Archivo por meses: agosto 2020

Preguntar al pueblo sobre asuntos de políticos

La ciudadanía vota cada tres años, luego de lo cual no se le vuelve a preguntar nada hasta nuevas elecciones. El resto de asuntos políticos corresponde a los políticos, en especial a los gobernantes. Esa es la democracia formalista y concursal.

La 4T plantea el método de consulta popular. Las democracias formales suelen ampliarse con mecanismos plebiscitarios y refrendarios; algunas que tienen sistema presidencial también cuentan con métodos revocatorios de mandato. Ya va siendo hora de que México emprenda un pequeño salto desde su democracia formal, acartonada y engañosa, es decir, poco democrática, hacia un nivel participativo.

En febrero de 2022 habrá procedimiento de revocación de mandato, pero en lugar de que sea a pedido de las oposiciones, en esta primera vez la solicitud popular la organizará el propio presidente de la República, el revocable. Bueno, por algún  lado se empieza.

El mismo Andrés Manuel López Obrador ha estado planteando, desde antes de asumir su actual cargo, que la ciudadanía decida si los expresidentes deben acaso ser denunciados por el gobierno con miras a la apertura de procesos penales. Sin embargo, una pregunta así formulada difícilmente podría embonar con el esquema de consulta popular definido en la Constitución, aunque puede encontrarse una forma de resolver el asunto.

La Carta Magna contiene un procedimiento popular decisorio. No se trata sólo de que se manifieste la opinión mayoritaria de la ciudadanía, sino que, a través del voto, se emita un dictado de obligatorio acatamiento para las autoridades. Denunciar desde el Ejecutivo y acusar por parte de la Fiscalía a una o varias personas no entra en ese método de adoptar decisiones populares, ya que obligaría al presidente, primero, y al fiscal general, después,  a actuar contra varias personas físicas (expresidentes) que tienen el derecho humano al debido proceso desde la investigación. La consulta popular es un medio de apoyar o rechazar políticas públicas o normas, pero no personas.

Es posible y hasta probable que la Suprema Corte no admitiera una consulta cuyo resultado podría hacer obligatoria la presentación de denuncias y, luego, de acusaciones penales. En tal circunstancia, el Congreso estaría impedido de convocarla.

Sin embargo, el mismo Congreso podría iniciar el examen de una iniciativa de ley presentada por el Poder Ejecutivo para conceder amnistía a los expresidentes por actos u omisiones que hubieran cometido durante su mandato, luego de lo cual, el mismo presidente podría solicitar al Congreso la convocatoria a consulta popular. Esta sería un plebiscito sobre un proyecto en trámite. Si a la votación concurriera más del 40% de los inscritos en el padrón electoral, la decisión mayoritaria sería vinculante para el Congreso.

Hay que aclarar que si el proyecto de amnistía fuera apoyado o rechazado por el pueblo, de igual forma el fiscal general podría investigar lo que debiera, otorgando plenas garantías a los posibles acusados. Pero la ciudadanía habría tenido ocasión de resolver sobre la vieja tradición –norma no escrita— de que en México los presidentes son intocables cuando están en el cargo y cuando lo han dejado: un asunto político que ya no sería exclusivamente de los políticos.

Andrés Manuel López Obrador tiene bases razonables para pensar que el nuevo presidente no debería provocar o exigir la persecución penal de sus antecesores, los cuales fueron, además, defraudadores electorales. Este es un punto de vista de carácter estrictamente político que busca evitar un clima de mayor confrontación en el país. Sin embargo, es probable la existencia de una gran corriente ciudadana en desacuerdo con esa forma de analizar el asunto.

Votar contra un proyecto de ley suele tener el significado de promover una acción o norma en sentido contrario que goce de plena justificación democrática. Esas situaciones se han producido en Sudamérica en relación con leyes de perdón. En México no tenemos esas leyes pero contamos con tradiciones de impunidad. En el fondo es algo semejante.

El estatus de facto de los expresidentes ha operado quizá como un cerrojo de la cláusula constitucional de no reelección. El asesinato de Álvaro Obregón fue un acto demasiado fuerte que llevó a eliminar nuevamente la reelección, pero sin represalias contra el mandatario anterior. Todos los políticos quedaron contentos: si aquél era impune, ellos también.

Plutarco Elías Calles fue metido en un avión rumbo a Los Ángeles y Carlos Salinas de Gortari salió corriendo a Irlanda, pero nadie había intentado encausarlos. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron enviados por un tiempo al extranjero como embajadores. Ahora mismo se encuentran fuera del país Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. El exilio no es castigo para un expresidente, sino que puede darle tranquilidad, aunque también la tienen, al parecer, Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque ahora sin pensión vitalicia. El único expresidente que fue sometido brevemente a proceso penal con prisión preventiva domiciliaria fue Luis Echeverría, pero, atrozmente, el Poder Judicial declaró prescritos los delitos. Todo lo anterior ocurrió con base en la norma virtual de impunidad penal de quienes fueron presidentes.

Habría que acompañar la consulta popular sobre la amnistía (olvido penal) de expresidentes, en agosto de 2021,  con un par de temas que también sean de innegable trascendencia nacional, tales como eliminar el llamado fuero (inmunidad procesal penal) a nivel de todo el país y reducir a la mitad el monto del financiamiento de los partidos.

Esos son temas de fuerte controversia, cuya solución conllevaría reformas políticas mediante decisiones del pueblo y no sólo de los políticos, como hasta ahora.

Cuando se ensanchó el Estado corrupto

La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General contiene asuntos ya comentados, como la corrupción de la empresa Higa, los sobornos de Odebrecht, el trinquete de Agronitrogenados y el contrato leonino con Etanol XXI, pero incluye lo que un video mostró apenas hace unos días: la entrega de billetes a funcionarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El motivo del pago de 6 millones en efectivo no está revelado en dicho video pero ahí se habla de otros abonos mayores.

Una grabación que permite observar que una persona entrega millones en efectivo a servidores públicos, asistentes de unos legisladores, abre la razonable posibilidad de un acto delictivo. Desde el 11 de agosto, Emilio Lozoya había presentado ante la FGR una lista de pagos por «extorsiones» en dos momentos: la reforma constitucional de energía y la expedición de las leyes reglamentarias de la misma.

Es parte de un ritual que el PAN y los políticos señalados nieguen todo y se declaren inocentes e indignados. Lo mismo sucedió antes con los moches, mecanismo con el que se canalizaban directamente miles de millones hacia estados, municipios y entidades privadas, luego de lo cual se cobraban los favores. La historia de los moches se puede escribir por ahora con la descripción documentada de las cantidades y destinos de los gastos, pero no ha sido posible probar lo que de sobra se sabe: gestores, principalmente diputados, cobraban el servicio, ya fuera en efectivo o mediante la adjudicación contractual de las obras.

Una cosa es que dentro de cada gobierno (priista o panista) existiera una red de corrupción y otra que esa misma abarcara también a la oposición. En esto ha consistido parte del reciente ensanchamiento del Estado corrupto.

El gobernador de Querétaro no le preguntó a su recién despedido secretario particular por qué, con instrucciones de quién y para qué recibió los seis millones. De seguro era innecesario. Nadie en el PAN podría tampoco tomar la lista de entregas incluida en la denuncia de Lozoya y explicar desde dónde y por qué motivo se recibieron esos muchos millones en una casa de Las Lomas, la cual, se sabe, era una de las guaridas gubernamentales.

Así como los gestores y coyotes nunca han  explicado cómo se operaban los moches, tampoco esos empleados del Senado nos van a querer contar su historia. ¿El actual presidente del PAN estaría dispuesto a realizar al respecto una investigación sobre un militante de su partido al que se observa recibiendo seis millones en efectivo? La respuesta negativa ya se produjo. (El caso de René Bejarano llevó al desafuero, a procesos penales y encarcelamientos, así como a una investigación interna que culminó en expulsiones, entre ellas, la de quien era la presidenta del partido en el momento de los hechos).

Emilio Lozoya le ha contado unas historias a la Fiscalía, pero al mismo tiempo se incrimina, como es del todo natural. Busca que, al colaborar, la justicia sea menos severa. Eso está muy claro, pero no es el mayor problema.

Para desmontar el Estado corrupto que ha padecido México se precisa profundizar en sus modos de ser, operar, repartir e involucrar a muchos del entorno político e ir más lejos.

No existe sistema de corrupción como forma de gobernar que no requiera desarrollo. Eso es justamente lo que ocurrió en México desde 1949. Antes, había corrupción pero no era un sistema político como tal. A partir de su inicio, con la toma del gobierno por parte de algunos licenciados encabezados por Miguel Alemán, el Estado corrupto tuvo su siguiente gran salto en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, recientemente, con Enrique Peña Nieto. En un ínterin de 12 años, las presidencias panistas dejaron las cosas más o menos como estaban y añadieron algunos tintes, entre ellos los moches, con los cuales el PAN hizo historia. Quizá ahora podremos saber algo de la corrupción bajo Calderón en el marco de las relaciones con el Cártel de Sinaloa, aunque no se podría considerar que esa conducta hubiera sido una aportación original.

Como es natural, los muchos fraudes electorales de los que México ha sido víctima siempre estuvieron relacionados con la corrupción. Como medio de conservar el poder corrupto y corruptor se hacía necesario usar dinero ilícito. Los Estados corruptos suelen funcionar de esa manera. Pero en México se han presentado fenómenos casi fantásticos, como el del año 2000, cuando el candidato ganador y el situado en segundo lugar usaron dinero ilícito. Al menos se conocieron entonces partes de ambas tramas y, luego de años de controversias, se multaron a los respectivos partidos, pero no hubo procesos penales debido a la ilegal orden de uno de los denunciados: Vicente Fox, presidente de la República.

La defraudación de Felipe Calderón (2006) ocupó montos mayores recolectados de manera ilícita para financiar la campaña y una propaganda mendaz, absolutamente difamatoria, además de la alteración de resultados. Todo esto con la colaboración de las autoridades electorales.

El último fraude sexenal (2012) fue dirigido por Luis Videgaray, lo cual es de público conocimiento. Los recursos dispersados con las tarjetas de Monex eran una pequeña parte de un total desconocido, pero nada fue puesto en claro con las investigaciones manipuladas. Se compró casi todo lo comprable, se violaron las leyes, pero el país siguió en una normalidad de alternancias en el gobierno, título de orgullo de algunos consejeros y ex consejeros del INE que, sin embargo, sacan de contexto esos momentos de cambio engañoso, que no sirvieron para detener el funcionamiento del Estado corrupto.

Hace unos 30 años nadie iba a pensar que Acción Nacional se iba a lanzar a la gananciosa aventura de la corrupción, hacer fraudes, usar financiamientos ilícitos, manipular la justicia, cobrar moches y mordidas, recibir dádivas del poder, etc. Pero lo hizo. Se lo tragó el Estado corrupto.

Este fenómeno es digno de investigaciones concretas sin límites, pero también de estudios teóricos para descubrir las bases estructurales y funcionales de poder sobre las cuales la corrupción pasa de un partido a otro sin detenerse o, al menos, moderarse. En este marco, habría que analizar el ensanchamiento del Estado corrupto mediante el cual se financia ilícitamente al opositor o se comparten ganancias.

El esfuerzo de hoy no es sólo para lograr que se interrumpa ese fenómeno, lo cual exige una gran lucha sistemática y cotidiana para desmontar el Estado corrupto, sino también para sentar bases que hagan políticamente imposible un cambio regresivo.

Donald Trump dejará la Casa Blanca

Faltan casi 80 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero se sabe que Donald Trump no podrá reelegirse. Joe Biden no será el triunfador sino que el actual inquilino de la Casa Blanca ha de ser el perdedor, como le ocurrió a Hillary Clinton, la cual perdió por sí misma.

Como se sabe de sobra, Trump no obtuvo la mayoría de votos populares. En realidad, Estados Unidos ha tenido una vez más un presidente de minoría. Esa democracia competencial sigue anclada al duro conservadurismo federativo que selló la unión de las 13 colonias al proclamar y defender su independencia conjunta. Pero ese sistema carece de lógica democrática, ya que el gobierno de la unión dirige en todo el territorio con facultades considerablemente fuertes.

Trump no tendrá la mayoría del voto popular, como no la tuvo hace cuatro años, pero ahora tampoco logrará la mayoría en el Colegio Electoral porque los estados donde ganó por un margen menor al 3% no se van a comportar igual (Florida, Michigan, Carolina Norte, Arizona, Pensilvania, Wisconsin), mientras que en Texas las encuestas ya igualan a ambos candidatos. Aunque conservadoras en su mayoría, en esas entidades existe una franja política que ya no está dispuesta a sostener un presidente especializado en dar palos de ciego.

Dividido en dos grandes bloques, Estados Unidos tiene un sistema político que a nivel nacional logra subsumir a todas las corrientes políticas en dos bandos. Pocas veces ha surgido un tercero y solo una vez la opción emergente logró la segunda posición electoral, con un ex presidente como candidato. La próxima elección de noviembre será clásica: sólo dos candidatos en disputa, aunque siempre se registran muchos más.

El campo más conservador se aglutina electoralmente desde hace mucho tiempo en el Partido Republicano; es ahí donde ahora son más urgentes las discrepancias, de tal manera que hay franjas que podrían preferir a un presidente también conservador pero algo moderado o mediocre: Joe Biden.

En el lado demócrata el cambio es muy urgente. El vencedor de las internas, Biden, ha decidido acompañarse de una senadora algo menos conservadora, quien algunas veces ha coqueteado con la izquierda. La combinación busca satisfacer al electorado afroamericano y, al mismo tiempo, brindar a las corrientes de izquierda, incluyendo a la socialista democrática de Sanders, un respiro frente al extremismo de derecha representado por Trump.

En Florida, por ejemplo, Trump está perdiendo terreno en el seno mismo de lo que fue su fuerza más adicta, el sector de «hispanos», principalmente cubanos, algunos de los cuales ni siquiera están contentos con la política de Washington frente a la isla. Si el actual presidente no puede tener mayoría en Florida, ya perdió la Casa Blanca. Pero perderá también otros estados antes ganados porque tampoco cumplió sus promesas.

La propaganda de Trump consiste en identificar como socialistas a todos sus adversarios, incluyendo desde luego a Joe Biden y a Kamala Harris, pero no se está enfrentando directamente a Bernie Sanders, sino a candidatos moderados, quienes, sin embargo, pueden lograr el voto de gran parte de la izquierda.

Después del incidente del asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de este año en Minneapolis, las protestas no se circunscribieron a los afroamericanos sino llegaron a sectores de blancos que no están dispuestos a admitir la barbarie policial racista que durante tanto tiempo ha tenido lugar en Estados Unidos. La posición de Trump frente a las protestas ha ayudado a que algunos de sus anteriores electores se sientan obligados a cambiar su preferencia electoral. Así, Estados Unidos dará un voto mayoritario en contra del racismo, aunque éste no se va a acabar en una sola elección. De cualquier forma, se cree que el fuerte supremacismo blanco no es mayoritario. Si esto es así, Trump no podrá seguir siendo presidente.

 La política agresiva contra los inmigrantes puede convencer aún a algunos que tienen ya muchos años como residentes o ya son ciudadanos, en aras de mantener su situación en el competido mercado laboral estadunidense, pero no tanto como para lograr que Trump gane nuevos terrenos en esa franja del electorado.

Trump no tiene márgenes para avanzar, sino todo para retroceder. Por su lado, Biden no va a convencer más allá del voto duro demócrata pero tampoco será atacado o bloqueado por aquellos segmentos político-sociales que no quieren ver a Trump ni en pintura.

La gestión de la crisis epidémica de la Covid-19 es muy discutida, en Estados Unidos eso es algo descentralizado, de tal manera que los estados y aun los condados tienen fuerza normativa en el control de la enfermedad. Por más tonterías que haya dicho Trump sobre «el virus chino», por más equivocaciones de su inestable gabinete sanitario y por más altos que sean los números de fallecidos,  no parece que la pandemia vaya a ser decisiva en el voto ciudadano.

Otra característica de la campaña electoral estadunidense es que los mensajes electorales de ambos candidatos están centrados en el adversario. Trump acusa a Biden de izquierdista, radical, etc. Biden acusa a Trump de llevar al desastre al país y al mundo. Pero los programas propiamente dichos aparecen muy poco y se limitan a algunos puntos. La propaganda se centra demasiado en la posición que se rechaza: el no al otro.

El mayor problema está, sin embargo, en la incidencia electoral. Si los que quieren defenestrar al actual presidente logran cohesión y disciplina estrictamente electoral, no habrá problema: serán pocos los estados que voten mayoritariamente por Trump.

Si en los próximos 80 días no se produce una hecatombe política, Donald Trump dejará de ser el presidente de Estados Unidos. El mundo tomará un respiro, pero no se habrá resuelto algún problema fundamental. Al respecto, muchas cosas estarán por verse, al menos eso podría ser un comienzo.

Esta no es una crisis económica

El mayor problema de algunos economistas y no pocos periodistas, así como de muchos políticos, es creer que vivimos una crisis económica en vez de un parón por decreto de Estado.

No puede haber crisis económica sin biografía. Todas inician antes de que las personas puedan darse cuenta del carácter de sus precursores. Siempre hay fenómenos económicos y sucesivas decisiones políticas que al final llevan a una crisis.

No conviene confundir un parón económico por decreto con  una crisis económica. El primero es consecuencia de una decisión de gobierno, mientras el segundo es resultado de una compleja relación entre múltiples factores, con frecuencia estructurales, acumulados paulatinamente.

Este asunto no tendría relevancia si no fuera por la necedad de analizar la caída decretada de la producción y los servicios a través de métodos y herramientas surgidos de las crisis económicas. Como se trata de dos situaciones diferentes, se ha producido un problema epistémico. Es decir, hay formas diferentes de conocer una realidad nueva sólo aparentemente igual a otras anteriores. Mas la baja del PIB en la dimensión en curso, como producto de un decreto, no es un fenómeno desencadenado y desencadenante.

La mitad de los empleos suspendidos durante tres meses se recuperó en un mes. Pocos creyeron que eso pudiera ocurrir porque sólo recuerdan las crisis económicas, pero no los parones decretados por pandemia, el último de los cuales quizá fue en 1918.

No obstante, frente a la baja de la producción y los servicios se sigue proponiendo que el gobierno se endeude mucho más de lo programado para cubrir la entrega de inusitados subsidios fiscales y ofrecer garantías sobre créditos privados. Desde las oposiciones, nadie propone que se invierta más en infraestructura. Por el contrario, se quiere que se desinvierta en los proyectos en curso en aras de brindar subsidios en el pago de impuestos.

La idea de un mayor endeudamiento público sigue en la primera línea de la discusión doméstica debido a la insistencia de la patronal y de las oposiciones políticas. Esto ocurre sin que los proponentes consideren la prohibición constitucional de contratar crédito para cubrir gastos que no sean de inversión productiva.

Como la Constitución no sirve para los propósitos del endeudamiento extraordinario, veamos si el nuevo mega crédito propuesto pudiera ayudar a la economía a mediano plazo. Los activos de mexicanos en el exterior, menos los activos mexicanos en poder de extranjeros, incluida la deuda correspondiente, tiene un déficit de 52.1%. O sea, los mexicanos tienen afuera poco menos de la mitad de lo que poseen los extranjeros en activos mexicanos (Posición de Inversión Internacional Neta –NIIP-). Menos mal que no estamos en el déficit de 73.5 que tiene España, cuya deuda pública ya rebasó el 100% de su PIB.

Esta situación es «manejable» a la luz de otros indicadores, según consideran los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la prima de riesgo neta de la deuda de México es muy alta, mayor que la de España. Eso es lo que le duele a los mexicanos porque pagan más por lo mismo. El FMI parece soslayar que las migraciones de capital desde México no regresan al primer estímulo pues se realizan pensando en un futuro indefinido, como lo ha demostrado la escasa respuesta a las amnistías fiscales ilegalmente decretadas por el gobierno anterior. Además, los bonistas domésticos se comportan con frecuencia como externos, así que los acreedores del Estado mexicano residentes en México pueden al día siguiente aparecer con una cuenta en alguna financiera estadounidense, como si fueran extranjeros, lo cual se observa con harta frecuencia desde aquel 1982, cuando «ya nos saquearon». Tenemos mercados integrados pero muy diferenciados. El mismo FMI insiste, respecto de México, que «los grandes pasivos brutos de la cartera extranjera (y buena parte de la nacional, habría que agregar) son fuente de vulnerabilidad en situación de volatilidad financiera global.» Lo sabemos de sobra.

Al margen de esta situación, el NIIP no es tan malo para un país como México. Sin embargo, ayuda a generar unas tasas de interés usurarias. Cuando en Europa y Estados Unidos el interés ronda el cero por ciento, México, con 3% de inflación, tiene una carga pesada que ha orillado a un superávit primario en el presupuesto, lo cual indica que el Estado está recogiendo de la sociedad más dinero que el devuelto a ella. Todo en aras de contener la carga de la deuda que tiende a reproducirse incesantemente por sí misma. La cuestión no reside en cuánto debes sino en cuánto pagas de intereses. Si se decreta una explosión del débito, pronto habrá otra del pago de altos intereses y, entonces, se tendrían que reducir inversiones públicas y gasto social. Ya está cantado por parte de varias calificadoras internacionales que México perderá el próximo año el grado de inversión debido al débito petrolero, es decir, aconsejarán no adquirir y deshacerse de  bonos mexicanos.

El crédito neto es un anticipo de ingresos y, en términos económicos (empresarial o estatal), la ocasión de ampliar la inversión siempre que su resultado permita cubrir el llamado costo financiero (compartir ganancias con los dueños del dinero), pero, al mismo tiempo, dejar puesto un valor mayor. Si, por el contrario, el monto de los intereses rebasa la ganancia, entonces se trabaja exclusivamente para el prestamista y se arroja una pérdida. Este problema se resuelve en el plano de la economía pública cuando los empréstitos detonan el crecimiento, en forma directa o indirecta, para generar más producción y, por esa vía, una mayor masa de impuestos, siempre por encima de los intereses pagados. Pero eso es justo lo que no ocurre cuando el Estado destina el débito a cubrir consumos improductivos. Es por tal razón que esto último no está permitido en la Constitución, la cual, al respecto, siempre fue violada.

El Fobaproa (IPAB) fue un nuevo endeudamiento por 100 mil millones de dólares, absolutamente inconstitucional. Deudas privadas convertidas en públicas por decreto del Congreso. ¿Cómo se «detonó» la economía? De ninguna forma, como no fuera con una restricción del gasto programable. La alternativa no era dejar que los dos bancos grandes que seguían vivos quebraran finalmente, sino que los activos inyectados por el gobierno no fueran regalos sino inversiones públicas en acciones bancarias sin derechos corporativos, cuyas regalías se acumularan hasta el momento de su amortización. Con el resto de los bancos que sí quebraron, el Estado formaría uno solo para resarcir quebrantos a través del tiempo. Esas propuestas, las cuales presenté en la Cámara de Diputados, fueron consideradas estrafalarias, según afirmó José Ángel Gurría, entonces secretario de Hacienda. Japón y, luego, Estados Unidos sí hicieron eso con medianos resultados, pero al menos no perdieron tanto como México. Más de 20 años después seguimos pagando intereses mes con mes, pero Bancomer y Banamex (BBVA y City Bank), poseedores de bonos Fobaproa, disfrutan de enormes ganancias, porcentualmente mayores que las de sus sedes en Madrid y Nueva York. En México no hemos tenido banca propiamente dicha sino usura. Así funcionan los esquemas monopólicos con ausencia de regulaciones del Estado.

El FMI, el cual también ha estado indicando que México tome crédito internacional, plantea que el gobierno lleve a cabo dos acciones: 1) reformas fiscales inclusivas y a favor del crecimiento, y 2) revitalizar las reformas estructurales a mediano plazo para mejorar la competitividad y el clima de inversión.

En el primer tema, el Congreso debería revisar los gastos fiscales para eliminar viejos privilegios que nunca se han justificado. Sin embargo, la política del gobierno aconseja esperar para hacer un ajuste en las tarifas sobre la renta, hacia arriba en los ingresos altos y a la baja en los medios.

En cuanto al segundo tema, sería muy difícil que cuando Pemex tiene ya un 23% de rendimiento (antes de impuestos y costo de la deuda), frente a 17% de Chevron, 12% de Total y 10% de ENI, BP, Repsol y Exxon, tuviéramos que volver a intentar matar a la gallina, la cual, además, tiene los menores costos de operación (68%) en relación con las grandes petroleras mundiales (85%). Toda la deuda de Pemex es del gobierno desde hace casi 40 años. Para contratar ilegalmente créditos para gasto corriente, los presidentes le quitaban a Pemex la mayor parte de sus ingresos y le obligaban a realizar sus inversiones con operaciones de deuda, las cuales hubieran sido innecesarias bajo un régimen fiscal diferente, sin dejar de recoger participaciones para el Estado. Así que, ahora, Pemex tiene que hacer malabares para cubrir intereses sobre lo que en verdad no debe, para solventar ilegalidades de los gobiernos anteriores que se fueron sin pagar.

Para hablar de endeudamiento excesivo, la experiencia Argentina es aleccionadora, con 9 default en su historia. El último ha culminado mediante un acuerdo con los acreedores extranjeros. Argentina no podía pagar los intereses de su deuda externa, con una tasa media de interés del 7% (mayor de la mexicana). Se ha llegado al acuerdo de reducir el monto del débito en poco más de la mitad y ubicar los intereses en 3%, lo cual conduce a dejar de pagar 30 mil millones de dólares durante los próximos 10 años.

La deuda pública central total de Argentina, unos 400 mil millones de dólares, es equivalente al 90% de su Producto Interno Bruto (en México es del 52%). Aquel país del sur lleva tres años en recesión con una devaluación de 80% en los últimos cinco años. Su anterior presidente contrató 44 mil millones de dólares con el FMI, los cuales se destinaron principalmente a defender el peso, es decir, a cubrir la compra de dólares que se fueron de regreso con el eterno agradecimiento de los más ricos del país.

Lo peor no estriba en los números macroeconómicos sino en el inmenso costo de esa crisis en términos sociales: otro volver  atrás. Esta historia no es diferente a otras vividas en América Latina, México incluido, donde a partir de los tesobonos (que no eran otra cosa que deuda en dólares) se precipitó alguna vez (1994-95) una crisis financiera internacional denominada Efecto Tequila, pero conocida dentro del país como «el error de diciembre». Emigraban los dólares hacia el norte mientras el Estado iba perdiendo capacidad para garantizar el cambio de moneda. Como había ocurrido en 1982, no había con qué pagar. El peso cayó, las tasas internas de interés se revolucionaron, los deudores debían súbitamente más que el importe del préstamo original, la producción disminuyó (el famoso PIB), los bancos quebraron, la inflación acabó con gran parte de los ahorros líquidos y disminuyó la capacidad adquisitiva de los salarios. Al final, México hizo reconversión de deudas, pero ya había cosechado desgracias pocas veces vistas.

Para volver al tema de inicio de este artículo, México no debería cometer los mismos errores que suelen verse en las crisis económicas y, justo porque no vivimos una de esas sino un parón decretado debido a un gran problema de salud carente de causa económica, mucho menos debemos usar técnicas puestas en práctica en el pasado que han  sido con frecuencia dañosas.

Como en realidad no estamos inmersos en la parte recesiva de un ciclo de la economía, hay que reconocer a plenitud que la economía no se «mueve sola», sino que, con entera pena y mucha esperanza, la manipula el Consejo de Salubridad y, ahora, también los gobiernos locales, para proteger la salud.

De por sí nuestra deuda crece rápido. No le metamos velocidad sin causa productiva alguna.