Esta semana, en el país con uno de los peores sistemas electorales del mundo, Estados Unidos, se llevaron a cabo más de 140 consultas populares sobre empréstitos, aborto, mariguana, portación de armas, salario mínimo, gastos presupuestales, controles de precios de medicinas, excarcelación de reos, entre otros temas. En México, de las cinco consultas solicitadas, cuatro fueron desechadas por la Suprema Corte y una más por el Congreso. El Estado mexicano considera que aquí no hay nada que votar.
El nuestro es un país donde no se consulta a la gente y lo peor es que no se quiere. La Suprema Corte, en la que se depositó la función de calificar la constitucionalidad de las consultas ha salido con una increíble versión de lo que dice la Carta Magna. Pero esa oligofrenia fingida no demuestra otra cosa que la existencia de una consigna exitosa del poder Ejecutivo sobre los integrantes de ese tribunal, con excepción de Cossío.
Es absolutamente insostenible en cualquier lugar en donde se discuta de verdad que cuando una ley dice que no se pueden poner a consulta los ingresos y los gastos del Estado se lea otra cosa: que no se deben consultar temas que eventualmente puedan tener un impacto en ingresos o en egresos públicos, es decir, todos los temas. Así están las cosas en México. El agregado más hilarante lo dio la misma ponencia ganadora del gran premio a la oligofrenia fingida, la presentada por la ministra Luna Ramos: se lesionaría el derecho humano al medio ambiente sano si se derogaran las recientes reformas energéticas. O sea, que si se produce más petróleo se disminuye la contaminación. Eso hay que llevarlo a la ONU… con su autora.
Las recientes decisiones de la Corte que han dejado al país sin consultas populares son una sustitución política. Los ministros en su mayoría tomaron partido en la confrontación de ideas e intereses en el tema de energía y se inclinaron a favor de la reforma aprobada por el PRI y el PAN, tal como lo expresó sin dobleces ni miedo a la recusación la ponente, la ministra Luna Ramos, en un evento empresarial, tres días antes de la decisión en el tribunal. La proclama de la reforma energética en el sentido de que se busca aumentar los ingresos públicos es parte del debate, pero la Corte no sólo la dio por válida sino que consideró que toda la reforma tiene un solo propósito fundamental: el incremento de los ingresos públicos. Sin embargo, esa falacia es justamente la que llevó a millones a firmar para pedir que el pueblo vote en urnas la validez política de la reforma cuestionada. Véase entonces cómo se ha sustituido a la ciudadanía con los ministros de la Corte. Es éste un golpe a la República.
Podría decirse que muy pocas veces en la historia una reforma constitucional ha tenido el bautizo que ha padecido el derecho a la consulta popular. El primer intento de votar algo de la mayor trascendencia nacional fue transformado en la anulación del derecho en sí. A su vez, el derecho mismo ha podido ser nulificado mediante un texto insostenible en cualquier otro tribunal en el mundo. Ya se conoce la forma de hacer interpretaciones a la mexicana pero ahora los ministros han llegado al extremo de la ridiculez. Y digo que fue el primer intento de consulta, así, en singular, porque las peticiones patrocinadas por el PRI y el PAN no fueron sino maniobras políticas para que el rechazo a la consulta sobre energía no quedara sola. El PRI llegó al extremo de proponer una consulta sobre un tema electoral a pesar del texto de la Constitución al respecto. El PAN reivindicó una consulta sobre el salario mínimo, el cual jamás ha sido preocupación de ese partido y, además, se redujo durante los doce años de presidencias panistas.
El avance democrático que suponía el nuevo derecho a la consulta ha quedado hecho trizas justo cuando el país pasa muy malos momentos. Esto es como volver a los años cincuentas y sesentas. Es una inicua restauración.