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Autonomía universitaria, al día de hoy

La autonomía universitaria surgió en 1918 en Córdoba, Argentina, como producto de una lucha democrática de los estudiantes que buscaban formar parte del gobierno de su institución. En 1929 la Universidad Nacional de México se confrontó con el gobierno que le quería imponer hasta la manera de caminar. Derechas liberales e izquierdas liberales, unidas, se encararon con el gobierno y obtuvieron la victoria gracias a la persistencia de la huelga de los estudiantes. En 1932 se expidió una ley de autonomía.

La Universidad se hizo autónoma y democrática, pero su democracia fue víctima del comercio y de la corrupción. Derechas e izquierdas no pudieron lograr un campo común democrático en su histórica confrontación y arrojaron una crisis de gobierno interior. Si los votos se compraban en el Consejo Universitario era porque estaban a la venta. En medio de la crisis, se produjo la intervención del Estado, se acabó una democracia ingobernable y se impuso el autoritarismo funcional. Ese es el sistema que persiste desde 1945.

Cada universidad pública del país tuvo una historia semejante. Durante los años setenta del siglo XX, algunas universidades lograron la democracia paritaria entre estudiantes y profesores, la cual siempre fue criticada, hasta el momento en que la derribó la corrupción de mafias emergentes. Otras instituciones siguieron bajo la égida de la derecha tradicional, tipo Yunque. Otras más, continuaron bajo el esquema de mafias priistas, aunque, después, algunas sin PRI. Todas ellas son autónomas y se reúnen, para defender su propio estatus, en la ANUIES, gran interlocutor del sistema universitario nacional.

El común denominador de dicho sistema es que la democracia no aparece por ninguna parte. Algunas de esas universidades fueron precursoras de la democracia mexicana en 1968 y años posteriores. Todas ellas han quedado atrás del país al que defendieron y representaron en materia de democracia.

Existe en casi todas las universidades públicas un pacto interno, no democrático y, en consecuencia, de carácter más o menos mafioso, gracias al cual la institución funciona, pero carece de grandes propósitos. Ninguna de esas universidades ha sido en los últimos 30 años la sede de un programa de reforma de la educación superior, como antes lo habían sido varias de ellas gracias al impulso de la izquierda.

En verdad, el neoliberalismo fue una derrota casi de palmo a palmo, la cual se advierte también en las universidades públicas de México. Pero es tan contradictorio ese proceso que no puede ignorarse que la UNAM fue la cuna del movimiento anti neoliberal universitario más importante y exitoso: la huelga de 1987 contra las colegiaturas y de la posterior huelga de 1999, que también fue victoriosa, aunque la rompió la policía, pues ya había triunfado antes de su quebradura, un año después de su inicio.

México tiene en la UNAM del siglo XX tres momentos políticos estelares de la mayor trascendencia nacional. 1929: la autonomía como libertad y gobierno democrático propio. 1968: inicio de las libertades democráticas, junto con el IPN y muchas universidades públicas y privadas. 1988 y 1999: derrota del plan neoliberal de organización de la educación superior.

Hay una lista de universidades y escuelas superiores que lograron en algún momento su democratización, pero que fueron sometidas, poco a poco, por parte de grupos priistas y panistas de franca derecha.

La UNAM no fue democrática bajo la actual ley que data de 1945, la más antigua del país, pero varias de sus facultades lograron, durante periodos, el cogobierno extralegal de estudiantes y profesores. Las reformas educativas más importantes y trascendentes fueron promovidas por las izquierdas, cuando estas tomaron poder de decisión bajo métodos democráticos y gracias a ellos.

Las derechas carecen de un proyecto de reforma universitaria porque en realidad no tienen convocatoria de cambios sociales sino sólo de conservación de viejos privilegios. Pero, en tal situación, sobrevino el neoliberalismo como plaga mundial y llevó a las universidades a funcionar como empresas comerciales valedoras del sistema de que todo debe estar sometido a la relación mercantil directa. Ya no era la derecha católica reaccionaria, añorante del siglo XVIII colonial, o el liberalismo decimonónico, como tampoco el estatismo autoritario post revolucionario, sino el poder de las grandes empresas y de las estructuras monopólicas financieras que se relanzaron, luego de la última guerra, sobre la mayor parte del mundo. El neoliberalismo es el programa del capital financiero contra el Estado social de los países capitalistas. Luego, con la caída de la URSS y países socialistas incorporados, los neoliberales se quedaron prácticamente solos, hasta que vino la segunda ola del Estado social, la cual sigue su curso a través de fuertes contradicciones y duras luchas políticas, no sólo en América Latina, África y Asia, sino también en Europa, sin excluir a Estados Unidos. Vivimos un momento de gran intento de cambio mundial.

Es natural que las universidades mexicanas, como las de gran parte del mundo, hayan estado inmersas en esas luchas. Durante más de 30 años, las izquierdas pagaron todos los platos rotos del neoliberalismo galopante. También lo hizo la educación superior, cuya gratuidad fue eliminada de la Constitución bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, repuesta hace apenas unos meses por la 4T.

La inmensa mayoría de las universidades públicas del país se “derechizaron”. Claro, excepto las que ya eran francamente de derecha. Todas ellas son “plurales” o “pluralistas”, pero eso no quita su tendencia dominante.

Algo muy feo de este proceso es que grupos universitarios de izquierda llegaron algún día a la conclusión de que el neoliberalismo (formar una oligarquía de ricos financieros y desmantelar el Estado social) era mejor que vivir para siempre en la crisis del viejo estatismo que no había podido resolver ningún problema social de fondo.

Algunos de esos intelectuales de izquierda suponen que criticar a la universidad pública mexicana, por haber abrazado el proyecto neoliberal, es un atentado a la autonomía universitaria. Uno de ellos, ex miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, Rolando Cordera, en lanzamiento demencial, ha escrito que hemos de volver a la gesta de la defensa de la Universidad como en 1968.

El ejercicio de la autonomía universitaria depende del grado de democracia interna en las instituciones autónomas. De nada sirve un gobierno propio (“gobernarse a sí mismas”, dice la fracción VII del artículo 3º de la Constitución) si no se ejerce de conformidad con otros principios constitucionales de carácter democrático, la igualdad política y el derecho de elegir y, también, de decidir. La democracia concursal, formalista, es de por sí deficiente y se presta, como se ha visto, a grandes manipulaciones del poder del dinero, pero ni siquiera esa existe en el sistema público mexicano de educación superior.

La reforma universitaria nacional ha de ser pronto un movimiento para ubicar a la educación superior a la altura de la sociedad, en específico, del pueblo mexicano, el cual recién ha logrado lo que otros hicieron muchas veces a través de la historia: enseñar a sus propios profesores.

Rijosidad y rispidez

Muchas personas en las oposiciones y en grandes medios consideran que el ambiente político de rijosidad y rispidez se debe a las frecuentes réplicas, ataques y explicaciones que hace el presidente de la República. Se toman en cuenta mucho menos las arremetidas cotidianas de los críticos y adversarios del gobierno que se difunden ampliamente en la prensa y las redes sociales.

En México se pensaba hasta hace poco que los jefes del poder político no debían enfrentarse directamente a sus opositores, sino de manera subrepticia o indirecta, para lograr protección personal sin dejar de hacer lo deseado. Eso ya no funciona.

Tenemos un escenario político de rijosidad y rispidez, es decir, los actores principales están dispuestos a pelear y lo hacen con vehemencia y escasa amabilidad. En lugar de estar buscando al culpable de este fenómeno, lo que debe hacerse es admitir la realidad política, ya que, a fin de cuentas, todo eso forma parte de la emersión de una nueva fuerza gobernante que no puede dejar de lado el instrumento que la llevó al poder: la crítica, incluyendo, naturalmente, la modalidad de la denuncia pública.

La rispidez y la mala educación se manifiestan a la menor provocación porque el poder está en juego cada día. Así se ha tejido la lucha política desde la instalación de una nueva mayoría legislativa y la llegada de un nuevo Poder Ejecutivo, es decir, desde el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2018: nadie en las oposiciones se propuso entonces alguna forma de colaboración condicionada o acotada con los recién llegados al poder, como suele ocurrir en las “democracias occidentales”, sino que se adoptó como objetivo la confrontación hasta llegar al momento de la derrota de la 4T, programada para junio de 2021 como primera fase.

Las oposiciones son muy fuertes, cuentan con apoyo electoral, dinero, algunos gobiernos locales, medios de comunicación, organizaciones sociales, gran parte del clero católico, organismos autónomos del Estado, empresas, organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, no han podido derrotar a la 4T sino que han acumulado nuevos fracasos electorales en varios estados. Sin motivo lógico, en ese campo nadie en la coalición opositora intentó un análisis sereno de los resultados. Todo siguió casi igual.

Hay un grupo, cuyo nombre es “Sí por México”, que ha lanzado una nueva versión de su iniciativa unitaria de las oposiciones, la cual se va a denominar “Ciudadanos al Rescate Nacional”, lo que expresa mejor el propósito de volver a adquirir lo que antes se tuvo, el poder. Sus objetivos, según han dicho los dos principales líderes, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, ambos empresarios, son defender “la libertad, la democracia, la competitividad y la propiedad privada”.

El “rescate” es el contenido básico del discurso político porque corresponde a la realidad. Las oposiciones no pueden unirse orgánicamente sin tratar de reinstalar el Prian como mecanismo de administración de la mayor parte del espectro político mexicano y forma concreta de compartir el ejercicio del poder. Se ofrece, así, un regreso a algo conocido y, al mismo tiempo, se cree que eso habrá de tener la mayor fuerza de convencimiento popular. Nada fácil.

“Sí por México” es un grupo sin fuerza social, pero ha logrado un éxito inusitado en sus interlocuciones con los dos mayores partidos opositores, PAN y PRI, sin tener que ocultar su carácter ideológico de extrema derecha. Su tarea política consiste en aproximar a esos dos partidos y a otros para forjar una alternancia, pero cuando se anuncia la intensión de ir a una consulta sobre el mandato del presidente de la República, se desinfla todo y se renuncia al voto popular como instrumento de cambio. Ahora, “Sí por México” insiste en que toda la oposición debe ir en unidad, pero en el año de 2024 para llevar a un nuevo presidente contrario a la 4T.

El PAN no tiene problema alguno en su unidad con el PRI. Eso es lo más lógico porque el tricolor no ha elaborado un programa electoral de carácter social y debido a que el blanquiazul tiene mayor fuerza electoral, por lo cual le debería corresponder nombrar al candidato presidencial. El problema verdadero lo tiene el PRI porque cuenta con una masa electoral que no es de derecha en su mayoría y mucho menos de ultra derecha como “Sí por México” y segmentos relevantes de Acción Nacional que simpatizan con el partido fascista de España.

Es así como la rijosidad y la rispidez en las relaciones políticas se utilizan para confrontar más y más culpando al adversario. En realidad, la disposición a la pelea y la vehemencia son formas que expresan contenidos programáticos, pero principalmente en materia de política económica y social. Un Prian relanzado pero ahora con unidad orgánica no tendría más consecuencia que representar a los empresarios de extrema derecha, tal como lo hace “Sí por México”. El propósito no podría ser el restablecimiento de las libertades porque éstas existen hoy mucho más que antes, ni de la democracia que se sigue abriendo camino en el país, sino sólo la contención de la política social y la recuperación de viejos privilegios de unos pocos muy ricos.

La forma actual de discutir el tema político, es decir, rijosidad y feas maneras, practicada en no pocos países, en México ha venido a dar cobertura a la mentira como sistema instrumental. Nunca un gobierno ha sido tan difamado, pero ahora al menos no se han abierto procesos por daño moral contra ningún difamador. Aunque la decisión de no recurrir a tribunales en materia civil es políticamente adecuada, por desventura el país se acostumbra a la mendacidad en el debate público. La fabricación de falsedades ampliamente difundidas ya no es rispidez sino algo añadido que hace de la lucha política un ejercicio tan sucio como el practicado por Felipe Calderón cuando fue candidato a presidente (2006) y usó el dinero de la extrema derecha empresarial para difamar en radio y televisión a su contrincante, justamente Andrés Manuel López Obrador. Aquel grupo de capitalistas patrocinadores y aquel partido fueron exactamente “Sí por México” y el PAN.

¿Qué tienen que hacer los otros invitados a “abrazarse” en el pacto “Ciudadanos al Rescate Nacional”? Sería bueno escuchar respuestas inconcusas, pero al mismo tiempo sustentadas.

Ganancias caídas del cielo

“Windfall profits” se le llama en España a la consecuencia del sistema tarifario de energía eléctrica. “Ganancias caídas del cielo”. El método es en el fondo sencillo: se venden las producciones de electricidad de menor costo a precio de la más cara. Es decir, la mayoría de la gente que se ubica en el mercado eléctrico cotidiano o de corto plazo tiene que pagar, según un mecanismo de subastas por día y por hora, la tarifa que corresponde a la energía de mayor precio de mayoreo. Como es lógico, los productores de la energía más barata acumulan enormes ganancias a costa de los consumidores y, además, se benefician en exclusiva del aumento de los precios de los energéticos. A esto le llaman mercado.

El esquema se hace más inicuo porque en España existe un oligopolio de electricidad: Endesa, Iberdrola y Naturgy poseen, juntos, casi el 90% del mercado y cada cual tiene sus regiones, como en tiempos feudales. La única empresa de capital mayoritario estatal es Endesa, propiedad de ENEL, la mayor empresa eléctrica de Italia que opera en 32 países, también en México, como lo hace Iberdrola. Sin embargo, la italiana asumió su papel oligopólico luego de tomar por asalto a Endesa a través de una oferta de bolsa. Existen en la Península Ibérica unas 300 comercializadoras operativas privadas de electricidad pero que operan en el margen.

El llamado “pool eléctrico” español pretende justificarse bajo la necesidad de promover las inversiones en energía eólica y fotovoltaica, pero, como se puede observar, a costa de bolsear a los consumidores. En España, no sólo dejó de existir la empresa pública sin tomar en cuenta que el país es una isla en materia de electricidad, pues su sistema sólo lo comparte con Portugal. Así es también México, una isla eléctrica: lo que no se solucione aquí, nadie podrá hacerlo. De esa forma, el tema energético es de alta seguridad nacional.

El sistema eléctrico mexicano no es idéntico al de España, pero aquí se las ingeniaron para hacerlo parecido. El Estado mexicano tiene el monopolio constitucional de la planeación y control del sistema, así como de la transmisión y distribución de energía. Al mismo tiempo, tiene una gran empresa pública, la CFE, que produce energía de las diversas fuentes. El problema es que, a partir de las reformas neoliberales de 2013 y 2014, empeoraron las normas y los contratos para mediatizar la capacidad estatal y beneficiar a empresas privadas. El Estado ha terminado subsidiando a los empresarios de la electricidad, lo que se expresa en los estados contables de la CFE. Las normas para usar las líneas de transmisión y la red de distribución de la CFE no son parejas para unos y otros productores, de tal forma que la capacidad productiva instalada de la empresa estatal se inutiliza en parte debido a la preferencia de la que gozan los privados, ya sea para el servicio público o dentro de esquemas de simulación de asociaciones de generación.

La CFE compra en contratos de largo plazo a precio y cantidad predeterminadas a los privados y se privilegia el despacho eléctrico de nuevos productores independientes. Además, se transmite casi gratis energía de sedicentes cogeneradores que claramente no lo son.

El planteamiento central del nuevo gobierno es que la CFE vuelva a ser jurídicamente un organismo público y participe en el ejercicio de las atribuciones constitucionales actuales que tiene el Estado, dejando atrás los indebidos privilegios actuales en favor de las empresas privadas, altamente costosos para la nación. Que haya, en síntesis, un mercado parejo y una verdadera regulación.

Algunos distinguidos políticos priistas, en especial Dulce María Sauri, están diciendo que la iniciativa de AMLO para reordenar la industria eléctrica es como regresar a los coches de caballos en pleno siglo XXI. Es decir, se quiere postular que la empresa estatal de electricidad debe desaparecer por ser un esquema viejo. Debería analizarse que ENEL, la primera empresa eléctrica de Italia es del Estado y tiene fijada una cuota del 50% de la producción total de ese país. Électricité de France (EDF) tiene capital estatal de 83% y es la tercera compañía mundial, después de la china State Grid y la mencionada ENEL italiana, ambas bajo control accionario de sus respectivos estados. La tercera empresa alemana, EnBW, es mixta con capital de una entidad federativa.

Al plantear que la empresa pública es hoy tan vieja e inservible como el coche de caballos se evade, con una simple frase, rendir cuentas de las consecuencias mexicanas de la aplicación del programa neoliberal. Significa seguir defendiendo el neoliberalismo a pesar de sus pésimos resultados mundiales para la mayoría que fue víctima de tal programa.

Se pretende postular desde sectores priistas (salinistas) que no hay que resolver ningún problema volviendo a hacer lo que antes se hizo, lo cual incluye al Estado social que ha sido disminuido por el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. Pues bien, los priistas deben saber que el mayor partido actual no busca repetir fórmulas anteriores porque el país ya no es el mismo en muchas materias ni la nueva fuerza gobernante es igual, sino combatir la política de los neoliberales, que no sólo han sido del PRI, y sentar las bases de un Estado democrático y social de derecho, dentro del que se produzca una redistribución del ingreso y se eleve la capacidad productiva del trabajo social en beneficio de los propios trabajadores.

La reforma energética de 2013 fue un atraco porque estaba dirigida contra el patrimonio y los intereses estratégicos de la nación. No se trataba sólo de promover a empresas privadas, principalmente extranjeras, sino de otorgarles subsidios abiertos y encubiertos encaminados a crear un oligopolio en la industria eléctrica.

El siglo XXI no está obrando en favor de los neoliberales. Por el contrario, el programa del neoliberalismo desvela aquí y allá su verdadero contenido como promotor de estructuras oligopólicas que llevan a la concentración y centralización de la riqueza y el poder en pocas manos.

La iniciativa de AMLO sostiene que la transición energética que México está obligado a cumplir no puede hacerse bajo el liderazgo de un oligopolio que sólo busca tasas extraordinarias de ganancia a costa de lo que sea, incluyendo, naturalmente, la ruina de la empresa pública de electricidad. Los pactos mundiales sobre la defensa del planeta los ha suscrito el Estado mexicano, no los capitalistas, quienes deben ser regulados por la autoridad y no al revés.

El Consejo Coordinador Empresarial busca que el Estado se encargue solamente de transmitir y distribuir la electricidad, actividad mucho menos rentable que la de producción, para que las empresas privadas, en especial las extranjeras que ahora se representan a través de ese consejo de cúpula, tomen por completo el control de la industria.

Si el Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los estados) no se hace cargo de las obligaciones nacionales sobre energía, no habrá quien lo pueda hacer, mucho menos desde el abuso y el privilegio. Vean lo que ocurre en España y en algunos otros países en los que empezamos a ver una “nueva pobreza energética” en el marco de perniciosas estructuras oligopólicas privadas, a veces con la intervención de empresas públicas que se comportan con la misma voracidad. Lo moralmente peor es que todo eso se hace ofreciendo energía limpia, como si las grandes empresas privadas fueran las únicas que pudieran generar electricidad sin quemar fósiles.

No se le plantea al PRI que analice la historia mexicana del siglo XX ni tampoco su propia política neoliberal, sino que haga lo que hoy en día promete a su electorado en el sentido de velar por los intereses populares y nacionales. Qué difícil.

¿Se va a ir la luz?

La iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso con el fin de reformar varios artículos de la Constitución en materia de energía eléctrica contiene una fuerte corrección a la reforma anterior. El texto hasta ahora vigente pretende eliminar paulatinamente a la Comisión Federal de Electricidad para conformar un oligopolio privado internacional.

Estamos hablando de una energía vital de todo país. No es un juego. Sin embargo, desde 1995 se ha venido creando una infraestructura industrial de producción de electricidad con empresas privadas, principalmente extranjeras, que entregan su producto a la empresa estatal en condiciones preferenciales y garantizadas, pues el Estado se obligó a comprar o distribuir lo que produjeran. A partir de la reforma de 2013, la situación empeoró pues la energía eléctrica producida por empresas privadas fue programada para que desplazara y arruinara a la CFE. Ese era el plan.

Como se sabe, la producción de energía eléctrica nunca fue monopolio del Estado. Cualquiera la puede generar. Pero, desde el punto de vista industrial, sólo es rentable si se posee o utiliza de manera continua y segura un sistema de transmisión y una trama de distribución. Esta infraestructura siempre ha sido del Estado y ningún inversionista privado ha planteado poder construir una nueva.

Dice actualmente el artículo 27 de la Constitución: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”

Así, lo que se decidió en 2013 fue dejar al Estado como monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica y, al mismo tiempo, designar paulatinamente a las empresas privadas como oligopolio de la producción, cuyo fluido sería transmitido por el Estado desde los lugares de generación y distribuida hasta los sitios de consumo. Producir electricidad es más rentable que distribuirla porque tiene una composición orgánica de capital mucho más alta: mayor inversión fija y menor cantidad de trabajadores.

Además, todo sistema eléctrico requiere una reserva de capacidad de generación. Ante las bajas de potencia o para cuando se produzca una caída parcial en el sistema, deber existir capacidad instalada adicional, más aún en un país interconectado casi por completo. Esto tiene un costo, el cual se cubre hoy por cuenta del Estado y, naturalmente, en beneficio de las empresas privadas.

Como consecuencia de todo eso, se han repartido permisos de generación eléctrica para el servicio público en tal cantidad que, si en este momento todos los permisionarios en ciernes pudieran producir, el país tendría el doble de potencia, pero sin contar con una semejante capacidad de consumir justo a tiempo un producto que, como se sabe, no se puede almacenar. Ese innecesario aumento de la producción iría en demérito de la producción del Estado, incluyendo la hidroeléctrica que es energía limpia, aunque no se encuentre en la lista correspondiente por ser justamente de propiedad pública.

Entonces, el plan ha sido ir produciendo más y más electricidad desde las empresas privadas, y menos y menos de parte de la empresa del Estado, la CFE. Es la misma idea que se aplicó con motivo de la infortunada reforma petrolera. Esto es parte del programa neoliberal que considera que la empresa pública sólo se justifica como instrumento de subsidio a los capitalistas y facilitación de las actividades empresariales privadas, entre más oligopólicas, mejor.

Por ello existe un sistema de reparto de energía en favor de las empresas privadas, así como de obligaciones del Estado para dar a aquellas las mejores condiciones de desempeño, de tal manera que la tasa de ganancia bruta de las termo eléctricas privadas es mucho mayor que la de la empresa pública con lo cual en realidad se aplica un subsidio.

De lo que se trata ahora es de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de las empresas privadas y la del organismo del Estado. Un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la CFE para asumir, como ya dice la Carta Magna, “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional” y, además, llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia para hacer frente a la transición energética.

Es indispensable ampliar la red de trasmisión y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc., para lo cual se requieren grandes inversiones públicas. Si el Estado mexicano no retoma la conducción de la industria eléctrica como una responsabilidad ineludible, podríamos llegar a tener aquí algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en parte de Europa, donde la tarifa eléctrica varía según la hora y el día, llegando ayer en España a los niveles más altos de su historia, desde 60 euros de hace unos tres años, hasta 320 euros (unos 7 500 pesos) por megawatt/hora; la tarifa más baja se fijó en 250 euros, pero entre las 4 y las 5 de la madrugada.

El argumento del Consejo Coordinador Empresarial en contra del proyecto del gobierno no es tal, puesto que se trata de una peregrina amenaza o, sencillamente, de una mala predicción: “habrá apagones y la luz será más cara”, dice el organismo cúpula. La afirmación carece de sentido cuando de lo que se trata es de garantizar que se pueda planear el desarrollo de la industria y proveer energía al más bajo costo posible, lo cual no requiere de diarias subastas entre productores que tienen, obviamente, costos diferentes según el fluctuante precio del gas, las horas de insolación, la velocidad del viento, entre otros factores. Si los industriales quieren tarifas estables y suficiente disponibilidad de energía a cualquier hora, que llamen a votar por la iniciativa de López Obrador en el Congreso. Si ésta es obstaculizada, vendrá tiempo de lamentos… por parte de ellos mismos.

El gobierno propone, entre otros textos, introducir en el artículo 27 lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales para dichos fines. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”.

A la vez, se propone añadir en la Constitución: “La Comisión Federal de Electricidad generará al menos el cincuenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica que requiere el país. El sector privado participará hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación que requiera el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.

Como se aprecia, no se trata de expropiar ninguna planta privada de energía, sino de nacionalizar a la CFE, que hoy está a merced de las empresas privadas, con el fin de que la nación, a través del Estado, pueda tomar la conducción de la industria eléctrica e impedir la operación de un oligopolio privado.

Este es un problema de seguridad energética, la cual no debería estar subordinada al concurso de empresas privadas que sólo buscan, como es lógico, sus ganancias: entre mayores, mejor… para ellas. El país requiere garantía de generación suficiente, estable y con tarifas que sean adecuadas económica y socialmente a la realidad de México.

El neoliberalismo está en decadencia en el mundo. Por suerte también en México va de salida. Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no “se vaya la luz” o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten “muy postmodernos”.