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La consulta decisoria

    Las democracias concursales han llegado al plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato a través de procesos de aguda lucha política. La consulta popular decisoria es, en sí misma, un instrumento para resolver confrontaciones dentro del sistema político de la Constitución.

El 27 de abril de 2011, cuando se aprobó originalmente en el Senado la reforma constitucional que abría en México la consulta popular, se dijo en todos los tonos que esa era una fórmula democrática y no violenta para resolver desavenencias críticas, confrontaciones de poder o conflictos agudos. Nunca se planteó como un ritual ni se incorporó a la ley fundamental como un derecho secundario. Llevada a todos los niveles, la consulta sería un mecanismo básico de la componente directa de la democracia mexicana.

El tema del quórum tuvo desde un principio una relevancia singular. No toda consulta es vinculante, es decir, obligatoria o decisoria, sino que se requiere un porcentaje de concurrencia a las urnas. En México se optó por el 40% del listado de electores porque la figura de la consulta se creó para ser efectuada el mismo día de las elecciones. Sin embargo, en 2019, con motivo de la reforma que instituyó la revocación de mandato y ante la norma de que las consultas pueden realizarse en cualquier año y no sólo en los comiciales, se les desligó expresamente del día electoral, al grado de ubicar su realización dos meses después. Este es un evidente defecto introducido con maña por los enemigos de la democracia directa que son minoría en el Congreso, pero tienen más de un tercio para bloquear reformas constitucionales.

No es lo mismo un 40% de quórum en un día de concurrencia comicial a otro cualquiera, como será el próximo 1o de agosto. La dificultad para proveer una concurrencia de 37 millones es en verdad inmensa, más aún cuando las oposiciones ignoran la consulta porque carecen de discurso frente a la misma, aunque en realidad no están de acuerdo con realizar consultas en general y mucho menos la próxima que es en contra de ellas como formaciones políticas.

El primer gran golpe a la nueva institución de consulta popular lo asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al descalificar el pedido popular, presentado con suficiencia de firmas en dos simultáneos procedimientos, para votar en el año de 2015 la entonces reciente reforma constitucional sobre energía.

Por diez votos de un total de 11, la Suprema Corte consideró que el tema era de ingresos públicos, los cuales no están sujetos a consultas al igual que los gastos. El país entero entendía que la cuestión no era de ingresos sino de producción de energía. Igualar una cosa con la otra podría aplicarse para cualquier pedido de consulta que, de alguna manera, pudiera incidir en los ingresos o provocar algún gasto. La resolución jurisdiccional, adoptada el 30 de octubre de 2014, fue una burla a la nación y se encuentra grabada en los anales más oscuros de la Suprema Corte.

En verdad, ese tribunal se comportó en forma canallesca. Su criterio sobre el asunto fue fabricado a partir de una consigna directa del entonces presidente de la República, quien sabía que podía ganar el No y hacer rodar cuesta abajo su reforma. Casi todos en la Suprema Corte obedecieron, en uno de los actos de mayor sumisión en décadas de mansedumbre judicial.

La consulta sobre la reforma de energía hubiera sido también todo un éxito de democracia participativa, ya que era una ocasión para lograr la elevación del pueblo mexicano al grado de tomar decisiones sobre temas de enorme trascendencia. Entre un pueblo que elige y otro que también decide hay una diferencia esencial. De ese tamaño es este asunto.

La democracia concursal no deja de ser lo que es cuando se le incorpora la consulta popular. Las fuerzas políticas convencionales siguen determinando el escenario político porque dominan el poder del Estado, pero ya pueden irrumpir otros factores que no son propiamente parte del concurso político formalista y tradicional.

Lo que ha ocurrido en Chile es una clara muestra de ese fenómeno. En una votación popular se decidió convocar a un constituyente elegido en su totalidad directamente por el pueblo. El porcentaje de participación fue alto y se produjo una avalancha de votos en favor de la solución democrática de la crisis del modelo económico y del poder político que existe en ese país. Las posteriores elecciones de diputados a la asamblea constituyente confirmaron la intromisión de factores políticos nuevos, al margen del esquema dominante concursal que proviene de la caída de la dictadura, la cual, por cierto, fue producto de una consulta popular. Ahora, fueron atropelladas por la ciudadanía las dos fuerzas que habían disputado y alternado entre ellas durante 30 años.

La situación política de México, caracterizada por una aguda confrontación entre dos grandes fuerzas, la 4T y las oposiciones unidas, va a requerir el uso de mecanismos de participación política directa, a través de los cuales podrían dirimirse algunos graves conflictos. Por lo pronto, tendrá lugar el próximo año un procedimiento de revocación presidencial.

El camino de las consultas populares apenas se inicia.

Dice Vargas Llosa

Los más recientes chistes de Mario Vargas Llosa, después de que, como experto analista electoral, declaró que Keiko Fujimori había ganado la presidencia del Perú, han sido sus afirmaciones en un texto –difícilmente artículo—publicado en El País el 25 de julio.

Dice el novelista que el bloqueo “ha servido al Gobierno cubano para explicar milagrosamente que, a causa de él, la Revolución nunca ha podido despegar económicamente”. Pero no está de acuerdo con eliminarlo: levantar el “famoso embargo norteamericano”, sería “una forma de ayuda a la incompetencia del Gobierno de los Castro” (aquí ya se olvidó que existe en Cuba una población). Así, pues, Vargas Llosa no quiere que se levante el bloqueo (quitarle un pretexto a su autor le ayuda en su engaño). ¿Dónde quedó el embargo como pretexto milagroso? Con la tesis del pretexto o sin ella, el eterno bloqueo se queda, aconseja el autor de La Guerra del Fin del Mundo.

El peruano describe la situación actual de Cuba de la siguiente manera: “caos en que se encuentra la isla, con la incertidumbre del coronavirus y el deterioro de todas las instituciones, sin trabajo y escasez de vacunas”. Este reporte puso de pelos parados a la gente de la oficina para América del gobierno de Joe Biden, la cual reporta a diario la situación del hemisferio (del Bravo a la Patagonia, solamente). Dice el comentarista peruano que no hay trabajo, por lo que de seguro cree que la gente que va a su trabajo en realidad no va trabajar sino a dar la vuelta. Ese país tiene, para decepción del analista peruano, la tasa de desocupación más baja de América. Que, por favor, no se asome a las cifras de México o Brasil porque quién sabe que escribiría. Y eso sí va a doler.

En relación con la pandemia, tema ineludible en los tiempos que corren, Vargas Llosa nos dice que en Cuba la pandemia genera incertidumbre. En contraste, de seguro, con el resto del mundo. Desde España, nos reporta el escritor que en Cuba no hay vacunas Covid-19. No desvela su fuente, pero sin duda no pudo haber sido la CIA. Menos mal que cuando culmine la vacunación en la Isla, se podrán enviar a España parte de los excedentes de Soberana 2, siempre que la UE lo autorice, con la venia de Estados Unidos, por aquello del “pretexto”. Por lo pronto, ante la intermitencia de la llegada a España de vacunas procedentes del norte de Europa y las protestas contra las nuevas medidas sanitarias, Vargas Llosa tendría que decir que eso es un caos en medio de la más terrible incertidumbre. Mejor que no diga nada al respecto: allá sí contestan feo.

Concepto atribuido al socialismo por don Mario: “capitalismo, causa de todos los males posibles en la historia de la humanidad”. Quizá los males causados por el capitalismo antes de que existiera no fueron tan grandes.

Esa Cuba de hoy y aquí

Las manifestaciones opositoras en Cuba del 11 de julio no parecen haber sido “obra del gobierno de Estados Unidos”, como se ha dicho, pero fueron expresión política concreta de una situación que, en gran medida, sí es contumaz obra de Washington.

Durante seis décadas, Cuba ha sido sometida al más prolongado bloqueo comercial hecho por Estados Unidos y con alcance trasnacional. Además, el gobierno de la isla sigue estando bajo ultimátum de rendición a pesar de que Barak Obama reestableció relaciones diplomáticas, sólo para que Donald Trump y, ahora, Joe Biden, terminaran ampliando el bloqueo. Una de las mayores coincidencias en Naciones Unidas es la exigencia de levantamiento del embargo contra Cuba: sólo dos votos en contra (EU e Israel) y cuatro vergonzosas abstenciones, entre ellas Brasil y Colombia.

Por décadas, el gobierno de Estados Unidos creó una situación en la que un “arreglo” de fondo del problema tendría que incluir el establecimiento de un nuevo régimen político aceptado por Washington. Nunca ha habido negociaciones propiamente dichas entre los dos países, sino sólo en temas específicos, incluyendo la reanudación formal de relaciones diplomáticas.

Hace seis décadas, frente a agresiones físicas y la exigencia estadunidense de que el gobierno de la isla fuera sustituido, el nuevo poder revolucionario encabezado por Fidel Castro tomó la trascendental decisión de expropiar los bienes de las compañías estadunidenses, sin pago de indemnización. Desde entonces, el gobierno norteamericano reclama esas propiedades y, muy pronto, las extendió a las de cubanos, ahora estadunidenses, cuyos bienes inmobiliarios fueron confiscados tan luego como abandonaron el país y se refugiaron en territorio de Estados Unidos.

El bloqueo ha persistido y empeorado. Causó daños económicos a Cuba por unos 150 mil millones de dólares y, sólo en lo que va de la pandemia Covid-19, ha provocado pérdidas por cerca de 10 mil millones.

Hay, además, una larga historia de agresiones, sabotajes, atentados y espionajes en la truculenta respuesta de Estados Unidos a la independencia de Cuba.

Este punto es muy relevante debido a que la soberanía y el sistema socio-económico de Cuba llegaron a hacerse una y la misma cosa. Este fenómeno no ocurrió con ningún otro país que hubiera defenestrado al capitalismo. Para Estados Unidos es como si Cuba hubiera sido una entidad asociada a la Unión Americana que súbitamente declarara su independencia y se quedara con todo. Por el otro lado, para los cubanos y cubanas, ceder a las pretensiones estadunidenses sería perder la independencia y, por tanto, no poder ejercer ninguna soberanía. Todo es todo. Por eso no ha habido nada.

Economía no-mercantil

En otra vertiente de la historia contemporánea de Cuba, las protestas del 11 de julio tienen un significado diferenciable, mucho más concreto. Al tiempo que han sido ya muchos años en que el igualitarismo cubano ha venido aflojando, la consecuente diferenciación social en Cuba es un proceso cada vez más rápido, pero no se trata de bienes básicos sino de aquellos que se adquieren con moneda convertible y que no se encuentran igual de disponibles para toda la población. Hay quienes, ligados a empresas privadas extranjeras o negocios locales, gozan de un nuevo y mucho mejor nivel de acceso a satisfactores.

Esta estratificación social está ligada a dos estructuras que operan al mismo tiempo: la vieja desmercantilización de una gran parte de los bienes y servicios, y el hecho de que el sistema productivo cubano no funciona debido a la sobrerregulación burocrática, el atraso técnico predominante y la ausencia de una política de industrialización que implicaría una apertura regulada. Si el gran comprador mayorista es el Estado, éste lo que busca es tener lo que necesita en el tiempo requerido para distribuirlo entre toda la población de manera igualitaria, por lo que suele importarle menos el cálculo económico: en Cuba, lo más costoso es lo que tiene significación social, es decir, lo que no se tiene en suficiencia; la economía está en segundo plano.

Grandes volúmenes de bienes y servicios son lanzados a un mercado que no es propiamente un mercado. El precio de éstos es demasiado bajo, es decir, una forma de captar circulante monetario, pero sin que alcance a reponer el costo y mucho menos a acumular una parte de su valor para expandir la producción.

La desmercantilización es la conversión de una gran parte de los bienes-salario en no-mercancías, pues éstos llegan a todos a precios exiguos, lo cual se garantiza a través de la “tarjeta”, que es el mecanismo universal de asignación de derecho de compra de bienes básicos. No son mercancías propiamente dichas, pues no existe un intercambio entre los compradores y los vendedores de esos objetos y servicios según su valor, sino un reparto de estos últimos entre todos aquellos, en forma igualitaria.

Este sistema no fue producto del socialismo en general sino de éste en su vinculación con la escasez de casi todo, penuria, a su vez, producto de la síntesis entre bloqueo y subdesarrollo; ambos fenómenos aún están vigentes.

El país tiene tres grandes problemas económicos concurrentes y endémicos. Producción de alimentos, industrialización y productividad del trabajo. Al no existir soluciones efectivas y duraderas a estos frenos del desarrollo, las medidas para aflojar la rigidez económica resultan al final del camino, en su mayoría, socialmente contraproducentes. La apertura al turismo internacional y a empresas extranjeras ha permitido captar divisas, pero el Estado ha tenido que repartir una parte entre grupos minoritarios. Ahora, muchos más quieren ingresar al nivel de consumo de los sectores mejor retribuidos, pero eso es imposible de momento. Las manifestaciones del 11 de julio han reclamado no sólo libertad política sino principalmente libertad de comercio. Existe lo que se denomina un conflicto social.

Salud y educación

Los y las cubanas tienen cosas que defender. En su país la educación es gratuita y está abierta a todos, al igual que la medicina. El sistema de pensiones es universal, lo mismo que la ayuda por desempleo. Esto es algo insólito. A pesar de los fuertes problemas propiamente productivos, en Cuba no hay hambre como fenómeno. El porcentaje de vivienda con servicios completos es más alto que en cualquier otro país de América Latina.

Hay algo que llama demasiado la atención: Cuba tiene vacunas Covid-19 desarrolladas dentro del país por entidades cubanas y tecnología propia, pero carece de suficientes jeringas para aplicarlas. Se ha realizado lo más difícil, una proeza histórica para un país como ese, lo que muy pocos han podido hacer, sólo los mayores y poderosos. Pero no ha podido producir suficientes jeringas después de más de un año de pandemia.

La desmercantilización abarca la atención médica y la educación en todos sus niveles. La mayor parte del excedente económico fue ubicado en esos renglones desde que el gobierno revolucionario empezó a funcionar. Se trata, sin duda, de los mayores éxitos del socialismo cubano, gratuidad universal en salud y enseñanza, en el marco de la capacidad soberana del país alcanzada a partir de 1959. En Cuba, una y otra cosa son parte de lo mismo.

Como en ningún otro país, al menos en América, en Cuba todos tienen los mismos derechos sociales y no existe discriminación al respecto. Esto no es algo menor, pero ya no es suficiente. Hay elementos que le hacen falta y otros que le dañan. Sin embargo, ya se está pasando el tiempo de examinarlos, sin prejuicios ni dogmatismos.

Democracia consensual y derechos políticos

La democracia cubana se ejerce desde el centro de trabajo. Este es el lugar privilegiado de deliberación y decisión concreta de problemas concretos, donde existe un consenso básico alrededor del funcionamiento de la empresa, organismo o centro de trabajo cualquiera.

El partido único y gobernante es el eje articulador del ejercicio de esa democracia consensual. Sus miembros militantes son elegidos por los trabajadores, a pesar de que se trata de un partido político, el cual no lo es en términos tradicionales.

Además, existen organizaciones sociales en donde se pueden tratar asuntos de carácter sectorial: sindicatos y uniones de productores rurales, de mujeres y de jóvenes, así como de especialidades o sectores.

El sistema de formación de los órganos del poder popular opera a partir de elecciones abiertas directas y, posteriormente, indirectas, las cuales arrancan con la postulación de candidatos en asambleas para llegar a la votación universal. No hay partidos que postulen, sino sólo ciudadanos propuestos por ciudadanos, pero en el segundo escalón, donde los diputados elegidos designan cargos de representación superior o de gobierno, los candidatos son aprobados previamente por una mesa integrada por las organizaciones sociales bajo la dirección del partido único. Así se llega a los órganos de gobierno municipales, provinciales y nacional, en forma parlamentaria y nunca directa, al estilo europeo.

Hasta este punto, el diseño es el de una democracia consensual, la cual parte de una coincidencia básica y en donde la libertad de expresión y de voto asume las características de aceptación de reglas y propósitos comunes.

Es evidente que el sistema político cubano es discrepante del que predomina en el resto del continente porque no existe libertad para organizar partidos políticos y proponer candidatos que se presenten por sí mismos en las elecciones, ya sean éstas directas o indirectas.

Antes de la revolución de 1959, en Cuba había un mercado de votos organizado por los partidos, dentro del cual la dictadura había acaparado las principales transacciones porque tenía mucho más dinero. Podría con razón decirse que eso ya pasó, pero el caso es que aquel sistema fue abolido por la Constitución.

Una cuestión de gran fondo es dilucidar si en los últimos 60 años hubiera sido posible el surgimiento de partidos diversos sin que éstos estuvieran financiados y subordinados al gobierno de Estados Unidos o a partes integrantes de ese mismo país.

La democracia concursal, como la que empezó a surgir en México a partir de 1988, requiere un cierto grado de soberanía nacional, aunque ésta no sea suficiente para lograrla, como ya lo pudimos ver en nuestro propio país durante décadas anteriores. En el caso de Cuba, la democracia concursal se hizo improcedente e inoperante desde el momento en que la revolución condujo a la independencia de Estados Unidos, lo que, a su vez, llevó a declarar, por parte de casi toda América, la tesis de la “incompatibilidad de regímenes sociales”: Cuba fue arrojada de la OEA, casi todos rompieron relaciones con la isla, mientras Europa nomás observaba la manera de operar de la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

El problema funcional no consiste en que sea imposible en Cuba formar legalmente un partido político, sino que no existen medios organizados para ejercer la libertad de difusión de las ideas fuera de los centros de trabajo, donde sólo puede llegar a haber manifestación libre de las ideas, es decir, la simple libertad de expresión. Por ello, ha adquirido tanta importancia el internet como mecanismo de difusión, el cual se ha convertido en la gran ventana de la crítica al gobierno, aunque también a la sociedad cubana.

La difusión de ideas por cualquier medio debe ser definido en la ley como marco de libertades de todos en cualquier momento. Es perturbador que en las redes sociales se haya permitido a los críticos ejercer sus derechos, pero los que tienen otras ideas y no están en la oposición al gobierno carezcan en los hechos de esa misma prerrogativa, pues no se encuentran organizados con tal objetivo por su propia voluntad. Al gobierno debe convenirle, más que a nadie, entrar al ejercicio de la libertad de difusión de ideas por cualquier medio. No bastará realizar grandes movilizaciones contestatarias, eso es poco frente a otros momentos de la épica cubana. Es preciso llenar de ideas y argumentos el internet y combatir en el espacio común de la sociedad, desde el gobierno, como se hace, pero también desde afuera.

También será preciso entrar al campo de las reformas económicas estructurales, es decir, productivas, pero no es recomendable seguir abonando en la diferenciación social, sino buscar una prosperidad compartida. Una sociedad de ricos y pobres, cualquiera que sea el nivel de ingreso de cada grupo, sólo generará confrontación social dentro de la forma de democracia política que finalmente resulte.

Cuando se elaboró la consigna de “Patria o Muerte”, inspirada en otras semejantes, el punto era que para quienes habían terminado siendo sucursal de la gran potencia, a pesar de la proclamada independencia nacional enteramente formalista, el propósito de tener patria implicaba buscar la ansiada emancipación nacional frente a Estados Unidos. Los términos patria y muerte no eran complementarios, pues alcanzar a tener patria era la forma de evadir la represión. De lo contrario, sin patria, no quedarían más que cadáveres de los patriotas armados porque la capitulación no estaba admitida como hipótesis. El desenlace final era la victoria, la vida. El texto completo es: “patria o muerte, venceremos”. Eso de “patria o vida”, gritado en las manifestaciones opositoras del 11 de julio, es una parodia de muy poca imaginación. “Nadie se va a morir, menos ahora”, dijo hace años en su verso inigualable Silvio Rodríguez.

Falacias

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha vuelto a declarar que las críticas y ataques en contra de su administración son falacias (del latín fallacia: engaño; argumento que parece válido, pero no lo es). Los motivos de tan grave acusación son ahora algunos comentarios acerca de la conducta del INE frente a la consulta popular que deberá realizarse el próximo 1º de agosto.

Lorenzo Córdova ataca a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a quienes culpa de cometer omisiones, en concreto al no haber otorgado el respaldo financiero necesario para la consulta popular. Para definir de dónde procede la falacia y cuál es su motivo, es preciso repasar algo de lo que ha ocurrido durante varios años con el INE, en especial respecto de los recursos que le entrega la Federación.

Cada año, se envía al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto del INE para el siguiente año, manufacturado por el grupo dominante de ese instituto con absoluta libertad y sin dar explicaciones a nadie. Como señala la Constitución, el presidente de la República lo integra al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo presenta a la Cámara de Diputados, tal cual y sin comentarios.

En números redondos y sin incluir el exagerado financiamiento a los partidos, para el año 2018 el INE solicitó 18 226 millones de pesos y se le autorizaron 17 426 (año de elecciones nacionales completas y muchas locales). En 2019, el pedido fue de 11 303 y se le aprobaron 10 397. Para 2020 se dijo que iba a requerir 12 493 y se le entregaron 11 421. Para 2021, año de elección de diputados federales, el requerimiento fue de 20 463 y se le admitieron 19 593.

En los últimos cuatro años no se han autorizado en la Cámara solicitudes de gasto del INE por unos 3 700 millones, pero no se observó nada anormal en su funcionamiento. Las negativas presupuestales señaladas y otras anteriores han provenido de legislaturas diferentes, con mayorías diversas, por lo que no corresponden todas al mismo partido.

El grupo dominante del INE envió un pedido, mediante un simple oficio, a la Cámara de Diputados, para un nuevo presupuesto por 1 500 millones, tendientes a cubrir los gastos de la consulta de agosto de 2021. Al respecto, hay que decir que el INE no tiene facultad para solicitar dinero directamente a la Cámara, sino que debe enviar sus pretensiones presupuestarias al Ejecutivo y éste trasladarlas, para su posible autorización, aunque, también, haciendo ajuste al PEF, pues toda disminución o aumento de egresos autorizados por el Legislativo debe contener su correspondiente repercusión en el presupuesto ya aprobado. El grupo dominante del INE nunca propuso a quiénes habría que reducirle esos 1 500 millones, no obstante recurrió a la Suprema Corte de Justicia para que obligara a los otros dos poderes a obsequiar su solicitud. Los ministros y las ministras emitieron una resolución negativa, “lisa y llana”, como a veces dicen en materia de amparo.

Hay que agregar que, en 2019, 2020 y 2021, el grupo que maneja el INE se negó a reconocer la vigencia del PEF en cuanto a sus propios sueldos. Recurrió a controversias ante la Suprema Corte, obtuvo sucesivas suspensiones, pero nunca se produjo ninguna sentencia, es decir, jamás se ha entrado al fondo del asunto en sede jurisdiccional. Cada año, caduca el presupuesto “suspendido” con esa vergonzosa maniobra y, quienes perciben más de lo autorizado por el Poder Legislativo, siguen imponiéndole a la nación su propio sueldo, como si fueran monarcas absolutos. Ya se sabe de sobra que la Constitución, en su artículo 127, señala que nadie puede recibir una remuneración mayor que la fijada para el presidente de la República en el PEF, pero en el INE existen 300 funcionarios que ganan más por su propia y soberana voluntad.

Lorenzo Córdova ha informado que tuvo que hacer “ahorros” por 500 millones de pesos para cubrir gastos relacionados con la consulta, “gracias a las políticas de eficiencia en el gasto del Instituto”. Si el gobierno les hubiera entregado los 1 500 millones que estaban pidiendo, ¿en qué hubieran gastado esos 500 millones, “ahorrados” gracias a la “eficiencia”, que ya no se habrían tenido que “ahorrar”?

El INE iba a gastar 1 500 millones, según dijo, pero también iba a reducir el número de casillas. Luego, el asunto se salda con 500 millones “ahorrados”, lo que hace pensar que, como cualquier proveedor privado de servicios, descuenta dos tercios en la factura, pero brinda solo la tercera parte del trabajo que se requería. Sin embargo, como desde el principio se afirmó en el INE que no era necesario instalar tantas casillas como en la elección federal, sino sólo una parte de ellas, un tercio, digamos, ¿dónde iban a ir los restantes mil millones, más los 500 ahorrados? Otra discusión consiste en si serán suficientes las casillas que se van a instalar. Lo veremos pronto.

En el Instituto Nacional Electoral ningún dinero alcanzaría para todo lo que se quiere gastar con o sin necesidad. El Estado mexicano creó un enorme aparato oneroso y poco eficaz, mediante acuerdos entre los partidos políticos, como pretendido instrumento que garantizara la equidad, legalidad y transparencia en los procesos electorales.

Las veces que la Cámara de Diputados no le ha autorizado la totalidad del dinero solicitado, el INE siempre ha tenido suficiencia y, además, se ha demostrado que, aún con menos presupuesto, hubiera logrado hacer esencialmente lo mismo. En el INE, el derroche siempre ha sido una de sus costumbres, una manera de repartir dinero.

El grupo de regidores del INE siempre ha dicho que la Cámara de Diputados le recorta el presupuesto. Sin embargo, no se le puede quitar a una entidad pública lo que nunca se le ha acreditado y ministrado. Lo que hace la Cámara es negar solicitudes groseramente exageradas y tratar de evitar los gastos más inflados que caracterizan al INE, empezando por los sueldos ahora inconstitucionales. Aún así, como lo demuestran los 500 millones que tenía Córdova debajo del colchón cuando estaba pidiendo 1 500, el INE sigue siendo dispendioso.

Esta situación contrasta con la ineficacia de una institución que jamás entrega resultados electorales completos y validados antes del cuarto día después de la jornada electoral. Medalla mundial al demérito.

En 2015, el jueves posterior a la elección (10:43 horas), cuando todavía existían conteos distritales en curso, el Sistema de Cómputos arrojó el 100.66 por ciento de casillas computadas, luego de lo cual hubo una lluvia de preguntas y protestas, pero sin que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, compareciera ante los medios para informar sobre lo que estaba ocurriendo con el mecanismo de computación nacional de votos. Algo también muy poco visto en el mundo.

Ese mismo año, cuando se tenía que inaugurar el nuevo sistema de control de gastos de los partidos, fue imposible hacerlo funcionar de acuerdo con la ley porque el contratista había resultado ser un defraudador y no diseñó el programa, sino que durante meses nomás estuvo cuenteándose a los cabecillas del grupo dominante del Instituto.

Es breve la historia del INE como órgano independiente (1996), pero sería muy laborioso escribirla, aunque fuera en versión preliminar. Son incontables las pifias, errores, fraudes, imposiciones, maniobras, chuecuras y abundantes falacias. En 2006, el IFE hizo un cómputo nacional de la elección presidencial que está reservado al Tribunal. En realidad, el IFE-INE carece de épica. Han sido tan sólo 25 años, pero cargados de acontecimientos dignos de ser relatados.

En muy pocos países el órgano electoral tiene un aparato relativamente tan grande. Al margen del sistema de registro de electores que es, en esencia, otra cosa, el INE cuenta con 333 órganos ejecutivos permanentes que funcionan a toda su capacidad sólo cada tres años. Esas juntas tienen direcciones redundantes, al grado de unificar organización y capacitación justo cuando hay comicios, es decir, cuando se acaban las vacaciones. Ni el Ejército está tan extendido. Bueno, ya ni la Guardia Nacional que apenas llegará este año a unos 250 cuarteles y esa sí que tiene que cubrir el territorio durante todo el año.

No existe el menor intento de inventar deficiencias o exagerar errores del INE. Nunca ha sido así. Lo que debe entenderse es que lo delicado de la tarea de administrar los procesos electorales provoca respuestas críticas inmediatas y enérgicas, mucho más cuando, como ahora, existe una especie de mafia burocrática que no discute con nadie y aplica las leyes sin criterio de justicia y de respeto a derechos ciudadanos, con el fin de beneficiar a sus amigos y combatir a sus críticos, entre los cuales destaca el gobierno desde el 1º de diciembre de 2018, pero no antes.

En los argumentos de esa mafia podemos encontrar la práctica de la falacia para atribuir validez a la mentira, como esa de los miles de millones dizque recortados que jamás tuvo el Instituto más que en los papeles de burócratas que, además, se asignan su propio sueldo a despecho de lo que marca la Carta Magna que prometieron respetar.

El INE debería ser un órgano del Estado regido por el profesionalismo, la legalidad y la imparcialidad, garante de derechos ciudadanos y humanos. Quien quiera participar en la lucha política, que se postule, que milite, pero que no convierta en instrumento a instituciones, como el INE, que tienen específico mandato constitucional, pues, al actuar de tal forma, se vive envuelto en falacias, es decir, en intentos incesantes de presentar como verdades sus propias mentiras.

Oculto debate sobre la consulta popular

La primera consulta popular basada en la Constitución, la que habrá de realizarse el 1º de agosto próximo, vive un oculto debate. Con algunas excepciones, quienes no la quieren, quienes la repudian, quienes la odian, no la pueden cuestionar, por lo que con frecuencia intentan ridiculizarla. El fondo del asunto es que a los reaccionarios (los que buscan volver atrás) no les favorecería combatir directamente el principio que anima la consulta, el cual consiste en que la gente decida, sino que, al aborrecer que el pueblo pudiera llegar a decidir, tienen que refugiarse en la proclamada inoperancia de las decisiones populares.

Unos se refugian en que la pregunta es enredada, pero ésa no la redactaron los convocantes sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que no se atreven, todavía, a combatir. Como no les conviene ir a reclamar a las y los ministros, entonces insinúan que el defectuoso texto de la consulta popular es culpa del gobierno. Pero eso no es lo relevante, pues se va a preguntar si los presidentes mexicanos y sus entornos deben seguir siendo impunes o si eso ya terminó y debemos empezar otra época, en la que no haya impunidad de los poderosos. En realidad, lo que se preguntará es lo más sencillo posible a la luz de tantas décadas de Estado corrupto.

No se puede realmente discutir el contenido verdadero de la pregunta porque los partidarios del No están evadiendo, por un lado, su contenido (por eso pretenden ridiculizarlo) y, por el otro, alegan su inoperancia al decir que el es inaplicable. Pero no están diciendo que la afirmativa es incorrecta o errónea, ya que saben de sobra que la inmensa mayoría de la ciudadanía repudia la inveterada impunidad del poder político.

Los reaccionarios no quieren entrar al debate porque saben que, si lo hicieran, de seguro lo perderían. Es mejor para ellos caminar por el lado de que no se alcance la concurrencia del 40% de la lista para convertir la mayoría en algo obligatorio para las autoridades. Así, sin discutir, sin abrirse a la confrontación de opiniones, los enemigos de la consulta están sobándose las manos para después proclamar su victoria con una presencia en las urnas que no alcance los 37 millones que se requieren. Ellos no irán a votar y pretenden arroparse en los millones que tampoco lo harán pero por muy diversos motivos. Por lo pronto, esos reaccionarios ya tienen “de su lado” a ese 40% que conforma el abstencionismo estructural mexicano, es decir, quienes nunca votan.

Los reaccionarios que se oponen a la consulta popular como método de gobierno y, en concreto, a la consulta del próximo 1º de agosto, no desean discutir nada y consideran que ya van en caballo de hacienda. Su hipocresía, por otro lado, es inigualable: defienden la tradicional impunidad del poder político, pero ésta no la necesitan defender, no tienen que llamar a votar por el No, pues ya tienen de por sí muchos ausentes, aunque no sean en absoluto seguidores suyos.

Más aun, ese nivel histórico de abstención en México es una manifestación de que la falta de canales de expresión popular decisoria. Los reaccionarios que denuestan la consulta pretenden nutrirse de la falta de participación del pueblo en la vida política del país. Pero este defecto proviene de ellos mismos, de su régimen antidemocrático, de la prepotencia del poder durante los años de su dominio, de la impunidad de los gobernantes impuestos y sostenidos por las derechas y sus socios.

La falta de debate sobre la consulta es un medio para que, al no presentar polarización de opiniones, la gente que rechaza la impunidad tenga menos incentivos para ir a votar. Es algo así como tratar de dejar sola a la 4T, la cual no sólo va a votar por el , sino que busca también sacar adelante el proyecto político de instituir y llevar a la práctica las consultas populares.

Como es de suyo entendible, los reaccionarios son portadores de lo más atrasado en materia política. Sueñan con su autoritarismo, cuando todo iba muy bien para ellos. Saben que las consultas populares son mecanismos subversivos que pueden poner en peligro los privilegios sociales de los que han gozado.

Veamos la actitud del PRIAN. No dice nada, sigue callado. No orienta a sus partidarios. No se pronuncia por el o por el No. Tampoco llama a ignorar la consulta. No se mueve, no respira; no vive, pues. Esto se llamaba, en los viejos términos, algo así como una actitud “ladina”.

Los medios de comunicación tradicionales, que son otra columna de los reaccionarios mexicanos del siglo XXI, tampoco llaman a no votar. Mucho menos podrían llamar a sufragar por el No, puesto que eso daría fuerza al Sí, al otorgar a la mayoría el porcentaje de concurrencia total que se requiere para hacer vinculante el veredicto de las urnas.

El vacío es la respuesta de una derecha sin discurso, más hipócrita que nunca, que defiende los viejos privilegios porque cree que puede recuperarse mediante sus propias campañas periodísticas, la suciedad de sus mentiras y el simple paso del tiempo, como si el cambio político que hemos vivido fuera un catarro.

De cualquier forma, millones irán a las urnas a pronunciarse contra la impunidad como sistema. Esa cantidad no la podría lograr para su propia causa la fuerza política reaccionaria del país. Con toda probabilidad, habrá, por tanto, una mayoría ciudadana por el .

Votar en la consulta popular es obligatorio y necesario

Según el artículo 36.III de la Constitución, además de votar en las elecciones, es obligación ciudadana participar en los procesos de consulta y de revocación de mandato.

El artículo 38.I de la Constitución señala que “la falta de cumplimiento” de esas obligaciones es causal de “suspensión de derechos ciudadanos. Siempre se ha dicho por equivocación que no hay sanción por no ir a votar sin causa justificada. En realidad, lo que no ha habido es la decisión de castigar, de seguro por lo imposible que resulta abarcar a la mitad de la ciudadanía. Pero, lo de fondo consiste en que votar sí es una obligación ciudadana, incluyendo hacerlo en la consulta popular.

Mas la relevancia de la consulta convocada por el Congreso, que se realizará el 1º de agosto del presente año, no estriba en su carácter formalmente obligatorio.

Se trata de la convocatoria a otorgar un mandato popular para romper con una de las peores tradiciones políticas: la impunidad administrativa y penal del presidente y su círculo.

Un periodista me preguntó hace días que si la Fiscalía General de la República (FGR) requería una consulta para investigar y perseguir. Le respondí que no, que es la ciudadanía la que necesita presionar al fiscal, a jueces e, incluso, al gobierno (como posible denunciante) para que se enderecen las chuecuras del pasado con las que los políticos gozaron de impunidad. Se trata, en síntesis, de hacer vinculante (de obligado acatamiento) la exigencia de aplicación de las leyes y eliminación de abusos de poder.

En México, este pronunciamiento popular tendría una trascendencia extraordinaria debido a que se ha padecido un Estado corrupto desde los años cincuenta del siglo XX, el cual siempre fue denunciado pero, en lugar de declinar, se fue profundizando. La corrupción se incorporó a la forma de gobernar, primero, y, después, a todo el funcionamiento del Estado.

También fueron represivos los sucesivos gobiernos durante 60 años. Sus jefes ordenaron en varias ocasiones disparar contra personas que ejercían pacíficamente sus derechos. No sólo hicieron matanzas en actos públicos, sino también torturas, ejecuciones y desapariciones contra personas en forma individual: demandantes, opositores y críticos.

La consulta popular sobre los expresidentes y sus entornos cercanos no es ociosa ni demagógica. Es parte de una larga lucha en la que se ha pugnado en favor de que se declare que esa época va de salida y el Estado, como un todo, va a tener que asumir el encargo popular de ajustar cuentas.

No se busca ver en la cárcel a funcionarios de antes o de ahora, aunque tampoco se repudia la prisión como castigo. Lo importante es que se abran procedimientos que pongan las cosas en claro, que muestren, más allá de rumores y conjeturas, hechos ilícitos trascendentes efectivamente ocurridos dentro del poder.

La consulta del 1º de agosto es un acto político en el pleno sentido del término, es decir, la expresión de la “polis”, el pueblo, ante al poder. Los encargados del Ejecutivo y los legisladores nunca se habían preocupado por preguntar algo a la gente, a la “polis”, sino por interpretarla a su manera para gobernar y dictar leyes. Tiene que haber un momento en el que se rompa esa tradición, a propósito de repudiar lo más lacerante, sangriento y humillante que hemos tenido: el Estado corrupto y el Estado represivo. De esto se trata la consulta popular.

Los opositores no concurrirán. No son capaces de confesar que están por el No. Quieren salir “por peteneras”, descalificar el sentido y la validez de la consulta, buscando que no alcance el quórum suficiente que es del 40% del listado de electores, unos 37 millones, cantidad mucho mayor que la obtenida por López Obrador en 2018.

No será fácil llegar a esa cantidad de votantes. De cualquier forma, con el voto ausente de todas las oposiciones, unidas ahora casi por entero en el PRIAN, más el abstencionismo político, llamado estructural y persistente, el posible resultado de la consulta es todo un enigma, más aún cuando mucha gente desconoce su realización.

De entre quienes concurran, de seguro que una apabullante mayoría dirá . Con una participación, aun menor al 40% de la lista de electores, habrá un dictado popular: abajo el Estado corrupto; abajo el Estado represivo. Esta es una gran lucha, protagonizada por sucesivas generaciones. Seguiremos.