Falacias de Aguilar Camín

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El periodista y novelista Héctor Aguilar Camín acusa a Morena de “ilegalidad rampante”, la cual se expresa, dice, en la “mayoría inconstitucional que ostenta en la Cámara de Diputados la coalición de partidos gobernantes”. Afirma en Milenio (11.05.21) que Morena, PT y PES obtuvieron en las urnas el 43.6% y lograron en la Cámara el 61.6%, debido, subraya, a “la explotación de ciertas áreas grises de la ley electoral”, como lo había hecho el PRI en 2015.

Primer punto: en 2018, la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) alcanzó el 45.41% de los votos válidos. Segundo punto: el PES no logró ningún asiento plurinominal y el PT sólo alcanzó 3, ya que Encuentro Social no obtuvo el 3% mínimo de votación, mientras al Partido del Trabajo le aplicaron la cláusula de sobre representación. Aguilar Camín omite decir que la coalición hoy gobernante logró 219 distritos de mayoría (el 73%) y se le asignaron 88 curules de representación proporcional (el 44%).

Ahora bien, si JHH hubiera sido un solo partido, también tendría ahora la mayoría absoluta en la Cámara. La Constituión permite una sobre representación de hasta 8 puntos porcentuales, lo cual no se le ha olvidado a Aguilar Camín, pero no lo quiere mencionar porque no le ayuda a su mendacidad.

Pero no fue así. El tope de sobre representación opera para cada partido político por separado, según lo acordaron PRI y PAN en la reforma constitucional de 1996 (Art. 54. V), la cual no fue criticada en lo más mínimo por el periodista que ahora parece condolerse. De esa forma, el PT casi no logró legisladores de lista plurinominal porque tenía asignada una cantidad de uninominales que no le permitió entrar en el reparto general, es decir, de acuerdo con su porcentaje total: con 2.2 millones de votos, obtuvo 3 diputados de RP, los más caros de la historia. Esto no sólo afectó a ese partido sino a la coalición de la que era parte. Lo mismo se puede decir respecto del PES, el cual no obtuvo ningún legislador de representación proporcional. Pocas veces antes se había aplicado el tope de sobre representación y nunca se había visto un partido que tuviera grupo parlamentario sin participar en el reparto general de curules plurinominales. Ambas cosas ocurrieron en 2018.

En cuanto a la asignación proporcional (plurinominales), Morena logró 85 curules, lo cual representa el 43% de los 200 legisladores de representación proporcional, dos puntos porcentuales por arriba de su votación útil para el reparto. El PAN (39) y el PRI (38) también tuvieron diferencias a favor, debido a que los plurinominales no asignados al PT se diluyeron entre los más grandes.

La coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), vista en su conjunto, fue objeto de una aplicación rigurosa de la ley, pero no se le podía arrebatar a cualquiera de sus integrantes uno solo de sus triunfos de mayoría. Así, el PES, con el 2.5% de los votos, tenía referenciados 55 asientos uninominales que representan el 6% de la Cámara. Al PT, con 4.24%, se le contaron 58 diputaciones, que es más del 10% de la Cámara. Ninguna ley de reparto puede revertir la mayoría de votos en un distrito electoral.

Aguilar Camín no se atreve a entrar en detalles y sólo insinúa que Morena tenía candidatos uninominales disfrazados en PT y PES, con el propósito de evitar que le descontaran lugares plurinominales. Sin embargo, no repara en que nadie previó el resultado de la elección de diputados como para suponer que la coalición de AMLO iba a obtener mayoría en el 73% de los distritos electorales del país.

Ahora bien, el INE calcula lo que se llama Votación Nacional Emitida (VNE), luego de descontar los votos que no intervienen en el reparto de curules de representación proporcional. De acuerdo con ese parámetro se calcula el tope de sobre representación de cada partido. Así, se elabora un Límite Máximo de Curules por Partido, que parte del porcentaje de cada cual más los 8 puntos que permite la Constitución como sobre representación. Morena tuvo 41.33% de VNE, más los 8 puntos, alcanzó el 49.33%, es decir, 243 curules como límite, el cual fue, por coincidencia, casi el número con el que hizo su primer registro como grupo el 29 de agosto de 2018 en la Cámara.

Pero hay algo más que, naturalmente, a Aguilar Camín no le preocupa porque ni siquiera lo ha preguntado. En el supuesto de que al PT y al PES le hubieran contado sólo el número de legisladores y legisladoras uninominales que finalmente se adscribieron a sendos grupos parlamentarios cuando se instaló la Cámara el 29 de agosto, es decir, 60 entre ambos, y los restantes 53 hubieran sido acreditados a Morena, este partido no habría rebasado el límite de sobre representación fijado por el INE, manteniendo, por tanto, las 85 curules que obtuvo por representación proporcional y con un total de 244 diputaciones, frente al límite máximo oficial establecido de 246 (INE/CG1181/2018). Dentro de ese supuesto procesal, JHH hubiera tenido 309 curules (más 5 que no le asignaron al PT), es decir, el 63% que tanto le duele a Aguilar Camín.

Así que las sumas y restas legales de todos los escenarios posibles no les cuadran a los mendaces. No vale nada la fabulosa “teoría de la inconstitucionalidad” de la 4T en la Cámara.

Todo lo anterior no lo analiza Aguilar Camín. Bueno, en realidad él no analiza nada, pero no por falta de fuentes de información, sino porque no le conviene. Su tarea es la de atacar a Morena para ubicarlo en el mismo plano del PRI, el cual metió unos cachirules y se sobre representó en la Cámara en 2015, con la complicidad de varios de los actuales consejeros electorales del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama incluidos en esta lista, sus propios amigos.

Por lo demás, Aguilar Camín tampoco hace saber a sus lectores que existe una ley orgánica en el Congreso, en la cual se establecen las bases de la conformación de los grupos parlamentarios. Según ésta, los y las legisladoras tienen libertad para inscribirse en el grupo que quieran. Muchos diputados y diputadas se han cambiado sin que nadie proteste, al amparo del criterio de la Suprema Corte de que la afiliación a un partido político dentro del Congreso es “libre e individual”. Se ha llegado al extremo de que dos legisladores del PRD se hicieron priistas solo por un día, con el fin de apoyar al PRI en la coyuntura de la elección de la actual Presidencia de la Cámara en 2020, que debía definirse en favor del tercer grupo más numeroso, según la ley.

Así fue como al momento en que se formalizaron los grupos, Morena registró 252, PAN 79, PRI 47, PT 31, PES 30, MC 28, PRD 20, PVEM 11 y sin partido 2. De esa forma, no sólo se produjeron variaciones respecto de las asignaciones realizadas en el INE a los partidos sino también desproporciones. Ningún partido en la Cámara corresponde exactamente con su votación nacional válida emitida.

El sistema mixto con dominante mayoritario (300 distritos uninominales y 200 curules de proporcionalidad) y un tope alto de sobre representación, que se encuentran en la Constitución, hacen que el sistema no sea del todo proporcional. Esto ocurre en casi todo el mundo, incluso con mayores discrepancias entre porcentajes de votos y de asientos parlamentarios por partido.

A reserva de lograr una nueva reforma electoral, que no desean los actuales opositores, amigos todos ellos de Aguilar Camín, un punto relevante por el momento es que los conservadores, como el propio escritor, jamás criticaron el sistema vigente, con excepción de José Woldenberg, ni tampoco dijeron algo sobre los cachirules que introducía el PRI en sus coaliciones. Todo estaba muy bien para ellos hasta que la izquierda tomó el gobierno y la mayoría del Congreso. Empezaron entonces las denuncias, pero falaces.

Las mentiras de Aguilar Camín no son nuevas ni serán las últimas. Lo que no veremos de su parte es una lucha política abierta y honrada.

Nota: Dedico este artículo a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara, dogmático creyente de la “teoría de la mayoría artificial”, la cual, por lo demás, no le otorgó la menor ventaja en su desempeño.

“Democracia en peligro”

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La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada tres años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias.

El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años.

Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que, para salvarla, habría que combatir al presidente de la República y a la 4T.

La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo: al eliminarse el chayote se potenció la libertad de prensa.

No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un espot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga “colapsándolo todo”. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas, el problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación.

De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o, al menos, menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desavenencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés: si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción.

Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular, el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia sino de los opositores, a la mitad del periodo sexenal, justamente en la que nos encontramos.

La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que sólo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal, como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente o, como se le llama en Estados Unidos, un “gobierno dividido”.

El punto es que, durante los siguientes años, el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?

Por otro lado, la vieja imagen de los “diputados levanta dedos” que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista.

Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones (PRI y PAN) se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método, no hay lugar para las negociaciones.

No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción.

Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca, tampoco, se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisores hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate, como nunca. ¿No se ha dicho siempre en todas partes que el debate es un instrumento de la democracia?

Acabar con el “fuero”

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La inmunidad procesal penal de los más altos funcionarios del Estado existe para evitar que unos policías los detengan e impidan, así, el funcionamiento normal de los poderes públicos. Se le llama “fuero”, el cual se cancela cuando la Cámara de Diputados declara que procede la acción penal y separa al inculpado del cargo; es el desafuero.

Durante años, se ha considerado que el fuero es en sí mismo un mecanismo de impunidad. En realidad, ésta se ubicó en cuerpos de policía, procuradurías y juzgados, que operaban por lo regular bajo órdernes del gobierno y protegían a los políticos oficialistas. Sin embargo, el desafuero se enderezó hacia la eliminación política de posibles candidatos. El caso más escandaloso fue el de Andrés Manuel López Obrador, en 2005, ordenado por Vicente Fox y apoyado alegremente por el PRI. Otro memorable caso, pero en dirección contraria, fue mandar al archivo el dictamen en contra del tesorero del sindicato petrolero en el escándalo de Pemexgate, con los votos solidarios de PRI y PAN en San Lázaro.

Fueros y desafueros se han prestado a innumerables desaseos, maniobras, chantajes y negociaciones ilegítimas.

Al integrarse la actual legislatura, en 2018, Morena inició en San Lázaro una reforma constitucional para eliminar el fuero. El sistema de inmunidad procesal penal consistiría en que, ante una inculpación del Ministerio Público, los altos funcionarios protegidos tuvieran que afrontar sus procesos penales como cualquier otra persona. La diferencia sería que ellos se mantendrían en libertad y en funciones durante el proceso, como si estuvieran bajo fianza, según aconseja el principio de presunción de inocencia. Luego que el juez les condenara, perderían su inmunidad y el cargo, por lo que tendrían que afrontar las consecuencias de la sentencia.

Con esa reforma consfitucional se protegería el funcionamiento normal de los poderes públicos, para evitar arbitrariedades y maniobras de autoridades menores dotadas de fuerza coercitiva. Al mismo tiempo, los altos funcionarios serían juzgados de inmediato y, eventualmente, condenados.

La oposición unida votó en contra. Entre gritos de júbilo de los partidos que habían perdido en la reciente elección, no se completaron los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación. Ese fue el segundo intento de acabar con el fuero y, consecuentemente, con los desafueros. En ambos, vivimos la acción del PRIAN, que no es expresión retórica, sino palpable realidad política.

Habrá que continuar el esfuerzo de eliminar el fuero tan luego como se instale la próxima legislatura. Por lo pronto, los procedimientos de desafuero concluyen ya en los plazos de ley y sus dictámenes sí se ponen a discusión del pleno de la Cámara, aunque no han desaparecido las maniobras dilatoras y de otro tipo.

Se ha llegado al extremo inaudito de que una juez de distrito concedió una suspension definitiva contra un inculpado, prohibiendo a la Cámara culminar un procedimiento de desafuero hasta que ella dicte sentencia, pero olvidó que las resoluciones de los diputados en esta materia son inatacables, según reza la Carta Magna, lo que también impide, por tanto, detenerlas. La Judicatura tendrá que abordar este asunto.

Por todas partes surgen ahora obstáculos políticos y judiciales para detener cambios y reformas, tales como la industria de los amparos. Resistencias naturales. El problema es definir una estrategia común del Ejecutivo y el Legislativo para encarar las acometidas conservadoras.

Tarjeta roja vs. derecho de ser elegido

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Una licencia de conducir se retira luego de sucesivas infracciones muy graves. Ese documento no es el único medio de ejercer el derecho fundamental de tránsito y movilidad, pero, aún así, su revocación se produce bajo condiciones precisas, especiales y reiteradas. Un registro electoral sí es prácticamente un elemento básico para ejercer el derecho constitucional de ser elegido. Sin embargo, se postula que es posible su cancelación ante una supuesta infracción mínima que pudiera ameritar alguna otra sanción.

La Constitución dice en su artículo 1º que, en la interpretación sobre el ejercicio de los derechos, se debe dar a las personas la protección más amplia, es decir, por encima del punto de vista de autoridad o de otro que provenga del Estado. A esto se le llama principio pro persona.

Con las cancelaciones de varias candidaturas locales decididas por el Instituto Nacional Electoral con motivo de supuestas infracciones de precampaña, se ha puesto en el primer plano del debate el tema del derecho de ser elegido. No se trata de cualquier cosa en un país donde existe una historia de restricciones. Basta recordar el alto nivel de control oficial del registro de nuevos partidos y la anulación automática del voto en las casillas cuando se escribía en la boleta el nombre de un aspirante sin registro. El sistema electoral mexicano actual proviene de aquel donde el derecho a ser elegido no existía para la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas.

El hecho de que el INE haya decidido actualizar este asunto, nos habla del enfrentamiento político que tiene lugar a partir de algunos organismos autónomos federales contra los poderes Ejecutivo y Legislativo que surgieron de la elección de 2018, pero en especial de una puesta en duda de ese valor fundamental de la República que estriba en los derechos de votar y ser votado, sobre los que se erige la soberanía popular.

Un antecedente relativamente reciente fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual tenía como único propósito impedir que fuera registrado como candidato a presidente de la República en la elección de 2006.

Por lo regular –como es el caso–, cancelar un registro ya concedido cuando el candidato posee los requisitos constitucionales para ser elegido, tiene como único propósito su eliminación y nunca busca la sencilla aplicación de la ley. Para violar el derecho en nombre de la regla, se hace a un lado que en la interpretación sobre derechos siempre se debe favorecer a las personas, las cuales, además, en los casos decididos en el INE, ya estaban en el ejercicio de sus derechos. Cuando, al contrario, se favorece es al órgano de autoridad, al Estado, la mesa de los derechos es puesta patas arriba, deja de servir para lo que fue construida. El funcionario que lo hace no debería seguir adelante porque está actuando contra la Constitución.

Es muy grave que la autoridad electoral administrativa no reconozca la supremacía del derecho de los ciudadanos y sostenga la tesis de que es preciso ejercer la prevalencia de las prerrogativas fiscalizadoras de la autoridad. Nunca un deber oficial puede atropellar un derecho y siempre debe ejercerse aquél dejando a salvo éste.

Una mayoría de seis en el Consejo General sostiene que se debe aplicar sencillamente la ley aunque se atropelle el derecho. “Sacar la tarjeta”, ha dicho el presidente del INE, quien afirma ser “el árbitro”, pero participar en un juego de futbol no es un derecho básico. Sí lo es el seguir siendo candidato cuando se reúnen las calidades constitucionales y, más aún, cuando ya se ha producido el registro legal.

Cancelar el registro electoral es considerado una sanción in extremus cuando se trata de un partido político en reincidencia, pero el INE no lo ha visto así cuando ha querido eliminar a unos candidatos de un partido. No obstante, el derecho al voto pasivo, es decir, a recibir el voto popular, sigue teniendo una jerarquía mucho mayor que las reglas del futbol.

Algunos, al parecer, quieren que regresemos a momentos en los cuales no se respetaba el derecho a ser elegido. ¿Qué se pretende? Golpear a la 4T mediante ataques provenientes de personajes circunstanciales de la política nacional, atrincherados en una institución que, por definición, no podría tomar parte en la disputa por el poder.

No es la primera vez que el INE cae en manos de personas claramente parciales y militantes activos de causas políticas. Ya ha ocurrido antes, con el consecuente daño al país. Ha dicho el consejero presidente que el INE no va a caer en provocaciones ni confrontaciones, pero en realidad es esa institución la que, por mayoría de sus integrantes, ha provocado y se ha confrontado. Cancelar el registro de candidatos elegibles es una provocación pocas veces vista, con la cual el INE se confronta inevitablemente con sus propias víctimas, pero también con los defensores del libre ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Las leyes y las instituciones están siempre cambiando, caducan y se forman otras. No las hay perpetuas. Mucho más rápido ocurren cambios de integrantes de los órganos del Estado. Ese no es un problema actual, sino el querer volver a un pasado oscuro en el que el derecho a ser votado se administraba cuidadosamente mediante segregaciones y palomeos, excluyendo a “indeseables”.

Tal cosa es lo verdaderamente grave. No hay el menor motivo válido para conducir al país a ese barranco.

Los gobiernos están en la campaña electoral

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Cuando en México había partido-Estado no había elecciones libres. Por eso, no era necesario que el gobierno participara declaradamente en los procesos comiciales, ya que los dirigía de principio a fin. El presidente de la República designaba a todos los gobernadores y a la mayoría calificada de las cámaras (senadores, todos), pero jamás llamaba al pueblo a apoyarle dando el voto por su partido.

En el momento que el jefe del Ejecutivo empezó a ser una persona cada vez más desprestigiada y se iniciaba la competencia electoral, el presidente callaba para deslindar a su partido de sus personales repudios, aunque seguía controlando el proceso electoral y hacía toda clase de fraudes.

Sin embargo, poco a poco la gente empezó a decidir su voto en función de la calificación que le daba al presidente en las elecciones intermedias. El número de 260 diputados de Carlos Salinas fue producto de un fraude en las urnas y en el tercer piso, pero Ernesto Zedillo fue el primer presidente que perdió formalmente la mayoría en la Cámara de Diputados y, aunque no hubo entonces un partido con mayoría por sí mismo, las oposiciones empezaron a hacer algo para hacer valer el dictado popular.

El PAN nunca tuvo mayoría y cedió casi todo al PRI en el largo y penoso camino hacia el PRIAN, con el cual se profundizó la corrupción y se afianzó el neoliberalismo. Así fue como se concentró el ingreso y se empobreció a la mayor parte del país. Peña Nieto recuperó la mayoría, pero fue mediante un fraude a la ley cobijada por algunos de los actuales consejeros electorales.

Aunque con cautela, desde 1991, los presidentes empezaron a pronunciarse públicamente durante las campañas electorales. En 2006, el ministro Gudiño Pelayo concedió la suspensión de unos espots de Vicente Fox a solicitud de la Cámara de Diputados. Eran clara y groseramente ilegales porque eran pagados con recursos de la Presidencia de la República.

Los fraudes electorales de aquel largo periodo siempre fueron intervenciones directas del poder. De otra manera no hubieran tenido éxito. En 2006, por iniciativa presidencial, PAN y PRI llegaron al extremo de intentar cancelar la candidatura de la izquierda, la de López Obrador y se unieron en el terreno para apoyar al candidato panista. Seis años después esos mismos se pusieron de acuerdo para que Peña Nieto llegara luego de pagar con dinero público la más amplia campaña propagandística de político alguno.

En síntesis, los presidentes intervenían en las elecciones, pero de manera hipócrita: todo mundo lo sabía. La lucha política era un enmarañado proceso de engaños, hipocresías, fraudes, robos, farsas, a cargo de unos políticos siempre inescrupulosos.

En otros países, los presidentes intervienen siempre en las luchas electorales, ya sean locales o nacionales. El poder no es ajeno a la lucha por el poder. La cuestión no consiste en dejar de hablar sino en intervenir con apego a unas normas válidas y reconocidas por todos.

La lucha contra las conferencias de prensa del actual presidente se ha colgado del periodo electoral para seguir cuestionando lo que se pueda, ahora ya con argumentos legales, aunque a veces bastante retorcidos. No puede haber ley que impida expresar alguna opinión. Los servidores públicos no están autorizados a realizar propaganda personalizada pagada con recursos públicos, pero eso es siempre, no sólo cuando hay campañas. Pero no se puede multar a un legislador, gobernador, ministro de la Corte o presidente de la República cuando dice lo que piensa, ya que la Constitución señala unos límites bien precisos a las libertades de manifestación de ideas y difusión de las mismas (ataque a la moral o a derechos de terceros, provocación de delito y perturbación del orden público).

En otros países ocurre lo mismo que en el nuestro: la gente vota tomando en cuenta el desempeño del gobierno. Pero en el México de los días corrientes se trata de impedir que así sea. Lo que es normal en el mundo es aberrante aquí. Sin embargo, no se puede en realidad impedir que se conozcan las acciones y los planteamientos de los gobernantes de los diversos niveles, ni se le puede hacer una lobotomía a la gente para evitar que piense en congruencia con sus evaluaciones e ideas.

Por lo demás, la lucha política del momento no está dada en una coyuntura en la que algún partido de oposición pudiera lograr por sí solo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso no está en el horizonte. Lo que PAN y PRI desean es que la 4T pierda esa mayoría. Es decir, que el presidente de la República reduzca su fuerza política para que las oposiciones impongan una política de gasto diferente y logren bloquear cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo. Son, por tanto, las dos oposiciones más fuertes (PAN y PRI) las que están poniendo a López Obrador en el centro de sus campañas políticas y, al tiempo, piden que se le silencie.

Si esas oposiciones realmente creyeran en lo que dicen, estarían especialmente interesadas en que el presidente expusiera sus puntos de vista, calificados por ellas mismas como desacertados y francamente nefastos. Pero viven en el autoengaño de que todo lo que hace el gobierno es rechazado por el pueblo en su gran mayoría. Confunden sus personas con la generalidad de la ciudadanía. Así es más difícil hacer política y hacer oposición. Así no era antes, lo es desde que se unieron PAN y PRI bajo el mismo sello electoral. En el pecado llevan la penitencia.

Del virus a las vacunas

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La pandemia recuerda la de 1918, iniciada en Estados Unidos y propagada a gran parte del mundo. Pero también hace pensar en los cambios que se han producido en tan solo un siglo. Luego de provocar muchos millones de muertos durante varios años, la gripe española se fue mediante inmunización natural. Hoy, la Covid-19 está siendo combatida con la aplicación de vacunas efectivas poco más de un año después de su irrupción mundial.

La población es ahora mucho más grande y el número de viajeros es incomparable, no obstante, la enfermedad no ha golpeado tan fuertemente. Se sabe más y se actúa mejor en términos generales.

El problema mayor no ha estado en la ciencia y los científicos sino en la política. Por todas partes han surgido improvisados especialistas en virología, epidemiología y salud pública. En cada país se ha creado una nueva especialidad de personas que opinan, condenan, descalifican, confunden y, algunas veces, aplican criterios muy propios en asuntos relacionados con la pandemia.

Hay quienes afirman que los fallecimientos por la Covid-19 son el doble que lo informado por las entidades sanitarias y, salvo algunos errores que rápidamente se han corregido, no aparecen los muertos en demasía, pero se sigue diciendo lo mismo. La idea es que el respectivo gobierno oculta algo porque de esa forma baja el nivel catastrófico y se purifica a sí mismo. Pero cuando un gobierno omitió tomar las medidas de atención médica oportuna y suficiente, siempre afloró su indolencia y la consecuente condena de la opinión pública. Era ahí donde estaba el problema.

Lo mismo ha ocurrido con los gobernantes que han apostado a la inoculación natural, a una larga y costosa inmunidad de rebaño, como ocurrió con la gripe de la segunda década del siglo XX, pero que ahora sería criminal.

Los hechos son los hechos. No se requiere que los políticos gobernantes y opositores, acompañados muchas veces por medios de comunicación y campañas en las redes, inventen cifras, datos, complicaciones, dramas, etcétera.

La desinformación inicial contra una de las vacunas rusas fue algo impulsada por políticos y comerciantes. Meses después aún tiene expresiones en creencias de personas que fueron impactadas en algunos países por una propaganda nefanda.

La sabiduría de políticos inescrupulosos o francamente retrógrados ha tenido dos grandes vertientes. La primera y más conocida ha sido la de cuestionar el parón económico en defensa de intereses económicos, mientras la segunda, la más perversa, ha sido la de exigir mayores restricciones a la movilidad con el propósito de empeorar en algo la situación económica. Sí, desde la misma posición ideológica se proponen cosas por completo contradictorias. Las derechas son ahora como la plastilina.

Esto prueba que sus motivos no tienen que ver con la pandemia sino con una política de circunstancia y, consecuentemente, con la falta de principios. Los nuevos sabios epidemiólogos desde el poder o desde las oposiciones son en realidad unos patrañeros en búsqueda de incautos… y consiguieron bastantes.

A la hora de las vacunas se ha desvelado una realidad asidua. Los países más ricos y alguno muy influyente lograron acaparar los biológicos. Estados Unidos resultó uno de los más agraciados. Mas lo acongojante ha sido que ninguno de los acaparadores de vacunas ha presentado un plan mundial para enfrentar este brutal desequilibrio humanitario. Se muestra que esos poderes siguen siendo lo que han sido a través de la historia y que sus posturas de liderazgo mundial y representación de la humanidad son puro verbo.

La Organización Mundial de la Salud, como parte del sistema de Naciones Unidas, ha mostrado su obsolescencia en línea con la de la ONU e, incluso aun más profunda. Desde el principio de la pandemia hasta el acaparamiento de las vacunas, ese organismo nos enseñó, sin querer o queriendo, que urge crear otra cosa.

En el trecho que va del surgimiento social del nuevo coronavirus a sus vacunas el mundo no ha cambiado. Quizá, sin embargo, en tan corto tiempo la humanidad haya mejorado en algo porque hoy sabemos más dentro del campo de las ciencias, las naturales y las sociales.

La taza

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“Si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país”, dice la taza que se muestra en internet como instrumento de propaganda electoral. Se refiere, claro, al presidente de la República y a la Cámara de Diputados. Pero ¿a quién le va a quitar el país Andrés Manuel López Obrador? El dueño de la taza nos va a responder que al pueblo de México.

La taza muestra un malestar profundo, un odio sin disimulo, una premura insoportable, desesperación.

Más allá de un estado de ánimo, la taza nos habla de unas relaciones sociales y de poder que han empezado a modificarse. La pirámide de distribución del ingreso no se hizo por equivocaciones acumuladas sino por políticas instauradas desde el Estado. Dentro de la forma en que el ingreso se reparte, destaca una inusitada concentración de las ganancias que ha llevado a una centralización del poder económico.

Quien mandó a fabricar la taza es de seguro integrante o empleado de uno de los grandes corporativos que asumieron el control del país y se beneficiaron del Estado corrupto construido bajo la dominación política priista y la continuidad panista.

Las ideas sociales y políticas no suelen ser casualidades. Vienen de realidades objetivas. Los partidos y otras muchas organizaciones expresan intereses difusos y concretos, por lo que se alían con otros, aunque sean diferentes, buscando puntos comunes.

¿Cómo se creó el PRIAN en México? Todo empezó cuando la izquierda, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, apareció en 1988 como una fuerte opción política nacional. Hasta antes, la derecha tradicional soñaba en un bipartidismo. A partir de entonces se ha desenvuelto una colaboración continua y cada vez mayor entre el PRI y el PAN para cerrar el paso a la izquierda.

Hemos visto caminar juntos a esos dos partidos desde el pacto con Carlos Salinas, el cual se expresó de forma grotesca en la quema de las boletas de la elección de 1988, pero tenía una significación mucho mayor. Se trataba de reducir a la izquierda, reconstruir el esquema formalista anterior y salvaguardar al entonces neoliberalismo emergente.

Las privatizaciones de Carlos Salinas –verdaderos atracos a la nación— fueron bendecidas por el PAN. La reestructuración parcial de la vieja oligarquía, con nuevos apostadores en las ruletas neoliberales, en realidad fue obra de un incipiente PRIAN, sus primeros pasos.

El pacto del PAN con el gobierno priista para legalizar la deuda del Fobaproa fue escandaloso pero muy duradero. Hasta hoy le cuesta al erario 50 mil millones anuales por pago de intereses, ya llevamos más de dos décadas y la deuda sigue vigente. El robo histórico del Fobaproa llevó a un fraude nuevo cuando Banamex fue vendido a Citybank, con todos los activos de los bonos gubernamentales, naturalmente, pero sin pagar impuestos por las enormes ganancias que realizó por esa venta el grupo de Roberto Hernández. Esto último lo autorizó el gobierno panista.

Bajo Vicente Fox, a partir del año 2001, las concesiones siguieron. Se le perdonó a Ernesto Zedillo y a Francisco Labastida el robo del Pemexgate, pues el PRI sólo pagó una multa electoral. A la vez, el PRI no presentó denuncia penal por Los Amigos de Fox. Esa la presenté yo, pero el presidente panista ordenó a la PGR declarar el no ejercicio de la acción penal contra sí mismo y nuestro Poder Judicial no admitió el amparo contra esa decisión. El PAN también sólo pagó una multa electoral. Se emparejaron los cartones: ambos resultaron penalmente inocentes. Unos protegían a los otros y viceversa. Eso también es el PRIAN.

Los moches empezaron como industria bajo Vicente Fox. El PRI lograba meter asignaciones presupuestales dirigidas a proyectos aislados y el gobierno panista las admitía al grado de pagarlas: se “bajaba el recurso”, a cambio de lo cual se realizaba el moche de al menos un 10%. Pero los diputados del PAN no se quisieron quedar atrás y entraron en el negocio. Otros lo hicieron también, aunque en menores cuantías. En esto, el PRI y el PAN eran uno solo.

Cuando Vicente Fox y Santiago Creel decidieron impedir, mediante el desafuero, la candidatura de López Obrador a la presidencia de la República, el PRI no dudó un instante en apoyar esa aventura, pues era volver a las bases fundacionales del PRIAN: detener a la izquierda a cualquier costo. Luego estuvieron muy juntos en el fraude de 2006.

Mientras se hacía todo lo anterior, lo más importante era la coincidencia bipartidista en la política económica. El país tenía un neoliberalismo galopante. El salario mínimo disminuyó en términos reales durante ese largo periodo. La pobreza creció. El sistema abierto de salud pasó a depender de una especie de empresa aseguradora que nunca abarcó a todas las personas ni a todas las enfermedades. El PAN era más neoliberal doctrinalmente; el PRI era más neoliberal operativamente: la mejor combinación.

Así fue como PRI y PAN decidieron lanzarse a eliminar del mapa a Pemex y arrinconar a la CFE. Esa fue la “reforma energética”.

En conclusión, la irrupción de la izquierda como fuerza alternativa de poder convirtió la convergencia histórica de las derechas neoliberales en un sistema funcional, hoy conocido como PRIAN, pero que abarca más en términos sociales: las dirigencias empresariales de derecha, los intelectuales del régimen en los tiempos recientes, el sector reaccionario de la iglesia católica y las instituciones generadas al calor de la corrupción y la simulación, la burocracia dorada.

Con el triunfo electoral de la izquierda, el PRIAN es ya prácticamente un solo partido, aunque mantenga discrepancias en temas menores y en espacios acotados. Como consecuencia de esto, carece de programa propio.

De este y de sus poderosos aliados es la taza, pero ya no el país.

La 4T lleva 22 reformas a la Constitución

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Menudo asunto se ha creado a partir de la suspensión judicial con efectos generales de las recientes reformas a la ley de electricidad y de la airada respuesta del presidente de la República. Luego, se puso mejor cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que si se llegara a declarar inconstitucional el nuevo articulado, el Ejecutivo presentaría una iniciativa de reformas a la Carta Magna con el propósito de superar el obstáculo.

Este debate es cosa normal en las democracias conocidas, sin que se produzca un escándalo como aquí. Se acusa a López Obrador de intolerante y se es insolente con él. Los jefes de gobierno discuten casi todo el tiempo. Los demás integrantes de los poderes del Estado lo hacen con frecuencia.

Los jueces no tienen muy buena fama en México. Hace pocos días, uno de ellos resolvió suspender la aplicación de varios preceptos de ley, pero con carácter general, es decir, para todo mundo, para el que sea, a pesar de que el amparo tiene efectos sólo en favor del quejoso. De otra manera, cada juez sería un derogador de leyes y, por esa vía, un legislador. Además, suspender con efectos generales una ley puede implicar que siga en vigencia la anterior: un desastre. ¿Qué tiene de osado que el presidente proteste?

La crítica del posible intento de reformar la Constitución es aún más impertinente porque ese mecanismo ha sido una de las vías practicadas para superar contradicciones. Es un instrumento peculiar porque requiere dos tercios de ambas cámaras y mayoría de legislaturas de las entidades federativas.

En los últimos dos años y medio, el Congreso ha reformado la Constitución 22 veces, sólo en 5 de las cuales hubo iniciativa del Ejecutivo. El actual presidente ya no opera como en tiempos del partido del Estado y del presidencialismo exacerbado y despótico (el reino del PRI), cuando el Ejecutivo era el único que iniciaba proyectos viables. Por cierto, es mentira que la iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica no haya sido modificada “en una sola coma”: se agregó un artículo transitorio. La mayoría parlamentaria no enmienda proyectos de ley para dar alguna “buena impresión” a sus adversarios sino para mejorarlos. Los opositores y algunos periodistas se inclinan ahora por la práctica de repetir sin cesar mentiras agradables. Así fue el caso de “la coma” en la reforma de la ley de la industria eléctrica. Mas, al margen de lo anterior, ¿por qué se habría que modificar un proyecto considerado bueno y muy conveniente sólo porque proviniera de Palacio Nacional?

En las democracias reconocidas, los poderes Ejecutivo y Legislativo suelen estar en manos del mismo partido o coalición. Así es ahora en México por decisión del electorado. ¿Dónde está el defecto? Para los intelectuales y periodistas de oposición, así como para los partidos minoritarios en el Congreso, eso es antidemocrático. Claro, mientras ellos no sean mayoría.

La inconformidad del presidente con la suspensión de la reforma de la ley de electricidad carece de alcance para el Poder Judicial. López Obrador no puede sancionar al juez que hizo la maniobra de convertir una queja individual en la momentánea anulación de unos nuevos preceptos de ley. Tampoco podría obligar a un tribunal a revertir el fallo. Debería estar claro que el Ejecutivo tiene derecho a presentar recurso de revisión y eso es lo que está haciendo, como también lo han hecho las cámaras del Congreso. En conclusión, el presidente de la República no puede más que lo fijado en la ley.

Las oposiciones operan con la información política que estaba vigente antes, basada en la supremacía del presidente, la consigna presidencial, el acoso, el uso indebido del poder político, la corrupción y la hipocresía. Pero ya no son aquellos tiempos.

Partida secreta: sello del Estado corrupto

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El concepto de partida secreta fue incorporado en la Constitución por Venustiano Carranza en su proyecto de reformas de 1916. Lo que buscaba el Encargado del Poder Ejecutivo era que esos gastos fueran aprobados por la Cámara de Diputados, ejercidos por los secretarios de Estado con la firma del Presidente de la República y justificados posteriormente.

Poco después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, los presidentes empezaron a ejercer directamente esas partidas como un renglón de gasto político y personal absolutamente discrecional. Con el tiempo desaparecieron misteriosamente del Presupuesto de Egresos. Fueron sustituidas por una partida del señor presidente sin justificación contable, lo que se hacía en forma por completo ilegal pero normal.

En 1985 la partida secreta fue otra vez presupuestada con ese nombre. La llamada renovación moral de la sociedad, eslogan de la campaña priista, quería que la partida del señor presidente fuera explícita, aunque seguía siendo secreta y nunca se justificó. En 1982, la partida secreta ascendió a 56 millones de dólares. En 1994 llegó a 188 millones de dólares. (Cfr. Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Ed. Grijalbo, 1996. México).

Miguel de la Madrid dijo una vez en una entrevista con Carmen Aristegui que Carlos Salinas se había robado la partida secreta. Ni dudarlo. Pero esa era la menor cantidad entre los gastos discrecionales que llegaron en 1994 a 2 mil 417 millones de dólares (Ibid).

La partida secreta es un sello del Estado corrupto, aunque en forma alguna hubiera sido alguna vez el resumidero de la corrupción. Era sencillamente la caja chica del presidente.

Existe un proceso judicial vinculado a la partida secreta. Raúl Salinas apareció en cierta ocasión como quien había cobrado directamente dineros procedentes de esa partida que administraba su hermano, entonces presidente. Un juez llegó a la conclusión de que ese dinero no requería justificación porque provenía de la partida secreta que, como tal, seguía siéndolo aun después de ejercida. Todo mundo sabe que esto es falso, pues la Carta Magna dice que todos los gastos deben ser justificados y no hace excepción de los de carácter secreto. Ningún precepto legal podría interpretarse como permiso para robar. Pero ya sabemos como se las gastan algunos sedicentes impartidores de justicia.

Prohibir las partidas secretas del texto de la Constitución, proyecto aprobado hace dos años en la Cámara de Diputados y ahora convalidado por el Senado, quien lo ha enviado a las legislaturas locales, es una forma de eliminar ese sello del Estado corrupto mexicano, pero no únicamente. Es preciso garantizar que ningún presidente o presidenta pueda en el futuro hacer uso de ese privilegio en el que se convirtieron los gastos secretos, no solo de la partida del mismo apellido, sino de cualquier otro concepto de gasto.

Así que no se trata solamente de ajustar unas cuentas con el pasado de presidencialismo despótico y corrupto, sino también de declarar que se precisan continuos actos políticos tendientes a la más completa defenestración de ese ignominioso sistema.

El viejo Estado de corrupción no se supera con una modificación del texto constitucional para prohibir los gastos secretos, pero todo cuenta.

Gobernantes impunes

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En Francia se ha sentenciado a una persona que fue presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Es el segundo mandatario nacional que recibe una sanción penal en ese país, el anterior fue Jacques Chirac, quien no fue a la cárcel por motivos de edad y salud.

El hecho de que los delitos acreditados no eran demasiado trascendentes aumenta nuestra admiración por Francia porque se proclama que, no por poca la monta o el daño, se debiera soslayar el abuso de un poderoso. En México, hemos tenido presidentes delincuentes y algunos hasta terroristas, torturadores, asesinos.

Las denuncias contra los presidentes mexicanos probablemente eran en su mayoría simples afirmaciones presentadas ante los fiscales, pero hay algunas hechas públicas que debieron al menos ser investigadas a fondo y resueltas conforme a derecho.

Lo que hizo el poder judicial con Luis Echeverría no tiene nombre. Primero se dictó un auto de prisión, la cual se llevó a cabo en su domicilio por la edad y supuestas enfermedades. Luego, se declaró que los delitos habían prescrito. Así, un mandatario represor se queda tranquilo con el simple pasar del tiempo aun cuando durante años no se le abrió proceso justamente porque era poderoso y aun cuando la clase de delitos que ese señor cometió ya ni siquiera prescriben en el mundo.

El primer responsable del Pemexgate (mil millones de Petróleos Mexicanos entregados al PRI en el año 2000) fue en realidad quien dio la orden, es decir, el presidente de la República. Esto no exime a los demás, pero tampoco oculta al jefe. Otro presidente, el siguiente, decidió que el asunto debía resolverse en definitiva con la declaración de que no había daño patrimonial a Pemex porque el sindicato se comprometió a pagar en abonos el desfalco con dinero que, por otro lado, le daría la empresa, por decisión personal del nuevo presidente, Vicente Fox, quien ordenó hacer toda la maniobra al entonces director de la paraestatal. Nadie fue a la cárcel y mucho menos Ernesto Zedillo, como tampoco el candidato priista que había enviado su propio automóvil blindado a recoger los billetes. Nadie fue procesado. Todo quedó en una multa de mil millones, a cargo del PRI, impuesta por el IFE.

La investigación a Vicente Fox por el escándalo de Amigos del mismo apellido culminó en una decisión de no ejercicio de la acción penal tomada por el procurador y la fiscal que él mismo había nombrado. La motivación de esa torcedura fue que el delito electoral del que se le acusaba consistía en el manejo de recursos de procedencia ilícita, pero los nuevos amigos de Fox que eran ahora Ministerio Público, le agregaron la palabra “penal”, cuando el Código no lo menciona así. El dinero que manejó Fox tenía procedencia “ilícita electoral”, por lo que era un delito, tal como fue confirmado por el órgano administrativo (IFE) y el judicial (TEPJF). Todo quedó en una multa de más de 300 millones, pero a cargo del PAN. Fox y sus amigos no fueron procesados.

Hay muchas otras denuncias de hechos verdaderos contra presidentes que están en el limbo de la impunidad. Si todas aquellas enderezadas contra Calderón por concesiones ilegales y contratos con daño patrimonial contra el Estado hubieran sido analizadas, este personaje de la vida política de México quedaría a deber años de prisión. Algo igual podría decirse de ese otro personaje de reciente desaparición que lleva por nombre Enrique Peña Nieto.

No podemos hablar de Carlos Salinas porque este es el mayor impulsor del Estado corrupto desde Miguel Alemán. Así que mejor ahorramos tinta y sólo nos lamentamos del infortunio mexicano. De Díaz Ordaz, punto y aparte.

El Ministerio Público y los tribunales fueron incorporados con bastante rapidez y facilidad al sistema corrupto mexicano. Como integrantes del aparato estatal, esas instituciones se convirtieron en instrumentos esenciales. El primer paso fue que nadie podía levantar un acta en contra del presidente. Después, ni siquiera una línea crítica. Luego, tampoco la menor insinuación.

Cuando empezó a ser posible presentar denuncias contra el presidente en turno, jamás se abría la averiguación. Al cabo de varios años y muchas promesas de cambio, ya se “iniciaban” las “investigaciones” que invariablemente quedaban en la nada de la nada, como era lo prudente, necesario y comedido. Al menos tenemos un archivo voluminoso, material para historiadores, pero nunca para jueces. Así ha sido México.

Terminar con esa oprobiosa y vergonzosa realidad de impunidad es mayor tarea política. Pero no se trata sólo de los presidentes sino de muchos otros poderosos que actuaban con la certeza de que su “patriotismo y su amor por México” justificaban sus actos ilegales.

Tiene mucho de cierto el que la impunidad fue el certificado de autenticidad y normalidad de la represión, el crimen de Estado y la corrupción. Los conservadores, en el sentido literal del término, saben de qué se está hablando. Nadie quiere que México sea como Francia sino conquistar una nueva época mexicana.