del asunto para siempre. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de 16 meses de dificultosas indagaciones, recién ha concluido que hubo violaciones a la libertad, la integridad y la seguridad, así como al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo. El operativo de aquel día es considerado por la CNDH como indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, todo lo cual, decimos, es responsabilidad política del secretario de Gobernación. La recomendación del ombudsman será, eso sí, intrascendente para el poder político que se especializa en mandar al diablo a las instituciones.

Tenemos una pandemia de atracos en numerosos gobiernos locales. Las denuncias públicas de hechos escandalosos y el cambio de partido gobernante en algunos lugares han llevado a que varios ex gobernadores sean inculpados. Esta corrupción no es nueva pero tiene una característica que no siempre ha estado presente: el Estado corrupto se encuentra ahora demasiado descentralizado. El presidente de la República no ha logrado organizar bien los procedimientos y su partido está volcado sobre los recursos públicos, sin descontar que algunos más, de otras procedencias, también se han servido lo que han podido. Esas instituciones fueron mandadas al diablo, aunque bien sabemos que por enésima vez.

La presidencia de la República siempre ha presionado a los medios de comunicación. Compra servicios publicitarios para complacer y recibir halagos y notas destacadas, pero también impone fuertes límites. Antes, los motivos eran la gobernabilidad, el interés de partido, el bloqueo de criticas y de críticos, el ocultamiento o deformación de hechos, en fin, los intereses generales del poder. Ahora las cosas han cambiado para empeorar. Los periodistas expulsados lo han sido debido a críticas de la conducta personal del presidente o de familiares de éste. Ya llevamos varios casos muy fuertes que han producido escándalos. De esa manera, la presidencia de la República también ha sido mandada al diablo por el mismísimo presidente que pone por delante a su propia persona.

La Suprema Corte de Justicia acató una consigna del gobierno para impedir la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada mediante todos los elementos legales y procedimentales. El argumento fue tan baladí que nunca se olvidará ese lance de la Corte en contra de la democracia participativa. Con un solo voto en contra, el del ministro Cosío, la mayoría de togados mandó al diablo al Poder Judicial y a esa institución constitucional conocida como el derecho ciudadano de ser consultado.

En un minucioso recuento podríamos traer a nuestra memoria miles de actos institucionales que han mandado al diablo a las instituciones.

No dudo que con la frase de «al diablo con las instituciones», López Obrador haya querido decir que es preciso reformar las instituciones porque las actuales son malas, en lo que tendría razón, pero se debe agregar que, para hacerlas verdaderamente nuevas, no sólo hay que cambiar nombres y titulares.

La tarea de reconstrucción institucional de México es gigantesca pero no se ha iniciado aún, todo ha sido hasta ahora, más o menos, cosmético.

Las represalias del TLCAN

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Al parecer, Donald Trump sigue en la idea de que su país abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que considera perjudicial porque Estados Unidos compra a México más de lo que le vende, con una diferencia de 60 mil millones de dólares anuales. Pero esa cantidad es menos del 10% del déficit de la mayor economía compradora del mundo que es la estadunidense. Además, México paga 20 mil millones de dólares de intereses y traslada más de 15 mil millones de utilidades y dividendos. Sin el TLCAN, ese panorama no cambiaría por pura inercia porque ya existe un nuevo nivel de integración económica entre ambos países.

Desde México es necesario hacer un balance del Tratado pero como parte de la política económica aquí implantada.

Conforme se desgastaban las políticas de economía dirigida y sustitución de importaciones en los años 80, la línea liberalizadora se fue abriendo paso en un marco de inflación, enorme déficit fiscal, crisis de la deuda pública y disminución del ritmo de crecimiento de la economía. La primera gran reforma comercial fue la apertura unilateral de 1990-91. El TLCAN (1994) llegó después de que nuestra economía estaba ya más abierta que la de Estados Unidos.

No debería verse el Tratado como algo aislado. La liberalización buscaba estabilidad macroeconómica mediante el control de la inflación, la reducción del déficit público en términos del PIB y la promoción de la inversión extranjera, todo lo cual estaba relacionado con la apertura comercial. Nada mejor para el neoliberalismo visto desde México que un acuerdo arancelario y de inversiones con Estados Unidos.

Al mismo tiempo, para «adelgazar al Estado», se llevaron a cabo varias privatizaciones, las cuales fueron atracos a la nación. En México no existe ningún esquema monopólico que no haya sido producto de decisiones de gobierno y no forme parte del esquema del Estado corrupto.

El primer gran tropezón de la nueva política económica fue la crisis de 1994-95 (Salinas-Zedillo), con recesión, inflación de más del 50%, revolución de las tasas de interés y fraudulento rescate bancario que costó a la nación 100 mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales se siguen debiendo a los bancos «rescatados» y cuyos intereses se pagan por la vía presupuestal. Aquella crisis fue producto de un modelo de financiamiento, aún vigente, que torna extremadamente vulnerable a la economía mexicana, tal como lo volvimos a observar en 2008-2009 (Calderón-Carstens), cuando el «catarrito» pronosticado por el gobierno era en realidad una fuerte recesión.

Las décadas de política neoliberal arrojaron un ritmo de crecimiento del PIB significativamente menor que en el gran periodo anterior; una mayor desigualdad en el ingreso; una desindustrialización a través de sustituir productos nacionales por importaciones; una concentración de la industria de exportación (300 empresas); una reducción relativa de la producción de alimentos; un estancamiento de la demanda interna con enorme crecimiento de las exportaciones; una concentración donde el 0.12% acapara la mitad de la riqueza individual. En México, hoy existe mayor injusticia social que antes.

Con el TLCAN también se profundizó la concentración geográfica de la producción manufacturera en unas cuantas entidades y ciudades del país, donde los obreros industriales podían obtener salarios mayores pero en el marco de una disminución salarial nacional. Hoy, el ingreso medio real de los trabajadores es menor que antes del inicio del largo periodo de las crisis sucesivas.

Como consecuencia, existen niveles demasiado desiguales en la productividad del trabajo, de tal forma que ésta es mucho mayor en las manufacturas vinculadas al comercio internacional, mientras la capacidad productiva del resto de la fuerza de trabajo se encuentra relativamente estancada. El resultado es, naturalmente, que se profundiza la desigualdad social aun en el seno de los trabajadores.

México es hoy una sociedad más atomizada, un país de mayores privilegios estructurales, una economía donde la pobreza está más extendida. A esto han contribuido el programa de liberalización, el modelo de financiamiento basado en el capital parasitario y la estrategia de centrarse en las exportaciones y el TLCAN, todo ello como parte de un plan que prometía progreso.

El Tratado puede ser denunciado (abandonado) por Estados Unidos, conforme el artículo 2205, seis meses después de notificar su intención a las otras dos partes, México y Canadá. La cuestión consistirá en la reacción del Congreso estadunidense. Hay que recordar que el Partido Demócrata, en su inmensa mayoría, votó originalmente en contra del TLCAN a pesar de que había sido asumido por William Clinton, quien ya había llegado a la presidencia del país.

En Estados Unidos el tema siempre ha sido analizado de acuerdo con intereses sectoriales. Para algunos, abandonar el tratado sería mal negocio, mientras que para otros sería una oportunidad.

Como economía, Estados Unidos se ha beneficiado más con el TLCAN, no sólo debido a la ampliación de su campo de inversiones sino a que éstas se encuentran aseguradas en México en el marco de un esquema de libertad comercial y financiera. Las ganancias de las compañías estadunidenses, incrementadas por efecto de los menores costos mexicanos, se realizan en gran medida en el mercado de su propio país y pueden reinvertirse o no en México.

La economía norteamericana se ensanchó con el Tratado, mientras que México se ancló mucho más en las relaciones con el norte y selló su suerte a la demanda estadunidense antes de ampliar su mercado interno, diversificar su comercio internacional y elevar su capacidad tecnológica. Algunos pocos se han beneficiado, pero no sólo por el TLCAN sino por toda la política neoliberal, poderosa productora y reproductora de desigualdades y pobreza.

El TLCAN ha brindado represalias. Su ausencia también traería consecuencias. Sin embargo, la suerte de México se encuentra, como siempre, en el terreno de la lucha política donde se habrá de decidir si sigue por el mismo camino neoliberal o se busca una nueva ruta.

España sin corona

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La requisitoria de Felipe de Borbón en contra de los partidarios de la independencia de Catalunya resultó ser, antes que nada, una airada defensa de la monarquía española, ahora amenazada por el resurgimiento de la vieja aspiración catalana de formar un Estado propio bajo el sistema republicano.

El rey de España no es más que el defensor de un decadente y corrompido sistema monárquico en pleno siglo XXI, con su inútil y costosa parafernalia, que ni siquiera funciona como jefatura del Estado. España no necesita al rey, quien no resuelve problema alguno, sino que él mismo es un problema.

El punto es que Felipe de Borbón amenaza a su reino con un conflicto violento, pero él es intocable porque es rey. Las consecuencias de los enfrentamientos las tendría que encarar el gobierno pero no el supuesto jefe del Estado. El rey no ha sido elegido por nadie, no es responsable ante la ley y la ciudadanía, pues sólo en casos personales extremos se le puede declarar inhabilitado y su lugar lo toma su propio heredero. Esto nada tiene que ver con la democracia invocada por el mismo monarca. El rey de España, como casi todo rey, puede llevar a su reino a un desastre pero siempre para defender su propio reinado.

En cuanto a la unidad de España tal como es ahora, sería de esperar que la defendiera un jefe de Estado pero, ante la reivindicación independentista catalana, Felipe de Borbón no ha propuesto absolutamente nada como no sea que las cosas sigan como antes. Si todo lo que está vigente fuera inmejorable, no habría estallado la crisis actual. Desde el trono no se alcanza a ver la realidad, el cretinismo real suele ser peor que otros muchos.

Según la línea adoptada por la derecha posfranquista, lo único que se podría admitir es la renuncia absoluta a la aspiración de una Catalunya independiente. En lenguaje coloquial podría hablarse de una rendición incondicional.

La independencia catalana es una aspiración muy vieja. Por ello, cuando el Partido Popular y otras derechas concurrentes condujeron a una escalada conflictiva al cercenar el nuevo Estatut (ley de autonomía para Catalunya) y eludir unas negociaciones verdaderas y sinceras para encarar el problema nacional catalán, lo que sobrevino fue otro escalamiento, el de los separatistas, cuyo número ha ido creciendo conforme Mariano Rajoy se les enfrenta con la cara más dura que puede poner un gobernante.

La independencia de Catalunya no es, sin embargo, el único camino que tienen los partidarios del derecho de autodeterminación popular catalana. Ni siquiera está tan claro que lo mejor para ese viejo y culto país fuera realmente la independencia en tiempos de la Unión Europea. Mas cualquiera que sea el fondo de la crisis, el gran tema es el de siempre, el acomodo o no acomodo de Catalunya en España.

El punto de partida del posfranquismo es negar el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya porque no se le considera como un pueblo ni como una nación, sino como algo que es parte de España por designio histórico. Ese discurso recuerda lo que exclamaban los gobernantes españoles cuando Hispanoamérica se les estaba yendo pero la defendían a sangre y fuego a pesar de la inmensidad atlántica. En realidad, el nacionalismo catalán no es tanto el problema como lo es el nacionalismo español, el españolismo.

Quizá por eso el gobierno del Partido Popular está más fuerte que nunca a pesar de ser de minoría parlamentaria. El Partido Socialista (PSOE), que intenta un discurso sobre la cuestión nacional aunque sin suficiente acuerdo interno al respecto, cuenta con una dirección carente de iniciativa política capaz de desviar el proceder de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Frente al discurso intimidatorio de Felipe de Borbón, pronunciado el martes 3 de octubre, el PSOE transita desde el aplauso de unos hasta las tímidas observaciones de otros, y sólo protesta por la violencia policial contra los votantes del domingo anterior. Rajoy está aún lejos de caer del gobierno y el partido Podemos, la oposición parlamentaria, se encuentra aislado.

La Generalitat, por su lado, tendrá que aplicar su propia ley, aquella que está suspendida por el Tribunal Constitucional de España, aunque eso signifique su inmolación, pero no política, sino personal de sus integrantes. De momento, el gobierno de Catalunya sigue hablando de negociaciones e intermediación.

En la crisis catalana podría haber una violencia no vivida en 40 años y, posiblemente, peor que en los últimos de la dictadura. El día del referéndum hubo unos 800 golpeados, por completo ignorados luego por el rey en su arenga política: de seguro que son vistos como víctimas que se merecían los macanazos de la Guardia Civil sólo por querer votar en su propio país. Hay en España un coro que exige derrocamiento del gobierno autonómico catalán y cárcel para sus integrantes, así como ocupación militar de Catalunya. Es el nuevo rostro del posfranquismo.

No debería ser ese el camino por el que opte la España de los derechos y las libertades.