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¿Quién mató al Pacto?

El llamado Pacto por México nunca fue un intento de coalición de gobierno como la que vemos ahora en Alemania que es consecuencia de un empate político entre las grandes fuerzas rivales. En nuestro país, sin embargo, existe una situación semejante: el candidato más votado no llegó siquiera al 40 por ciento. Pero como no se puede construir una alianza estable, razonada y sustentable Peña debió admitir al principio la suscripción de un listado de puntos comunes con un mecanismo único para abordarlos. Así surgió el Pacto.

La impronta del atraco electoral de 1988 sigue presente. En el fondo, es el cuestionamiento de todo gobierno priista señalado como ilegítimo. El resultado oficial de la elección del año 2006 llevó a la izquierda a negar también legitimidad al segundo gobierno del PAN. La campaña multimillonaria y el uso de la televisión privada para apoyar a Peña en 2012 han sido otra vez un cuestionamiento de la manera como se constituye el poder político en México.

El Pacto por México no era un reconocimiento de legitimidad sino un intento de dar a la lucha política un sentido más ligado al resultado de las urnas: nadie tiene la mayoría. Las objeciones surgidas en la izquierda y en el PAN no se referían al contenido de la carta firmada sino al hecho de haber sido firmado algo entre los tres principales partidos del país. Lo criticado era la forma inédita de abordar la cuestión política y buscar un curso distinto: el diálogo organizado entre adversarios.

El Pacto por México demostró que ese diálogo no funciona debido a la forma en que se ejerce el poder Ejecutivo. Después de algunos acuerdos más o menos exitosos, el gobierno de Peña decidió romper el Pacto cuando, en grosera violación del texto firmado, sacó adelante la reforma energética aceptando, además, la plataforma panista. Para lograr contratos en materia de hidrocarburos asignados por el gobierno y no por Pemex, Peña admitió la figura de permisos que en realidad son concesiones directas a las trasnacionales. El diálogo entre las tres fuerzas firmantes ya no podría seguir dentro del Pacto sino, otra vez, fue lanzado al terreno de lo incidental y escabroso.

Quien mató al Pacto fue Peña pero no debido a que no había sido una idea suya sino porque él es incapaz de administrar el diálogo entre todos sus adversarios a la vez. La agenda propia del gobierno actual es valorada como algo más importante que llevar a cabo aquella negociada con las oposiciones o, en otras palabras, la acción de gobernar se dirige más a derrotar a los discrepantes que a buscar soluciones compartidas. Pero hay algo adicional: una vez conquistado el poder Ejecutivo Peña piensa que puede y debe ser para siempre, que hay que construir una fuerza capaz por sí misma de llevar a cabo sus propios designios y, por tanto, hacer del presidencialismo el factor político decisivo con mayoría parlamentaria propia. Son sueños restauradores del viejo sistema, pero tienen mayor peso que una estrategia de lucha política abierta y organizada.

Peña quiere predominar y proyectar su gobierno (las personas que lo integran) indefinidamente hacia el futuro. Los nuevos priistas no se diferencian de sus maestros. Matar al Pacto no era en sí mismo imprescindible, lo irrenunciable era imponer temas que no están en el texto firmado y dejar de depender en gran medida de las oposiciones aunque, en su conjunto, éstas tuvieron muchos más votos que Peña. Pero, además, se trata de encarar a los demás partidos uno por uno y nunca más eventualmente juntos. Por todo esto Peña mató al Pacto y se demostró una vez más que el poder ha cambiado mucho menos que la sociedad que se expresa en las urnas.

El Pacto que se va

Cuando el Pacto por México fue firmado, se entendía que el gobierno y las principales oposiciones tenían bases de negociación. El Pacto era para eso. Pero también el documento signado tiene contenidos. Los aspectos concretos son justamente la materia de las negociaciones.

Las cosas no iban tan mal hasta que el gobierno decidió abrir una negociación paralela con el PAN para sacar adelante su reforma energética, atropellando otros temas convenidos desde el principio. Quizá el más importante para la izquierda es la ley de consultas populares, que sería el instrumento para ir al referendo derogatorio contra el proyecto petrolero, la cual, por lo demás, debe ser obligatoriamente expedida bajo mandato constitucional.

El Pacto siempre ha dependido de que opere y funcione. Si no hay negociaciones de los temas incluidos en el documento firmado, entonces el Pacto no existe por más que el gobierno llegue a arreglos con algún otro partido. En realidad, el PRD no ha repudiado el Pacto, sino la falta de respeto a su contenido. Por su parte, Peña sabía que los pasos que iba dando tenían que llegar a la inoperancia del Pacto. En este momento ya no hay en realidad nada pactado sino un documento firmado sin mecanismo propio de reclamación: así suelen ser los acuerdos políticos.

En los tres partidos se han producido problemas internos con motivo de la existencia del Pacto, pero más en relación con su aplicación. Es así que el PRI rechaza la creación del Instituto Nacional de Elecciones que abarque los comicios federales, locales y municipales, como lo dice con esas palabras el documento Pacto. Por su lado, el PAN ha condicionado votar el proyecto de energía a la aprobación de la reforma electoral, pero cediendo a peticiones priistas que no se ajustan a lo firmado en el Pacto. El PRD no tendría que ceder ni un ápice frente a los arreglos que involucran una reforma petrolera contra la cual debe ir hasta el final. Además de que reformar la Constitución en materia de energía sería contrario al Pacto, Peña no lo incluyó en su programa de candidato, como tampoco lo hizo Vázquez Mota: se quiere timar al país porque no se trata de cualquier tema.

El porcentaje oficial que se le asignó a Peña en la elección de 2012 fue de 38 por ciento. Con esta proporción no se debería caer en el autismo político. Es por ello que el Pacto parecía ser un reconocimiento de que no se debe de gobernar sin un esquema político permanente. Pero la tentación de volver a un bipartidismo virtual (PRI-PAN), que no es expresión de las urnas, está echando a perder una idea política original de diálogo permanente que nunca había existido y que Peña parece estar dispuesto a tirar a la basura. Algunos dirán que eso es lo mejor, pero en este terreno el asunto está en otros términos. Hay siempre varios caminos posibles y cada fuerza política escoge uno cada vez. Lo que no se puede es caminar al mismo tiempo por todas las sendas. Así, el Pacto está siendo roto por Peña.

Han quedado puestas algunas importantes reformas que el país estaba necesitando desde hace mucho tiempo y que no hubieran salido adelante sin el Pacto. Pero ahí están muchas más que no saldrían o, si acaso, serían expresión de acuerdos difíciles y circunstanciales. Por lo que se advierte, estamos regresando.

Pacto: desde fetiche hasta demonio

El llamado Pacto por México se ha fetichizado —convertido en ídolo— y, por otra parte, se ha demonizado. Esas dos formas de analizar ese inestable acuerdo entre el gobierno y los mayores partidos de la oposición son igualmente erróneas y conducen a engaños.

Es evidente que en México no existe una coalición de gobierno de facto y ni siquiera una convergencia legislativa, como ha dicho el diputado Beltrones y como insinúan algunos desde la izquierda. Uno y los otros afirman eso con propósitos absolutamente diferentes, pero asumen la misma interpretación equivocada.

La reciente reforma fiscal —elemental ciertamente, pero insólita— no pasó por el Pacto, como tampoco el Presupuesto de Egresos, a pesar de que ambos decretos son importantes instrumentos de gobierno. Además, el calendario pactado no es ya una referencia de aplicación, las cosas van demasiado lentas y el regateo de parte del gobierno es demasiado fuerte si se considera que el Pacto ha sido firmado y Peña ha dicho con insistencia que su gobierno reconocerá sus compromisos.

La mayor discrepancia entre las fuerzas políticas no ha sido la reforma fiscal, por más que el PAN la haya atacado con rabia y parte de la izquierda la repudie sin tomarse la molestia de discutir nada en concreto. Lo más fuerte es —también fuera del Pacto— el debate sobre sendos proyectos de reforma de las industrias de la energía que han presentado gobierno, PAN y PRD. En conclusión, esto no se parece en nada a una coalición política. No puede construirse un fetiche ni un demonio.

El Pacto es una mesa intermitente de negociaciones temporaleras, aunque ha logrado varios cambios de suma importancia, como la reforma de telecomunicaciones y, también (¿por qué no decirlo?), la base jurídica para arrancarle a la burocracia parasitaria del SNTE el inmenso poder que se le otorgó durante décadas de concesiones políticas, la cual podrá ser efectiva o no según las medidas que se vayan tomando para la aplicación de las nuevas normas administrativas de la educación básica. Está claro, por lo demás, que no se ha producido una reforma educativa ni está en vías de producirse.

El Pacto también ha provocado una especie de pundonor legislativo con el cual no pocos parlamentarios han expresado que el Congreso no es una oficialía de parte de sus propios partidos. Ningún legislador hubiera llegado al cargo sin el apoyo de su respectivo partido, diga lo que diga. Pero ahora tenemos una situación de molestia por la actividad política de los dirigentes partidistas (designados justamente para tomar parte de la lucha política), lo cual indica la existencia de problemas en los premodernos partidos que imperan en México, expresiones directas del atraso democrático del país.

El Pacto tampoco es un demonio, porque ninguno de sus integrantes está obligado a admitir lo que no quiere o no puede. Si hay acuerdos, es porque se negocia, todos ceden algo y logran algo, es imposible que una parte imponga su voluntad. Esto es mejor que el sistema de mayoriteo mecánico que al parecer añoran los críticos demoniacos.

Si los escasos proyectos del Pacto hubieran tenido que redactarse exclusivamente en el Congreso, de seguro que no tendríamos nada aprobado. Hoy, en el Congreso no existen condiciones para procesar importantes reformas y mucho menos las de índole constitucional. Parece mentira que se tenga que recordar que para legislar se requiere mayoría y para reformas a la Constitución se necesitan dos tercios y el referendo en los congresos locales.

En el PRD se discutirá en estos días el tema del famoso Pacto. Quizá el debate vaya a ser de bajo nivel, como acostumbra ese partido, pero algo podría quedar más o menos claro: tomar parte de las negociaciones en el Pacto no implica dejar de ser oposición como tampoco lo es por sí mismo negociar en el Congreso.

Pactos, pactotes y pactitos

Existe un pacto no escrito o, mejor dicho, escrito en la Constitución. Consiste en el diálogo político como medio de expresar las divergencias y las coincidencias, de negociar, acercarse o alejarse. Por épocas ese diálogo ha sido estrecho y algunas veces inexistente. Vivimos hoy en México una situación en el que el diálogo más o menos impera, aunque no siempre sirve para lo que está hecho.

No debería generar tanto debate la existencia de una mesa permanente de diálogo entre la oposición (una gran parte de ella) y el gobierno. El mal llamado Pacto por México es un mecanismo de diálogo con acuerdos y desacuerdos que se hizo necesario ante la relativa inoperancia del Congreso como lugar privilegiado de la relación política entre los partidos. Sin embargo, vivimos también bajo la desconfianza —enteramente justificada— hacia los políticos y en especial a los gobernantes. Ese pacto no lo es todo ni podría, como tampoco es algo parecido a una coalición o acuerdo legislativo. En la medida en que ningún partido cuenta con la mayoría en el Congreso —mucho menos en las urnas—, ha sido necesario inventar esa mesa de negociaciones, pero para la izquierda debería ser vista también como una forma de atemperar su exclusión de las negociaciones entre PRI y PAN, que casi siempre dejaban fuera a esa misma izquierda de la incidencia legislativa.

El diálogo político no comprende sólo a los partidos, sino a toda clase de organizaciones e, incluso, medios de comunicación, así como a consorcios y estructuras del poder económico. Se empieza, imperceptiblemente, a pretender ubicar al mecanismo Pacto por México en el centro de todo ese diálogo multisectorial y multifactorial. Podría surgir un problema no menor si las cosas se siguen llevando por ese lado.

Por otro lado, la lucha del magisterio contra la reforma administrativa de la educación básica tomó al gobierno como su principal interlocutor pero, ante eso, tuvo que ser necesario que el mecanismo Pacto interviniera para impedir que la SEP impusiera toda su propuesta, la cual había sido ya aprobada por la mayoría de la comisión dictaminadora de la Cámara. No es en absoluto sano, en términos del diálogo político, que la maniobra de cambiar a medio camino de mesa de negociación pueda beneficiar a alguna de las partes.

El gobierno debe hacer frente a sus compromisos de diálogo con cualquier organización sin tratar de apoyarse en el Pacto, pero también es una distorsión que éste deje de funcionar cuando le convenga al gobierno. Ya se ha visto que hay temas, como el de energía, que se encuentran fuera del Pacto porque hay tres proyectos: la lucha se dará en las calles, en los medios y en las cámaras. El Pacto es un instrumento que no cancela la lucha política, por lo que las entidades que la integran deberían hacer visibles sus posiciones de entrada en las negociaciones, las cuales no deberían ser tan reservadas a sus propios integrantes. Los temas que en el Pacto se tocan son siempre de gran interés nacional, por lo cual la sociedad debe poder intervenir en la discusión.

Por lo que se advierte, todo el que puede y quiere negocia y ocurre que no hay quien no quiera hacerlo, ya sea de manera directa o indirecta. La situación política del país dista mucho de aquellos momentos en que el diálogo era algo extraordinario. La CNTE se ha pasado meses negociando aunque siga sosteniendo la bandera de la derogación de la reforma del artículo tercero de la Carta Magna. El gran problema es que el proceso de negociación casi no trasciende como correspondería a un esfuerzo tendiente a construir una sociedad bien informada. A final de cuentas, la desinformación política beneficia al poder, porque rebaja presiones provenientes de la sociedad.