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Pacto legislativo opositor

La coalición opositora, conocida como PRIAN y denominada “Va por México”, ha lanzado un decálogo para conducir su próxima política unificada en la Cámara de Diputados. Veamos.

1.Ejercer funciones de control sobre el Ejecutivo. Las oposiciones actuales no han creado en el Congreso una sola comisión investigadora durante casi tres años, pudiéndolo hacer por disposición de ley. Es la primera vez desde 1978, cuando se creó la figura, que ocurre esa inexplicada anomalía. Han rechazado también la iniciativa de Morena para que dichas comisiones cuenten con mayores atribuciones y puedan abarcar todos los temas de interés público.

2. Equilibrio de poderes. La Constitución establece la existencia de ramas del poder con facultades diferenciadas (Art. 49), pero no se menciona un “equilibrio”. Los poderes no sólo son, por lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial. Ninguno de tales poderes ha invadido la esfera de otro en los últimos años, sigue habiendo “división”, lo que no impide que exista discusión pública entre ellos, la cual continuará en tiempos de “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas” (Art. 7). La Constitución tampoco indica que debe haber obligatoriamente enfrentamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces, por su lado, seguirán dictando sus resoluciones con libertad, aunque también son responsables de sus actos según la Carta Magna.

3. Presupuesto incluyente. No al clientelismo. Volver a la política de atomización del gasto público y de los “moches”, la cual era precisamente “incluyente” para muchos políticos en el reparto de fondos y en la corrupción inherente, sería una de las mayores concesiones que se pudiera hacer hoy al Estado corrupto, el cual está siendo combatido por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En cuanto al clientelismo, este funciona cuando la política social y los subsidios benefician a sectores o empresas seleccionadas. La actual política social se basa en programas universales o que abarcan a grandes segmentos. El clientelismo fue lo que predominó durante los gobiernos priistas y panistas.

4. Respeto a organismos autónomos. Hasta ahora, el Legislativo no ha impedido las funciones constituciones de esas instancias; tampoco está obligado a autorizar exactamente el presupuesto solicitado por las mismas, aunque resulte excesivo. Esos organismos no han visto reducido su gasto en los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021. El señalamiento del INE al respecto fue una completa mentira, mientras que los consejeros electorales violan la Constitución en su artículo 127 al cobrar mayor sueldo que el presidente de la República. Por lo demás, tales organismos son sujetos de control parlamentario y sus titulares también pueden ser criticados.

5. Respeto a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Durante los años recientes no se ha producido represión alguna contra la crítica y la libre difusión de ideas a través de cualquier medio. México vive la mayor libertad de prensa de su historia. Los periodistas no están sujetos a sueldos encubiertos del gobierno federal ni del Congreso, de tal manera que son mucho más libres al no existir condicionamientos a sus informaciones y opiniones. El debate, sin embargo, ya tiene tiempo en el país y va a continuar en tanto la libertad es mayor para todos.

6. Dignificar a las fuerzas armadas. No se postula claramente, por parte de las oposiciones, que existan relaciones “indignas” entre funcionarios elegidos de los dos poderes que tienen origen popular y jefes militares, por lo que el verbo “dignificar” no parece tener justificación. La participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública está definida en el decreto de reformas constituciones por el que se creó la Guardia Nacional (26.03.2019), la cual no podrá perdurar más allá de los cinco años a partir de la formación de ésta.

7. Respeto a la legislación electoral y no al totalitarismo. Ningún gobierno anterior respetaba la ley electoral pues todos usaban recursos públicos en favor de sus candidatos. Tenemos hoy el primer gobierno que se ha abstenido de tal conducta fraudulenta. El Congreso, por su parte, ha hecho reformas respecto a los delitos electorales que ahora son graves.

8. Atracción de inversiones, reactivación económica, más empleo, salario digno y respeto a las micro y pequeñas empresas. No se puede discrepar de estos conceptos, pero las oposiciones eluden concretarlos. Bajo la 4T, el salario mínimo se ha elevado 50% real, en contraste con la pérdida de su capacidad adquisitiva acumulada durante los 35 años de neoliberalismo. Estos sucesivos aumentos han tenido repercusiones en las revisiones salariales contractuales y continuarán sin la menor duda. Mientras subsiste retracción de inversiones domésticas, las foráneas (IED), en el primer trimestre del año, han reportado casi 12 mil millones de dólares, lo que no se había visto, para el mismo periodo, desde que el gobierno lleva el registro (1999).

9. Cuidado del medio ambiente y promoción de las energías limpias, en el marco de los compromisos internacionales de México. El carbón y el combustóleo ya deben dejar de usarse en la producción de electricidad, tal como se ha planteado recientemente dentro de un marco de modernización de la industria. El programa más ambicioso de protección del medio ambiente ha sido hasta ahora “Sembrando Vida”, el cual tendrá que ampliarse como gran recuperador y generador de empleo, ingreso y medio sustentable de vida. El país tiene que insistir en el abandono del uso de venenos dañinos a las personas en la agricultura, así como en la contención de las semillas transgénicas, como lo ha definido el gobierno. Las políticas tendientes a la defensa del planeta seguirán sin duda en proceso como ineludibles obligaciones del Estado mexicano. Sin embargo, nada inhibe continuar en la lucha emprendida por el Congreso para doblegar el sistema de subsidios implícitos y explícitos en favor de productores privados de energía, los cuales han sido defendidos con ahínco por parte de las oposiciones.

10. Agenda de género. Las numerosas reformas legislativas sobre este amplio tema han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio, es decir, ningún decreto fue devuelto al Congreso por parte del presidente de la República. A su vez, el gobierno impulsa la inclusión como elemento de la política pública. Más de 4 millones de mujeres están hoy pensionadas dentro del programa de adultos mayores. El tema de género no se agota en la igualdad formal ante la ley sino abarca principalmente la igualdad sustantiva. Las oposiciones actuales, al votar en contra de la política social, han expresado, al mismo tiempo, su alejamiento de respuestas parciales a la discriminación y opresión que viven las mujeres.

El decálogo PRI y PAN no contiene una plataforma de reformas legislativas. Sus planteamientos son inofensivos cuando no realmente inocuos, en el sentido de que carecen de interés. ¿Por qué?

En realidad, a esos partidos les une la lucha común contra el programa de la 4T. Esto se debe a que ambos están vinculados a través de los dos elementos que Morena combate de cuajo: el neoliberalismo y el Estado corrupto.

La pobreza discursiva se nota, como es natural, en los ataques persistentes, pero también en la mentira sistemática. A la hora de redactar el decálogo del PRIAN, no hubo espacio para la propuesta, mucho menos para escribir una proclama a la nación. Son los tiempos que corren.

Motivos de un olvido

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Los dos grandes factores causales del cambio político del año de 2018 fueron la persistencia del programa neoliberal durante 35 años y del Estado corrupto, el cual fue fundado hacia 1952 y alcanzó apogeos en tiempos del “pensamiento único”. La lucha popular contra ambas catástrofes se manifestó en 1988, aunque antes había tenido lugar en los planos intelectual y político.

Destruir el andamiaje neoliberal y la corrupción, partes engarzadas del sistema político, implica una transformación del Estado o, como dice Andrés Manuel López Obrador, de la vida pública de México. Se trata de un viraje histórico que debe impactar comportamientos y moralidades de amplios segmentos de la sociedad.

La cuestión es de clase, naturalmente, aunque no sólo, pues están presentes varias otras contradicciones. Durante los años del neoliberalismo, el salario mínimo redujo su capacidad adquisitiva en un 70%. Algo semejante ocurrió con otros niveles salariales. La aptitud redistributiva del ingreso a cargo del Estado menguó con los reducidos porcentajes de gasto social directo, es decir, las subvenciones, frente al alza de los subsidios entregados a la “clase política” y a los grandes empresarios. Luego de que se disminuyeran las tasas más altas del impuesto a la renta y se elevara el IVA, el Estado contrajo su capacidad efectiva de recaudación mediante la condonación de impuestos o simplemente por la falta de cobro de grandes masas dinerarias que retuvieron consorcios y personas ligadas al poder.

La inversión pública productiva fue contenida o supeditada a mecanismos de negocios privados financiados bajo la responsabilidad del gobierno para potenciarlos con aportaciones presupuestales directas, onerosas y sin retorno.

En el marco de todo lo anterior, era imposible atender el crecimiento de la deuda pública, la cual se contrataba para sufragar el gasto corriente o las obras que no generaban ingresos públicos, pero beneficiaban a empresas privadas. Pemex fue convertido en un gran agente financiero, encubridor de esa maniobra, por lo que su deuda, que era en realidad del gobierno, se convirtió en un fardo catastrófico de la paraestatal.

El país se encontró bajo una estrategia sin objetivos nacionales y populares. En lugar de producir granos, había que traerlos de fuera porque abundaban en el extranjero y eran más baratos… de momento. En lugar de producir más gas, refinar el aceite e impulsar la petroquímica, había que vender el crudo y depender de importaciones cada vez mayores. La cosa no paró aquí sino que, para destruir Pemex y lograr que grandes empresas se beneficiaran de riquezas nacionales, se pactó una reforma energética entre el PRI y el PAN, no obstante el evidente repudio popular.

Algo semejante se hizo con la electricidad, mediante el impulso oficial a la creación de una red de productores independientes privados que se han beneficiado directamente de la infraestructura de la empresa nacional construida por el Estado.

Millones de hectáreas fueron concesionadas para la explotación minera en un país en el que la propiedad del suelo no otorga derechos sobre el subsuelo, por lo cual el gobierno generó una gran presión sobre los propietarios o usufructuarios de la tierra en amplias regiones del país, los cuales han venido siendo despojados por los concesionarios por la vía de venta, alquiler u otros contratos, generando crecientes conflictos. Además, los derechos de explotación siguen siendo muy bajos.

Todas las privatizaciones, sin excepción, fueron planeadas y realizadas bajo esquemas de corrupción. Se malbarataron las propiedades públicas y se produjeron dobles ganancias ilícitas, las provenientes de comprar a bajo precio y aquellas que se realizaron en forma de mordidas, además de todo un sistema de contratos leoninos.

El gran atraco del esquema Fobaproa-Ipab, con el que se convirtió deuda privada en pública por un importe de 100 mil millones de dólares, sigue causando desembolsos presupuestales cada año con el pago de los intereses sobre la mayor parte del valor de los bonos originales. Las mayores instituciones de crédito beneficiadas con ese atraco fueron enajenadas a trasnacionales, luego de que, naturalmente, los vendedores incorporaran al precio el valor de los bonos. Además, no se pagó impuesto sobre la renta sobre las ganancias producidas por las enajenaciones, gracias a una cortesía adicional del gobierno.

Toda clase de concesiones, estimuladas con mordidas, en favor de familias vinculadas al poder o de empresas extranjeras, invadieron el escenario nacional. En el curso de ese largo y penoso proceso, México fue dejando de tener objetivos estratégicos de carácter popular y nacional.

El gasto público se atomizó y perdió objeto social, productivo y estratégico. La gestión en la Cámara de Diputados consistía en incorporar al Presupuesto gastos inconexos, disímbolos y muchas veces inútiles, para cobrar posteriormente los correspondientes moches a las instancias públicas u organismos privados beneficiados.

El gobierno de Peña Nieto llegó al extremo de desviar recursos de la llamada Cruzada contra el Hambre por sumas de miles de millones a través de la Estafa Maestra.

Centenares de fideicomisos se usaban como reductos de grupos o personas agraciadas, atomizando y esterilizando de tal forma ingentes recursos presupuestales.

Enormes cantidades de dinero presupuestado se gastaban sin causa justificada en prebendas de una burocracia dorada que operaba como propietaria de la cosa pública. Al lado de altas remuneraciones existían fuertes prestaciones en favor de una minoría de servidores públicos, los de mayor jerarquía, mientras la gran masa de empleados percibía sueldos bajos.

Después de muchos retoques a la legislación, los fraudes electorales sólo cambiaron la forma de realizarse, tanto en el plano local como en el federal. El órgano de gobierno del Instituto Nacional Electoral, como el de su antecesor, se integraba con sendas cuotas asignadas a los partidos políticos; ese fue siempre el sello de la casa hasta 2020.

El país estuvo en manos de una oligarquía compuesta de grandes capitalistas y altos políticos. AMLO le llamó la mafia del poder. El Estado corrupto albergaba a unos y otros, por lo que fue posible la edificación de todo un sistema de gestión pública bajo la política neoliberal que era el nudo programático de tan amplia alianza.

La 4T es un mecanismo político de origen popular que empezó a crearse hace poco más de 30 años. Derrotar el proyecto neoliberal y destruir el Estado corrupto es el objetivo, pero eso, naturalmente, implica construir un sistema nuevo. En los primeros tres años, se ha dado inicio a la edificación de instituciones en salud, educación, pensiones, empleo, seguridad pública, justicia, así como sentar bases de un nuevo esquema de distribución del ingreso. La lucha frontal y puntual contra la corrupción se encuentra en las reformas de ley y en las nuevas políticas de la 4T. Con los fondos rescatados se ha logrado cubrir una parte considerable de la política social.

Sería imposible analizar con acierto la presente coyuntura electoral a partir del olvido de lo que predominaba hasta hace poco o de la negación del alcance que tuvo el gran movimiento electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República y a la 4T a la mayoría en el Congreso y en numerosas legislaturas locales. La amnesia de las oposiciones, las partidistas y las de medios conservadores de comunicación, es un recurso vano. Se nota enseguida que su programa es el del neoliberalismo bajo un Estado corrupto.

Esos opositores estuvieron tratando de evitar lo que ellos mismos llamaron “AMLO en la boleta electoral”. Por tal motivo tenemos calendarios diferentes para elecciones, consultas populares y revocación del mandato. La separación de fechas fue impuesta por la oposición con su tercio plus en el Senado, ya que son normas constitucionales. Pues bien, después de tanto esfuerzo, los opositores han hecho lo que no querían, es decir, meter al presidente en la boleta a través de su propia incansable lucha de respuestas, acusaciones, noticias falsas, insultos, calumnias y simples difamaciones ad persona. No han parado un momento. Lo que han hecho, sin desearlo, es alimentar contraataques de parte de un gobernante metido en la denuncia política, hasta provocar una vorágine interminable para la cual ellos no estaban preparados. El punto es que han tenido que admitir que son defensores de todas las políticas de antes y del sistema de corrupción, aunque a este último no lo reconozcan abiertamente en su discurso sino sólo de manera implícita. No hay que olvidar que sólo los corruptos menosprecian la corrupción reinante.

El olvido opositor es un mecanismo de defensa política, pero la mayoría de las personas, incluso la base electoral de los conservadores, no ha olvidado nada.

Falacias de Aguilar Camín

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El periodista y novelista Héctor Aguilar Camín acusa a Morena de “ilegalidad rampante”, la cual se expresa, dice, en la “mayoría inconstitucional que ostenta en la Cámara de Diputados la coalición de partidos gobernantes”. Afirma en Milenio (11.05.21) que Morena, PT y PES obtuvieron en las urnas el 43.6% y lograron en la Cámara el 61.6%, debido, subraya, a “la explotación de ciertas áreas grises de la ley electoral”, como lo había hecho el PRI en 2015.

Primer punto: en 2018, la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) alcanzó el 45.41% de los votos válidos. Segundo punto: el PES no logró ningún asiento plurinominal y el PT sólo alcanzó 3, ya que Encuentro Social no obtuvo el 3% mínimo de votación, mientras al Partido del Trabajo le aplicaron la cláusula de sobre representación. Aguilar Camín omite decir que la coalición hoy gobernante logró 219 distritos de mayoría (el 73%) y se le asignaron 88 curules de representación proporcional (el 44%).

Ahora bien, si JHH hubiera sido un solo partido, también tendría ahora la mayoría absoluta en la Cámara. La Constituión permite una sobre representación de hasta 8 puntos porcentuales, lo cual no se le ha olvidado a Aguilar Camín, pero no lo quiere mencionar porque no le ayuda a su mendacidad.

Pero no fue así. El tope de sobre representación opera para cada partido político por separado, según lo acordaron PRI y PAN en la reforma constitucional de 1996 (Art. 54. V), la cual no fue criticada en lo más mínimo por el periodista que ahora parece condolerse. De esa forma, el PT casi no logró legisladores de lista plurinominal porque tenía asignada una cantidad de uninominales que no le permitió entrar en el reparto general, es decir, de acuerdo con su porcentaje total: con 2.2 millones de votos, obtuvo 3 diputados de RP, los más caros de la historia. Esto no sólo afectó a ese partido sino a la coalición de la que era parte. Lo mismo se puede decir respecto del PES, el cual no obtuvo ningún legislador de representación proporcional. Pocas veces antes se había aplicado el tope de sobre representación y nunca se había visto un partido que tuviera grupo parlamentario sin participar en el reparto general de curules plurinominales. Ambas cosas ocurrieron en 2018.

En cuanto a la asignación proporcional (plurinominales), Morena logró 85 curules, lo cual representa el 43% de los 200 legisladores de representación proporcional, dos puntos porcentuales por arriba de su votación útil para el reparto. El PAN (39) y el PRI (38) también tuvieron diferencias a favor, debido a que los plurinominales no asignados al PT se diluyeron entre los más grandes.

La coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), vista en su conjunto, fue objeto de una aplicación rigurosa de la ley, pero no se le podía arrebatar a cualquiera de sus integrantes uno solo de sus triunfos de mayoría. Así, el PES, con el 2.5% de los votos, tenía referenciados 55 asientos uninominales que representan el 6% de la Cámara. Al PT, con 4.24%, se le contaron 58 diputaciones, que es más del 10% de la Cámara. Ninguna ley de reparto puede revertir la mayoría de votos en un distrito electoral.

Aguilar Camín no se atreve a entrar en detalles y sólo insinúa que Morena tenía candidatos uninominales disfrazados en PT y PES, con el propósito de evitar que le descontaran lugares plurinominales. Sin embargo, no repara en que nadie previó el resultado de la elección de diputados como para suponer que la coalición de AMLO iba a obtener mayoría en el 73% de los distritos electorales del país.

Ahora bien, el INE calcula lo que se llama Votación Nacional Emitida (VNE), luego de descontar los votos que no intervienen en el reparto de curules de representación proporcional. De acuerdo con ese parámetro se calcula el tope de sobre representación de cada partido. Así, se elabora un Límite Máximo de Curules por Partido, que parte del porcentaje de cada cual más los 8 puntos que permite la Constitución como sobre representación. Morena tuvo 41.33% de VNE, más los 8 puntos, alcanzó el 49.33%, es decir, 243 curules como límite, el cual fue, por coincidencia, casi el número con el que hizo su primer registro como grupo el 29 de agosto de 2018 en la Cámara.

Pero hay algo más que, naturalmente, a Aguilar Camín no le preocupa porque ni siquiera lo ha preguntado. En el supuesto de que al PT y al PES le hubieran contado sólo el número de legisladores y legisladoras uninominales que finalmente se adscribieron a sendos grupos parlamentarios cuando se instaló la Cámara el 29 de agosto, es decir, 60 entre ambos, y los restantes 53 hubieran sido acreditados a Morena, este partido no habría rebasado el límite de sobre representación fijado por el INE, manteniendo, por tanto, las 85 curules que obtuvo por representación proporcional y con un total de 244 diputaciones, frente al límite máximo oficial establecido de 246 (INE/CG1181/2018). Dentro de ese supuesto procesal, JHH hubiera tenido 309 curules (más 5 que no le asignaron al PT), es decir, el 63% que tanto le duele a Aguilar Camín.

Así que las sumas y restas legales de todos los escenarios posibles no les cuadran a los mendaces. No vale nada la fabulosa “teoría de la inconstitucionalidad” de la 4T en la Cámara.

Todo lo anterior no lo analiza Aguilar Camín. Bueno, en realidad él no analiza nada, pero no por falta de fuentes de información, sino porque no le conviene. Su tarea es la de atacar a Morena para ubicarlo en el mismo plano del PRI, el cual metió unos cachirules y se sobre representó en la Cámara en 2015, con la complicidad de varios de los actuales consejeros electorales del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama incluidos en esta lista, sus propios amigos.

Por lo demás, Aguilar Camín tampoco hace saber a sus lectores que existe una ley orgánica en el Congreso, en la cual se establecen las bases de la conformación de los grupos parlamentarios. Según ésta, los y las legisladoras tienen libertad para inscribirse en el grupo que quieran. Muchos diputados y diputadas se han cambiado sin que nadie proteste, al amparo del criterio de la Suprema Corte de que la afiliación a un partido político dentro del Congreso es “libre e individual”. Se ha llegado al extremo de que dos legisladores del PRD se hicieron priistas solo por un día, con el fin de apoyar al PRI en la coyuntura de la elección de la actual Presidencia de la Cámara en 2020, que debía definirse en favor del tercer grupo más numeroso, según la ley.

Así fue como al momento en que se formalizaron los grupos, Morena registró 252, PAN 79, PRI 47, PT 31, PES 30, MC 28, PRD 20, PVEM 11 y sin partido 2. De esa forma, no sólo se produjeron variaciones respecto de las asignaciones realizadas en el INE a los partidos sino también desproporciones. Ningún partido en la Cámara corresponde exactamente con su votación nacional válida emitida.

El sistema mixto con dominante mayoritario (300 distritos uninominales y 200 curules de proporcionalidad) y un tope alto de sobre representación, que se encuentran en la Constitución, hacen que el sistema no sea del todo proporcional. Esto ocurre en casi todo el mundo, incluso con mayores discrepancias entre porcentajes de votos y de asientos parlamentarios por partido.

A reserva de lograr una nueva reforma electoral, que no desean los actuales opositores, amigos todos ellos de Aguilar Camín, un punto relevante por el momento es que los conservadores, como el propio escritor, jamás criticaron el sistema vigente, con excepción de José Woldenberg, ni tampoco dijeron algo sobre los cachirules que introducía el PRI en sus coaliciones. Todo estaba muy bien para ellos hasta que la izquierda tomó el gobierno y la mayoría del Congreso. Empezaron entonces las denuncias, pero falaces.

Las mentiras de Aguilar Camín no son nuevas ni serán las últimas. Lo que no veremos de su parte es una lucha política abierta y honrada.

Nota: Dedico este artículo a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara, dogmático creyente de la “teoría de la mayoría artificial”, la cual, por lo demás, no le otorgó la menor ventaja en su desempeño.

“Democracia en peligro”

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La democracia mexicana es meramente concursal. Los partidos compiten entre sí por los votos cada tres años y al electorado no le vuelven a decir ni los buenos días hasta que se convoca a nuevas elecciones. En el derredor del torneo electoral no existe democracia. No la hay en escuelas, sindicatos y partidos, como tampoco en las organizaciones sociales, incluyendo las empresariales. Existe un mar de antidemocracias.

El alto grado de politización popular al que ha llegado México no tuvo de crisol la lucha social y menos la educación, sino una sublevación contra esa consistente combinación de Estado corrupto y programa neoliberal. Fue un proceso que duró 30 años.

Medios de comunicación, grupos de intelectuales conservadores y oposiciones unidas han presentado la tesis de que la democracia está en peligro, por lo que, para salvarla, habría que combatir al presidente de la República y a la 4T.

La mayor parte de esos nuevos críticos no han dicho que las libertades estén en peligro. Por más obcecación, no podrían hablar de ese tema porque bajo el actual gobierno tenemos el más amplio espacio que haya existido hasta ahora para el ejercicio de las libertades. Valga un solo ejemplo: al eliminarse el chayote se potenció la libertad de prensa.

No obstante, el Partido Revolucionario Institucional va lejos. Tiene en circulación un espot de televisión donde aparece un gran mazo con el logotipo tricolor del PRI destruyendo por completo un tabique que dice Morena. El locutor convoca a no permitir que este partido siga “colapsándolo todo”. El lenguaje violento suele aparecer como una de las formas de la libertad de difusión de las ideas, el problema es la predecible respuesta de los televidentes. En realidad, el mazo que destruye a Morena con el logotipo tricolor es una manera de presentar al PRI como el más duro dentro de la coalición opositora y disputar de tal forma votos con el PAN, su aliado. Sin embargo, nadie que no sea adversario de Morena hará caso de ese mensaje. Nadie sabrá tampoco cuál es la propuesta legislativa del PRI. La coalición opositora en conjunto no incrementará sus votos, si acaso podría disminuirlos debido al tono tan violento. El PRI ya cayó en la ofuscación.

De cualquier forma, la tesis opositora pretende basarse en la idea de que el Ejecutivo debe ser débil o, al menos, menos fuerte. Se identifica a la democracia con la desavenencia entre el Congreso y el presidente. Sin embargo, el sistema democrático opera justamente al revés: si hay un mandato popular mayoritario, ese debe expresarse en los dos poderes políticos de la República. De lo contrario, habría una disonancia, es decir, el sistema democrático concursal caería en contradicción.

Para esos opositores, la democracia se debería entender como separación política entre el programa del Ejecutivo y el del Legislativo. Pero esa no es la democracia. Si mediante el voto popular, el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, se produce un mandato y así debe expresarse, pero eso no es un objetivo de la democracia sino de los opositores, a la mitad del periodo sexenal, justamente en la que nos encontramos.

La falsa identificación entre democracia y ausencia de un soporte legislativo del gobierno es una tesis que sólo busca engañar al electorado. En otras palabras, para que subsista la democracia concursal, como la que tenemos en México, no es indispensable que haya un Congreso hostil a la línea del presidente o, como se le llama en Estados Unidos, un “gobierno dividido”.

El punto es que, durante los siguientes años, el programa de la 4T tendría más éxito en tanto contara con mayoría en la Cámara de Diputados. La pregunta es, entonces, ¿la mayoría electoral querrá volver a una situación parecida a la de antes?

Por otro lado, la vieja imagen de los “diputados levanta dedos” que perduró durante los largos años del régimen priista no puede ser actualizada, ya que no existe partido de Estado. La actual identificación programática entre el Ejecutivo y el Legislativo se produjo antes de las elecciones de 2018. Por lo demás, se han expedido más decretos de ley iniciados en las cámaras que aquellos enviados originalmente por López Obrador, sin que éste haya regresado uno solo de aquellos. Este fenómeno no tiene nada que ver con el viejo presidencialismo priista y su caricaturesco intento de reproducción panista.

Salvo un par de excepciones, las negociaciones principales en el Congreso no se han dado entre Morena y las oposiciones, sino dentro de la misma 4T, la cual comprende gobierno y cámaras. Esto ha sido así porque los partidos que ahora ya se han unido para las elecciones (PRI y PAN) se van a fondo en contra de todo proyecto relevante y siempre proponen modificaciones, pero en un sentido absolutamente contrario. Con ese método, no hay lugar para las negociaciones.

No es la incipiente democracia formalista mexicana la que está en peligro. Lo que se decide en las elecciones de junio de este año es el impulso del nuevo programa político y social en curso o la creación de un muro legislativo tendiente a defender y reponer lo viejo. Las cerradas oposiciones políticas, mediáticas e intelectuales han puesto todas las cosas en blanco y negro, aunque en la realidad social cotidiana no sea así. Los grises se han ocultado, al menos por lo pronto. Lo que en realidad se actualiza es la larga lucha de la izquierda contra el neoliberalismo y la corrupción.

Nunca en la historia un presidente de la República ha sido tan insultado por tantos sin la menor represalia contra los soeces. Nunca, tampoco, se han producido tantas noticias falsas contra el gobierno sin que sus emisores hayan tenido que sufrir algún desquite. Lo que tenemos hoy es debate, como nunca. ¿No se ha dicho siempre en todas partes que el debate es un instrumento de la democracia?