La costumbre de celebrar el inicio de un nuevo año tiene que ver con ciclos de vida relacionados con vueltas de la Tierra al Sol, pero también es inevitable hacer el recuento del periodo inmediato anterior. Es tan malo el resumen de 2014 que mejor sería no tomarlo en cuenta para pedir los deseos de año nuevo pero eso no se puede. Anda rondando la idea de que no es imposible que 2015 sea peor.

La crisis de derechos humanos desatada con Tlatlaya y con Iguala-Cocula ha tenido una resonancia brutal en las conciencias dentro y fuera del país. Pero el problema de México no se limita a esa crisis. En 2014 se produjo un viraje político de consecuencias impredecibles en el mediano plazo. El malogrado Pacto por México dejó su lugar a la reforma energética llevada a cabo en contra de la opinión nacional mayoritaria en todas las encuestas. Un nuevo pacto, exclusivamente de derechas, tomó el lugar de un mecanismo de negociaciones tripartitas –en el sentido de la votación popular del año 2012—que pudo haber llevado al país a cambios democráticos y a iniciar un rumbo de liquidación del Estado corrupto. Se pasó de una idea política realista a una imposición clásica de corte derechista.

El asunto no quedó ahí. La Suprema Corte de Justicia asumió un papel aún más negativo cuando rechazó la solicitud de consulta popular sobre el tema de la energía, con lo cual no sólo se plegó al gobierno de una forma ignominiosa sino que canceló un derecho constitucional del pueblo: el derecho a ser consultado por solicitud ciudadana. Por una parte, México recibió un golpe a su patrimonio. Por la otra, la República fue despojada de un derecho democrático que, aunque de reciente incorporación a la Carta Magna, es tan bueno y válido como los otros. El país requiere de un mecanismo constitucional asequible y eficaz para dirimir grandes controversias, pero la Suprema Corte analiza el asunto de otra forma y, sin dar el menor argumento medianamente válido, le ha impuesto al país el callejón sin salida de los contratos petroleros inconsultos.

Cuando ya habían ocurrido los hechos de Tlatlaya e Iguala-Cocula se presentó un escándalo de gran dimensión: la fortuna oculta de la esposa del Presidente. Como es natural, fue peor la explicación dada que la violación de la ley por parte de Peña al no declarar los bienes de su cónyuge. Hay una monumental burla popular sobre la fortuna que se había ocultado y sobre las sedicentes compras a los contratistas del gobierno mexiquense de Peña, incluyendo la supuesta adquisición de otra casa al mismo empresario pero por parte del actual secretario de Hacienda y ex responsable de finanzas del Estado de México.

Y cuando estaban en su apogeo las carcajadas burlonas provocadas por las explicaciones increíbles y ridículas, un secretario de acuerdos de un tribunal unitario nos recetó una sentencia con la que fue absuelto Raúl Salinas por haberse robado dinero que le entregó para ese propósito su hermano Carlos hace ya muchos años: la justicia lenta, lentísima, casi siempre termina en injusticia. Eso ya no generó tantas bromas pero sí el mismo enojo que el latrocinio nacional consuetudinario.

Que todo lo anterior se lo merece el país por tener opciones malas es quizá una respuesta pero poco convincente. Nadie se merece eso. Y, cuando en tales andanzas estábamos, se consolidó el fenómeno internacional de la caída del precio del crudo con lo cual el país está perdiendo la mitad de sus ingresos por tal concepto. Mientras, la gasolina ha seguido subiendo y el secretario del ramo afirma con un cinismo que no se puede ver en ninguna otra parte del mundo que el precio del combustible no lo determina –como antes se dijo hasta el aburrimiento—su referencia internacional sino las exigencias fiscales, es decir, la pura necesidad recaudatoria.

Y, lo de siempre, los salarios mínimos no tienen aumento en términos reales para el año que comienza.