En la víspera de la aprobación de la reforma energética —reinicio obligado de la lucha nacional por el petróleo—, el Congreso expide una reforma político-electoral francamente barroca y en muchos sentidos cosmética. Cuando Peña firmó el Pacto no se imaginó la protesta de su partido contra la desaparición de los organismos electorales de los estados y tampoco la claudicación del PAN al compromiso de un solo organismo electoral nacional y una misma legislación. Ambos acontecimientos ocurrieron rápidamente ante la prisa de líderes panistas por llegar a la reforma energética, buscada por el PAN desde 1938.

El proyecto político-electoral crea un nuevo organismo con capacidad de nombrar y remover a los titulares de las entidades electorales de los estados. En otras palabras, la Federación, mediante el INE, va a nombrar y destituir a funcionarios locales y, además, a los magistrados electorales de los estados a través del Senado. Algo nunca visto que ataca en nombre del federalismo las relaciones institucionales federativas. Así, el nuevo INE será una especie de interventor de organismos electorales locales y podría declararlos caducos, lo cual es improbable, pero sirve para la cosmética.

Esta nueva estructura barroca —llena todo— no es nada estética, sino la trampa para conflictos en los cuales el INE terminará enfrentándose a funcionarios por éste mismo nombrados, mientras los gobernadores podrán seguir sobornando a los consejeros electorales locales.

Pero el asunto no queda ahí. La PGR será sustituida por una fiscalía general, mas el Presidente de la República podrá destituir al fiscal —por “causa grave”, claro está—y el Senado sólo podría atacar dicha destitución con dos tercios de los votos, lo cual es imposible: ningún presidente tendrá nunca menos de un tercio más uno en el Senado. Ésta es otra cosmética. No puede haber “organismo autónomo” bajo inspección del Ejecutivo. Se repite el mismo error de Carranza al dar al Ministerio Público el monopolio de la acción penal, pero hacerlo depender del presidente de la República. Al parecer, todo quedará igual… de mal.

Una de las peores cosas de esta reforma es el aumento al 3 por ciento del umbral para entrar en el reparto de diputados y senadores de lista (actualmente es de dos). Esto dejará más votantes sin representación legislativa y aumentará las sobrerrepresentaciones de los mayores partidos.

Llegamos entonces al preciado bien de la reelección inmediata de legisladores y ediles. Es sabido que en el resto del mundo existe la reelección y, muchas veces, sin límite alguno. Se supone que los electores pueden reelegir tal como eligen. Pero México es diferente, porque los partidos no están listos. La competencia interna  de los partidos no permite llevar al Congreso a muchos líderes parlamentarios, sino a representantes de grupos con estructura clientelar y a los amigos de los más altos dirigentes. El problema no está en la reelección inmediata, sino en el precario sistema de partidos y en los partidos mismos. En materia municipal la cosa es peligrosa: la delincuencia organizada tiene amenazados a muchos alcaldes que serían, lógicamente, sus candidatos a continuar en el cargo. Además, en un país donde todavía abundan los cacicazgos rurales, nada asegura que las elecciones municipales no se vayan a convertir en un festín del cacique.

En este lance Peña perdió a manos del PAN. Pero mucho menos que si hubiera tenido que aceptar el proyecto del PRD, nada cosmético y mucho más ubicado en la realidad política del país. Por lo pronto no habrá un solo organismo electoral: violación del Pacto por México y ya.