Archivo por meses: julio 2020

Oligopolio medicinal

El oligopolio de medicamentos, materiales y equipo de salud es causa de altos precios y mucha corrupción. Es una expresión remanente de las décadas del dominio político del PRIAN.

El gobierno actual ha buscado vías para contrarrestar los precios de monopolio y las maniobras comerciales. Uno de esos caminos lo ha abierto el Congreso con la reforma de la Ley de Adquisiciones, aprobada el miércoles 29 de julio. Se trata de que únicamente la compra de medicamentos a través de organismos internacionales intergubernamentales no esté regida por esa ley sino sólo por los principios que al respecto señala la Constitución. La adjudicación directa contemplada en la legislación actual no es un mecanismo suficiente para dar base jurídica a convenios permanentes y a la apertura de un sistema de adquisiciones exclusivas por conducto de esos organismos internacionales. Era indispensable la reforma.

La mayoría de las oposiciones presentaron argumentos dirigidos a defender al oligopolio medicinal y sus prácticas. Se dijo que la reforma de la ley se dirige a sacar a las empresas mexicanas del mercado. Sin embargo, el sector público representa menos de la mitad de la demanda interna que alcanza unos 200 mil millones de pesos anuales. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde éste se erogan 80 mil millones. Además, México no podría adquirir más del 25% de su consumo interno mediante el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la clase de vacunas y medicamentos que se tramitan a través de su sistema. Asimismo, las empresas mexicanas productoras podrían participar en los procedimientos convocados por la OMS para colocar sus mercancías.

Con las nuevas operaciones de México dentro del sistema OMS/OPS, los precios de lo comprado dentro de tal mecanismo serían un 25% menores, según se ha estimado por las mismas organizaciones internacionales.

La defensa de las empresas de medicamentos no tiene ningún asidero a no ser la procura de un interés comercial ilegítimo. Las prácticas monopólicas de esas empresas son bien conocidas. En cuanto a quienes son meramente distribuidores, todo es mucho peor, pues ni siquiera producen, pero realizan las peores y más sucias maniobras, aunque también los está defendiendo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

Hemos tenido aquí una fuente de corrupción pública, a pesar de las licitaciones, puesto que los pactos convenientes, como se sabe, llevan a buenos precios sólo para los vendedores cuando éstos se ponen de acuerdo. Por el lado del Estado, el sector salud ha sido una sede de corrupción ligada a las adquisiciones.

El mercado de insumos para la salud es aún más ganancioso porcentualmente, pues, en México, los dispositivos médicos de alta tecnología se venden, en promedio, al doble que en el resto del mundo, a través de intermediarios mayoristas (servicios integrales de salud). Esta es una manera de hacer negocios con muchos hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Aquí ya no son sólo los medicamentos sino algo más complejo que afecta mayormente a la medicina social del país. Urge que el IMSS y el ISSSTE terminen con ese perverso sistema.

Además, en México, sólo el 12.1% de los medicamentos son genéricos, es decir, carecen de patente en vigor, por lo que hay libre producción, y el 13.2% es sin prescripción, pero el restante 74.7% es de marca, casi siempre de laboratorios trasnacionales. Esto es algo así como un campeonato mundial de medicamentos caros. Un agobiante sistema de monopolios legalizados.

El país en su conjunto destina a salud el equivalente al 6.5% del PIB. La mitad de este porcentaje es lo que se denomina gasto de bolsillo, es decir, se realiza directamente por las personas, fuera de la medicina pública. Esto habla de lo raquítico del sistema institucional. México es uno de los países con mayor gasto personal directo en salud.

Esto lleva a entender mejor el significado concreto de la lucha contra las prácticas monopólicas de las empresas de medicamentos. Si con la nueva legislación el sector salud, al comprar más barato, se ahorrara aunque fuera el 10 por ciento de lo que hasta ahora gasta, esa misma cantidad se podría usar en el fortalecimiento de unidades médicas y hospitales, así como en el suministro de medicinas.

El problema no se va solucionar por completo sólo con la reforma legal que se aprobó en el Congreso, pero ésta va a ser de una gran ayuda. Es un paso a favor de la atención médica como derecho de todos y todas. Es un avance en la lucha contra la corrupción. Es algo en pro del combate a los sistemas monopólicos que agobian la economía mexicana.

Afores: negocios parasitarios

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Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro basado en cuentas individuales es la existencia de empresas parásitas, las llamadas afores.

Nada justifica las enormes tasas de ganancia de esos establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder político. Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en la que sean porcentualmente mayores para los salarios más altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fiscal por ese concepto.

La tasa de reemplazo (porcentaje del salario que al final puede ser jubilación o pensión), se va a equilibrar entre los diversos niveles de ingresos bajos, con lo cual mejoran principalmente quienes ganan entre 2 y 5 UMA, más los primeros dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es de 3,289 pesos mensuales, dependerá de edad, salario y semanas cotizadas, pero, en promedio, se ubicará en 4,345 pesos mensuales, lo cual es un aumento significativo.

La reducción de número de semanas de cotización para tener derecho a pensión garantizada es consecuencia del tamaño de la llamada economía informal, donde no opera el sistema de seguridad social, lo cual determina que existan millones de trabajadores que entran y salen durante toda la vida. Al final del trabajo, cuando llegan a la edad de 60 años o más, no tienen las 1,250 semanas que ahora es el requisito. Con la reforma, lo harán desde 750 y, a través de 10 años, gradualmente, se establecerá en 1,000 semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a aumentar a pesar de que son bajas (1.125%). Esto se debe a que los salarios mexicanos son demasiado reducidos y a que la inmensa mayoría de los trabajadores reciben menos de 5 mínimos. No podría explicarse ahora un incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional es muy bueno o carece de problemas. Cuando no se trata de asuntos demográficos, se enfrentan a cuestiones relacionadas con los niveles salariales, las aportaciones o las crisis financieras que afectan la reserva. El sistema de cuentas individuales es de los peores sistemas, aunque es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a llevar a cabo son indispensables para resolver la urgencia. Luego, se tendrá que seguir discutiendo la conformación de otro sistema, el que resulte adecuado a una prospectiva nacional y responda a las necesidades de los trabajadores formales e informales.

Por lo pronto, la pensión será la garantía del derecho al retiro, mientras la pobreza y la desigualdad se habrán reducido un poco.

Demencia conservadora

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Los intelectuales de la neo derecha nacional, aliados a los de la rancia, han entrado en demencia política. Ponen en duda la legitimidad del resultado de las elecciones legislativas de 2018, pero dos años después de los comicios. Niegan que exista una mayoría legítima en el Congreso y lo hacen a través de una inserción pagada para que sea leída.

Héctor Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la Constitución y se lanzan a tratar de deslegitimar a la única mayoría parlamentaria auténtica que ha tenido México desde hace muchos años. La 4T obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido un solo partido, que no lo fue, pues era una coalición de tres, su representación hubiera sido del 55% de la Cámara, suficiente para ser mayoría absoluta.

El Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo 3 diputados plurinominales (se aplicó severamente la cláusula de sobre representación) y ninguno le fue asignado al Partido Encuentro Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a 85 curules de representación proporcional según determinó el INE, luego de hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al respecto. Los tres partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 221 de los cuales son de mayoría relativa de un total de 300 distritos electorales que existen en el país, es decir, la 4T no alcanzó la mayoría sólo en 79.

En cuanto al Senado, la demencia política es de igual gravedad, ya que el grupo de Aguilar Camín no sabe que en cada entidad federativa se eligen tres senadores, dos de mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. No había manera de que la 4T fuera minoría en esa cámara del Congreso si fue mayoría en casi todos los estados.

Aguilar Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen defender. En la Cámara, la Constitución permite a los partidos, en lo individual, una sobre representación hasta de 8 puntos porcentuales respecto de su votación. Este precepto se conoce como «cláusula de gobernabilidad», según le llamaron los amigos de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera normalidad. Pero los neoconservadores no tienen ojos para el pasado en el que les iba muy bien, sino sólo en el presente que ya no les simpatiza. Viven en la angustia.

¿Por qué tendría que ser desaconsejable que una fuerza política tenga una mayoría parlamentaria? ¿Habría que hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sólo por contar con suficiencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, porque aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si éste y sus amigos quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego de su carta pagada, cuáles serían las nuevas—, que se postulen para el Congreso; ese es el método.

La fuerza gobernante puede o no tener mayoría legislativa, pero, cuando la tiene, debe ejercerla porque para eso existe como expresión ciudadana. En México tuvimos tiempos en que el presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con otro u otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el turno en el Ejecutivo.

Si en un futuro cercano el resultado de la elección legislativa no otorgara a ninguna fuerza política la mayoría parlamentaria, no habría ningún problema nuevo, pero esa no puede ser una exigencia democrática sino una aspiración de las oposiciones actuales. Son dos cosas diferentes.

La democracia, como la conocemos, es un sistema competencial con relativa tolerancia. La atomización en la representación política no le es consustancial, pues ésta es solamente expresión del voto ciudadano.

El llamado equilibrio de poderes siempre ha sido una falacia porque no hay equilibrio en la Constitución. Lo que existe es un sistema con ramas del poder, cada cual con facultades diferentes, pero no en competencia. Lo normal en esas democracias es que la fuerza política mayoritaria ocupe el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando este último carece de respaldo suficiente, tiene que llegar arreglos con otros. Así de sencillo.

Pero Aguilar Camín y socios creen que el «equilibrio» consiste en que el pueblo vote de la manera en que a ellos les conviene, es decir, que elija una mayoría parlamentaria que no sea de la misma fuerza política que la del Ejecutivo. Lo plantearon cuando íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por favor, los electores que estaban a favor de AMLO votaran por diferente partido en las boletas de senadores y diputados. ¿Cuáles era los «otros partidos»?, pues los mismos de antes: si el triunfo de AMLO era inevitable, había que buscar acotar el cambio, el nuevo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí mismo porque el fenómeno era al revés: no pocos que por lo regular votan por otros partidos lo hicieron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo seguro y querían un cambio. Pero no fueron tantos porque en la votación de diputados la suma de los partidos de la 4T alcanzó el 47%.

Los intelectuales orgánicos de la derecha funcional de nuestro tiempo se inventan un nuevo prototipo democrático. El punto central ya no es que cada quien vote como quiera y se respete la votación, tal como hemos llegado a pensar al respecto, sino que lo haga de tal manera que se logre el «equilibrio», es decir, que Ejecutivo y Legislativo correspondan a fuerzas políticas diferentes. Esta novísima teoría, como «obligación democrática», podría conducir al perpetuo conflicto irresoluble entre ramas del poder político. Nada nuevo, a menos que se restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín y compañía. De eso ya tuvimos bastante. En cuanto a demencias políticas neoconservadoras, ya estamos teniendo suficiente.

Poder de bolsa y presidencialismo

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Durante la vida republicana de México, el Poder Ejecutivo ha tenido la atribución legal o ilegal de modificar el presupuesto durante el año de su ejercicio. La Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad de autorizar el gasto, se detiene tan luego como expide el decreto. Después, desaparece de la escena limitando sus funciones a recibir informes de ingresos y gastos cada tres meses.

La Cámara vuelve a tomar el curso presupuestal en la revisión de la Cuenta Pública, incluyendo la fiscalización que realiza a través de la Auditoria Superior, pero esos ya son hechos consumados.

Ahora se propone que, por vez primera en nuestra historia, la Cámara asuma a plenitud su facultad de autorizar los egresos. Se busca que la ley ordene que las adecuaciones presupuestales mayores de 4% del gasto programable deban ser aprobadas por la Cámara, a propuesta del Ejecutivo, tal como ocurre normalmente con el Presupuesto de Egresos.

A lo más a que llegó la ley actual fue a obligar al Ejecutivo a consultar sus ajustes del gasto con la Comisión de Presupuesto de la Cámara cuando hubiera reducción de ingresos por impuestos, pero sin que la opinión de ésta fuera vinculante. Se olvidó que la Cámara es órgano legislativo, parte de otra rama del poder del Estado, y no juega el papel de consultor del Ejecutivo.

El asunto no es menor porque los presidentes han usado esa incongruencia legislativa para modificar libremente el Presupuesto de Egresos en altas cuantías.

La iniciativa presentada por Morena consiste sencillamente en mantener activa la facultad de la Cámara de autorizar el gasto aún durante el ejercicio, pues en ella está depositado el poder de bolsa, el cual es una institución democrática desde la formación de los primeros parlamentos en tiempos de los reyes.

Se ha dicho sin el menor fundamento que Morena quiere dar al actual presidente mayor poder para manipular el gasto. Se trata justamente de lo contrario. Que no se confunda la eliminación de los «moches» con una defensa del presidencialismo, ya que aquellos fueron en realidad un recurso de éste para repartir dinero entre los políticos.

Esta reforma de ley habría que inscribirla dentro de otras modificaciones que ya se han aprobado en la Cámara de Diputados para restar funciones decisorias al Ejecutivo y aumentar las del Congreso.

Se ha retomado la dictaminación y aprobación (o no aprobación) de la cuenta pública anual, cosa que se había dejado de hacer en la Cámara durante seis años.

En materia de ingresos fiscales, se le ha prohibido al Ejecutivo condonar impuestos.

Se está a la espera de que el Senado apruebe el proyecto de reforma constitucional, enviada por la Cámara, para prohibir las partidas secretas en el presupuesto que eran administradas por el presidente en persona.

La ley de austeridad incorporó varias prohibiciones directas a la administración gubernamental, con lo cual se han limitado las capacidades de decisión discrecional que llegaron a tener los jefes, empezando por el mismo presidente.

Se está también a la espera de que el Senado apruebe una reforma de la ley electoral, enviada por la Cámara, para quitar a los ejecutivos federal y de las entidades la facultad de imponer las sanciones por faltas administrativas en materia de procesos electorales a sus propios servidores públicos y se le devuelva al Instituto Nacional Electoral, tal como lo señala la Carta Magna.

No se trata de debilitar la acción del Ejecutivo sino de procurar el ejercicio completo de las facultades del Poder Legislativo, durante tantos años erosionado y desprestigiado. La tarea no es nada sencilla.

En los grandes medios, muchos se quejan de que la 4T posea la mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, para el efecto de la reducción de «facultades metaconstitucionales» del presidente de la República (Jorge Carpizo, decía), las cuales en realidad son inconstitucionales, lo mejor es que funcione esa mayoría porque los partidos que antes estuvieron en la Presidencia no son afectos a revisar lo que entonces no quisieron reformar, aunque se la pasan ahora acusando a la mayoría parlamentaria de querer una dictadura presidencialista, cuando esa fue la que ellos ejercieron.

Por ejemplo, no ha sido respaldado por el PRI y el PAN el proyecto de Morena para que las cámaras puedan crear, a pedido de la minoría, comisiones con plenas facultades para investigar cualquier asunto público y no sólo, como ahora, a las entidades paraestatales. En el combate a la corrupción, además de gobierno, fiscalía, auditoría y jueces, debe tomar parte el Congreso, el cual puede dar contribuciones mediante un eficaz control político de la gestión pública: no todo es buscar ladrones sino también malas gestiones.

Ya se ha discutido mucho, aunque eso seguirá, que el presidente no puede elevarse el sueldo cuando lo desee y por el monto que quiera, tal como lo hicieron antes varios mandatarios y lo siguen haciendo no pocos gobernadores y alcaldes. Pero las oposiciones no ha estado del lado del control y moderación de las remuneraciones de los jefes de la administración pública, órganos autónomos y poderes. Lo que se ha hecho hasta ahora, sin el apoyo de los adversarios de la 4T, tiende a eliminar la discrecionalidad con la que actuaban los presidentes y devuelve a la Cámara el control de los sueldos.

Apenas está empezando la eliminación de las normas inconstitucionales del viejo presidencialismo, así como de aquellas prácticas que en los hechos confieren al Ejecutivo muchas indebidas funciones. Pero ya se está en ese camino que no es para andar sino para desandar. Ajuste de cuentas con un pasado de ignominia antirrepublicana.

Ir a la Casa Blanca

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No existe evidencia que pudiera llevar a presumir que la visita de un jefe de gobierno extranjero a la Casa Blanca haya influido alguna vez en la elección presidencial en los Estados Unidos. Esa discusión, por tanto, carece de sentido. En realidad, es enteramente especulativa.

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump podría ser parte de una relación normal entre los jefes de gobierno de ambos países. No se mira así por las características del actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, algo anda mal en esa forma de observar la situación.

A pesar del discurso antimigrante y antimexicano de Trump, el actual gobierno estadunidense ha deportado menos mexicanos que Barack Obama durante los dos peores años de la administración de éste, quizá debido a la creciente falta de cooperación de muchos gobiernos locales en las cacerías de migrantes sin visa. El muro fronterizo que fue construido pacientemente durante anteriores gobiernos demócratas y republicanos, bajo Trump sólo ha crecido en 16 kilómetros y ha sido reparado en unos 300, pero con muchos discursos demagógicos. Es tan viejo que se está cayendo solo.

Entre la inoperancia oficial y la resistencia popular, no parece ir bien la aplicación de la política de Trump respecto al tema de migración, tal como lo demuestran sus fracasos en la pretensión de cancelar el mecanismo de demora para los dreamers ordenado por Barack Obama, el cual, por cierto, no implica la concesión de residencia y mucho menos de ciudadanía. A esos «extremos» nunca llegó aquel presidente.

El protofascista Donald Trump ha realizado dos acuerdos con México: la reforma del tratado comercial trilateral y el relativo a la migración centroamericana. Quien cedió más en el primero fue el gobierno de Estados Unidos que estaba decidido a denunciarlo (cancelarlo), pero reculó ante fuertes presiones empresariales internas y un posible escenario económico poco menos que catastrófico; gran parte de la oposición demócrata no quería seguir con el tratado (nunca apoyó el TLC desde 1994), por lo que algunos de esos diputados, al final, pusieron sus condiciones en el nuevo T-MEC. Quien cedió más en el segundo fue México, ante la amenaza de imponer aranceles generalizados al margen y en transgresión del TLC, ya que el gobierno mexicano no deseaba asumir la estancia en la frontera sur de los solicitantes de asilo a EU y no quería confinar migrantes en el sureste del país; recién, un tribunal estadunidense declaró ilegal mantener en un tercer país a los migrantes que buscan asilo en EU; el día menos pensado, un tribunal mexicano declarará inconstitucional impedir a los migrantes el libre tránsito dentro del territorio nacional.

Ambos acuerdos no significan victorias resonantes de ninguna de las partes porque son abigarrados, aunque el pacto comercial es formal y será más duradero, a diferencia del acuerdo migratorio respecto de América Central que es endeble y de circunstancia.

La promesa electoral de Trump fue cancelar el TLC pero era demasiado perjudicial para su país. Así que el déficit comercial de EU con México se mantendrá, ya que su reversión sería producto de otros factores económicos pero no directamente del nuevo tratado (T-MEC).

Otra promesa electoral de Trump fue concluir el muro fronterizo, cuyo costo sería cubierto por México, «aunque (éste) todavía no lo sabe», según dijo entonces. El muro no crece, pero las obras de mantenimiento se han pagado con fondos presupuestales de Estados Unidos, pues los diputados demócratas le han autorizado a Trump algo de dinero, ya que a fin de cuentas la barrera también es de ellos. El resto de los fondos se los ha quitado a las fuerzas armadas, de manera ilegal dice la sentencia de un tribunal federal de Washington. En resumen, un fracaso: ahora están empezando a «levantar» un muro electrónico, una alarma, mucho más barata y menos contundente.

La antipatía de México (en su mayor parte) hacia Donald Trump no es algo personal, sino de carácter político. Ese presidente tiene un discurso hostil y realiza actos odiosos. Sin embargo, no le ha ido muy bien en su política supremacista, como ya se está viendo con el repudio al lacerante racismo, pero tampoco en las relaciones comerciales con el resto del mundo, su «guerra comercial» que, según había dicho, siempre será más barata.

El anterior presidente, Enrique Peña, tuvo que cancelar dos veces su visita a la Casa Blanca ante la insistencia demagógica de que México iba a pagar el proyecto de alargar el muro, lo cual, naturalmente, no admitía discusión. Trump ya se la había hecho a Peña en ocasión de la invitación de éste a Los Pinos. De regreso a su país, el candidato republicano afirmó que México sí iba a pagar el fabuloso muro.

En Estados Unidos nunca en la historia ha habido un presidente que tuviera genuina simpatía por México. Franklin D. Roosevelt es, quizá, el único que podría considerarse como algo amigable. Esto no se debe a las personas sino a los intereses estadunidenses del momento, los cuales son, se sabe bien, aquellos que corresponden a la gran burguesía norteamericana. En el fondo, este no ha sido nunca principalmente un asunto nacional sino de clase.

La visita de AMLO a Washington cuando en Estados Unidos, México y Canadá se ha promulgado y ha entrado en vigor el nuevo acuerdo comercial –a jalones como todos—, no debería verse como algo «peligroso», «indebido», «inoportuno», «entreguista» o «sospechoso».

Está claro también que la conversación no versará sólo sobre el tema del T-MEC sino que puede ampliarse a cualquier otra cosa. Recién ha dicho el secretario de Estado de EU que Washington espera que México colabore en el establecimiento de instituciones democráticas en Venezuela. Ya no es el mismo discurso que cuando EU quería obligar a México a mantenerse dentro del inefable y ridículo Grupo de Lima en el que antes se había inscrito Peña Nieto, pero tampoco ese es tema mexicano en las relaciones con Estados Unidos. México seguirá en la doctrina de la no intervención porque es una defensa frente al norte.

En el nuevo tratado, el cual en realidad contiene más del viejo TLC, hay cláusulas que van a repercutir, pero no al punto de modificar en su conjunto el entramado del libre comercio tripartita tal como ha sido hasta ahora. Tampoco será un instrumento que propicie, por sí mismo, el crecimiento del volumen de la producción en México ni mucho menos el incremento de la capacidad productiva del trabajo social. Sin embargo, a muy corto plazo, podrá favorecer la inversión productiva y en cartera en tanto que brinda tranquilidad a algunas empresas para expandirse.

Ha surgido en este marco el tema de porqué un gobierno de rompimiento con el neoliberalismo firma un tratado comercial con Estados Unidos.

La mayoría de la izquierda mexicana no se opuso al TLC sino a varios de sus capítulos. En especial los granos, con cuyo motivo el plazo para el comercio libre del maíz se ubicó en 10 años. Pero el problema también consistía en lo que el tratado eludía, en especial, un acuerdo migratorio, la fuerza de trabajo que va de un país a otro sin reglas, derechos ni responsabilidades. Este tema sigue abierto, nada se ha avanzado, excepto quizá un poco con Canadá.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue precedido de una apertura comercial unilateral del gobierno de México (Carlos Salinas), en el marco de una libertad cambiaria pero con control oficial del tipo del cambio, cuyos objetivos eran, entre otros, bajar la inflación y propiciar la inversión extranjera directa e indirecta. Se vio que del esquema no funcionaba tan bien cuando vino la crisis provocada por ese mismo gobierno en 1994.

El TLC trajo una desindustrialización parcial del país, el abandono de la producción de granos, la más completa apertura a las trasnacionales estadunidenses, así como un alineamiento con el cual México no estaba familiarizado: «nuestros socios comerciales». Recién apenas se ha entendido que eso de «socios» no es más que una relación entre competidores con reglas comunes, ya que sólo una ínfima parte de los propietarios mexicanos son en verdad socios de los estadunidenses.

Por otra parte, la economía mexicana alcanzó un superávit comercial frente a Estados Unidos y mantuvo un déficit con el resto del mundo. Los grandes exportadores son por lo general los grandes importadores, pero, además, las empresas mexicanas que venden mucho en EU exportan también capital hacia allá mismo u otros paraísos.

Más de las dos terceras partes del comercio de México se hace con Estados Unidos y casi todo bajo reglas comunes de comercio. Sería absurdo pretender el rompimiento de tales reglas, lo que no impide aplicar una política de diversificación de las relaciones económicas.

Los elementos principales del retraso de México han estado relacionados, ante todo, con la política económica y social de los anteriores gobiernos. Con una política salarial catastrófica, el mercado interno era lo secundario frente a las gigantescas exportaciones. Ante la economía maquiladora, han carecido de importancia el desarrollo tecnológico y la productividad. La gran potencia automotriz, México, no tiene ni patentes ni marcas; no hay un solo automóvil mexicano porque el negocio es la maquila de autopartes y el ensamble, todo por cuenta de trasnacionales.

México es un gran consumidor de toda clase de productos importados en tanto que su capacidad exportadora ha seguido creciendo. El mercado interno zozobra. En consecuencia, se ha ampliado la brecha en la distribución del ingreso, tenemos una sociedad cada vez más desigual, lo que genera mayor pobreza. Además, el empleo formal es ya menor que el informal, el cual se caracteriza por su ínfima productividad. Eso es un colapso social.

Este resultado no es de la entera responsabilidad de los sucesivos gobiernos neoliberales, sino también de la clase dominante y especialmente de sus capas hegemónicas, oligárquicas. La gran burguesía mexicana carece de proyecto nacional propio, vive del Estado y de la vecindad. No merece dominar en una sociedad como la mexicana que tiene historia, identidad, geografía y demografía.

La relación entre México y Estados Unidos posee, entre otras, la característica de una presencia dentro de este último de varios millones de mexicanos. La cultura de México está cada vez más presente en Estados Unidos, pero no por la influencia de los medios, sino debido al influjo de una nación que se expande hacia el norte.

Por más horrible que parezca el actual inquilino de la Casa Blanca, bajo cualquier presidente de Estados Unidos van a seguir los problemas en las relaciones entre ambos países y sus interminables complicaciones. No está a la vista, aunque tampoco se mira tan lejana, la llegada de un presidente socialista democrático como sería el senador Bernie Sanders.

Por lo pronto, tenemos que enfrentar la disputa presidencial estadunidense con sensatez política y con la persistencia en los cambios que se están iniciando en México.

¿Para qué rehusar la invitación de Trump? ¿Qué le brindaría al presidente de México aparecer indignado, distraído o disimulado? El pretexto de la visita es la entrada en vigor del nuevo tratado. Toda visita entre jefes de gobierno tiene alguno, pero más allá del mismo no debería criticarse el diálogo directo, personal, entre los presidentes de ambos países, ahora y en el futuro, con independencia de quienes gobiernen y de qué partido sean.

El trato entre los presidentes de ambos países siempre ha sido algo normal aunque no tan frecuente. Ernesto Zedillo visitó cuatro veces a Bill Clinton. Vicente Fox se reunía con George Bush en su rancho de Texas. Felipe Calderón fue a la Casa Blanca una semana antes de que Bush entregara la presidencia, lo cual fue visto como un innecesario acto de despedida, y visitó luego dos años consecutivos a Barack Obama. Enrique Peña llegó a ir cada año a ver a Obama al final del mandato de éste. Esas visitas se antojan escasas entre mandatarios de países vecinos. El trato intergubernamental, lo sabemos, se realiza con frecuencia en niveles intermedios, pero los jefes de gobierno deberían verse más y no sólo usar el teléfono como se acostumbra desde finales del sexenio pasado y lo que va del actual.

Hay que olvidar la parafernalia del poder e ir a lo concreto en las relaciones internacionales. Hacia allá está yendo el mundo.