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¿Quién decide el precio de la gasolina?

La respuesta al título de este texto es muy sencilla: el gobierno. Pero la pregunta va dirigida a la ley y no a la costumbre. Sí, el gobierno dispone de los bienes públicos pero eso no es lo señalado en la Carta Magna. Según la Constitución, el Congreso debe aprobar cada año la Ley de Ingresos. Los precios y tarifas del sector público son ingresos precisamente públicos y, por tanto, deben establecerse en la ley, es decir, en un mandato de cobro. En México no existe el Estado de derecho, de tal suerte que el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

Ya sabemos que los precios del gas, el diesel y la gasolina, entre otros, están siendo incrementados con el propósito de elevar ingresos públicos en lugar de cobrar impuestos, por lo cual, con mayor razón el Congreso debería fijarlos como expresión de la política fiscal. Si así fuera, el PRI hubiera tenido que votar con el PAN los aumentos, ya que el viejo partido es incapaz de negarle al Ejecutivo un requerimiento de ingreso, menos aún cuando una parte del botín del asalto que implican tales aumentos va a parar a las arcas de los gobernadores.

Pero he aquí que el PRI se ha negado persistentemente a definir en la Ley de Ingresos una política de precios y tarifas del sector público, al menos de la parte sujeta a control presupuestal directo, como es el caso de Pemex y CFE. Cada año se lo hemos planteado y se hace el disimulado. Luego, cuando el gobierno panista hace los aumentos, se hace el enojado. Este juego tiene como propósito, por un lado, no impedir los aumentos y, por el otro, no aparecer como responsable de los mismos.

Ahora, el PRI anuncia una iniciativa para radicar en el Congreso la capacidad de definir los precios de gasolinas, electricidad y gas. Pero eso no es necesario. La Constitución ya le otorga al poder Legislativo esa atribución. Habría que recordar que la violación de la ley se hace desde los años de captura del Estado por parte del PRI. Durante muchas décadas, el presidente de la República en turno ha dispuesto de los bienes públicos como si fuera el dueño de una gran compañía. Calderón lo sigue haciendo, a pesar de la falsa crítica del PAN al viejo régimen de presidencialismo autoritario.

La política de precios de los bienes y servicios de origen público es peor que la de los monopolios pues éstos deben cuidar un cierto nivel óptimo de ventas, pero las gasolinas tienen una demanda menos elástica. El gobierno abusa del monopolio público que debería servir para fijar precios adecuados a la economía en su conjunto en lugar de verlo como un instrumento para sacarle dinero a la gente.

En la ciudad de México se hizo un gran escándalo con el aumento de la tarifa del Metro de dos a tres pesos. La anterior tarifa era ya ridícula para el costo de operación del sistema y la Asamblea Legislativa fue quien tomó la difícil decisión. El problema del pasaje del Metro es que no puede ser incrementado paulatinamente pues no existe suficiente circulante de baja denominación lo que llevó a un rezago de varios años. Pero al menos que no digan que el aumento del Metro y el de los precios de la gasolina y el gas son lo mismo. Estos energéticos no han dejado de subir de precio y, ahora, el gobierno a las claras nos dice que eso va a seguir en tanto que el Congreso no ejerce sus facultades constitucionales.

La contradicción entre el PRI y Calderón sólo fue porque éste aplicó el aumento al combustible antes de tiempo, unos días, pues su compromiso era congelar el precio durante todo 2009 y ni siquiera eso quiso cumplir.

Los incrementos de precios y tarifas de bienes públicos, aunados a la subida de impuestos, han traído las consecuencias que ya se esperaban. Pero las mercancías que más aumentan son los alimentos, es decir, otra vez el pueblo paga. Mientras, Calderón, desde Los Pinos, nos augura un buen año 2010, año de la patria.

Gobierno horrible

La prensa extranjera comenta acerca de lo que se dice en México sobre el año que terminó ayer. Año horrible. Pero horrible ha sido la política del gobierno y, por tanto, el gobierno. Se dejó de hacer todo lo que pudo haberse hecho para defender al país de la crisis. Hubo una renuncia absurda e inicua a intentar siquiera la defensa de la producción y el empleo. En lugar de eso, se dejó que el ajuste económico siguiera un curso espontáneo y se aumentaron las cargas fiscales sobre la economía real. Sólo los monopolios salieron airosos.

Durante los próximos tres años no podrá recuperarse la economía. Lo que resta del sexenio de Felipe Calderón estará tocado por la impronta de una política irresponsable. Las cuentas que al final entregará el actual gobierno panista harán caer todas las palabras que dijo en el 2006 y todas las que ha dicho a partir de entonces. El discurso oficial marcha por un lado que tiene muy poco vínculo con la realidad.

El problema es aún mayor debido a que México ha vivido 20 años de estancamiento económico, cuyo crecimiento promedio ha rondado el uno por ciento del PIB, el mismo que el crecimiento de la población. Son dos décadas –de los gobiernos priistas a los panistas—en que el poder político se ha dedicado a defender la estructura monopólica, es decir, a las grandes corporaciones económicas, pero ha dañado a la economía en general, a la de muchos millones de personas, la inmensa mayoría de las cuales viven de su propio trabajo. En los últimos 15 años, desde la crisis financiera de 1994-95, el mayor esfuerzo gubernamental ha sido impedir los quebrantos de los consorcios, salvar al capital monopolista a toda costa y a un alto precio para el pueblo. Y, para hacer política, se destinó irresponsablemente el excedente petrolero, el cual, ahora, sigue bajando como la espuma.

México es hoy peor que antes. Las expectativas de los jóvenes son menores. Tenemos al 70 por ciento de la juventud fuera de la escuela y fuera del trabajo estable. Los salarios profesionales y contractuales han caído casi al ritmo que el salario mínimo. El mercado interno sólo crece del lado de las empresas monopólicas mientras que en el resto de la economía todo es retroceso.

2009 fue el annus horribilis pero los siguientes no serán mejores. No existe una política económica que genere el impulso necesario para superar dos décadas de contención, de falta de rumbo, de dejar que las cosas sigan como vienen. Se trata, entonces, de un problema del poder. La sociedad demanda otras respuestas, el Estado vive de espaldas a este reclamo. En el gobierno y en el Congreso no se explica nada, sólo se dice que hay que esperar mejores momentos, como si éstos fueran a llegar por envío.

No habrá progreso en México mientras no sea derribado el poder actual. Bajo la oligarquía, seguiremos teniendo una modernización superficial y en gran medida aparente. Nichos de productividad en medio de la desolación improductiva. Fuerte mercado de lo novedoso para una minoría y escasez de lo indispensable para la inmensa mayoría del pueblo. El esquema de la oligarquía financiera no es la ampliación del mercado interno porque aquélla no produce maíz ni vestido. La estructura monopolista achica al país, lo hace desaprovechar su dimensión demográfica porque ésta no se expresa en mayor capacidad de producir y consumir lo producido.

El patrón mexicano de distribución del ingreso es uno de los peores del mundo. El sistema económico opera para la minoría mientras aumentan los contrastes entre la opulencia y la pobreza. Hoy, tenemos más pobres que antes pero los grandes ricos son ahora mucho más ricos.

¡Qué horrible balance!

¿Qué propone Calderón?

Después de tres años de gobierno y de haber perdido la elección intermedia del sexenio, Felipe Calderón ha presentado su propuesta de reforma del sistema político de la Constitución. De los diez puntos, sólo dos significarían cambios trascendentes en el subsistema de partidos: las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección de presidente de la República.

El primero de ellos –las candidaturas independientes– se encuentra en el programa del PRD pero no en el del PAN, como tampoco en el del PRI. Éste sería un cambio positivo de mucho fondo pues le arrancaría a los partidos el actual monopolio que ostentan y pondría en cuestión el carácter de franquicias que tienen todos ellos.

El segundo –la doble vuelta– es una forma de bregar a favor de un sistema bipartidista y, en consecuencia, de combatir el pluralismo político, aunque sea en forma tendencial. Sería, por tanto, una manera de obligar a una parte del electorado a votar por alguno de sus adversarios políticos en la segunda vuelta que, en México, probablemente se llevaría a cabo en cada ocasión, como ocurre con la mayor frecuencia en los países que tienen ese sistema. Pero además, hay un plan con maña que no existe en ninguna parte: la segunda vuelta se realizaría en la misma fecha que la elección de legisladores con el evidente propósito de que los dos candidatos finalistas se lleven casi todos los votos y dejen fuera de las cámaras a los demás. Esta genialidad es un monstruo político antidemocrático, es la inducción del voto para elegir Congreso a través de la Constitución misma, la que dice reconocer el pluralismo político de la sociedad.

La reelección de legisladores y ayuntamientos es una tímida forma de abordar el asunto. ¿Por qué sólo de ésos? No se responde. En verdad, no existe ningún argumento sólido en contra de la reelección inmediata –ya existe en forma intermitente para tales cargos—como no sea la realidad política de México, es decir, el carácter más o menos autoritario de los partidos y, sobre todo, el hecho de que la mayoría de la gente no la quiere. Quizá la obligación de los partidos de hacer elecciones primarias directas–como en Argentina—podría ser una solución al tema de la reelección, pero esto último no se encuentra en la propuesta.

La disminución del número de diputados implicaría el agrandamiento de los distritos electorales –de 300 a 240—con lo cual sólo se alejaría a los diputados de sus ya lejanos electores. En cuanto al Senado, la eliminación de la lista nacional sólo traería como consecuencia que más electores dejen de hacerse representar en ese órgano del Congreso.

A partir de aquí todo tiende a ser peor. El referéndum al estilo de Pinochet, para votar exclusivamente iniciativas de reforma constitucional del presidente de la República, sería un acto dictatorial en plena forma. Además, la capacidad del Ejecutivo de legislar cuando el Congreso no vote sus iniciativas sería una antinomia dentro de la Constitución, la cual prohíbe que el poder Legislativo se deposite en una sola persona.

En cuanto al llamado veto parcial, se trata de una facultad mayor del Ejecutivo y una disminución de la fuerza del Congreso, mientras que la reconducción presupuestal es de corte eminentemente conservadora: dejar las cosas como estaban el año anterior.

El aumento del dos al cuatro por ciento para que un partido mantenga su registro es parte de la tendencia hacia la reducción del pluralismo político. El derecho de iniciativa de la Suprema Corte es absurdo cuando ésta es ya un tribunal constitucional.

Finalmente, en cuanto a la iniciativa ciudadana, ésa es una buena propuesta perredista, pero lo más destacado es que no se propone el referéndum como instrumento del pueblo para derogar disposiciones de carácter general ni se admite la revocación del mandato, ambas, también, propuestas del PRD.

En síntesis, en México no hay derecha democrática.

Carstens, reprobado

Agustín Carstens está reprobado. Su calificación proviene de haber hecho caso a Calderón en todo, aunque, ciertamente, él es también artífice de todo. El ex secretario de Hacienda dijo que México sufriría un catarro cuando el mundo iba a tener tremenda gripe o pulmonía. En realidad, nuestro país sufrió más que el resto del planeta: somos el primer lugar en recesión económica en 2009. Esto ya sería suficiente motivo para impedir que Carstens ocupara la dirección del Banco de México. ¿Qué confianza puede tener el Senado para confirmar a una persona que se equivoca tan groseramente en un tema tan importante para su país?

Pero la reprobación más importante es la que se desprende de la consecuencia del error de cálculo sobre la crisis: el gobierno mexicano no puso en marcha ningún programa o plan para esquivar la crisis económica del 2009 –iniciada en 2008–, sino que navegó con la idea de que las crisis se superan solas, la cual es cierta, pero se soslayó que el mayor problema no es la crisis misma sino la fuerza y naturaleza de ésta y, por tanto, la manera de hacerle frente. Aquí la reprobación es de cero de calificación.

Existe al mismo tiempo un problema de constitucionalidad. El Banco de México es autónomo según reza de ley fundamental. Un destripado del gabinete de Calderón –Carstens—no debería asumir la dirección del banco pues representa al gobierno, ha sido parte de éste durante tres años, es autor de la política hacendaria. Se trata, en efecto, del ministro de Finanzas del gobierno que ahora es postulado para director del banco central, teóricamente autónomo. ¡Qué expliquen este contrasentido, por favor!

Es verdad que Zedillo hizo eso mismo con Ortiz –ante la protesta del PAN, entre otros– pero eso no justifica que lo haga Calderón. Este último decidió remover a Carstens y le busca un premio de consolación, un puesto que sustituya el que hasta hace unos días tenía en el gabinete. ¿Es esto admisible? Si lo es, ¿bajo qué punto de vista?

Ya sabemos que muchos comentaristas dirán que Carstens es la gran cosa, un economista destacadísimo. Pero ese señor no es un economista, es un financista, que no es lo mismo, y el Banco de México no es una institución privada; bueno, eso se piensa.

Mas Calderón, quien vive de espaldas al país, postula a Carstens sin el menor rubor. Él debe pensar que el Banco de México, como el Inegi, está hecho para recibir a los destripados de su gobierno. Pero existe otro punto de vista. Tanto el banco como el Inegi son organismos de Estado que no deben recibir a los militantes del gobierno, subordinados del presidente en turno, sino a personas que por su trayectoria hayan prestado servicios al Estado sin militar en el gabinete legal que se encuentra en funciones. Carstens ha llegado al límite del cinismo: ha dicho que él irá a donde lo mande su jefe, Calderón, y que está bajo las órdenes del mismo. ¿Y la cacareada autonomía del Banco de México, tan exigida y luego proclamada por el mismísimo FMI?

Carstens fue el negociador de la reciente reforma fiscal, es decir, un aumento de impuestos en plena recesión, y sostuvo que esa era la línea correcta que el mundo entero iba a seguir en lo sucesivo. Superó al FMI, donde militó durante años. Y éste es otro problema de la postulación de Carstens: él es también un hombre del FMI. Una quintacolumna amenaza al banco central mexicano, se llama Carstens.

Por último, una pregunta pertinente: los críticos o sedicentes críticos de la política económica del actual gobierno, ¿tendrán algún argumento para votar a favor de Carstens o los motivos verdaderos no se pueden confesar?

Mayoría parlamentaria para la rebatinga

En cualquier parlamento la mayoría tiene el poder de bolsa. Pero no en cualquier parte esa mayoría tiene la capacidad o el talento político para ejercer su prerrogativa. En México, la coalición PRI-PVEM en la Cámara administró de la peor forma su fuerza mayoritaria, no supo hacer un presupuesto ni negociarlo con los sujetos del gasto. Todo fue una rebatinga y una forma nefasta de llegar a arreglos de la mano de la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué el PRI, con su aliado PVEM, no pudo diseñar una política de gasto? Porque carece de una cualquiera. Para el PRI, el presupuesto es un instrumento de reparto entre facciones políticas. No más. Así se modificó el proyecto inicial de Calderón –de por sí carente de rumbo– para asignar recursos en función de quienes los pedían y no de qué se iba a hacer con los mismos. Hay dos métodos: el priista, que consiste en conceder solicitudes de poderosos, y el normal, digamos, de elaborar las prioridades de gasto en función de un programa nacional.

La educación no es una prioridad para Calderón pero tampoco para el PRI. Durante años, los dos sucesivos gobiernos panistas han enviado proyectos de recorte al gasto educativo, especialmente a la educación superior. La Cámara ha tenido que buscar dinero de donde se ha podido para otorgar la misma cantidad del año anterior y, algunas veces, hemos logrado incrementar ese gasto pero nunca en la cantidad necesaria. Esta trampa ha sido utilizada para obligar a los diputados a dirigir los recursos no previstos en el proyecto original hacia los renglones de gasto más importantes. Pero ahora casi no hubo diferencia entre la cantidad de gasto total propuesta por el Ejecutivo y el cálculo final del ingreso. De esta forma, las negociaciones sobre el presupuesto fueron de reasignaciones dentro del proyecto original: quitar aquí para poner allá.

La mayoría priista de la Cámara volvió a caer en la trampa a pesar de su experiencia porque carecía de proyecto propio y liderazgo. En lugar de rehacer el presupuesto, negoció durante días con Hacienda para recortar algunas asignaciones con el propósito de satisfacer las peticiones de sus propios gobernadores y de instituciones y organizaciones que hubieran sido demasiado afectadas con la aprobación del proyecto de Calderón.

El PRD estuvo en la banca sin poder entrar a la cancha, pero al final se le hicieron pequeñas asignaciones a las entidades gobernadas por ese partido y a algunas instituciones públicas. El método no cambió, sin embargo, y todo siguió siendo una rebatinga.

El primer año en que el PRI –con el PVEM– es mayoría en la Cámara todo ha sido un desastre. No podía ser de otra forma con una congregación política que carece de proyecto de rumbo nacional pero defiende poderes políticos locales y grandes intereses económicos. Desde la discusión de los ingresos todo fue una mala conducción política: el PRI (mayoría) votó el aumento del IVA y culpó a la minoría (PAN) de haberlo aprobado. En el Senado el asunto se volvió ridículo cuando el PRI se desapareció del salón de sesiones en el momento de la votación de la tasa al valor agregado para que la minoría panista senatorial la confirmara. En síntesis, la nueva mayoría no se ha hecho responsable de sus actos y tampoco parece querer explicar la rebatinga presupuestal. ¿Qué quiere entonces?

El descrédito del gobierno de Calderón parece apuntar a un fortalecimiento del PRI, es decir, la reposición de un poder priista en Los Pinos. Pero ya el PRI no es el mismo en cuanto a su verticalidad y liderazgo. De aquí la rebatinga y la ausencia de proyectos comunes. En conclusión, la política del país está de pronóstico reservado.

Estado oligárquico

El viejo sistema de presidencialismo despótico ha dejado su lugar al Estado oligárquico. Durante décadas, los presidentes cedieron a los grupos económicos toda clase de prebendas, incluidas las privatizaciones. Se puede decir que el Estado en México prohijó a casi todos los grupos de la gran burguesía y, a los demás, los apoyó siempre.

Hoy, México tiene la mayor estructura monopolista en América Latina y, consecuentemente, una enorme concentración de poder económico estrechamente ligado a grandes corporaciones extranjeras. La dominación está pasando de una gran burguesía ligada al poder a un sector monopolista cada vez más presente en el poder político, el cual, incluso, ya se representa de manera directa en los órganos del Estado.

El contenido del proyecto fiscal de Calderón nos hizo apreciar más de cerca este fenómeno. En la repartición de las nuevas cargas fiscales se castigó más a la gran masa de contribuyentes y consumidores pero cuando se pretendió cobrar una parte de los impuestos diferidos de los 430 grupos controladores de empresas, entre los cuales se cuentan a los más grandes monopolios de América Latina, el combate abarcó a casi todos los medios de comunicación y llegó a la presión personal sobre integrantes del Congreso. Calderón acudió al debate y reclamó a los monopolios una parte de las nuevas cargas, debido justamente a su falta de contribución efectiva. Ha sido, sin embargo, el PRI quien medió el diferendo y logró reducir el cobro en el año 2010 a sólo el 25 por ciento de los impuestos diferidos durante cinco años (1999-2004).

El debate sobre la exención de cobro de derechos a los próximos concesionarios de las nuevas bandas de telecomunicaciones (ya se sabe quienes van a ser aunque la licitación no se ha realizado aún) es una expresión muy concreta del fenómeno de Estado oligárquico. No son concesiones menores ni tampoco a empresarios temerosos; no existen riesgos en las nuevas inversiones sino gigantescas ganancias en ciernes (una tasa de retorno de 200 por ciento); no hay necesidad de incentivos ni de promociones especiales. Es, puramente, una cesión de soberanía y una falta de respeto a la ley.

No existen diferencias apreciables en la forma en que PAN y PRI representan los intereses oligárquicos aunque siempre se expresan divergencias según los grupos empresariales que están más cerca de uno y de otro. También se manifiesta en ambos el intento de lograr deslindes de las decisiones más antipopulares pero sólo para efectos del reparto de las cargas electorales que aquéllas pudieran traer como consecuencia.

Las cosas al respecto han llegado al extremo del ridículo con la desaparición de todo un partido en la votación sobre el incremento del IVA: el PRI se esfumó en el Senado. Así, el PRI no vota pero de esa forma hace posible la aprobación del aumento de impuestos: no se lavó las manos, se las ensució. Las cosas han llegado también al extremo cuando el PRI se suma a la cancelación del aumento del impuesto sobre la renta a los trabajadores con ingresos de menos de 10 mil pesos al mes pero admite que todos los demás paguen siete por ciento más.

Entre el presidencialismo despótico, cuyo remanente caricaturesco son los estados gobernados por el PRI, y el Estado oligárquico –producto del viejo régimen traído al presente a través de una falsa alternancia en el poder—no existe opción: ninguno de los dos sistemas políticos tiene algo de bienaventuranza. Todo esto es un desastre… hasta que todo estalle.

Todos en contra

Felipe Calderón ha conseguido lo hasta ahora considerado imposible: ha puesto a todos en su contra. Los motivos de las diferentes clases o sectores de éstas son, sin embargo, diferentes. Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con pagar más; quienes no pagan rehúsan ahora pagar un poco por cuenta de lo que han dejado de aportar.

Es evidente que la gran burguesía monopolista, la cual no paga como lo afirma con razón el mismo Calderón (quien asumió por un instante el discurso de López Obrador, aunque sin la misma consecuencia), combate el aumento de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, aunque tampoco lo va a pagar, pero se opone sobre todo al pellizco de los impuestos retenidos (aparte de los no pagados) entre 1999 y 2004 –más de 80 mil millones en el cálculo más conservador—que Calderón les pidió entregar en cinco cómodas anualidades.

Quienes pagan los impuestos no están de acuerdo con un aumento de dos puntos porcentuales sobre sus ingresos, lo cual significaría poco más de siete por ciento de incremento a todos y, para los más bajos salarios que hoy contribuyen, representa casi 20 por ciento de aumento respecto de lo que están pagando ahora, lo cual es un atraco. (Nuestra insigne prensa libre mexicana no ha dicho la verdad sobre el proyecto gubernamental de impuesto sobre la renta ni ha intentado explicar a su sufrido público lo que significa el régimen de consolidación fiscal de los súper ricos mexicanos; lo que al respecto se ha planteado por el PRD desde el Congreso no ha sido publicado, sencillamente).

En cuanto a los impuestos al gasto no se trata sólo de dos por ciento adicional, reducido por la Cámara a uno por ciento en el IVA, sino también el tres por ciento a los usuarios de telecomunicaciones, dos pesos por cajetilla sin importar el precio de la misma y un incremento a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, todo lo cual le pega a casi todo mundo.

Los ciudadanos diputados de la mayoría de PRI y PAN (encabezados por sus respectivos presidentes nacionales) se aventaron la puntada de aprobar la condonación de derechos a los concesionarios de las nuevas frecuencias de telecomunicaciones, por la friolera de casi 5 mil millones de pesos, con el propósito –dijeron—de “incentivar” que le hagan el favor a México de invertir en la banda más lucrativa del espectro radioeléctrico (la más rápida) y la de mayor tasa económica de retorno, como si fuera petróleo crudo. No se sabe qué favores, también de retorno, están aquí comprometidos.

En síntesis, Calderón plantea que quienes ya están pagando impuestos (trabajadores y empresarios pequeños y medianos) ahora paguen más y quienes no pagan casi nada sigan así, aunque les quiere cobrar a éstos en 2010 unos 27 mil millones por cuenta de lo que no han pagado en los últimos diez años. Esto fue lo que amarró la pinza de la unidad nacional: todos en contra. Mayor torpeza es difícil.

Los privilegios fiscales, sin embargo, no se tocan, pues el régimen de consolidación fiscal de las holdings no se quiere suprimir, ni se quiere cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de bolsa, ni se pretende tocar a las empresas mineras que prácticamente no pagan nada por derechos de extracción, ni tampoco se desea eliminar los regímenes de privilegio del llamado sector primario y los transportes. En fin, Calderón respeta a los ricos y sólo les pide a los más ricos una pequeña contribución de 27 mil millones, por la cual éstos chillan como marranos atorados (tienen ingresos brutos anuales por más de cinco millones de millones de pesos).

El secretario de Hacienda, ante tal desastre y pésimo resultado político, debería renunciar como responsable de la aplicación de las órdenes recibidas de su jefe, Calderón. El paquete fiscal presentado por el gobierno no puede más que llevar al nombramiento de un nuevo secretario, aunque quien debería irse, en verdad, es el mismo Calderón por haber unificado a todos en su contra. Digo, es una idea.

¿Paquetazo o paquetito?

Al proyecto fiscal aprobado en la Cámara no lo ama nadie pero lo quiere la mayoría de San Lázaro. El PAN prefiere su absurda e inconstitucional “contribución contra la pobreza”, con una tasa de dos por ciento generalizado bajo las reglas del IVA. El PRI –quien negoció con Calderón—impulsa a regañadientes el uno por ciento al valor agregado, obra suya, sin duda. En cuanto al impuesto sobre la renta, han coincidido el gobierno y el PRI en la propuesta original de Calderón para elevar todas las tasas reales de quienes ya pagan, incluyendo en primer lugar a los trabajadores. Lo demás es más monstruoso pero es el proyecto panista original, que se lo ha tragado el PRI con fuertes disensos en sus filas.

Es un paquetazo en tanto que se busca hacer pagar más a quienes ya están contribuyendo pero se mantienen los privilegios fiscales para los más ricos. El régimen de consolidación de las holdings, apenas modificado, seguirá vigente. La Cámara se ha negado a imponer el pago de derechos a las compañías mineras que se roban los recursos naturales del país. Tampoco discutió siquiera el proyecto que envié desde el Senado para gravar las ganancias de bolsa. La progresividad del impuesto sobre la renta en realidad no ha sido modificada.

En cambio, se aprobó un nuevo impuesto al internet, el cual ya paga el IVA. Todos los países promueven este medio de comunicación y educación, menos Calderón, autor de esta iniciativa, y el PRI que la apoya sin explicación alguna. El aumento en la tasa y base del absurdo e inconstitucional impuesto al circulante tampoco ha sido explicado por sus autores ni por sus apoyadores priistas.

Sin embargo, la nueva recaudación contenida en el proyecto aprobado por PAN, PRI, Verde y Nueva Alianza, con los votos en contra del PRD, PT y Convergencia, es un paquetito. La cantidad implícita no alcanza más que para amortiguar una parte de la baja de los ingresos fiscales generada por la recesión. Pero no hay ningún plan contra la crisis, sino una respuesta timorata, protectora de privilegios.

El otro proyecto fue el que presentó el PRD. Plataforma tendiente a hacer pagar a quienes eluden su responsabilidad fiscal y a promover un fuerte programa de inversiones públicas productivas: tomar de la esfera de la especulación, de las súper ganancias de los monopolios y de los actuales gastos innecesarios el excedente para impulsar la economía. Esa es la respuesta correcta a la crisis que vivimos.

La alianza entre el gobierno y el PRI nos muestra una anomalía política. En las recientes elecciones, el PRI fue votado más que ningún otro partido pero no para realizar una alianza antipopular con el PAN sino para promover cambios. Los electores del PRI han sido defraudados.

La patronal, por su lado, no quiere el mínimo aumento de la tasa máxima al ingreso en dos puntos porcentuales, el cual difícilmente va a pagar, y tampoco está de acuerdo con la pequeña mordida al 40 por ciento durante 2010 a los impuestos retenidos por las holdings durante muchos años. Rechaza también el incremento del IEPS, en lo que tiene razón pero no por los argumentos apocalípticos que expone.

Al final, el paquetazo fiscal (paquetito en cuanto a su capacidad recaudatoria) va en el sentido de cobrar más a quienes ya pagan y mantener los privilegios de quienes no pagan. Este contenido marca toda una política gubernamental, asumida por el PRI en contra de sus propias promesas de campaña. En realidad, los nichos fiscales de privilegio los construyó el PRI cuando gobernaba.

La izquierda tiene la razón: hay que luchar contra la recesión y a favor de abolir los privilegios fiscales de un país con una fiscalidad endeble y atrasada.

Se fue la luz

Según la ley, debe existir un organismo público, diferente de la CFE, que se encargue del servicio de electricidad en la llamada zona centro. Sin embargo, después del sabadazo en el que Calderón extinguió el hasta entonces existente, ya no existe ninguno.

Según la ley, las relaciones de trabajo no se terminan por decreto presidencial, sino como consecuencia de actos convenidos o resoluciones jurisdiccionales.

Según la ley, un contrato colectivo de trabajo no se extingue por el simple cambio de denominación del patrón o por la sustitución del mismo.

Según la ley, el patrón sustituto es quien se hace cargo de los activos en funcionamiento de la empresa que se transforma o fusiona con otra y quien asume, por tanto, las relaciones laborales existentes con anterioridad. Es, digamos, la herencia laboral, que hasta ahora se había respetado, más o menos.

Todo lo anterior, inscrito en las leyes de México, ha sido borrado de un golpe por un individuo que se dice ser el presidente del empleo pero ha logrado correr a más de 50 mil trabajadores mediante un solo decreto.

Son los tiempos, diríase. Pero son, más bien, los actos realizados por un partido –el PAN—que, antes, demandó el respeto al Estado de derecho y que, hoy, se encarga de seguir desobedeciendo cuantas leyes puede. No es de extrañar que le apoye su maestro, el PRI.

Luz y Fuerza del Centro compraba la electricidad más cara que la tarifa a la que la vendía. Pero, además, la comercialización del servicio –llevar el fluido eléctrico–, tiene un costo mucho mayor que la producción de la electricidad. Cuando el gobierno presenta su balance económico, oculta esa realidad, como también omite decir que para manejar una red eléctrica obsoleta se requieren más trabajadores que si el gobierno hubiera invertido en la modernización de Luz y Fuerza.

Según Calderón, los electricistas tienen la responsabilidad de la obsolescencia de Luz y Fuerza, pero, según la ley y la realidad, ese organismo siempre estuvo dirigido por el gobierno. Su atraso técnico es responsabilidad de los gobernantes, quienes han demostrado carencia de interés por dotar a la vieja Compañía de Luz de las condiciones mínimas para prestar un servicio más o menos aceptable. Si la energía eléctrica no se suspende más frecuentemente es porque hemos tenido a unos trabajadores magos, que se las saben todas y arreglan cualquier desperfecto a pesar de que los cables y los transformadores ya cumplieron su vida útil hace décadas.

Algo odioso es criticar a un sindicato por haber logrado buenos salarios y prestaciones. Se supone, según varios medios de información, que los miembros del SME debieron haber tenido condiciones laborales tan deplorables como en muchas industrias donde ni sindicatos existen o están protegidas por los consabidos charros.

El señor Calderón ha aceptado pagar las jubilaciones. Luego, admite la vigencia del contrato colectivo y actúa como patrón sustituto. Todo esto no hace más que confirmar que, en efecto, el gobierno dice puras mentiras.

Además, la Secretaría de Hacienda está dispuesta a pagar a los trabajadores de Luz y Fuerza una liquidación copeteada, como diría Fox, a través de un bono de esquirolaje. ¿Desde cuándo es el patrón quien determina unilateralmente la cuantía de la indemnización de los obreros despedidos? ¿En qué parte del Presupuesto de Egresos se autorizó al Ejecutivo a pagar indemnizaciones mayores que las establecidas en la ley y el contrato de trabajo?

No hay ningún aspecto que sea legal en el sabadazo de Calderón. Todo ha sido una acción política, pero de la mala.

Por último, los “ahorros” de los que habla el gobierno son del todo demagógicos. Si las tarifas finales no aumentan, si los jubilados no se mueren todos al mismo tiempo, si la CFE no reduce sus tarifas como productor, si quienes se roban la luz –pobres y ricos—no dejan de hacerlo, si no se realiza la modernización, los “ahorros” serán tan mínimos que el saldo final de la operación sólo va a arrojar un daño político y social.

Bueno, para eso llegó Calderón a Los Pinos. ¿Para qué más?