El Ejército ha venido solicitando que el Congreso le otorgue facultades de investigación de ilícitos penales. Lo hizo anteayer en público el secretario de la Defensa y, por lo que se observa, esa campaña va a seguir. El Poder Legislativo cometería un error grande y de difícil reparación si acepta esa propuesta.

La investigación de los delitos está a cargo de autoridades civiles. Hasta hace poco sólo podía legalmente hacerlo el Ministerio Público y, ahora, también la policía, aunque se dice que bajo la conducción y mando de aquél (art. 21). Ésta es una función eminentemente civil, las fuerzas armadas no han sido hechas para eso por más que investiguen y espíen en tanto el gobierno les encarga que lo hagan ante su propia inoperancia o flojera. Sería cuestión de conceder esta facultad constitucional al Ejército y la Armada para que nunca la dejen, para que su intromisión en la persecución de los delitos se haga parte integrante del sistema político y judicial del país de manera permanente. Pero, además, sería contrario a los tratados de derechos humanos firmados por México, los cuales ya forman parte de la Carta Magna (art. 1).

La guerra declarada por Felipe Calderón contra el llamado crimen organizado no era tan nueva como él decía, sino una continuidad ampliada de actividades castrenses en esta materia. Pero de cualquier forma el argumento para hacer esa guerra siempre fue la incapacidad de las autoridades civiles tanto federales como locales, la cual —se supone— puede ser superada con una mejor y disciplinada policía civil, por lo que se han construido y rehecho cuerpos policiales. Otorgar a los militares la función de investigar delitos sería convertir al Ejército en la principal institución ministerial y policial del país con mandato indefinido, es decir, permanente.

Dice la Constitución que en tiempos de paz las autoridades castrenses sólo pueden ejercer funciones exactamente conectadas con la disciplina militar (art. 129), lo cual fue incorporado por el constituyente revolucionario, integrado por no pocos militares, para subrayar el carácter civil del poder del Estado y poner límites claros al Ejército. ¿Debe esto cambiar? ¿La crisis de violencia delincuencial debe llevar al Estado a revisar uno de sus compromisos históricos? Creo que el general secretario se está dejando llevar por la coyuntura nacional, pero está olvidando la naturaleza republicana del sistema político. Sería fácil decir que sí y luego vemos qué pasa, pero sin duda lo que ocurrirá no irá en el sentido de garantizar el carácter civil del poder público.

Es de entenderse que las órdenes que imparten las autoridades federales civiles a los militares para que intervengan en la investigación y persecución de delitos están fuera de la ley y lesionan a las fuerzas armadas y las exponen a consolidar su actuación como algo ilegal, pero sería mucho peor que la Constitución les otorgara a los militares funciones civiles permanentes, lo cual terminaría también por perjudicar más aún al Ejército y la Armada.

Creo que el Ejército debería usar su influencia en el gobierno para que éste cuente con una política criminal de verdad, para que empiece a contrarrestar a las mafias y empresas delincuenciales con políticas públicas y para que se desarrollen sistemas policiales civiles con servicios de inteligencia que sean en verdad inteligentes. Pasan los años y esto no se hace. Se entiende la desesperación de los militares, pero las bases republicanas no deben deshacerse a la desesperada.