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Interminable historia de los subsidios eléctricos

La empresa estatal mexicana de electricidad, fundada en agosto de 1937 por Lázaro Cárdenas, se hizo para llevar el fluido a mucho más de la mitad de la población que carecía de ese servicio y para dotar de infraestructura a la industria. En aquel año era tan caro que desde un principio se apreció que iba a ser inevitable subsidiarlo para consumo popular, pero no para el industrial. Sin embargo, ambas cosas se han hecho durante 80 años.

El traslado de valor desde la industria eléctrica a empresas privadas y públicas es inestimable. Es quizá el mayor volumen de subsidio industrial de la historia del país.

Desde los años setenta del siglo XX, cada nuevo presidente prometía poner un límite a los subsidios, incluso a los dirigidos a la población. La solución se fue decantando hacia la apertura de la industria eléctrica al capital privado, especialmente extranjero, para que nuevas y modernas plantas elevaran la oferta y distribuyeran el fluido a través de la red eléctrica.

La generación de electricidad es altamente rentable. Lo que no lo es consiste en distribuirla. La idea de los neoliberales mexicanos ha sido que la producción esté en manos privadas y la distribución siga siendo del Estado. Así lo cifraron en la Constitución.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a su cargo cerca de la mitad de la generación. Pero como es el gran distribuidor, se encarga de llevar el fluido eléctrico de los privados a través de su red. El funcionamiento de ésta es la que requiere un ejército de trabajadores, a diferencia de la generación.

Por otro lado, la reserva de electricidad en un país es vital para el funcionamiento del sistema en conjunto porque éste no puede operar con la generación máxima. Con una planta que se pare se puede venir todo abajo. La reserva es muy costosa porque representa un alto porcentaje de la capacidad de generación en exceso del consumo promedio diario.

En cuanto a las plantas eólicas y solares el problema es mayor porque su capacidad de producción es variable, según insolación y velocidad del viento. El trato que ha tenido la CFE con las empresas productoras no abarca la participación de éstas en la cobertura del costo de la reserva de la que dependen ellas mismas.

El Estado distribuye fluido eléctrico en la cantidad que generan las plantas privadas y les cubre un precio, pero no les descuenta la parte proporcional de lo que la CFE debe erogar para mantener la reserva. Esta no es el costo de lo que se produce sino de lo que se deja de generar para tener garantizado que siempre haya electricidad suficiente en la red.

En conclusión, el Estado mexicano sigue en la interminable historia de los subsidios, sólo que ahora tenemos unos nuevos beneficiarios: te doy subsidio eléctrico para que hagas negocio en la industria eléctrica.

Dicen algunos, pero no por ignorancia, sino por conveniencia, que el gobierno actual está obstruyendo la generación de electricidad mediante tecnología eólica y solar. Otros, también interesados, afirman que el presidente de la República quiere un monopolio estatal de la generación de electricidad, lo cual no tendría nada de nuevo, pero tampoco es cierto.

Lo que no se quiere es subsidiar, dentro de la peor de las tradiciones mexicanas, a las empresas privadas como un medio para garantizarles sus operaciones. Esa ya no debe ser función del Estado.

Los subsidios existen en cualquier país. El problema estriba en para qué, a quiénes, cuánto y hasta cuándo. México tiene una de las peores experiencias en el mundo justamente en materia de electricidad.

Como dijo el clásico, «ya nos saquearon; no nos volverán a saquear». Alguien le respondió: ¿por qué no? En eso han seguido.

Riqueza, ingreso, impuestos y poder

En México se calcula oficialmente el ingreso-gasto de los hogares pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el orbe, según datos de la revista Forbes, «dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble». Dijo también que en «1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania». De 2011 a la fecha, agregó,  «se acumuló mucho más dinero en pocas manos.»

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. Los hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 1 853 pesos diarios. Estos datos se refieren, más o menos, a la pobreza monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada también familiar. No incluyen tampoco los ingresos financieros y de capital que reciben casi solamente «los de arriba».

La  inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, bajos, medios y altos (deciles I al VIII),  recibe en su conjunto 3 485 miles de millones al año. Los muy ricos y súper ricos (deciles IX y X) reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto quiere decir que el ingreso se puede dividir en dos volúmenes iguales, los más ricos, la minoría insignificante, y todos los demás. Así mismo, si analizamos los deciles IX (muy ricos) y  X (súper ricos), estos últimos reciben más del doble que los primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), aunque son mucho menos que aquellos. La diferencia dentro de los más ricos es también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 2018, INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de capital en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, dentro de estos, a los dueños, ya que entre los muy ricos existen personas que viven principalmente de su trabajo, es decir, de su salario.

Las noticias sobre la riqueza privada acumulada en el país son tal vez un tanto especulativas. Se ha dicho que 15 mexicanos poseen en conjunto más de 150 mil millones de dólares, pero tal vez sea más. El fenómeno de la concentración de la riqueza se expresa en las fortunas de esos 15 individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy relacionado, el de la centralización de la producción, los servicios y el comercio, es decir, las formaciones monopólicas que afectan gravemente a la economía del país, el cual expresa también la concentración de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el proceso de concentración de la riqueza visto como un fenómeno estructural. Ha dicho Andrés Manuel en el texto ya referido: «lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza».

Dice la revista Forbes que el 10 por ciento más rico posee en México el 43.3 por ciento de la riqueza acumulada. Esta cifra coincide con la de Global Wealth Report 2014. Sin embargo, el Credit Suisse afirma que en México el 1% concentra el 43 por ciento de la riqueza patrimonial: sobre la base de 34.7 millones de hogares, tendríamos 35 mil familias en posesión de casi la mitad de la riqueza privada del país.

Quizá el primer problema técnico es el cálculo de la riqueza acumulada. Este asunto no es tan sencillo como definir el PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto de los hogares con 88 mil formularios habiendo 35 millones de hogares en el país. El segundo sería el mecanismo para conocer la propiedad patrimonial de los capitalistas, ya que carecería de sentido estudiar el patrimonio de las personas aunque no concentren riqueza. Un tema importante sería la distinción entre el mero capital dinero y la inversión física, así como el lugar y las ramas de su ubicación. Todo ello sería información económica y social, es decir, conocimiento sobre México, por lo cual no sería desacertado que el INEGI tuviera esa tarea, pues se trata del organismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del ingreso tiene que estudiar las fuentes y cuantía de éste, incluyendo, naturalmente, la riqueza acumulada que genera precisamente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser parte del análisis necesario para cambiar el esquema contributivo y, por tanto, las bases del financiamiento del gasto del Estado. Dice la OCDE, de alcurnia neoliberal, que en los países miembros de esa organización, como promedio, el 32.5% de sus ingresos provienen de impuestos a bienes y servicios, mientras que en México, que también es integrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos recesivos que a los altos ingresos con una política fiscal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que parece preocupar a los representantes políticos de los muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema de impuesto a la renta que grave con mayor porcentaje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fiscal es un principio que está en la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la realidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxima es baja y a partir de ella se acaba la progresividad porque no hay sobretasas extraordinarias para los ingresos gigantescos. Además, hay deducciones y subsidios fiscales dirigidos, que llevan a que el gran capital goce de menores tasas efectivas, las cuales terminan estando al nivel o abajo de las pagadas por los contribuyentes medios.

 Por lo pronto, hay que empezar por una revisión de los gastos fiscales que cada año elabora la Secretaría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi nadie le hace caso. La mayoría parlamentaria está obligada a seguir combatiendo los privilegios, incluyendo los fiscales. Se han prohibido en la Constitución las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evitar cobros a deudores fiscales, se ha combatido la fabricación y uso de facturas falsas y tenemos una autoridad fiscal honrada. No hay que detenerse, el siguiente paso son los gastos fiscales que no se justifican, aquellos que fueron concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de la riqueza empiece a tomar referencias menos especulativas, entonces se podrá proceder a un sistema progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, por cierto, a una disminución de la elevada tasa que se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial privada es un fenómeno que, en México, está por completo ligado al poder. No existe grupo financiero (fusión de capitales bancario, industrial y comercial) que no haya sido especialmente favorecido por actos de gobierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. Desde el inicio de la política de privatizaciones que empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas empeoraron a este respecto porque las grandes empresas del Estado que se vendieron, en realidad fueron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios siguientes esas movidas chuecas se replicaron. México es uno de los países que acusan la mayor concentración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la mayor parte del ingreso es una expresión del fenómeno más amplio de concentración de la riqueza, pero también del extenso entorno corporativo y de poder que han construido los grandes grupos de capitalistas. Riqueza concentrada es también poder concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo mundial. Este es uno de los países que tiene menor captación recaudatoria en términos del valor de su PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es consecuencia, por varios caminos, del amontonamiento de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sistema fiscal está por entero en crisis. Más aún cuando ha llegado un nuevo gobierno que tiene política social y desea impulsar la inversión pública productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que constituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es el esquema de poder que predominó. Ellos, los súper ricos, los fantasmas del decil X de la superficial encuesta del INEGI, los dueños de los grandes corporativos, el capital financiero (banca, industria, comercio, servicios) engarzado a través de grandes holdings, ha ejercido el poder a través de unos representantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removida de la sede del gobierno federal y del Congreso. El problema ahora consiste en deshacerla por entero, ejercer otra forma de poder y hacer que no vuelva a levantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza como emblema nacional.

Desde el PIB hasta el bienestar

Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario de los bienes y servicios finales (PIB) producidos durante el tiempo que ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente de la crisis 1929-32 por Simon Kuznets (USA), quien años después afirmaba que esa medición del crecimiento económico no era suficiente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el mundo, o casi,  pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la «economía sumergida» no legal, como tampoco se refiere al trabajo en el hogar que no está monetizado. En países como México esas no son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha dado a la par de agravamiento de la estratificación social, incluso de mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no necesariamente existe una correlación lineal entre éste y aquéllas.

Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo esto, el PIB ayuda poco.

Un concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político, aunque sigue dominando como método de comparación entre años sucesivos de cada país y con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el PIB mexicano va a disminuir este año, como el de casi todo el mundo. ¿Para qué toda esa discusión? ¿De qué serviría saber en este momento, si se pudiera, la disminución exactísima del PIB en 2020? El FMI y la OCDE, así como toda clase de organismos, bancos y calificadoras, hacen pronósticos de crecimiento económico por país y del mundo entero, pero cada cual realiza sus cálculos con sus propias herramientas y sus particulares supuestos. Siempre son muy disímiles. Además, los pronósticos van cambiando durante el año y ven más lejos, pues pronostican el año siguiente. Luego, se advierten los desaciertos, los cuales jamás son reconocidos ni explicados por sus autores. Entre pronosticadores del PIB existe una extraña competencia, la cual es alimento de los mercados globalizados; si no fuera por esto sería un simple juego, pero suele ser inicua. Si el crimen es todo lo socialmente dañoso, sea o no ilegal, los mercados financieros globalizados son entidades del crimen organizado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera en que se está encarando esta peculiar crisis económica, así como las demás opciones. Si un gobierno con muy baja recaudación respecto de su PIB descompletara el volumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, se sobre endeudara para cubrir el déficit adicional, entonces mañana habría que incrementar el servicio de su débito, ya de por sí desproporcionado respecto de su recaudación, y bajar su caudal de recursos propios para el gasto social y la inversión pública. Si brindara toda clase de coberturas crediticias a particulares –deuda pública contingente–, tendría mañana que cubrir también toda clase de impagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fueran consecuencia de factores anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 3. Créditos directos a pequeños productores y comerciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfermedad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a defender la demanda social y popular de bienes y servicios, así como la inversión. La recuperación del empleo que se está perdiendo tendrá que apoyarse en el planteamiento gubernamental pero, evidentemente, éste no sería suficiente. Los agentes económicos –empresarios de todo tipo– deben hacer su parte porque, para ellos, proteger el empleo es defender sus propias ventas. Dicho en términos de la economía política: no hay ganancia capitalista sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si acaso los patrones piensan como clase social y no sólo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subiendo debido al recorte del superávit primario y al déficit presupuestal, pero no es aconsejable una pronunciada curva ascendente de endeudamiento en términos reales, aún a pesar de la caída del precio del crudo y de que es de esperarse una baja en la recaudación en los próximos meses del año. Además, la Constitución no permite contratar empréstitos para financiar gasto corriente, aunque eso se haya hecho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo mejor sería aprobar la propuesta de Morena de reformarla para hacer pasar los ajustes presupuestales por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios y subvenciones fiscales, así como garantías sobre créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una política de endeudamiento. No sería conveniente aceptar ese esquema porque, como ya se  ha visto en otras crisis, traería malas consecuencias, además de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo podrá darse cuenta, por comparación con otros tiempos y con otros países, de la verdad que encierra poner por delante el bienestar social.

Bailes de la justicia electoral

En 2012 el Tribunal Electoral aprobó por unanimidad, en apelación, que el presidente de la República podía enviar cartas ofreciendo créditos del Fovissste, aun en temporada electoral, porque eso no era propaganda y mucho menos personalizada (expediente SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

Ocho años después, sin que haya elecciones federales en puerta, el Tribunal ha decidido lo contrario con motivo de un recurso presentado contra una suspensión. Quienes enviaron por correo electrónico las cartas de AMLO sobre los créditos habían dado un paso en falso en un país donde los jueces dictan sentencias de contentillo.

Desde hace ya muchos años se escucha la queja al viento de que el Tribunal Electoral cambia demasiado sus criterios y lo hace según la circunstancia y los litigantes de los juicios. Es decir, le gusta el baile.

El TEPJF ha emitido una resolución muy sencilla que sostiene que el hecho de que el presidente de la República envíe cartas a los posibles contratantes de créditos con el gobierno o alguna dependencia federal puede ser un acto de promoción personalizada del mandatario, la cual está prohibida.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución prohíbe que la propaganda oficial incluya «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Uno de los problemas es definir si una carta en la cual el presidente de la República le comunica a un afiliado al Seguro Social que puede optar por un crédito, ya que califica para el mismo, es un acto de propaganda. El Tribunal ha dicho que sí puede ser, aunque hace tiempo había dicho que no.

Con fecha 12 de marzo de 2012, el entonces presidente, Felipe Calderón, envío miles de misivas a derechohabientes del Fovissste, firmadas por él. En la carta le decía al trabajador: «Te invito a que hagamos del 2012 el mejor año para México. Tienes mi compromiso de que en el gobierno federal seguiremos trabajando sin descanso para que germine la semilla del México seguro, justo y próspero que hemos sembrado con el esfuerzo de todos».

Ese era un texto claramente propagandístico en el contexto en el que circulaba puesto que ya estaba el país en proceso electoral. Las elecciones debían realizarse en menos de tres meses. «Seguiremos trabajando sin descanso», decía un presidente saliente que se iba a ir a otro lado porque ya estaba por terminar. Esto, en el marco del exhorto a hacer del 2012 «el mejor año para México». Nada de lo que decía el panista tenía que ver con un sorteo reglamentario del Fovissste en el que el trabajador que recibía la carta había resultado elegible para un crédito hipotecario.

El Instituto Federal Electoral (antecedente del actual INE) declaró fundada la queja que yo presenté por actos de promoción personalizada y transgresión al principio de imparcialidad electoral, aunque la declaró infundada por distribución de propaganda electoral costeada por el Ejecutivo. El presidente, declarado responsable de violar la Constitución y la ley, recurrió al Tribunal Electoral para solicitar la revocación del resolutivo del IFE.

El Tribunal, por unanimidad (Luna Ramos, Alanis, Carrasco, Galván, González Oropeza, Nava y Penagos), resolvió la revocación de la resolución del IFE tan sólo con la idea de que la carta no era propaganda sino parte del ejercicio de gobierno (SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

El actual Tribunal no es el mismo en cuanto a sus integrantes, pero es la misma institución que, al menos, debería advertir que sus fallos tienen antecedentes y proceder a desvirtuar los mismos cada que decida resolver en contrario a lo de antes. Pero eso no ocurre. «Como digo una cosa digo la otra», tal como repite la clásica en la materia.

Por lo regular, cada vez que la Sala Superior formula un nuevo criterio, se abstiene de tomarse la molestia de explicarnos bien el asunto del cambio. Quizá podría ser que los magistrados no quieren debatir con sus antecesores, pero a veces también cambian criterios propios. O, tal vez, lo que en realidad cambia en el Tribunal es la situación política, el gobernante, el partido quejoso y cosas por el estilo. Pero esto último, claro está, no puede ser fundamento confesado de la modificación de criterios.

La historia de la propaganda personalizada es muy larga y penosa en México. Durante muchos años, los gobernadores se han hecho propaganda a sí mismos a través de gacetillas, en infomerciales y en noticias que son anuncios pagados. Eso también lo han hecho muchos otros políticos empoderados. Cientos de quejas han sido declaradas infundadas o han sido revocadas en sede judicial debido a las influencias de los denunciados y de las protestas de los medios que reciben el dinero pero que siempre niegan que lo hayan hecho. Además de propaganda personalizada, hemos tenido por años un mal uso de recursos y una evidente falta de justificación contable de los mismos.

Casi nunca se ha logrado algo al respeto y eso también atañe a los actuales integrantes del INE. Pero cuando se ha obtenido una resolución en firme por propaganda individualizada tampoco se logra algo porque los servidores públicos no pueden ser multados por la autoridad electoral, sino por su propio superior jerárquico, como una fórmula legal perfecta para garantizar impunidad. Este artículo ya ha sido derogado en la Cámara de Diputados pero el Senado no ha votado aún, inexplicablemente.

En la carta (ya suspendida desde hace varios días) con la que Andrés Manuel López Obrador le comunicaba al pequeño empresario que es elegible para un préstamo no se hacen referencias a «semillas» germinadas y a que «este año» (electoral) debe ser «el mejor». Se expone el fundamento de la acción de gobierno, sus motivos y sus propósitos. Tampoco estamos en la víspera de unas elecciones federales, como en el 2012.

Hay que seguir pidiendo piso parejo a las autoridades administrativas y judiciales porque si ya el Tribunal había dicho que las cartas presidenciales no eran propaganda, se entendía que no lo eran. Ahora sí lo son. Bueno, está bien, es mejor así pero debe ser para todos los poderosos y todo el tiempo.

Lo bueno de las recientes resoluciones sucesivamente adoptadas por el INE y el Tribunal en esta materia es que permiten organizar mejor la lucha contra la propaganda personalizada pagada de los gobernantes e intentar llevar este tema hacia afuera de la legislación electoral para ubicarlo como transgresiones administrativas a la Constitución.

La propaganda ilícita de gobernantes no es principalmente una falta electoral puesto que se hace todo el tiempo y no sólo durante las campañas. Como no hay otra autoridad a la que se pueda recurrir, es el INE quien resuelve en primera instancia y, luego, el Tribunal Electoral en apelación. Es más, esa transgresión ya casi no se comete cuando va a haber elecciones. Se requiere pues una ley de carácter nacional para hacer valer la Constitución en el plano meramente administrativo mediante sanciones pecuniarias que se impongan a servidores públicos de alto rango en todos los niveles. Si hay un delito, eso se resuelve aparte en el Ministerio Público y en tribunales.

No se crea que sólo en materia de propaganda personalizada se han producido bailes judiciales. Se han dado en una enorme cantidad de temas. Uno de ellos: la censura a los mensajes de los partidos. Ahí se han puesto a bailar magistrados y magistradas al son que les han tocado.

Haga entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus compilaciones y comentarios, para poder orientar a los sujetos políticos. Y, antes, presente alguna comedida explicación a quienes empezaron a enviar la carta de AMLO creyendo en la vigencia del precedente de 2012.