Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.
No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de ese Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.
El presidente de la República dice que quiere convertirse en «guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades», en especial denunciar el uso de recursos públicos y la compra de votos, pero el consejero presidente le responde que «el único guardián» es el INE y que el presidente «no tiene vela en el entierro», según dijo.
El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el exceso en los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e ilegales. Ni siquiera pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente fraude de voto electrónico a distancia, reconocido siete meses después de las elecciones de diputados locales de Chiapas, llevado a cabo mediante la manipulación del «inviolable» listado de electores. Y también se negó a destituir a los consejeros locales de aquel estado, hasta que se lo tuvo que ordenar el Tribunal.
La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades, complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es monumental y se encuentra documentada. Los historiadores en el siglo XXII tendrán todo a la vista para darse gusto. Un día, el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de registrar en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. Año 2015, caso único en el mundo. El consejero presidente ni se asomó para dar explicaciones: envió a la sala de prensa a algunos de sus buenos colegas.
El Instituto nunca ha logrado tener resultados completos en la mañana del día siguiente, como suele ocurrir en los países de sistema lento que no pueden hacerlo la misma noche. Los tiene cuando terminan los cómputos distritales, tres o cuatro días después. Lo que hace el INE es un muestreo de casillas, llamado conteo rápido, una encuesta de resultados, aunque nunca ha cubierto la totalidad de las casillas de la muestra. Los rangos que brinda ese procedimiento son tan amplios que, en elecciones muy competidas, sólo crea mayores problemas. El punto relevante, sin embargo, es que, con el pretexto del conteo rápido, el programa de resultados no mejora, es muy lento, políticamente complicado y dudoso.
La vigilancia de los procesos electorales no sólo debe abarcar a partidos, donantes, medios de comunicación, bancos y todos los niveles de gobierno y otras entidades públicas, sino también, especialmente, a la autoridad que organiza los comicios. Esa es nuestra realidad.
El IFE-INE, sin presencia (formal) del gobierno, se construyó bajo buenos auspicios y no empezó mal si se estima la realidad política de entonces y el bloqueo que intentaba el PRI, hasta que decidió desechar la queja sobre el financiamiento ilegal de campaña conocido como «Amigos de Fox». Luego de dos años, el Tribunal ordenó al Instituto, en incidente de apelación, investigar lo que ya se conocía a grosso modo, por lo cual se impuso al PAN y al PVEM una multa de más de 300 millones. Pero ni así presentó el IFE denuncia ante el Ministerio Público. Eso lo hice yo, con la pésima suerte de que el principal denunciado, entonces presidente de la República, le ordenó al procurador que confirmara el «no ejercicio de la acción penal» dictada por la Fepade, la cual jamás ha servido para gran cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder Judicial le dio palo final al asunto en juicio de amparo.
La brutal arremetida del entonces presidente, en 2005, mediante mensajes en radio y televisión en los que realizaba propaganda personalizada con programas sociales, algo prohibido por la ley y que anticipaba la campaña electoral, no la detuvo el IFE, sino un ministro de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien resolvió inmediatamente la suspensión de los actos presidenciales luego de admitir a trámite la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados.
El IFE-INE ha sido casi ineficaz en la vigilancia de que se observen los dos últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución. Miles de quejas y denuncias se han presentado infructuosamente contra servidores públicos que realizan propaganda personalizada por cuenta de recursos públicos. Ahí, el Instituto sí tiene «vela», pero ha fallado de manera indecente. ¿Quién vigila?
El éxito del IFE al imponer una multa de mil millones de pesos al PRI tuvo el defecto de que lo robado había sido del doble de la cantidad indicada en el expediente, lo cual obligaba a una sanción de dos mil millones. Al principio, ya en medio del escándalo, el Instituto no abrió procedimiento oficioso sino que tuvimos que presentar la queja. El Pemexgate culminó en la exoneración penal de los intermediarios, los líderes sindicales y el director de la paraestatal, así como del entonces presidente de la República, quien sin duda impartió la orden para la defraudación. Nadie que no sea el jefe del Ejecutivo regala mil millones a un candidato desde los fondos de Pemex.
Podría decirse que aquel Consejo General del IFE fue mejor que los posteriores porque, aunque tampoco vigilaba mucho, al menos era reactivo y llegó, aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas al PRI y al PAN, los cuales eran los partidos donde mejor se organizaban los transgresores electorales del país.
Después las cosas empeoraron visible y groseramente. La campaña sucia del PAN en el año 2006, con la intervención de agrupaciones patronales y empresas, así como de las televisoras, mediante la difamación y la calumnia, fue pasada de largo por unos consejeros que en su mayoría estaban en la movida chueca electoral. Recordemos sólo la manera torcida de hacer los cómputos y, luego, la declaratoria ilegal del IFE sobre el resultado de la elección presidencial que la ley no le permite hacer, la negativa a realizar un recuento que hubiera aclarado al menos una parte del problema, el carpetazo a toda queja, denuncia, clamor, etcétera.
En el año 2006 México tuvo el movimiento poselectoral más fuerte de su historia, el cual duró prácticamente los años del sexenio. Este fue provocado por las acciones combinadas de la derecha panista en el gobierno, el candidato oficial, las agrupaciones empresariales más conservadoras y la mayoría de consejeros del IFE, con la muy lucrativa complicidad del PRI. «Haiga sido como haiga sido», se dijo.
Seis años después, volvió la propaganda electoral ilegal en favor del precandidato priista en grandes medios, inmensas cantidades de dinero para la compra masiva de votos, dispersadas a través de entidades financieras; Monex fue señalada, aunque se repartió más dinero a través de Bancomer en donde la autoridad no preguntó nada.
Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien porque la indagatoria se hizo con el deliberado propósito de llegar a la conclusión de que nada importante había alterado negativamente el proceso electoral. El PAN calló porque no era opción mayoritaria, como seis años antes lo había hecho el PRI. No es insulto hablar del PRIAN.
El presidente dijo recién: «si yo me entero de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido o un candidato…, estoy obligado a denunciarlo». En respuesta descalificadora y acallante, uno de los consejeros que imparte clases en el consistorio del INE lanzó una filípica: «gobernantes, fuera manos de las elecciones». En el contexto del diálogo, tal vez quiso decir: no denuncien nada, dejen en manos del Instituto justamente el trabajo que no se hace.
En arrebato de cretinismo (ya no se sabe si es más personal que institucional), el consejero presidente ha lanzado una perla digna de un comentario de Carlos Monsiváis, dijo: «El presidente de la República fue beneficiario en una elección que realizamos«. O sea, que el INE realiza las elecciones y que en ellas hay un beneficiario. Los comicios los organiza una instancia del Estado pero no los «realiza»; en ellos participa una ciudadanía que los lleva a cabo, que se encarga de su realización. No hay beneficiarios sino elegidos, personas con encargo popular.
Los actuales consejeros del INE, en su mayoría, dicen que los servidores públicos, en especial el presidente, deben concretarse a tratar los asuntos de su más estricta competencia. Ellos, en cambio, hablan sobre todo y casi todo el tiempo, incluyendo sus respuestas y críticas al presidente y a la mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en una plataforma de discursos personalísimos, aunque no son funcionarios elegidos sino designados para cumplir tareas muy concretas, acotadas directamente por la ley.
Es increíble que en el INE se ubiquen consejeros que no admitan la diferencia entre ser elegido y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley y ser decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses e ideas de sus representados.
Hace muy poco, la Junta Ejecutiva decidió autorizar unas remuneraciones mayores a las señaladas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos y, además, por encima de lo que percibe el presidente de la República. Tomaron, así nomás, la decisión de desacatar un decreto legislativo y desconocer la Constitución. Hoy día, para el INE no existen los artículos 75 y 127 de la Constitución. En tal actitud se haya el puro interés monetario, los sueldos de una burocracia dorada. El INE está anclado en el viejo sistema de privilegios y derroche de fondos públicos.
El INE, más o menos, descansa dos años por uno de intenso trabajo. Siempre ha sido así. Cuando vienen las elecciones, unifica la actividad de las áreas de organización y capacitación, pero durante los dos años anteriores las mantiene divididas para tener más vocalías, gastar más sin propósito válido alguno.
Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da la gana a los consejeros. Así nomás. Todos los contralores del Instituto lo han dicho de muchas maneras, pero nunca se les ha hecho caso.
El gran error de la conformación del IFE-INE fue que se proyectó como órgano político y no sólo técnico. El problema nunca ha sido la autonomía en sus decisiones sino la falta de la misma. Los partidos han designado hasta ahora a los consejeros, poniéndose de acuerdo en un reparto más o menos proporcional a la presencia parlamentaria de cada cual. Como es lógico, se ha conformado siempre un núcleo duro mayoritario del PRIAN.
Yo fui el único coordinador parlamentario que no concurrió a la elección de todo un Consejo General, el peor que ha habido, por cierto, en el año de 2005, en víspera del fraudulento y canallesco refrendo panista en la Presidencia. El voto en contra de toda la lista de consejeros fue un escándalo, pero la vida demostró que era lo correcto.
El proyecto político de los neoliberales desde 1988 fue el de crear un régimen bipartidista para dejar a la izquierda en el margen. Receta clásica estadunidense y europea. Lo intentaron siempre con los peores métodos, desde atentados mortales, encarcelamientos, persecuciones, fraudes electorales, alquimias comiciales, compra masiva de votos, uso gigantesco de recursos públicos, desfalcos de empresas públicas, pase de charolas, manipulación de los medios de comunicación, reparto electoral de presupuestos, moches, compras y compras, ventas y ventas, hasta el diseño de un aparato electoral profesional pero manipulable.
No vengan ahora con el cuento de que los únicos guardianes son ellos, consejeros electorales nombrados comprometidamente por los partidos políticos que hacen fraudes.