Durante algún tiempo, a partir de los descubrimientos de la Sonda de Campeche, el gobierno mexicano buscó diseñar una política de diversificación de exportaciones de crudo. Ya casi nadie recuerda aquel proyecto, pero no se trataba sólo de problemas con los precios y contratos de abastecimiento de largo plazo (ahora casi todo es mercado spot), sino de lograr una diversificación de compradores que otorgara mayor libertad comercial. Hoy, casi todo el crudo mexicano va a Norteamérica.

Por el lado de los compradores de petróleo el asunto es harto complicado, ya que la seguridad energética depende de sus suministros. Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa —ahora también señaladamente China— buscan soluciones a este problema. Como la energía nuclear tuvo un bache en su crecimiento, el abastecimiento seguro de petróleo es un tema mundial de gran importancia. Una de las bases de éste es el alto precio internacional del crudo, pero ya se nota que no basta: Estados Unidos quiere lograr en pocos años la autosuficiencia.

Los nuevos yacimientos mexicanos son parte de una estrategia estadunidense para lograr un abastecimiento más seguro que el ahora logrado. El emplazamiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente es demasiado caro para una nación con tan alto déficit presupuestal, por lo cual el mar es una nueva frontera petrolera y, dentro de éste, el Golfo de México. Por ello se apresuró la firma del tratado sobre yacimientos transfronterizos y la Casa Blanca ha aplaudido jubilosa la reciente reforma energética.

Las licencias que otorgaría México a empresas trasnacionales, especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, serían parte de la seguridad energética estadunidense en tanto que el petróleo, una vez extraído, pertenecería en exclusiva al concesionario (llamado de otra manera), que tendría la libertad de venderlo a quien fuera, es decir, a las refinadoras norteamericanas, al margen de conflictos políticos o comerciales con el país en cuyo territorio se llevara a cabo la extracción. Algo semejante se podría decir de los contratos de producción compartida que también están incluidos en la mencionada reforma.

La estrategia de autosuficiencia energética de Estados Unidos tiene varios aspectos (mar patrimonial, fracking gas y nuevas fuentes de energía), pero también están los territorios más próximos: Canadá y México. Los gastos de transporte serán siempre menores, pero más aún los de defensa. Hasta ahora, Estados Unidos ha tenido suministros muy seguros de esos dos países, por lo cual no habría nada que hiciera suponer que tal situación pudiera cambiar dentro de poco tiempo. Es por ello que el gobierno de Washington alaba la reforma mexicana.

Aquí surge un problema adicional sobre la nueva legislación energética. El ritmo de exploración-producción de crudo no podría ser definido exclusivamente por el gobierno mexicano, sino también por el estadunidense, ya que la influencia de este último sobre México sería mayor en tanto que las trasnacionales concesionarias siempre estarán muy ligadas al gobierno de Estados Unidos y serían, coincidentemente, las únicas que pudieran desarrollar grandes planes en el Golfo.

En conclusión, la vieja idea de que México debería diversificar su mercado exportador de crudo, administrar sus reservas con vistas a un muy largo plazo, proteger sus decisiones soberanas en la materia, alcanzar la autosuficiencia energética (derivados y refinados), desarrollar tecnología e impulsar así la ingeniería nacional ha quedado hecha trizas con la reforma de Peña Nieto, realizada muy en línea con el plan estadunidense de lograr su propia autosuficiencia. El límite del mar patrimonial se correría hacia el sur. ¡Uf!