La respuesta de las derechas a la reforma en la Ciudad de México en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido fuerte y bien organizada. Se han adicionado las constituciones de 17 estados para sustentar que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido”. Este texto ha sido objetado por una mayoría de siete ministros de la Corte pero no fue declarado inconstitucional pues para ello se requieren ocho votos. No obstante, se insiste ahora en Nuevo León. El factor determinante en esta contraofensiva es el oportunismo del PRI, pues al PAN se le conocen sus viejas y anacrónicas concepciones morales y su falta de respeto al Estado laico.
En Guerrero, en cambio, se busca replicar la reforma del DF y así abandonar la estigmatización de las mujeres que abortan. La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo no sólo amenaza con llevar a la cárcel a quienes tomen esa decisión sino que también es un soez acto de repudio contra las mujeres y una execrable declaratoria de que ellas no son dueñas legítimas de su propio cuerpo, el cual –bajo esa idea—debe estar resguardado y vigilado por legisladores, policías, fiscales y jueces.
La penalización del aborto está relacionada con la sexualidad de las mujeres. Si se tiene un embarazo no deseado, la mujer se encuentra obligada por ley a ser madre. Es así como se reitera el muy antiguo concepto de que las mujeres tienen el deber de ser madres y que tal función es suprema, es decir, se encuentra por encima de cualquier otra noción, en especial, de su propia libertad. Con esto, el artículo cuarto de la Constitución carece de vigencia. El tipo penal del aborto es, por tanto, discriminador pues ubica a las mujeres en el papel que les ha sido asignado dentro las denominadas relaciones desiguales de género que, se supone, deben ser combatidas en los parlamentos, para lo cual se han formado comisiones especializadas, pero desde donde –hace tres días en Guerrero–, contradictoriamente, se fomenta la discriminación y se apoya la regulación estatal del inicuo sitio social que se les impone a las mujeres en general.
Todo lo anterior se agrava cuando la penalización del aborto voluntario orilla a mujeres embarazadas a la clandestinidad. De esta forma hay dos puniciones: la cárcel y el daño a la salud o la muerte, en especial si se es pobre, con lo cual se implanta una adicional discriminación de clase.
Bajo la ideología imperante en el poder, el castigo prescrito en la ley es una forma de defender una moral cuestionada por la realidad social pero también es un medio de esconder la conducta prohibida, la desobediencia, es decir, de mantener ocultos los abortos con el propósito de que no se conozcan. Esa hipocresía es algo propio de la derecha a quien no le importan las perversas consecuencias.
La izquierda de cualquier tendencia o grupo no debe hacerse cómplice de esa discriminación, opresión y negación de libertad. El programa del PRD reivindica el derecho de las mujeres a disponer libremente del cuerpo propio y, por tanto, se pronuncia a favor de la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de embarazo. Es indefendible que militantes de izquierda traten de impedir reformas legales cuyo objetivo es contrarrestar esa fijación punitiva que consiste en que la mujer que aborta debe ser castigada mediante su encarcelamiento. Al respecto, no hemos escuchado de algunas y algunos más que simples pretextos para objetar la libertad de las mujeres en aras de una moral fuera de tiempo.
Sí, hay una disputa por el cuerpo de las mujeres. Es preciso erradicar de las leyes todo aquello que lo embarga a favor del Estado y reivindicar que sólo pertenece a cada cual.