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Cuando el crimen nos alcanzó

No tenemos certeza del momento en que nos alcanzó el crimen organizado en su vertiente del narco, porque ya el otro, el del poder, el de la corrupción pública, tenía muchas décadas de haberse entronizado en la República y lograba ocultar sus propias fechorías históricas. Por estudios y anécdotas, sabemos que el narcotráfico se ligó al Estado desde el momento en que la producción de la goma mexicana se hizo indispensable para el ejército de Estados Unidos, durante la guerra, con el fin de producir morfina. El gobierno de México no se imaginó que esa industria y esa apertura iban a conducir al gran emporio del narcotráfico que hoy conocemos y, finalmente, a la sujeción del Estado al poder del dinero y de las armas de los narcotraficantes.

Sabemos que el fenómeno Iguala –el sometimiento de la policía municipal al yugo de los narcos— abarca al vecino Cocula pero también a otros muchos ayuntamientos en varios estados del país. Es la quiebra del sistema nacional de seguridad pública, es cierto, pero dentro de la crisis del Estado corrupto que ya no puede funcionar como antes. México pasó de una situación en la que el Estado regulaba el narcotráfico y los gobernantes gozaban de una parte de las regalías de éste, a otra en donde los narcos someten a los gobernantes con la fuerza de las armas porque la policía no es capaz de enfrentar a esa delincuencia, le teme, le huye y, finalmente, se le somete. Ahora sabemos que en San Fernando, Tamaulipas, donde asesinaron a más de 70 personas, la policía colaboraba con los delincuentes, como en todos los demás lugares donde funciona el sistema actual.

El Estado corrupto se enredó consigo mismo al grado de quedar bajo el acoso de uno de sus instrumentos: el narcotráfico con sus derivaciones opcionales recientes de extorsión y secuestro. Lo que no se quiere todavía admitir es que el narcotráfico de ahora es producto genuino del Estado corrupto, que gracias a éste se conformó como lo padecemos y que no podrá ser derrotado sin una acometida definitiva contra ese mismo Estado que lo prohijó. Este es el punto que no quiere reconocer Peña Nieto porque él es parte de la tradición corrupta de la que heredó el poder, ya que el PAN en la Presidencia ni siquiera se propuso alguna vez combatir el Estado corrupto sino que se hizo su cómplice y, finalmente, su instrumento.

Este fenómeno, en el que la delincuencia organizada protegida por el aparato del Estado crea una nueva estructura que pasa de ser utilizada a utilizar al poder político, no es nuevo, por lo cual llama la atención la ceguera de los gobernantes que no alcanzaron a ver que su propia corrupción les iba a llevar al colapso del Estado corrupto, del suyo. Lo peor de todo es que ahora tampoco se dan cuenta de que el hoyo en el que se encuentra el país fue cavado por su propio sistema, en el cual viven y con el que se han empoderado en lo personal.

El asunto es muy complicado porque la percepción que existe en el gobierno de Peña y en los principales medios de comunicación no concuerda con la realidad, mientras las oposiciones no alcanzan a articular una alternativa completa al Estado corrupto, principalmente porque éste ya las ha tocado, como era hasta cierto punto inevitable.

Así es como se presenta un dilema: se produce una revolución política para refundar las instituciones o se llega a un acuerdo entre los partidos, ante la ausencia de una necesaria revolución, para cambiar muchas cosas. Lo que sería demasiado doloroso es el camino de la simulación o de cambios cosméticos en las instituciones como el que se intenta con la nueva Fiscalía, al final subordinada al Ejecutivo, y con las reformas anticorrupción, las cuales, con toda seguridad, no servirán para los fines proclamados sino para seguir en lo mismo.

Desestabilización

Los militares conforman corporaciones no-deliberantes y no partidistas, por lo cual los jefes, generales y almirantes no deberían hacer discursos políticos ni apoyar las plataformas gubernamentales que son expresión de los partidos hechos gobiernos. Sin embargo, Peña Nieto ha llevado a los secretarios de Defensa y de Marina a volver a las andadas de hacer discursos para defender la política del gobierno. Asimismo, el mismo Peña se encarga de pronunciar panegíricos de los militares, lo cual no debe hacer un gobierno civil si en verdad quiere seguir siéndolo. Tlatlaya no es un caso único aunque lo sea por su magnitud y forma de llevar a cabo la matanza, las cuales deberían ser reconocidas por la autoridad política para empezar a contrarrestar el fenómeno del abuso en el uso de las armas.

En este lamentable marco, el gobierno de Peña ha desempolvado viejos discursos sobre la desestabilización política, la cual –dice—se busca mediante algunos hechos de violencia realizados con motivo de las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La desestabilización vista como objetivo de personas que realizan actos violentos es una pamplina que tiene como propósito justificar el uso de la fuerza en cualquier momento por parte del gobierno. La propuesta de Peña de crear una “ley de infiltración del crimen organizado” sería una regresión del federalismo en tanto que el poder central podría disolver ayuntamientos, los cuales no forman parte de la Federación sino de los estados. Sólo las entidades pueden disolver sus propios ayuntamientos para convocar a nuevas elecciones. Junto a esta amenaza de resucitar al presidencialismo más duro, Peña dijo varias veces “todos somos Ayotzinapa”, lo que hubiera sido mejor decirlo aquella noche infausta del enorme levantón que él ignoró entonces y durante varios días diciendo que ese era un asunto local. Ahora sí, todos somos Ayotzinapa y nos receta una ley centralista de “infiltración del crimen”, el cual, por lo demás, tiene infiltrado a todo el Estado nacional mexicano. Varios meses después, Peña sigue sin reconocer el otro acontecimiento siniestro de la temporada que estuvo a cargo del Estado: Tlatlaya, el cual no fue siquiera mencionado en el gran discurso sobre la justicia. ¿Nadie es Tlatlaya sino sólo Ayotzinapa? Los voceros oficiales afirman que hay que rechazar toda violencia sin importar de dónde proceda, pues bien, hay que combatir la que tiene su origen en la acción ilegal de los aparatos públicos.

El gobierno sigue en la necedad de no admitir que padecemos un Estado corrupto que es la base de la crisis delincuencial y de violencia en el país, acompañada ahora de otra peor: la de derechos humanos. Tiene razón al respecto el presidente de Uruguay cuando ha ligado los recientes hechos de Iguala a la corrupción. Durante muchos años hemos dicho en todos los tonos que nada se arreglará bajo el Estado corrupto porque éste no es capaz, sencillamente. En la medida en que el Estado profundizó su corrupción, en esa misma medida empezó a estar sometido a los grupos armados de la delincuencia organizada que supieron domesticar a la otra delincuencia organizada, la del aparato público, mediante su propia capacidad de fuego en un entorno de impunidades que es característico de todo esquema de corrupción.

Peña anuncia nuevas leyes, pero hay que preguntarle: ¿dónde está el proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para desaparecer el fuero constitucional? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para reglamentar la publicidad gubernamental? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto sobre la réplica? Congelado por instrucciones suyas. Todo esto, aprovechando su mayoría en la Cámara de Diputados. Sobre estas bases no se puede discutir seriamente.

Cauda de violencia y corrupción

El Chapo Guzmán es presentado como uno de los causantes de una gran cauda de violencia y corrupción. Sin embargo, no ha sido ese capo el promotor original de tantos asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, mordidas y demás delitos que vienen en la cauda de la prohibición del narcotráfico y que han causado mayores daños que las drogas no permitidas.

Hay aquí un error criminológico. La producción y comercio de drogas se corresponden con una demanda del todo ajena al terreno delictivo. Mas al hacer del narcotráfico un delito, se involucra a millones de personas directa o indirectamente en actos ilegales y se añade una lacra: la corrupción. ¿Quién es la víctima de la producción y el comercio de enervantes? Se dice que la sociedad por prescripción médica, pero en realidad esta respuesta se ha promovido para que el Estado se ahorre tener que realizar un auténtico control sobre esas actividades, porque de lo que se trata es de que no se vean aunque persistan. El Chapo es un verdadero delincuente por los asesinatos, lesiones, robos, extorsiones y secuestros que ha cometido, pero gran parte de la sociedad no considera al narcotráfico como una conducta antijurídica. Todos aquellos delitos se han derivado de otro que no lo debería ser dentro de una juridicidad estricta. No hace tanto tiempo que Gran Bretaña le hizo la guerra a China para obligar a este país a comprar el opio que los colonialistas producían en India. Ahora estamos al revés: los gobiernos le hacen la guerra a los comerciantes de drogas para mejorar la estética de sus sociedades y evitar tener que asumir funciones de regulador y ordenador de mercado.

Vivimos una anomalía impuesta al capitalismo por parte de muchos gobiernos y de sectores sociales influyentes en el poder público. El sistema económico capitalista no admite la imposición de prohibiciones mercantiles más allá de simples regulaciones contra prácticas monopólicas y otras normas que tienden a organizar ofertas y demandas. El uso de la ley penal para prohibir de plano actividades que por su naturaleza corresponden a la anarquía del capitalismo, con la cual opera todo el sistema, no logra el objetivo prohibicionista sino que promueve una cauda de violencia y corrupción. El capitalismo es el sistema que más hace depender todas las relaciones sociales de la economía y es el más anárquico de la historia. Quizá por ello podría llegar a ser el de menor duración.

El Chapo ha caído, pero no bajará el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. Sí, ha sido un golpe contra una trasnacional (como las hay varias), pero la prohibición seguirá y, con ella, la cauda de violencia y corrupción.

El Chapo cayó porque la DEA le dijo al gobierno mexicano dónde se encontraba. Dígase lo que se diga, el jefe narco fue detenido gracias al espionaje de la DEA en México, pero Peña lo considera un triunfo de las instituciones mexicanas, aunque todo mundo sabe que los infantes de Marina sólo fueron a atrapar al sujeto geolocalizado por una institución estadunidense, bastante tarda, por lo demás, pues pasaron 13 años para dar con el paradero del reo fugado en las narices de Fox y Creel. En realidad, la fuga y los muchos años de evasión son un fracaso, pero la captura ha sido utilizada para la manipulación política.

Otros muchos capos también caerán, con la DEA o sin ella, algún día. Sin embargo, eso no será solución. El comercio ilícito de drogas continuará, se regenerará cuantas veces sea necesario, y una parte de la sociedad seguirá sufriendo la cauda de violencia y corrupción que genera el acto de Estado que ubica a ese comercio y al uso personal de drogas sobre el terreno del crimen.

Los caballeros pobres…

La Orden de los Caballeros Pobres Guardianes de las Ruinas del Templo del Rey Salomón (monjes cristianos conocidos como templarios) se dedicaba a vender protección a los comerciantes cuyas caravanas atravesaban Medio Oriente para ir y venir de China y otros lugares lejanos de Europa. Esa orden monástica regresó a Francia y otros países cargada de oro en calidad de prestamista de la corona, la Iglesia y la nobleza hasta que el rey francés y el sumo pontífice romano se pusieron de acuerdo y la liquidaron en un par de días acusándola de querer crear un Estado independiente y, lo peor, de practicar la sodomía.

Nuestros templarios rechazaron a Los Zetas en sus delitos de extorsión y secuestro levantando la bandera de la defensa de La Familia michoacana. Al tiempo, se dividieron por causa de algunos díscolos en la guerra contra Los Zetas, pero cayeron en los mismos ilícitos como una forma de ampliarse, es decir, con el método de reclutamiento aprendido de sus maestros, Los Zetas.

Ahora tenemos a los grupos de autodefensa que se han levantado en armas contra Los Templarios y denuncian al gobierno como cómplice de éstos, frente a lo cual no hemos tenido los suficientes desmentidos. Sin embargo, parece que las autoridades federales se han decidido a dar una lucha contra la banda delincuencial de Los Templarios, que azota con demasiada rudeza a ricos y pobres de varias regiones de Michoacán, para lo cual tienen una alianza inestable con las autodefensas.

Mientras, se ha iniciado una discusión sobre los grupos de autodefensa. Algunos dicen que son producto de un hartazgo y de un financiamiento adecuado al objetivo de derrotar a Los Templarios. Otros dicen que son las autoridades quienes los promueven. En cualquiera de las dos versiones lo que resalta es que el gobierno solo no pudo o no quiso lanzarse contra Los Templarios y que las autodefensas parecen ser más eficaces al menos para poner a muchos caballeros en fuga. ¿Acaso el gobierno nunca supo cuáles eran los predios expropiados por Los Templarios? ¿Acaso la autoridad no conocía las casas de los jefes de esa gran banda que han sido ocupadas por las autodefensas? ¿Acaso durante el sexenio anterior y parte de la actual administración no se sabía con precisión de qué manera entran los precursores de las anfetaminas por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y dónde están los laboratorios? ¿Acaso no se sabe ahora por dónde andan los jefes templarios que tanto prometieron a la gente y que tanto daño han causado? Los Templariosobligaron a muchos en Tierra Caliente a votar por el PRI y eso lo sabe todo mundo.

La discusión sobre el carácter fallido del Estado mexicano es un extravío cuando no se analizan los fenómenos sociales que jamás podrán ser regidos enteramente por la autoridad, mucho menos cuando ésta ha sido estructuralmente corrupta. Si de veras se quiere analizar eso del Estado fallido, ha de ser necesario abordar el fenómeno de fondo: su carácter corrupto, que no lo hace fallido, sino por entero exitoso en sus términos y objetivos.

En Michoacán, Guerrero y otros lugares las cosas no están claras. Nunca sabemos dónde empieza la acción de la llamada delincuencia organizada y dónde la del Estado corrupto. Lo que sí sabemos de cierto es que la crisis de violencia delincuencial en México no hubiera sido posible sin ese carácter del Estado, el cual no habrá de desaparecer sólo por una u otra reforma de ley, pero acaso tampoco con el surgimiento de grupos de autodefensa que pueden terminar en las redes de la corrupción pública. ¿Quién destruirá al Estado corrupto? Sólo una amplia mayoría popular. Ese sigue siendo el trabajo que debe culminar con un cambio hasta de la manera de caminar de todas las autoridades del país, es decir, con una completa limpia del Estado.

Mariguana

El debate sobre las drogas prohibidas es mundial y actual. Sostener que no hay que participar porque existen otros temas más importantes como el crecimiento, la pobreza, el empleo, etcétera, es tratar de eludir algo sobre lo cual no se quiere opinar, seguramente porque se tiene una vergonzosa posición conservadora. Ése es el contenido del mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto, como antes lo fue en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo. La izquierda sin embargo está a favor de todo eso y mucho más que implique la ampliación de las libertades y la eliminación de elementos de criminalización de conductas fustigadas por la ideología dominante.

La idea penal de la ley es que la producción y comercio de ciertas drogas lesiona a la sociedad. El Estado ha decidido que las drogas son socialmente malignas, como alguna vez en Estados Unidos se consideró también al alcohol. Pero el vigente debate sobre la malignidad social de las drogas —tabaco y alcohol incluidos— no debería ubicarse en el ámbito del Código Penal.

El delito es una prescripción del Estado, el cual ha sido investido con el monopolio de decidir lo prohibido y lo lícito, lo bueno y lo malo. Se supone que el poder tiene conferida esa función por dictado del pueblo pero ya se sabe de sobra que eso no corresponde exactamente a la realidad. El comercio de opio, por ejemplo, no solo estuvo permitido sino que se impuso a China mediante una guerra por parte de Gran Bretaña. En la actualidad la mayoría de los estados nacionales y la ONU reprueban producción, tráfico, comercio, posesión y consumo. Sin embargo, esas actividades van en aumento, generan una inmensa delincuencia y promueven la corrupción de los gobiernos encargados de combatirlas.

La legalización de las drogas es la única forma de intentar la regulación de la producción y el comercio de las mismas por parte del Estado. No existe otra manera. Sin embargo, pocas voces se levantan para decir las verdades mundiales. Una de ellas es la de Uruguay, país que se ha limitado a la mariguana, que es la droga de mayor consumo interno.

En México, Fox y Calderón intentaron penalizar el consumo de drogas pero el Congreso se negó y expidió una ley que permite la posesión y uso personal de las mismas a pesar de las protestas del gobierno de Estados Unidos. Hoy, el debate es más fuerte y ha surgido como algo local en la Ciudad de México, lo cual tiene sus problemas jurídicos. Los delitos contra la salud comprenden la producción y comercio de estupefacientes, dentro de los cuales se encuentra la mariguana. Es decir, se trata de un delito federal. Si se quiere despenalizar esa droga o cualquier otra, se debe modificar la legislación federal.

El otro gran problema es el de Estados Unidos. Hay cosas que México no puede resolver nomás porque quiera. Una de ésas es la de las drogas. El gobierno estadunidense es uno de los más dogmáticos a pesar de que varios estados han venido asumiendo normas propias y se anuncian cambios en otros más. Por tanto, el primer asunto es el de la posición oficial del gobierno mexicano frente al problema. Si ésta fuera favorable a un control estatal de la producción y comercio de estupefacientes, se abriría un debate nuevo en el mundo y Estados Unidos —el mayor consumidor— tendría que sentarse a negociar seriamente.

Los secretos del narcotráfico

Cada día caen más delincuentes a manos de la fuerza pública y son eliminados muchos más por parte de los mismos grupos delincuenciales. Sin embargo, la violencia sigue en aumento. Este fenómeno no ha sido explicado por la autoridad. La sociedad desconoce los secretos del narcotráfico.

Las preguntas importantes se ubican en tres planos principales: integración, estructura y funcionamiento del narcotráfico, es decir, casi todo. Ninguna autoridad tiene interés en dar a conocer estudios serios sobre estos aspectos, de tal manera que los secretos de esa delincuencia son también los secretos guardados por el gobierno.

A simple vista y mediante los trabajos periodísticos publicados, podemos observar que la situación social sí está relacionada con el narcotráfico. El reclutamiento de efectivos se realiza dentro de sectores sociales especialmente resentidos: jóvenes desempleados, militares desertores y delincuentes de bajo perfil. También parece que el reclutamiento es muy fácil y existe una especie de carrera en la que los reclutas van escalando en la jerarquía de los grupos. Ellos son también las principales víctimas de los atentados y levantones.

La estructura de cada grupo ha de ser diferente pero siempre se observa un grupo de comandantes con funciones y territorios asignados. Esto quiere decir que debe existir alguna forma celular de organización que sirva de protección de los núcleos de mando y de instrumento de la eficacia en la realización de las tareas. Al mismo tiempo, se observa cierta movilidad en la que algunos jefes dejan un grupo y se afilian a otro pues la materia del trabajo es la misma. El sector financiero y de tesorería de las bandas es también todo un enigma, quizás el mayor.

El funcionamiento de estos grupos debe tener gran relación con sus tareas, tanto las relevantes y más lucrativas como aquellas hacia donde se han desplazado en los últimos años. Se observan al respecto cambios muy grandes si vemos esto en retrospectiva de unos veinte años. El narcotráfico siempre fue violento pero los enfrentamientos entre los grupos eran administrados, tanto por los jefes de los mismos como por las autoridades. Así también, otras actividades como el chantaje, la protección, el secuestro, el robo simple casi no eran realizadas por estas bandas. Hoy, todos los grupos ejecutan diversos delitos. Este fenómeno está relacionado con su integración, pues debe ser una de las bases del reclutamiento. La disputa por territorios y mercados llevó a crear pequeños ejércitos muy bien armados capaces de realizar cualquier delito.

En realidad, la “guerra” en la que vive el país no es entre la delincuencia organizada y el Estado, sino entre los grupos de aquélla. Mientras esa “guerra” no encuentre alguna salida, el Estado no podrá superarla directamente.

Llegamos a dos problemas centrales: la permeabilidad de los órganos del Estado para ser instrumentos de los delincuentes y la incapacidad de las bandas de llegar a acuerdos entre ellas en los últimos años. El nivel de penetración de las bandas en la esfera estatal es parte de los secretos. Pero lo que llama más la atención es que el carácter corrupto del Estado se convirtió en un instrumento común de todas las bandas. En cuanto a que la “guerra” sigue sin destino cierto, la verdad es que es ilógico suponer que la cantidad de bajas en todos los bandos –es decir, en las bandas—pueda ser un elemento para que cesen los combates si los comandantes no se ponen de acuerdo.

Las mafias tradicionales no reclutan a cualquiera sino a personas conocidas, cercanas. Las bandas mexicanas ya son diferentes. Se trata de un negocio en el que cualquier persona puede entrar bajo ciertas circunstancias.

Los secretos del narcotráfico seguirán ahí mientras el general imaginario de una guerra que no es –Felipe Calderón– siga en el puesto y nadie, desde el Estado, se atreva a desvelar tales secretos. Que no se les pida, entonces, a los ignorantes una propuesta de solución del problema. Mejor discutamos sobre la prohibición mundial, ineludible causa del fenómeno.