Gordillo: uso despótico y grotesco de la justicia

 

Elba Ester Gordillo pudo haber sido acusada mucho antes, junto con otros líderes magisteriales y de otros gremios. En el sindicalismo venal se cometen delitos como parte de la función de liderazgo y, al mismo tiempo, para el enriquecimiento personal. Desde hace varias décadas era muy conocida la forma y nivel de vida de la lideresa magisterial. Sin embargo, la impunidad siempre fue uno de los instrumentos con que funcionaba el sistema de ilegalidades en el sindicalismo oficial y así siguió siendo bajo los gobiernos del PAN. Al respecto, esa fue una transición a lo mismo.

El uso instrumental de la justicia por parte del poder político es una cara de la corrupción. Mas no se trata sólo de la persecución de los enemigos del régimen, sino también de algunos pocos de los viejos amigos, los caídos en desgracia, los disidentes, los indisciplinados. Es evidente que hay una abismal diferencia, por ejemplo, entre Valentín Campa, encarcelado durante 10 años por participar en una huelga de obreros ferrocarrileros, hombre de inmensa honorabilidad y honradez, que el proceso penal contra Joaquín Hernández Galicia, La Quina, un líder petrolero prototípico de la corrupción de la empresa pública mexicana y del sindicalismo venal, por haberle jugado las contras a Carlos Salinas.

Por lo regular los caídos en desgracia del presidente de la República son acusados de delitos que no cometieron, ya que los que sí cometieron suelen estar vinculados con sistemas de funcionamiento gubernamental e implicar a otros muchos personajes.

A Gordillo le acusan de lavar dinero pero no se persigue a quien se lo dio. Ella no era la única que tomaba recursos del sindicato. Además, como se sabe, tan luego como fue encarcelada nombró como sucesor a Juan Díaz, su segundo de abordo, ahora disciplinado al presidente de la República y al secretario de Educación: medio infalible de librar la cárcel.

Los sucesos relacionados con Elba Esther Gordillo se han proyectado hasta una decisión judicial, solicitada por la PGR, para impedirle comunicaciones y regular sus visitas personales, todo ello orquestado por la Presidencia de la República. Al respecto, el país está como en tiempos de Díaz Ordaz.

En las cárceles se prohíbe el uso de celulares y computadoras como medida de seguridad pero no como forma de restringir la comunicación de los internos ni su libertad de difundir ideas. Esa prohibición no va dirigida contra algún reo sino que es una norma de aplicación general. En casi todas las prisiones mexicanas, actualmente, existen teléfonos públicos, aunque haya horarios y filas. (Cuando estuve en Lecumberri (1968-1971) nunca pude hacer una llamada ni recibirla).

La prisión domiciliaria tampoco requiere bloquear las relaciones del procesado o condenado con otras personas. Se puede colocar al reo un brazalete para evitar que abandone su domicilio, ya que lo único que debe ser garantizado es que siga privado de su libertad de movilidad, pero la ley no autoriza impedir comunicaciones que puedan “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”. Eso no existe, es un inventado concepto enteramente despótico. Recuerda aquel delito de disolución social que fue derogado después de 1968.

El argumento de la PGR, admitido luego por un juzgador típicamente de consigna, es que la procesada, Elba Ester Gordillo, fue dirigente de un sindicato, tiene muchas relaciones y recibe personas sin que el Ministerio Público conozca para qué fines. Pero sus visitas y sus llamadas también existían cuando estaba recluida en un hospital. Es hasta ahora que el actual líder del SNTE ha pedido auxilio y se le ha dado de inmediato.

Por desgracia, el asunto tiene también otro ángulo. El presidente Enrique Peña Nieto se ha ubicado en un bajísimo escalón como jefe de Estado. Sostiene que eso que jefatura, el Estado, está en peligro debido a las visitas que recibe en su casa Elba Esther Gordillo, sus llamadas telefónicas, sus recados de internet. Ha usado su poder fáctico para hacer algo grotesco. Ella no está al frente de ningún movimiento social o político que pudiera provocar un levantamiento armado u otros hechos contrarios a la seguridad del Estado, ni su proceso es por rebelión, sedición, motín o conspiración sino por lavar dinero. ¿Elba Esther Gordillo es un peligro para alguien?

Como Gordillo es indefendible por parte de sus tradicionales adversarios políticos y mucho más por sus viejos amigos que ahora son sus enemigos disciplinados o miedosos, Peña Nieto se ha sentido con el espacio suficiente para hacer algo grotesco. El problema, sin embargo, consiste en que el país sufre cuando se efectúa una represalia política presidencial en desapego de la legalidad.

Esto se llama uso despótico y grotesco de la justicia como instrumento del poder político.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *