La propuesta de reforma constitucional presentada por el Partido Acción Nacional contiene algo de lo que hace unos años Calderón envió al Congreso con muy poca suerte, pero contiene mucho más que entonces. Si el PAN siendo gobierno no se atrevía a proponer una reforma a la Carta Magna, ahora el PAN en la oposición pretende hacer de las empresas nacionales de energía algo así como unas compañías privadas con participación pública. Sin embargo, sus voceros han dicho algunos disparates, como era de esperarse.

Francisco Domínguez, senador del blanquiazul, dijo que la “apertura de la inversión a particulares” no contiene la privatización ni la pérdida del dominio de los recursos del Estado. Habrá que explicar ahora que vender acciones de una compañía petrolera del Estado no es una privatización y cómo la inversión directa en un organismo que administra los yacimientos de hidrocarburos no es un traslado de dominio. Se puede decir lo que se quiera, claro está, pero no será posible nunca sostener que lo propuesto no es lo propuesto sino algo que nadie podría definir. Ésta es, por lo visto, una derecha oligofrénica, pues sus condiscípulos de otros lugares del mundo siempre le han llamado privatización con todas sus letras.

El novel coordinador de los senadores panistas, Luis Preciado, dijo que era un día histórico para el PAN porque se presentaba una reforma que, sin duda, cambiará la vida económica del país y la vida de los mexicanos. Además de buscar privatizar los yacimientos, el PAN se quiere envolver en la bandera nacional y anunciar un cambio en la vida de los mexicanos a partir de una nueva política de energía.

Ya en el ridículo de la inconsecuencia, el PAN quiere sacar a los líderes del sindicato del Consejo de Administración de Pemex, lo cual fue rechazado por ese partido en la anterior reforma. Que el PRI dijera entonces que los charros petroleros no podían ser tocados ni con una gota de decencia era comprensible, pero que lo dijeran también los legisladores panistas que, hoy, están proponiendo eliminar lo que antes apoyaron con los peores argumentos es una especie de transmutación política.

El PAN de plano se quiere ir por la reforma de la Constitución bajo el argumento de que al privatizar se incrementa la renta petrolera. Pero ésta es la parte de la ganancia que el Estado recibe como consecuencia de su posesión de un bien monopolizable y monopolizado. Por tanto, el nivel de la renta lo determina el Estado mismo. Esa parte del valor del producto —la renta— no podrá aumentar por más que los capitalistas privados inviertan en la industria pero acaso deberá disminuir en términos relativos en tanto que la participación privada en la extracción de los hidrocarburos implicaría una reducción de los gravámenes por barril producido.

El peor negocio de un país consiste en compartir los recursos que ya tiene como Estado y darlo a otros. El argumento al respecto es que los privados administran bien mientras los burócratas son puros ladrones. Antes que perseguir a los corruptos se busca el regalo de los bienes nacionales. Pero los hidrocarburos no son cualquier bien nacional sino uno que se va a acabar, que es un recurso natural no renovable y finito. Eso es lo que el PAN quiere rematar.