Pactos, pactotes y pactitos

Existe un pacto no escrito o, mejor dicho, escrito en la Constitución. Consiste en el diálogo político como medio de expresar las divergencias y las coincidencias, de negociar, acercarse o alejarse. Por épocas ese diálogo ha sido estrecho y algunas veces inexistente. Vivimos hoy en México una situación en el que el diálogo más o menos impera, aunque no siempre sirve para lo que está hecho.

No debería generar tanto debate la existencia de una mesa permanente de diálogo entre la oposición (una gran parte de ella) y el gobierno. El mal llamado Pacto por México es un mecanismo de diálogo con acuerdos y desacuerdos que se hizo necesario ante la relativa inoperancia del Congreso como lugar privilegiado de la relación política entre los partidos. Sin embargo, vivimos también bajo la desconfianza —enteramente justificada— hacia los políticos y en especial a los gobernantes. Ese pacto no lo es todo ni podría, como tampoco es algo parecido a una coalición o acuerdo legislativo. En la medida en que ningún partido cuenta con la mayoría en el Congreso —mucho menos en las urnas—, ha sido necesario inventar esa mesa de negociaciones, pero para la izquierda debería ser vista también como una forma de atemperar su exclusión de las negociaciones entre PRI y PAN, que casi siempre dejaban fuera a esa misma izquierda de la incidencia legislativa.

El diálogo político no comprende sólo a los partidos, sino a toda clase de organizaciones e, incluso, medios de comunicación, así como a consorcios y estructuras del poder económico. Se empieza, imperceptiblemente, a pretender ubicar al mecanismo Pacto por México en el centro de todo ese diálogo multisectorial y multifactorial. Podría surgir un problema no menor si las cosas se siguen llevando por ese lado.

Por otro lado, la lucha del magisterio contra la reforma administrativa de la educación básica tomó al gobierno como su principal interlocutor pero, ante eso, tuvo que ser necesario que el mecanismo Pacto interviniera para impedir que la SEP impusiera toda su propuesta, la cual había sido ya aprobada por la mayoría de la comisión dictaminadora de la Cámara. No es en absoluto sano, en términos del diálogo político, que la maniobra de cambiar a medio camino de mesa de negociación pueda beneficiar a alguna de las partes.

El gobierno debe hacer frente a sus compromisos de diálogo con cualquier organización sin tratar de apoyarse en el Pacto, pero también es una distorsión que éste deje de funcionar cuando le convenga al gobierno. Ya se ha visto que hay temas, como el de energía, que se encuentran fuera del Pacto porque hay tres proyectos: la lucha se dará en las calles, en los medios y en las cámaras. El Pacto es un instrumento que no cancela la lucha política, por lo que las entidades que la integran deberían hacer visibles sus posiciones de entrada en las negociaciones, las cuales no deberían ser tan reservadas a sus propios integrantes. Los temas que en el Pacto se tocan son siempre de gran interés nacional, por lo cual la sociedad debe poder intervenir en la discusión.

Por lo que se advierte, todo el que puede y quiere negocia y ocurre que no hay quien no quiera hacerlo, ya sea de manera directa o indirecta. La situación política del país dista mucho de aquellos momentos en que el diálogo era algo extraordinario. La CNTE se ha pasado meses negociando aunque siga sosteniendo la bandera de la derogación de la reforma del artículo tercero de la Carta Magna. El gran problema es que el proceso de negociación casi no trasciende como correspondería a un esfuerzo tendiente a construir una sociedad bien informada. A final de cuentas, la desinformación política beneficia al poder, porque rebaja presiones provenientes de la sociedad.