La represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.
Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad.
Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo.
El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna.
Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de «inteligencia»? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?
Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La Universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros.
Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.
Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola «suspensión» del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso.
La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre.
Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión.
En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo.
La Universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero, ¿y eso qué?
Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.
Me permito hacerle algunos comentarios referentes al programa de austeridad que el Presidente Electo López Obrador tiene la firme intención de llevar a cabo con el fin de, junto con tantas otras medidas, tornar a nuestro país en uno más equitativo y justo.
Me congratulo enormemente con el proyecto de reducción de salarios a la plantilla de funcionarios gubernamentales, específicamente en la referente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Con conocimiento de causa, por haber vivido en diversos países y mantenido frecuente contacto con nuestras diversas representaciones y relaciones estrechas de amistad con su personal, le manifiesto:
1) El desfase entre las percepciones de los altos y medios funcionarios en relación con las otras categorías es abismal. Los titulares, además de su alto sueldo, gozan de gastos de representación, exención de pago de alquiler, vehículos y choferes oficiales y pago de gastos de escuela para sus hijos.
2) Como es natural, la reacción de estos funcionarios privilegiados no se hizo esperar por medio de voces conceptuadas, que no dudaron en dar una imagen un tanto distorsionada de la realidad. Uno de ellos, el embajador Enrique Berruga, en su columna en el diario El Universal, llegó al extremo de decir que los propios diplomáticos cubren los gastos de educación de sus hijos, cuando él sabe bien que está faltando a la verdad ya que la Secretaría cubre dicho rubro.
3) Una de las varias justificaciones esgrimidas por los quejosos para mantener sus salarios actuales es la de que países latinoamericanos como Brasil y Perú tienen mejores sueldos y prestaciones. Tienen toda la razón. Pero también es verdad que los cuerpos diplomáticos de dichos países son verdaderos cuerpos de élite, distanciados no solo de la realidad de su país sino de su condición de servidores públicos. Si ya la conciencia de clase que tienen nuestros diplomáticos es frecuentemente deplorable, porqué pretenden identificarse con esos países y aumentar aún más sus privilegios?. Ni en los países citados ni desafortunadamente en México existe entre los diplomáticos el espíritu de servicio en su plenitud y tal pareciera, en nuestro caso, que el ser considerado un servidor público, con honrosas excepciones, es denigrante.
4) Tengo la seguridad de que una revisión a simple vista del estado que guarda la Secretaría de Relaciones Exteriores le dará a usted una idea de las dimensiones de los privilegios excesivos que privan en ella. No es menor el privilegio concedido a los embajadores eminentes y eméritos, con unas percepciones que tal vez ni sus contrapartes en países desarrollados gocen, siendo que algunos son ejemplo de abuso de privilegios como bien lo señaló el periodista León Krauze en artículo publicado hace un par de años en El Universal bajo el título “Nuestra Emperatriz en Nueva York”, sobre la entonces titular del Consulado en esa ciudad, hoy embajadora emérita.
5) Es asimismo indispensable señalar que recientemente la ley que rige a la S.R.E. fue modificada en lo que se refiere a la edad de jubilación, que de los 65 años pasó a los 70, con lo cual la condición privilegiada de los altos funcionarios se ha extendido por 5 años. Pero lo más grave e injusto es que, a su jubilación, dichos funcionarios recibirán una compensación por años de servicio de hasta 36 meses de sueldo, lo cual quiere decir que un Embajador al llegar a esta etapa recibirá la cantidad de aproximadamente $400 mil dólares, y un Ministro o Consejero una cantidad cercana a los $300 mil. No creo que la persona más insensible ante las disparidades existentes entre dichos servidores públicos y la población en general pueda permanecer indiferente ante tanto privilegio.
6) Tengo la seguridad de que la fe inamovible de los votantes que elegimos a López Obrador como nuestro próximo presidente no será defraudada. No podemos perder la oportunidad que se presenta de alcanzar un país justo. Podría ser la última.
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