Expropiación

La falta de política nacional del Estado en el tema de energía ha llevado a un esquema deficitario en casi todo. Si no hay un esfuerzo propio, no habrá solución de problemas nacionales porque el capital trasnacional no ha sido constituido para eso. Y así ha ocurrido: la estrategia en petroquímica ha resultado un fracaso oneroso, así como en materia de gas y de refinación, donde existen enormes deficientes, pero se queman en la atmósfera millones de pies cúbicos y se importan cantidades gigantescas de gasolina.

Los gobiernos priistas y panistas se negaron de manera necia a realizar las inversiones necesarias para superar esos rezagos mientras que Pemex generaba una inmensa riqueza y el Estado se dormía en sus laureles con el megayacimiento de Cantar, el que ha brindado a la nación colosales ganancias mal administradas.

Ahora, se plantea realizar una expropiación de recursos de la nación a favor de empresas trasnacionales para la producción de crudo y gas. Según el proyecto de Peña, el gobierno podría hacer los contratos con o sin Pemex, es decir, con operadores diferentes a ese organismo público, con lo cual la discrecionalidad en la política petrolera y en el manejo de los recursos naturales sería mucho mayor que ahora.

Mas existen otros elementos asociados. La renuncia a tomar en manos propias la política de inversiones es peor que reducirlas. Peña Nieto propone lo mismo que Calderón: contratos de producción compartida o “incentivados” pero plenamente constitucionales. Se quiere seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. ¿Quiénes deciden bajo ese esquema el nivel de inversión productiva en hidrocarburos y energía eléctrica? Las trasnacionales. Cuando un Estado administrador de recursos nacionales cede la iniciativa a otros, renuncia a ejercer sus cualidades soberanas. Así ha ocurrido con el gas; así ocurrió con la petroquímica. En cierta forma, también ha ocurrido con las gasolinas que se compran en el extranjero debido a la renuncia irresponsable a emprender los proyectos que son indispensables desde hace 30 años.

Sí, insisto, la propuesta de Peña es una expropiación. Es lo mismo dar concesiones que firmar contratos de producción compartida u otros iguales, según los cuales debe pagarse al operador privado un porcentaje de la producción, en especie o en dinero, cuando todo el recurso es propio y no existe necesidad alguna de compartirlo con nadie. Estamos hablando del peor negocio que puede hacer un Estado que reivindicó el petróleo y el gas como algo nacional desde hace casi un siglo, pero se concedió a extranjeros. En 1938 se prohibieron las concesiones. Lo que se hizo en 1960 fue prohibir también los contratos de riesgo, que eran los sustitutos fraudulentos de las concesiones. Hoy, la ley prohíbe toda contraprestación determinable y todo pago con producción o con el valor de ésta, aunque los contratos “incentivados” —nulos de pleno derecho según la misma ley—se estén firmando en abierta violación de la Carta Magna. Por eso, Peña propone la reforma constitucional con el fin de eliminar la prohibición de los contratos. Después de violar la legislación se propone derogarla. ¡Así es México!

¿Cuál es el argumento de fondo de esa propuesta expropiadora? Que México no puede explorar y extraer petróleo y gas en mayores cantidades ni producir más energía eléctrica y más barata sin el concurso de las trasnacionales. ¡Falso!