Democracia defenestrada

Siete periodistas polemizaron el miércoles pasado con Andrés Manuel López Obrador en Milenio Tv. Lo más destacado no fue que el candidato haya sido acusado de creerse infalible y cosas por el estilo, lo cual es cantaleta de varios de esos profesionales del periodismo. Hubo también oportunidad de tocar el tema de la democracia.

Varios expresaron sus miedos a una posible presidencia (de AMLO) de carácter autoritario y de espaldas al Congreso. La acusación fue difusa pero luego adquirió concreción en el tema de la consulta popular propuesta como método político por Andrés Manuel.

Carlos Marín sacó a relucir uno de sus recurrentes argumentos: las “equivocaciones de los pueblos”, tal como la “pavorosa” elección alemana que llevó a Hitler al poder, sin decir, claro, que los nazis no habían alcanzado entonces la mayoría absoluta pero pudieron formar gobierno ante la absurda división de los demás partidos. AMLO afirmó que los ciudadanos se equivocan menos que los políticos. El pueblo, dijo, tiene un instinto certero, es sabio. “Yo discrepo de ti en esto”, le respondió el candidato al director de Milenio con cierto comedimiento, y agregó: “en democracia es el pueblo el que manda, el que decide”.

Como es entendible, el columnista y director salió en defensa de esa institución tan despreciada por él mismo, el parlamento. “Hay una representación en el Congreso”, insistió para ladearse claramente a favor del método de las decisiones indirectas. “Son dos tipos de democracia”, agregó, como si fuera un paciente profesor, el tres veces candidato a presidente de la República: “una, representativa, que es la del Congreso”; y “existe también (debe existir, se corrigió) la participativa”. Para aclarar mejor su argumento, AMLO agregó: “no es que la democracia termina y se agota en una elección constitucional”.

Como no era lugar para repetir las conocidas groserías e insultos que suele escribir el director de Milenio en sus consuetudinarias columnas, tuvo que entrar al quite Jesús Silva-Herzog, un poco más instruido, para argumentar a favor del método de tomar las decisiones en el Congreso: “la consulta popular tiene un mecanismo que es una disyuntiva entre sí y no”; el Congreso es un espacio donde podemos decir sí a esto, no a esto otro; la consulta es una manera de plantear la política binaria”. López Obrador le respondió que lo mejor es el debate y la información para que se manifiesten quienes están a favor y están en contra, lo que “no ha existido en el país”.

Ya antes, Andrés Manuel había aclarado que son tres momentos para los grandes temas: informar y debatir; consulta ciudadana; y modificación de leyes en el Congreso.

Silva-Herzog fue al contraataque, aunque ya menguado: “sí hay –dijo– una diferencia muy importante entre plantear una reforma constitucional en el Congreso, donde está la representación de la diversidad, y plantear el cambio, echar para atrás reformas estructurales a través de una consulta popular directa”. ¿Fuera del Congreso no hay diversidad? ¿Lo que se hizo en el Congreso no se puede deshacer en el referéndum popular? Este suele ser un el método democrático para corregir al parlamento en las llamadas “democracias avanzadas”. ¿Ni a ese nivel podemos llegar?

Mientras sus interlocutores cuestionaban la democracia participativa y, en especial, las consultas populares, quizá López Obrador estaba recordando que la reforma energética fue impugnada, se colmó el requisito de firmas que exige la Constitución y se demostró la trascendencia del decreto legislativo cuya derogación se pretendía. Sin embargo, la Suprema Corte le salió al país con la increíble versión de que no puede haber consulta popular cuando su posible resultado genere un gasto al Estado. Eso no dice la Carta Magna, la cual sólo se refiere a temas de presupuesto, leyes fiscales y financiamiento como lo que no se debe votar por parte de la ciudadanía directamente. La mayoría de los ministros y ministras, con la sola excepción de Cossío, se hincaron frente al poder presidencial y cancelaron un derecho del pueblo a pesar de que ya se encuentra en la Constitución. Así opera el sistema.

Quizá también López Obrador y algunos de quienes escuchaban la entrevista (¿comparecencia?) estaban pensando que la ausencia de un Estado de derecho es precisamente una de las perversiones antidemocráticas que es preciso combatir, pero no sólo desde abajo sino también desde arriba, desde la Presidencia de la República y el Congreso, para tratar de abrir otros caminos.

Al final, esos periodistas conservadores, enemigos de las consultas populares, acusaron a AMLO de conservador. Así es México, por el momento.

No habrá ley de propaganda

 

Como se sabe, la Suprema Corte le ha dado al Congreso un plazo que vence el próximo 30 de abril para expedir la ley de propaganda institucional. El Poder Legislativo tenía originalmente un plazo de 30 días a partir del 14 de noviembre de 2007, cuando entró en vigencia la reforma constitucional. Se ha demorado más de diez años.

Es evidente que los gobernantes y los grandes medios de comunicación del país han presionado para que no exista esa legislación porque podría afectar el mercado publicitario entre los que pagan con dinero del erario y los que venden tiempos y espacios.

Ante la intervención de la Suprema Corte, Enrique Peña Nieto ha decidido enviar a la Cámara de Diputados un proyecto, presentado como iniciativa del PRI y elaborado en la Secretaría de Gobernación. Pero –agárrese lector— la nueva ley entraría en vigor el 1º de enero de 2019. Se le quiere jugar el dedo en la boca a la mismísima Suprema Corte de Justicia mediante una nueva demora hasta el próximo año.

Mas no creamos que esto es lo peor. El contenido del proyecto de Peña Nieto no es para reglamentar el artículo 134 de la Constitución, en sus párrafos 7º y 8º, sino que, no obstante que la Constitución dice que con recursos públicos no se debe influir en “la equidad de la competencia entre los partidos”, el flamante proyecto presidencial le cambia y señala que tal competencia se limita a las campañas electorales, en las que, por lo demás, está prohibida la propaganda oficial. De esa forma, durante el tiempo restante, el gobierno podría influir en la lucha entre los partidos, la cual es permanente, según la Constitución y la llamada teoría política de la democracia.

El proyecto oficial de nueva ley, denominada de “comunicación social”, sólo es un compendio de reglas ya existentes, tanto a nivel de leyes como de reglamentos y del Presupuesto de Egresos. Se pretende dejar las cosas como están.

Ni siquiera se prohíbe lo subrayadamente prohibido en la Carta Magna: la gacetilla personalizada de servidores públicos, publicada subrepticiamente en forma de noticia pagada con recursos públicos. Decía Miguel Ángel Osorio Chong que él no podía hacer nada contra eso. Así fue. Mas, por lo visto, el nuevo secretario de Gobernación no sólo es incapaz de combatir la gacetilla sino que busca legalizarla por la vía de la omisión: el gobierno de Peña se “supera” a sí mismo.

En ese proyecto, las sanciones resultan ser una tomadura de pelo, a despecho de lo señalado en el párrafo noveno del mismo artículo 134 constitucional. No hay multas, mucho menos delitos, aplicables a servidores públicos que violen una ley que de por sí es inocua y se dirige sólo a dejar bien claro que la Secretaría de Gobernación es la organizadora de la propaganda gubernamental. En el tema de sanciones contra servidores públicos, todo es igual que como está hecha la ley electoral: “dar vista al superior jerárquico”, forma de dotar de impunidad a la transgresión de la norma.

No se establece tampoco en este proyecto el acceso a la justicia de la ciudadanía para que se protejan sus derechos de información, la cual, por lo visto, podría seguir siendo inconstitucional, personalizada, gacetillera, engañosa, mentirosa, onerosa y todo lo demás que ya conocemos. Se desea que la ciudadanía siga careciendo de medios para hacer respetar la Carta Magna y la legalidad. Por eso, el priismo no quiere admitir la queja por vía judicial, como está propuesta desde la primera iniciativa que se presentó.

Esto parece indicar que Peña Nieto no está buscando en verdad que el Congreso apruebe el proyecto priista y mucho menos los anteriores, el el primero de los cuales yo mismo lo presenté en el Senado el 7 de febrero de 2012, hace 6 años.

Lo que quizá se piensa en la Presidencia es algo muy simple y cínico: si no se admitiera el proyecto oficial, la Cámara no podría completar una mayoría para otro texto, con lo cual se declararía el acatamiento de la orden de la Suprema Corte aunque nada se hubiera expedido. Donde no hay mayoría, no hay ley, principio legislativo elemental que, sin embargo, sería ahora, como en otras ocasiones, enteramente manipulado. Creo que no habrá negociaciones serias en el Congreso.

Peña Nieto obra como un político a quien se le detuvo el reloj y supone que vive en tiempos de Ruiz Cortines. Así como declara en un acto oficial que él tiene un candidato, también supone que ese candidato suyo, José Antonio Meade, va a ser Presidente de la República, pero eso, a toda evidencia conocida, no ocurrirá. Mas ese proyecto de ley convida al candidato priista al festín del oprobio de proponer una legislación que ofende a la Constitución y con la cual se pretende engañar a la ciudadanía, no sólo a la Suprema Corte. Una vez más, Peña se está llevando entre las patas a su propio y querido candidato.

De cualquier forma, no parece que el proyecto de marras tenga algún viso de honradez intelectual de parte de quien ordenó su redacción, sino que es el intento de un engaño. Claro está que si el PAN y el PRD lo admiten con leves modificaciones, el hecho relevante ya iría por cuenta de esa coalición de mercaderes de la política.

No está a la vista una ley de propaganda institucional con apego a los mandatos constitucionales. Lo que se advierte es el deseo de que México siga siendo un país sin ley, ya sea porque la norma se incumple o porque el sistema Legislativo-Ejecutivo de formación de las leyes no vale ni el dinero que se gasta. O, por ambos escandalosos y perniciosos fenómenos, motivos, entre muchos más, del impostergable cambio político.

Lucha política y justicia

 

Que el candidato ubicado en tercer lugar forme parte de un complot para desbancar al que va en segundo sitio, sin duda es comprensible. El problema reside en los métodos aplicados. En México se vale usar el aparato de justicia para combatir a los adversarios más odiados o más estorbosos, aunque esa conducta siempre haya sido ilegal. Sin embargo, aquí, como en cualquier otra parte, esa es una forma infame y condenable de actuación.

Lo que resulta del todo impráctico es que el aspirante priista, José Antonio Meade, diga que es preciso separar la procuración de justicia del poder político. ¿Por qué lo dice? Parece una ironía, pues no podría considerarse una crítica de la manipulación que ha hecho Enrique Peña de la PGR, la cual siempre ha sido defendida por el priismo. Además, ¿para qué proponer a estas alturas una reforma declarativa que ya ha sido introducida en la Carta Magna?

El episodio del fiscal carnal, cuando Peña quiso dejar a uno de sus amigos en la próxima Fiscalía General de la República, está aún fresco en el registro político nacional. Como consecuencia, el país no tiene procurador ni fiscal anticorrupción. La procuración de justicia se encuentra en un desastre mayor que antes de la reciente reforma de la Carta Magna para otorgarle expresa independencia orgánica.

José Antonio Meade ha hecho su pronunciamiento, de por sí desfasado, precisamente en el momento en que el gobierno está usando como ariete propagandista –quizá también penal—a la Procuraduría, aprovechando el pueril error cometido por el abanderado del PAN de ir a decirse inocente, sin que nadie lo citara, a aquella guarida del poder político que es la PGR.

Si el gobierno busca en verdad que su candidato avance al segundo lugar debería hacerse a un lado de la lucha electoral, dejarlo solo, porque con su injerencia lo único que logra es despojarlo más aún de credibilidad. Esto tendría que incluir lo más difícil: cancelar el flujo de dinero hacia el PRI para la compra de votos. Sin embargo, es de suponerse que lo dicho por Enrique Peña sobre este tema sólo abarca los dimes y los diretes, pero no los recursos para la coacción y compra de los tan necesarios sufragios. El PRI no funciona sin mucho dinero. Meade no es excepcional, se sabe, pues ya fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual opera como central del clientelismo electoral ilícito.

Quien se ha tirado al piso al ser acosado por la PGR es el aspirante panista, Ricardo Anaya. Sin embargo, de pronto, él olvidó que en 2005 su propio partido, en alianza con el PRI (PRIAN, se dice), organizó desde Los Pinos, Gobernación y la PGR el desafuero de López Obrador, con el propósito de someter a éste a proceso penal e inhabilitarlo como candidato. Que Vicente Fox, los suyos y sus ansiosos aliados hubieran tenido que echarse atrás, sólo fue producto de la afortunada combinación de tres elementos: una movilización popular de protesta como no se había visto, la decisión de AMLO de no exhibir fianza e ir a la cárcel y el sencillo acuerdo de un juez para regresar el defectuoso expediente a la PGR. El PAN usó con fines políticos a la Procuraduría, tal como lo había hecho el PRI y, antes de éste, los generales cuando gobernaban el país.

En el cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, no sólo hay que condenar la violencia sangrienta sino también aquella que consiste en el uso del aparato de justicia para encarcelar a los críticos y opositores del régimen. Antes y después de ese año, muchos movimientos (telegrafistas, telefonistas, maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos, universitarios, entre otros) fueron perseguidos con el uso de la PGR. Bajo instrucciones presidenciales verbales, se emitían órdenes para encarcelar, las cuales a menudo se cumplían. El PAN nunca protestó porque no se le aplicaba esa perversa utilización de la justicia. Las cosas han cambiado pero sólo en su grado mas no en su sistema.

No obstante que la Constitución ya define expresamente a la procuración de justicia como un órgano público autónomo (ya lo era aunque sólo en la norma), es preciso hacer otras reformas, en especial, romper el punto nodal de la trama con un Presidente de la República que respete la independencia del Ministerio Público y obligue por vías políticas a los 32 gobernadores a hacer lo mismo. De otra manera no habrá muchos avances.

Esto se puede entender mejor si se analiza la génesis del problema. Desde 1917, cuando el Ministerio Público fue elevado de rango, la entonces nueva PGR no formó parte integrante de la Administración Pública, según el artículo 90 de la Constitución, sino que era formalmente una entidad independiente. Sin embargo, el problema mayor de la reforma propuesta por Venustiano Carranza y aprobada por el Constituyente de Querétaro fue que se confirió al Presidente de la República la facultad de designar y remover libremente al procurador. Al abolirse la Secretaría de Justicia en aquel mismo Constituyente, el renovado impulso presidencialista condujo a dejar las cosas en mal estado porque surgió un Ministerio Público con enorme poder, pues en lo sucesivo los jueces ya no pudieron hacer investigaciones, las cuales se reservaron al vigoroso procurador, puesto y depuesto por el Señor Presidente. Si a esto agregamos la existencia de jueces de consigna, tal como siguen abundando, el país se metió, al respecto, en una peor situación. El Estado de Derecho se convirtió en una referencia más que en una realidad y se cocinó un inmenso caldo de cultivo de la corrupción. Así hemos seguido durante 100 años. Es mucho.

¿Hasta cuándo?

La corrupción y su «caja negra»

 

Durante los cinco años del presente sexenio, Enrique Peña Nieto ha ejercido de manera discrecional un millón de millones de pesos (más de 50 000 mdd) a través del ramo 23 del Presupuesto de Egresos, con la sucesiva ayuda de Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

Ese ramo ha sido el gran instrumento político de los presidentes desde que fue creado, con otro número y nombre, en 1947, por decisión de Miguel Alemán. Desde entonces, el decreto legislativo de egresos no es constitucional en su totalidad sino que opera una regla no escrita consistente en el gasto discrecional, el cual se encuentra prohibido. En esa gran bolsa se alojan también la mayor parte de los recursos no presupuestados. Sólo el jefe del Ejecutivo puede administrar la «caja negra» (ver, Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente. Caja negra del presupuesto nacional. Ed. Grijalbo, 1996).

El ramo 23 (Previsiones salariales y económicas) es el resumidero desde donde se canalizan ingentes cantidades que dan consistencia al sistema de corrupción imperante en el país. Por ejemplo, desde ahí se giraron los recursos a Sedesol para la “estafa maestra”, de la cual no ha dado cuenta José Antonio Meade, ya fuera como titular de Desarrollo Social o como secretario de Hacienda: todo el dinero pasó por ambas dependencias y no se sabe de cierto dónde está, según reporta la Auditoría Superior de la Federación, a la que, por cierto, nadie en el gobierno le hace el menor caso.

El sistema político mexicano no se modificó durante los doce años de sucesivas presidencias del PAN porque no se produjo cambio alguno que suprimiera el uso discrecional de grandes fondos. Eso lo sabe muy bien Meade quien también fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón.

Desde 1947 el porcentaje promedio de las disposiciones presidenciales ha sido del 15% sobre el gasto gubernamental autorizado por la Cámara de Diputados. Se ha dicho que se trata de “gasto programable” como lo indica la ley, pero en realidad no es programado sino que durante el ejercicio se van tomando decisiones sobre su utilización efectiva.

El sistema de gastos discrecionales ha sufrido ciertas modificaciones. Algunos diputados, por sí o por encargo de sus respectivos gobernadores, presionan para elevar el monto del Ramo 23. La ampliación de la «caja negra» tiene como propósito dejar puestas grandes sumas para propósitos no programables y que no pueden ser explicados. La condición es negociar con el Ejecutivo esas asignaciones, antes de la aprobación del presupuesto, para dejarlas pendientes pero comprometidas. Enrique Peña, por su lado, ha aprovechado esta situación para hacer repartos poco equitativos entre las entidades federativas, así como dejar de ejercer algunos gastos. Traiciones entre socios. Mal reparto del botín que ha generado algunos resonantes pleitos.

La fuerza del Ejecutivo no depende de su liderazgo, de sus convocatorias y propuestas, sino de la cantidad de dinero que él pueda repartir. El Estado corrupto funciona amarrado al Presidente de la República, lo cual se reproduce en cada entidad federativa con los gobernadores y el jefe de gobierno de la CDMX.

La lucha contra la corrupción no depende de un demagógico “sistema nacional”. Es absurdo que los usufructuarios de la corrupción deban ser quienes acaben con la misma. Es imposible monitorear cotidianamente a miles de servidores públicos. Lo que es preciso llevar a cabo es organizar con precisión presupuestal el gasto, para ser ejercido y fiscalizado sin permitir que existan recursos “sueltos”, discrecionales.

México está en el número 135 de la lista inversa de países donde más se percibe la corrupción. Si la administración central del presupuesto es discrecional entonces las prácticas corruptas penetran en los poros de la sociedad. Todo sistema corrupto reparte dinero, bienes, posiciones y, por tanto, siembra ambiciones.

El secreto de que el empresariado en su conjunto sea débil y titubeante en cuanto a la denuncia y la lucha contra la corrupción, se debe a que en los Estados corruptos el poder del dinero se robustece porque todo se puede comprar, incluyendo la elusión fiscal. Aún más, la existencia en México de una oligarquía, a la que AMLO llama “la mafia del poder”, tiene entre sus bases funcionales precisamente un sistema de corrupción con el que se hacen derramas, aunque a los más ricos y a los políticos poderosos les toca la mayor parte.

La corrupción en México ha funcionado como acumulación capitalista originaria, pues ha sido fuente de inmensas fortunas que tienen forma de bancos, fábricas, empresas de servicios, comercios, etc.

Se podría decir que los mexicanos y mexicanas sabemos, al llegar a cierta edad, que nuestras instituciones son corruptas. Algunos podrían decir que eso es generalizar demasiado, pero no, sólo es una referencia de la profundidad inconmensurable de la corrupción mexicana.

Frente a este panorama, hay dos grandes opciones: seguir creyendo que la corrupción sólo es producto de “gente mala” o entrar de lleno a la destrucción institucional del Estado corrupto. Podría haber soluciones intermedias pero, de seguro, sin buenos resultados.

Antes que persecución, hay que reformar la administración pública del país. Así de grande es el reto. No tendría mucho sentido dedicarse desde el gobierno a buscar a los corruptos (lo cual tendría que hacerse en alguna medida), si no se modifica la manera de administrar cada peso de los presupuestos y de los ingresos no previstos o excedentes.

No se crea que las leyes deberían cambiar demasiado. Bastaría con algunas reformas. Lo que se debe lograr es lo que existe en muchos países: la autorización del gasto es estricta, así como su comprobación. En otras palabras, no se puede usar dinero para lo que no está destinado por decreto, ni se debe permitir que se administre en forma irregular. Aquí no habría “cero tolerancia” sino elemental y sencilla función pública, una nueva normalidad.

Al tiempo que sea modificada la forma de administración y rendición de cuentas, se tendría que cambiar también el sistema de gestión, con el propósito de eliminar las mordidas a lo ancho y largo de la administración pública.

Cualquiera diría que el que esto escribe ha perdido la razón. Pues sí. Hay que perder la razón del sistema político mexicano, la de gobernar con manejos discrecionales de fondos públicos y raterías como método de gestión.

Este año tenemos una oportunidad. No la dejemos pasar.

Desmadre electoral

 

Las campañas electorales no han iniciado aún y ya tenemos un desmadre. Se afirma que es contrario a la libertad el que no se puedan realizar debates en los medios durante la “intercampaña”. Que es demasiado el tiempo destinado a mensajes electorales en los medios electrónicos. Que los programas sociales de la actual administración están en riesgo si no gana el PRI. Que se vale hacer fraude a la ley con la propaganda del gobierno. Que no se van a abrir al mismo tiempo las tres urnas de la elección federal antes de empezar los cómputos porque no hay seguridad en las casillas y que, debido a eso, se dice, está en riesgo la estabilidad de México.

  1. Las campañas electorales empiezan legalmente el 30 de marzo. Antes, no debe haberlas, lo cual abarca los debates radiodifundidos. Así es en casi todo el mundo. Además, a los debates que se organicen deben ser convocados los diversos candidatos, pero en este momento formalmente no los hay; habría que esperar que la autoridad los registre. Así es la ley, por lo pronto.

López Dóriga se negó a hacer entrevistas de candidatos hace tres años porque, dijo, todos los partidos eran detestables, etc. Ahora, en búsqueda de rating y, en consecuencia, de mayores ventas, quiere organizar debates además de las entrevistas que le aplica a los políticos. No es cuestión de libertad sino de dinero.

  1. En periodo de comicios, el tiempo de radio y Tv destinado a partidos y autoridades electorales no es más que aquel que corresponde durante todo el año al Estado. ¿Por qué se critica el número de anuncios en tiempos oficiales asignados a los partidos? Porque está prohibido comprar tiempo comercial. La crítica de los espots electorales, otra vez encabezada por López Dóriga, es una cuestión de negocios. Lo que debería hacerse es acumular los mensajes de diez segundos en emisiones de dos minutos para que los candidatos pudieran decir algo, pero a eso se oponen radicalmente los concesionarios.
  2. El eslogan “Para que lo bueno pueda seguir contando”, utilizado por Peña Nieto para difundir los actos relevantes de su gobierno, es un fraude a la ley porque es una referencia electoral a favor de su candidato, José Antonio Meade.

Además, el gobierno federal está gastando millonadas en esos mensajes y en otros, tipo gacetilla (anuncios encubiertos), sobre el mismo tema de sus “logros”.

Las autoridades electorales, por su cuenta, hacen lo de siempre. Mejor dicho no hacen nada.

A partir del 31 de marzo el gobierno no podrá hacer propaganda, según la ley. Luego, la gacetilla será el único medio de publicidad gubernamental, pero el INE tampoco va a hacer algo porque la mayoría de sus integrantes considera que esa práctica siempre es legal, aun en periodos electorales, no obstante que la legislación dice otra cosa.

  1. Abrir las tres urnas antes de iniciar los cómputos, con el fin de localizar las boletas depositadas por error en otra urna, tenía el propósito de adelantar el llenado del acta de la elección presidencial con el fin de hacer con mayor facilidad un “conteo rápido” por parte del INE.

Transmitir en directo desde la casilla el resultado de la votación es un viejo anhelo ante el desinterés del INE por mejorar su programa de resultados preliminares (PREP). Lo que a esa autoridad le importa es anunciar un nombre a las 11 de la noche pero, como no tiene datos, recurre a una encuesta de resultados, llamada “conteo rápido”: se diseña una pequeña muestra (representativa) de casillas y se programa la captura de esos datos para introducirlos a la computadora. De esa manera se da la impresión de que el IFE ha cumplido con su deber.

El Tribunal le ha echado abajo al INE un apresuramiento del dato de la elección presidencial, pero se mantiene la transmisión del resultado desde las casillas donde haya señal de telefonía celular. Ahora habrá que esperar a que estén llenadas las tres actas de resultados (presidente, senadores, diputados). Sin embargo, el INE hará su encuesta mediante la captura y transmisión del cuadernillo donde han de constar los datos de la elección de Presidente, dejando para otro momento el dato oficial destinado al PREP que es el que consta en el acta de escrutinio y cómputo.

En el mundo, las autoridades electorales no suelen hacer encuestas sino que brindan resultados sólidos. El problema es que el INE nunca había querido crear un sistema de dato inmediato. Y ahora que, para hacer su encuesta más rápidamente, admitió la transmisión del resultado desde la casilla, el Tribunal lo ha contradicho, aunque de seguro no estará en riesgo la estabilidad económica de México, como han dicho algunos dramáticos consejeros electorales.

  1. A todo lo anterior habría que agregar los escándalos por malos manejos de fondos privados y públicos.

Las triangulaciones se hacen para evitar que se sepa quién se quedó con el dinero. Lo mismo en operaciones de especulación inmobiliaria o financiera que en desvíos de fondos públicos. Es por demás lógico que los operadores no tengan el dinero a su nombre, por lo cual recibirlos en la PGR con copias de sus estados de cuenta es de por sí un juego muy sucio porque esos documentos no concluyen absolutamente nada.

Las preguntas son qué se hicieron los dineros. Ricardo Anaya y Rosario Robles deberían ser investigados con seriedad, mas si no lo son ahora, podrían serlo después, cuando haya condiciones políticas propicias. Por el momento, todo es un show.

Quien la tiene más difícil es José Antonio Meade porque, habiéndose perdido los fondos, según la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron que ir a algún lugar. Eso es lo que nos debió explicar quien recibió, de manos de Robles, la Secretaría de la Desarrollo Social: el mismo Meade. O, acaso, él no quiso darse cuenta de nada. ¿Por qué hasta ahora dice el mismo Meade que es preciso actuar en consecuencia con los señalamientos de la Auditoría, si entonces ésa era una de sus obligaciones?

Este desmadre apenas está empezando, por lo visto.

Gordillo: uso despótico y grotesco de la justicia

 

Elba Ester Gordillo pudo haber sido acusada mucho antes, junto con otros líderes magisteriales y de otros gremios. En el sindicalismo venal se cometen delitos como parte de la función de liderazgo y, al mismo tiempo, para el enriquecimiento personal. Desde hace varias décadas era muy conocida la forma y nivel de vida de la lideresa magisterial. Sin embargo, la impunidad siempre fue uno de los instrumentos con que funcionaba el sistema de ilegalidades en el sindicalismo oficial y así siguió siendo bajo los gobiernos del PAN. Al respecto, esa fue una transición a lo mismo.

El uso instrumental de la justicia por parte del poder político es una cara de la corrupción. Mas no se trata sólo de la persecución de los enemigos del régimen, sino también de algunos pocos de los viejos amigos, los caídos en desgracia, los disidentes, los indisciplinados. Es evidente que hay una abismal diferencia, por ejemplo, entre Valentín Campa, encarcelado durante 10 años por participar en una huelga de obreros ferrocarrileros, hombre de inmensa honorabilidad y honradez, que el proceso penal contra Joaquín Hernández Galicia, La Quina, un líder petrolero prototípico de la corrupción de la empresa pública mexicana y del sindicalismo venal, por haberle jugado las contras a Carlos Salinas.

Por lo regular los caídos en desgracia del presidente de la República son acusados de delitos que no cometieron, ya que los que sí cometieron suelen estar vinculados con sistemas de funcionamiento gubernamental e implicar a otros muchos personajes.

A Gordillo le acusan de lavar dinero pero no se persigue a quien se lo dio. Ella no era la única que tomaba recursos del sindicato. Además, como se sabe, tan luego como fue encarcelada nombró como sucesor a Juan Díaz, su segundo de abordo, ahora disciplinado al presidente de la República y al secretario de Educación: medio infalible de librar la cárcel.

Los sucesos relacionados con Elba Esther Gordillo se han proyectado hasta una decisión judicial, solicitada por la PGR, para impedirle comunicaciones y regular sus visitas personales, todo ello orquestado por la Presidencia de la República. Al respecto, el país está como en tiempos de Díaz Ordaz.

En las cárceles se prohíbe el uso de celulares y computadoras como medida de seguridad pero no como forma de restringir la comunicación de los internos ni su libertad de difundir ideas. Esa prohibición no va dirigida contra algún reo sino que es una norma de aplicación general. En casi todas las prisiones mexicanas, actualmente, existen teléfonos públicos, aunque haya horarios y filas. (Cuando estuve en Lecumberri (1968-1971) nunca pude hacer una llamada ni recibirla).

La prisión domiciliaria tampoco requiere bloquear las relaciones del procesado o condenado con otras personas. Se puede colocar al reo un brazalete para evitar que abandone su domicilio, ya que lo único que debe ser garantizado es que siga privado de su libertad de movilidad, pero la ley no autoriza impedir comunicaciones que puedan “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”. Eso no existe, es un inventado concepto enteramente despótico. Recuerda aquel delito de disolución social que fue derogado después de 1968.

El argumento de la PGR, admitido luego por un juzgador típicamente de consigna, es que la procesada, Elba Ester Gordillo, fue dirigente de un sindicato, tiene muchas relaciones y recibe personas sin que el Ministerio Público conozca para qué fines. Pero sus visitas y sus llamadas también existían cuando estaba recluida en un hospital. Es hasta ahora que el actual líder del SNTE ha pedido auxilio y se le ha dado de inmediato.

Por desgracia, el asunto tiene también otro ángulo. El presidente Enrique Peña Nieto se ha ubicado en un bajísimo escalón como jefe de Estado. Sostiene que eso que jefatura, el Estado, está en peligro debido a las visitas que recibe en su casa Elba Esther Gordillo, sus llamadas telefónicas, sus recados de internet. Ha usado su poder fáctico para hacer algo grotesco. Ella no está al frente de ningún movimiento social o político que pudiera provocar un levantamiento armado u otros hechos contrarios a la seguridad del Estado, ni su proceso es por rebelión, sedición, motín o conspiración sino por lavar dinero. ¿Elba Esther Gordillo es un peligro para alguien?

Como Gordillo es indefendible por parte de sus tradicionales adversarios políticos y mucho más por sus viejos amigos que ahora son sus enemigos disciplinados o miedosos, Peña Nieto se ha sentido con el espacio suficiente para hacer algo grotesco. El problema, sin embargo, consiste en que el país sufre cuando se efectúa una represalia política presidencial en desapego de la legalidad.

Esto se llama uso despótico y grotesco de la justicia como instrumento del poder político.

Relato precoz de una sucesión fracasada

 

La idea de postular un candidato independiente, un simple ciudadano, sólo podía desprenderse de las evidencias demoscópicas que reportaban la imposibilidad de que el PRI ganara la elección presidencial de 2018. El malestar social se dirigía concretamente hacia el gobierno priista, por más que tiempo después tuviera que ser calificado de “irracional”. La sucesión tenía que realizarse de una forma por completo heterodoxa.

La idea original de postular a Aurelio Nuño, para lo cual se le había llevado al gabinete, seguía siendo atractiva en Los Pinos pero sólo porque era la persona de mayor confianza del presidente. La propuesta de Luis Videgaray estaba más pegada al suelo: el candidato debe ser presentado como independiente para atraer a los críticos de la clase política, a la ciudadanía en su más alta abstracción. Pero, destacado funcionario sin afiliación política conocida, transpartido y transexenal, sólo había uno: José Antonio Meade.

El plan consistía en lanzar a quien pudiera ser visto como individuo sin compromisos, pero sabio, un técnico responsable, sensato, serio y capaz de proyectar a México por la senda de su conversión en potencia emergente. Todo estaba ligado, naturalmente, a la necesidad de postular a quien también pudiera lograr admiración y confianza en franjas sociales acomodadas, cúpulas empresariales y empresas monopolistas, las cuales ejercen considerable influencia política.

La primera disección debió ser una reforma del Estatuto del PRI, el cual prescribía, como requisito para obtener la candidatura, ser miembro del partido con 8 años de antigüedad y haber desempeñado algún cargo de elección popular. Nuño carecía de antigüedad y de cargo, pero Meade ni siquiera estaba afiliado. Así que, a favor de ambos, para no precipitarse demasiado, hubo que fabricar un nuevo texto redactado en Los Pinos: cualquiera puede ser candidato priista a Presidente de la República. Lo más relevante fue que en el cónclave partidario no hubo resistencias, todo pasó como miel sobre hojuelas. Esa era una manifestación de poder presidencial y disciplina de partido, como en los viejos tiempos.

Luego, expedida la convocatoria, se tenía que asegurar que no hubiera comicios internos ni otro aspirante, sino una proclamación. El gabinete y los gobernadores tenían que mostrar su disciplina y debida lealtad al presidente. Algunos secretarios ya habían emprendido sus promociones, alentadas desde arriba, pero sólo para hacer creer que había una competencia. Por lo demás, los más reconocidos como posibles, las principales figuras del sexenio, Videgaray y Osorio Chong, estaban por completo fuera de la idea de un candidato técnico, sin partido, ciudadano a secas. El secretario de Gobernación lo sabía mejor que nadie.

Luego de analizar opciones sobre la manera de oficializar el nombramiento, se optó por llevar a cabo lo que en otros tiempos se llamaba “destape”, pero ya no podía ser como antes, cuando se daba a conocer la decisión del partido a través de los líderes de los sectores y ese mismo día se le comunicaba al designado en su despacho, acto con el cual se iniciaba la campaña. Ahora, los tiempos y circunstancias habían cambiado. La autoridad presidencial debía hacerse sentir en persona para brindar todo el apoyo, por si acaso algunos se sentían movidos a discrepar o protestar. Así, se convocó a una ceremonia de relevo del secretario de Hacienda, pero se trataba de proclamar al candidato. Era Pepe, a quien el Jefe del Estado le deseaba éxito y suerte.

“Háganme suyo”, imploraba Meade a sus amigos, líderes de los “sectores”, legisladores, gobernadores. Ellos lo hicieron suyo desde el primer día, pero a costa de sacrificar el pretendido carácter de independiente, el cual no aparecía por más que la prensa se volcaba a anunciar los tiempos novísimos, que al fin habían llegado, con un candidato sin partido postulado por el PRI. Se hacía posible el anhelo ciudadano de un presidente sin partido.

En los años dorados del viejo PRI, desde Ruiz Cortines, los candidatos lanzaban sus consignas y presentaban su programa básico en los primeros días de su designación. Todos prometían cosas diferentes, al menos en apariencia, nuevas políticas sectoriales, obras, presupuestos, reformas innovadoras. José Antonio Meade, en su descarriado tiempo, no sabía qué criticar ni qué proponer. Algo tenía que decir, sin embargo: convertir a México en potencia; consigna que provocó rubor nacional y, por lo mismo, fue dejada de lado casi de inmediato.

Desde aquel día en que se le había entregado en Los Pinos su constancia de designación, Meade debía presentarse como el experto que podía garantizar la estabilidad económica del país, requisito indispensable para hacer cualquier cosa. Pero, con esa sensación de vacío político que hacía sentir su fría currícula de economista del gobierno, el candidato emprendía una gira tan modosa y tediosa como lo fue siempre su actividad burocrática. Nadie se emocionaba, con la necesaria excepción de los integrantes de las porras de las organizaciones sociales priistas y sus comités territoriales. Los asistentes a los mítines eran conocidos, liderados, llevados, pero no lograban escuchar algo interesante. Actos en lugares cerrados, en su mayoría, meticulosamente organizados. El mayor gasto de precampaña registrado ante el INE.

La proyección del precandidato en los medios de comunicación no estaba provocando confianza alguna. Era natural que Meade resintiera lo que desde hacía años le ocurría al gobierno: sus planteamientos no eran creíbles entre grandes segmentos de la sociedad. Ese enojo social, como luego tendría que ser reconocido por el mismísimo Presidente de la República, había sellado la candidatura de Meade, pues ésa era un acto de los causantes del malestar.

Resultó un fiasco el intento de nombrar “Meade” a la coalición liderada por el PRI, con lo cual, por cierto, el partido y el candidato se ahorraron tener que llevar a cuestas el ridículo. La imagen puramente ciudadana del candidato era una pifia que no se podía salvar poniendo su enredado apellido en el nombre de la coalición que lo postulaba.

No había ciudadano, pero tampoco líder ni forma de improvisarlo. La absurda idea de reproducir en México la exitosa campaña presidencial de Emmanuel Macron en Francia, era eso, algo imposible en un país con otra situación política, otra coyuntura, otra tradición, otra ciudadanía, otra ley electoral. Pero algo peor: era una mentira.

No existía tampoco salida alguna. A pesar de que Nuño era el suplente de Meade y aquél se encontraba en total disposición de tomar la estafeta, Enrique Peña envió a la mitad del gabinete a Toluca a proclamar que, así como había triunfado Alfredo del Mazo, la sucesión estaba asegurada, lo cual no alcanzó a proveer confianzas ni fortalezas.

A esas alturas, seguir con un 18 por ciento en las encuestas era como una bofetada en cara asoleada. Pero así estaba el país, ya que el Presidente de la República contaba sólo con ese mismo respaldo.

Luego vinieron las semanas de campaña legal, pero todo era igual, como si cada día se repitiera lo que antes se había visto. El resultado no hubiera podido ser otro que el fracaso del intento sucesorio. Mas, de seguro, no fue por omisión.

Este “irracional” enojo social

 

Mientras Enrique Graue, rector de la UNAM, estaba diciendo que nunca, como ahora, México había sido un país tan profundamente desigual y, por otro lado, la Concamin señalaba que no se había logrado la prometida tasa de crecimiento de más del 5 por ciento y que la de 2017 será la más baja, en promedio, de los últimos 30 años, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hacía un llamado, dijo, a “desterrar este que algunos llaman irracional enojo social”.

La frase es trascendental porque implica que el gobierno ya se ha dado cuenta de la indignación popular en su contra aunque ésta no sea racional, es decir, no sea producto del entendimiento de la realidad o no sea entendible en sí misma, por lo cual, su “destierro” (apartar de la mente un pensamiento o un sentimiento) se podría lograr –cree Peña—mediante la comunicación de los avances del gobierno. Asunto resuelto, se diría, con el muy meditado discurso del “Jefe del Ejecutivo”.

Peña se ha empeñado de inmediato en esa empresa y dijo ser “el primero en demandar de manera comedida (…) que haya memoria entre nuestra población, entre nuestra sociedad, y sepamos también reconocer de avances, de logros y de beneficios” (sic). La sociedad (desmemoriada) ya no presenta demandas al gobernante sino que ahora éste hace solicitudes al pueblo, comedidamente, claro. Sin duda, algo profundo ha ocurrido en el país como para ubicar las cosas al revés.

Al tiempo, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmaba, sin titubeo, que “a México le ha ido bien”, pese al derrumbe petrolero en producción y precios.

Todo lo anterior ocurrió el pasado lunes 12 de febrero, el día en que terminó el periodo de precampañas. Mas, por lo visto, fue también el de inicio de la campaña electoral del gobierno, ya sin candidatos en la palestra.

La arremetida publicitaria del gobierno se prolongará hasta el día de la votación, pero no tiene como propósito hacer propaganda oficial, la cual está prohibida por la ley en el periodo electoral, sino difundir su mensaje político a través de gacetillas pagadas de diverso tipo. Para eso hay dinero… mucho y sin control alguno.

El fracaso de la candidatura priista es el fracaso del gobierno de Peña. Esta circunstancia es reconocida con amplitud, pues no existe dentro o fuera del país analista, político, periodista o académico que considere que la gestión de Peña ha sido exitosa. Mas no se trata sólo del contraste entre lo prometido y lo realizado, sino del balance neto de un gobierno que se perdió en sus propios dogmas y terminó generando desastres.

El número de “nuevos empleos”, que es el dato con el que Peña se glorifica, tiene un componente que no estaba antes en la estadística: la formalización de empleos ya existentes por efecto de los recientes cambios fiscales sobre los pequeños contribuyentes. Y tiene también algo estructural: casi todos son empleos de muy baja calificación y menor salario. En un marco general de estancamiento en términos reales, como el que mantuvo Peña estos cinco años como fiel heredero de sus predecesores, no se crean puestos de trabajo calificados más que en aquellas sub ramas integradas, como la automotriz, que han seguido creciendo.

Peña no habla del componente inducido que caracteriza la alta tasa de inflación, la cual rebasó por mucho el pronóstico oficial. Con el fin de promover gasolineras privadas y poner cara bonita para hacer licitaciones (entrega de yacimientos) entre las mayores compañías petroleras, se mantuvo un IEPS alto y móvil, cuyo nombre común es gasolinazo, extendiendo la carestía, con mayor salvajismo, al gas doméstico. Todo para nada: el IEPS sigue siendo “subsidiado” y las pérdidas económicas han sido mayúsculas para el país.

Dice el gobierno que las más recientes concesiones de crudo y gas le dejarán a México 159 mil millones de dólares. Todos ellos inventados porque, en realidad, se calcula que serán el monto de la inversión extranjera durante los próximos diez años, pero no serán ganancias del país ni se quedarán en México. De las últimas licitaciones que se hicieron, el ingreso del fisco será por un importe miserable de 500 millones de dólares, a cambio de concesiones por 20 años.

Que no se hable del escandaloso número de pobres mexicanos porque ese tema está clausurado en el gobierno, incluyendo a su candidato, debido a que convierte al país en algo impresentable. Tampoco se ha de hablar de que México es uno de los países socialmente más desiguales del mundo. Para ciertos sujetos y en ciertos temas, callar es mentir.

La “comunicación” de los “avances” logrados por el gobierno, ordenada por Peña, ha de ser una campaña política (electoral) de mentiras porque ese gobierno no conoce otro lenguaje, otra forma de ser. Es natural, por tanto, que el enojo social se vaya a incrementar.

Pero hay algo más. En la medida en que Peña lleve a cabo su campaña de “comunicación”, la gente le creerá mucho menos. Hay que tomar en cuenta que la falta de credibilidad es uno de los problemas que el gobierno ha trasladado al candidato Meade. Por lo demás, él ya tuvo sus momentos en el gabinete actual y en el anterior, en los que pudo haber demostrado que conoce otra política.

José Antonio Meade sabe todo lo anterior. Y sabe más porque conoce al gobierno y es parte de sus tramas. Sin embargo, no puede reaccionar, está atado a Peña y a sí mismo, es una de las partes del fenómeno conocido como enojo social, aunque algunos otros le llaman hartazgo.

INE: el trabajo de hablar demasiado… y mal

En casi todos los países existen autoridades electorales discretas y austeras. Eso se debe a que la organización y calificación de los comicios requiere exactitud, dedicación, rigor, certeza, independencia e imparcialidad. México es una reiterada y molesta excepción.

El fondo del problema consiste en que las consejeras y consejeros electorales del INE, así como sus colegas en las entidades federativas, se sienten representantes de elección popular, legisladores, alcaldes o gobernadores, o sea, próceres de la patria, antes que autoridades administrativas.

Es aún mayor el problema debido a los disparates que los administradores suelen decir. El reciente ha sido otro más de Lorenzo Córdova, quien se permitió intentar alarmar con la especie de que en México ha “disminuido significativamente” el “aprecio por la democracia”. Cualquiera pensaría que, ante el desprestigio de los políticos y en especial del gobierno, la democracia política se hace más necesaria y urgente. El administrador de la función electoral, en cambio, se basa en un “Latinbarómetro” para criticar a los mexicanos (quizá también a las mexicanas) por su desprecio de la democracia.

Lorenzo Córdova dijo más: “El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y constituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos…”. ¿Cuál es el punto, más allá de sus enredos con el poco “aprecio”, el “descontento”, la democracia y los políticos? Que el INE –dijo su presidente– requiere respuesta ciudadana para “operar” las casillas. Y ya entrado en gastos, luego de su revoltillo conceptual, aterrizó diciendo que si las ciudadanas y los ciudadanos deciden no colaborar con el INE en la instalación de las mesas de casillas “estaremos en problemas, y estaremos en problemas todos”. Ominosa advertencia.

¿Es esa la situación política real del país en la presente coyuntura electoral? ¿La organización de los comicios está en peligro de no tener integrantes de casilla el próximo 1 de julio?

La autoridad electoral no se ha constituido para hacer politología barata con falsas conclusiones que sólo tienden a llamar la atención. Mucho menos ha sido designada para hacer alarmismo o presentar prospectivas sin el menor fundamento.

Sí se ha visto rechazo a tomar parte de las casillas, pero siempre vinculado a sucesos concretos, por ejemplo, situaciones de alarma por posible violencia local o rechazo al INE, como ocurrió con motivo de aquella filtración de una conversación de Lorenzo Córdova en la que se refería peyorativamente a un dirigente indígena. (Cfr. Informe al CG-INE, 29.07. 2015).

Se han presentado algunos otros repudios, pero nunca del nivel de una carencia de integrantes de mesas directivas, ni abarcando una entidad federativa, mucho menos el país. La ley tiene previsto, además, que las faltas de asistencia de funcionarios de casilla se cubran con electores de la fila.

Ahora, quizá para secundar a Córdova, el INE informa con dramatismo que un 22% de las secciones son de “atención especial”. Lo mismo de siempre. Ese porcentaje lo van a ir disminuyendo hasta el día de los comicios: sólo crean alarmas para hacerse los interesantes. Así no debería actuar una verdadera autoridad responsable.

¿Qué busca Córdova con esas declaraciones? Más allá de hacerse ver, quiere que, cuando se integren e instalen todas las casillas, como de seguro va a ocurrir, se le aclame como héroe electoral y genial conductor de instituciones, al servicio, claro está, de la democracia, aunque ésta se encuentre mayoritariamente despreciada, según él mismo lo asegura. Ya lo estoy viendo porque ya lo hemos visto.

Todo es ahora peor cuando varios miembros del INE asumen el discurso de que la próxima será una de las elecciones “más importantes de la historia de México”, con lo cual, en aras de llamar la atención, se convierten en involuntarios propagandistas de uno de los candidatos que, por cierto, no es el suyo.

Dentro de poco, Córdoba y sus colegas irán al tema de la abstención y luego otro y otro, porque parecen estar en campaña electoral.

La verdad, sin embargo, es que la autoridad no es responsable del nivel de concurrencia a las urnas. Ese es un problema del todo ajeno al INE, aunque los integrantes de éste suponen que ellos pueden lograr una mayor incidencia en los comicios, para lo cual gastan “dinero que no tienen para apantallar a gente que ni conocen”, es decir, se creen líderes políticos al olvidar que en realidad son servidores públicos con funciones definidas. El “descontento con la democracia”, como le llama Córdova, no existe, pero, si lo hubiera, no sería asunto institucional del órgano administrativo electoral.

El balance del IFE-INE contiene, como suele ocurrir con las instituciones, negros, grises y brillantes, pero los primeros han predominado con amplitud. Esto se debe a que la composición de su Consejo General es determinada con criterios de mansedumbre partidista. Hoy en día, el PRI tiene 4 votos duros (Baños, Favela, Andrade y Ravel), por lo que sólo requiere de sus votos blandos, los cuales suelen ser el del mismo Córdova y los de Murayama y Zavala, quienes, además, con frecuencia reciben ayuda de Nacif y de Rivera. El INE carece de la primera condición de todo órgano electoral, la imparcialidad. Lo hemos visto hasta el cansancio.

Quizá por eso sus integrantes hablan demasiado… y mal.

“Ni con el pétalo de una rosa”

 

“Se debe aplicar aquella frase de que ‘a la mujer ni con el pétalo de una rosa’, un principio que debe privar en la casa, trabajo, escuela y calle”. Esto lo ha dicho José Antonio Meade.

Con esa frase se confirma el atraso que comparte el virtual candidato priista en materia de cuestiones de género. Él parece un personaje del siglo XIX, de cuando, por cierto, se acuñó la famosa expresión del “pétalo”.

Desde el machismo más rancio se recuerda a veces esa frase para hablar de la protección de las mujeres, es decir, que nadie se meta con hija, hermana, novia o esposa ajena que esté bajo la tutela de padre, hermano, novio o marido.

Las personas protegidas tienen disminución de derechos porque éstos se encuentran precisamente asignados a los protectores. El espacio intocable y resguardado de las mujeres es aquél donde se realiza preferentemente su sometimiento, su carencia de derechos.

Es preciso romper esa ideología que se expresa en el “pétalo de una rosa”, la cual defiende Meade como su mayor aspiración personal y la eleva al rango de “principio”, porque con ella se considera a las mujeres como desvalidas y, por tanto, indefectiblemente protegidas por hombres.

Meade trata de sustanciar eso del “pétalo de una rosa” con promesas de mantener los programas ya existentes, aunque defectuosos, tales como el Seguro Popular que es para población abierta, y otras leyes que están vigentes, pero que el gobierno se niega a hacer cumplir, como la de salario igual a trabajo igual.

El precandidato promete brindar seguridad social a las mujeres que carecen de empleo y trabajan en su hogar todo el día. Soslaya Meade que las esposas de los trabajadores asegurados son derechohabientes pero corren la misma suerte de sus maridos: compartirán una paupérrima pensión y la de viudez habrá de ser menor. Este es el problema de millones. Por lo demás, las “amas de casa” sin seguridad social debido al trabajo precario del esposo y las empleadas en la economía informal no pueden pagar las cuotas del IMSS.

No hay nada en el discurso del candidato oficialista que vaya más lejos de lo que el gobierno ya ha hecho, ni siquiera algo que se acerque a lo que otros partidos han impulsado en niveles locales. Pero hay faltantes, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género en políticas públicas y en administración de justicia, el cual no es planteado por el candidato priista a pesar de que ya se discute intensamente dentro del aparato del Estado, aunque con muy pocos resultados.

“Ni con el pétalo de una rosa”, convertido en eslogan electoral, es una ironía cuando aumenta la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio, sin que los gobernantes, policías, fiscales y jueces estén haciendo en verdad su trabajo.

Los derechos de las mujeres no sólo tienen que ver con la formalidad, pues existen algunos ya incorporados a la legislación, sino principalmente con las garantías efectivas para su acatamiento. La cuestión consiste en que el Estado sigue estando organizado al margen de la observancia del respeto a las mujeres. El machismo y sus expresiones más grotescas, como la misoginia, anidan en el aparato público en todos sus niveles porque éste ha sido construido con tales contenidos. Así es que cuando las leyes cambian, nada cambia en la realidad.

El género es una relación desigual de poder. Es un sistema que contiene, por tanto, una diferencia de derechos, garantías, capacidades, posibilidades, etcétera, entre hombres y mujeres.

Sabemos que esa opresión abarca a todas las mujeres, aunque algunas pocas sean ricas o poderosas. No obstante, eso no significa que las mujeres sean un “grupo vulnerable” como se les denomina para proclamar su “protección”. Las mujeres no son un “grupo” sino la mitad de la humanidad. No son tampoco “vulnerables” por naturaleza, sino que con gran frecuencia son vulneradas justamente debido a su condición de mujeres, de personas sometidas mediante un sistema de desigualdades, que es justamente lo que hay que abolir.

El protector no sólo es el marido, el hermano, el novio, el padre sino también el Estado, es decir, el entramado institucional que se erige en guardián máximo de las mujeres y, en tal función, las cataloga, con lo cual les brinda tratamientos diferenciados según clase, etnia, origen, nacionalidad, ocupación, preferencias, etcétera, pero sin superar la opresión de las mujeres en general.

El “pétalo de una rosa” es símbolo de uno de los mayores sometimientos de la historia, es decir, el sistema de desigualdad y discriminación de las mujeres basado en una falsa debilidad consustancial a su sexo. Se promete protegerlas dejándolas ahí, en su lugar, en su casa, adonde pueden realizarse exclusivamente como esposas y madres. La incorporación al trabajo asalariado o por cuenta propia de las mujeres no ha cambiado esencialmente la desigualdad y la discriminación porque ha surgido la doble jornada, la de afuera y la de adentro del hogar. Y, encima, las mujeres suelen sufrir otra discriminación, la laboral, la cual está terminantemente prohibida por la Constitución del país, pero se encuentra tolerada por las autoridades.

El precandidato José Antonio Meade podría asesorarse, pero no se observan en las filas de su comité de campaña personas que pudieran brindarle conocimiento sobre el tema de género y la realidad en que viven las mujeres. Mientras, él seguirá de aquí para allá pregonando que nadie las toque “ni con el pétalo de una rosa”, pero con esta vieja frase, ahora “principio” de Meade, nada cambiará porque se elaboró por los machistas para que nada fuera modificado… jamás.