Archivo por meses: abril 2020

La deliciosa necedad del endeudamiento

México tiene una deuda pública federal de casi 11 billones de pesos que equivale a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto anual.

Durante el sexenio anterior, el gobierno logró una reforma fiscal que elevó sus ingresos nominales y, al mismo tiempo, incrementó mucho el monto de la deuda y su servicio. No podría dilucidarse con entera claridad cómo fue que esa combinación de reforma contributiva y política de endeudamiento no se tradujo en un apreciable progreso del país. No hablamos de nueva distribución del ingreso, claro está, gobernaban los neoliberales, sino de simple plataforma de generación de riqueza.

En la emergencia económica provocada por la epidemia de Covid-19 existe un punto que remarcan las holdings y sus organismos patronales: bajar, condonar y diferir impuestos contratando deuda para fondear la consecuente baja fiscal y, al mismo tiempo, para otorgar garantías sobre créditos bancarios a particulares. Mientras el gobierno no le meta entre uno a dos billones de pesos a esa causa, esos empresarios no habrán de apoyarle en absolutamente nada. Se trata de sencillos intereses económicos de partes socialmente minoritarias.

La deuda mexicana no es de las más altas del mundo en términos relativos al producto interno, pero es de las mayores en relación con los ingresos públicos, con los cuales se cubre precisamente el servicio del débito. No podría el país razonablemente incrementar su deuda sin elevar su capacidad de pago, lo que se logra con el aumento de sus ingresos fiscales. Sin embargo, la situación política y, ahora, la recesión que se avecina, no aconsejan realizar una inmediata reforma fiscal para que los grandes ricos y otros no tan grandes cooperen con la parte proporcional que les debe corresponder. Acaso el tema volverá en 2021. Tampoco se está a la espera de una renta petrolera mayor ni de otros nuevos ingresos.

Podría, sí, el Estado mexicano hacer abstracción de su economía y de sus finanzas públicas para contratar ingentes cantidades sin sustento político ni legal, pero eso podría llevar a un desastre mayor.

México paga una cosa que se llama prima de riesgo en toda su deuda. Es un diferencial entre tasas reales predominantes en el mercado internacional con los intereses que se deben pagar sobre los bonos mexicanos y otras formas de crédito. Esa prima de riesgo está aumentando en este momento como producto de la caída del precio del crudo y, sobre todo, de la próxima recesión económica, sin que se pueda saber desde ahora el tiempo que van a durar una y otra, así como su calado.

Al mismo tiempo, el peso mexicano ha sufrido una fuerte desvalorización en tan sólo tres meses. Esto quiere decir que las deudas denominadas en monedas extranjeras se han revaluado en términos de pesos y que se pagan, por tanto, mayores intereses en moneda nacional. Las nuevas operaciones de simple conversión se están contratando en dólares a tasas más altas que antes.

Como siempre que sucede algo fuera de lo acostumbrado, se hacen círculos viciosos. Uno de estos es la venta significativa de bonos mexicanos para comprar dólares y llevarlos a otros mercados, lo cual presiona hacia el alza a la moneda estadunidense. Eso está ocurriendo también en muchos países grandes pero pobres, como México, cuyas monedas se han visto a la baja. Desde antes de la pandemia existe una fuerte demanda de dólares en el mundo, a pesar de que la tasa referencial de la Fed (Reserva Federal, USA) ya es casi de cero; la del Banco de México es de 6%, con un diferencial de inflación de un punto porcentual, ¡qué tasa de riesgo es ésta!

Las variaciones del tipo de cambio llevan también a que las exportaciones mexicanas serán tendencialmente más baratas en términos de dólares pero las importaciones aumentarán de precio en términos de pesos. La inflación, que aún no se muestra, no tardará en llegar de alguna manera, para presionar hacia otro círculo vicioso: alza de precios, desvalorización del peso, fuga de divisas, aumento de tasas de interés, escasez de crédito, reducción del salario real, etc. Ya conocemos ad nauseam esa comedia.

Hay que estar conscientes de que, en las condiciones existentes, lo menos que debe hacer un gobierno es cancelar sus inversiones productivas. Hoy, se le pide que abandone proyectos en curso, como Dos Bocas y Santa Lucía, pero eso no haría más que complicar las cosas aunque algunos conservadores se pudieran sentir complacidos por puro revanchismo.

Sólo puede contratarse deuda pública para llevar a cabo obras que directamente generen ingresos. Eso dice la Constitución. Tal concepto se debe a que el débito público debe pagarse a sí mismo. No se sabe cómo es que ciertos magnates no entiendan esto si es también un principio empresarial: tomar crédito, producir más, vender más, ganar más, aunque compartas con los acreedores parasitarios. No obstante, esos potentados quieren deuda nacional para fondear concesiones fiscales a particulares. Es que ellos no pagarían después sino se beneficiarían ahora.

El actual gobierno no está financiando proyectos importantes con deuda sino desde recursos directamente presupuestales y, en algunos casos, con inversiones concurrentes. Este es un esfuerzo poco común, pues si existe una justificación para un aumento de la deuda ésta sería la creación de un amplio fondo de infraestructuras productivas.

Lo anterior no quiere decir que el débito mexicano próximamente vaya a mantenerse igual como porcentaje del PIB. Al reducirse o eliminarse el superávit primario de 2020 (0.75% del PIB), debido a requerimientos de la emergencia, la deuda dejará de mantenerse casi igual en términos relativos. Al tiempo, al reducirse el PIB, la deuda tendrá mayor peso económico. Pero todo eso ocurrirá sin que sea expresión de una política de sobre endeudamiento.

Muchos países de América Latina tienen una macabra experiencia en materia de deuda. En los años ochenta del siglo XX el débito se volvió impagable y lo volvió a ser después para no pocos países. Las potencias proveyeron toda clase de mecanismos de pago para recuperar lo que se pudiera.

El capitalismo genera sobre liquidez con las ganancias que no encuentran campo de inversión en sus propios países. Para drenar una parte de sus excedentes líquidos están los que necesitan dinero, tanto para «impulsar» o «salvar» sus economías como para dar cobertura a sus exportaciones de capital (de extranjeros y ricos locales), servir la deuda anterior y  abonar a su indescriptible corrupción; véase México.

El Fondo Monetario Internacional te presta para que les pagues a sus verdaderos y únicos dueños.

En síntesis, la deliciosa necedad de que ahora mismo México pida prestado expresa la exigencia de reducir los ingresos públicos a través de concesiones fiscales y de otorgar garantías del Estado sobre préstamos a particulares. Los grandes capitalistas, quienes hablan a través de los líderes empresariales, quieren que, una vez más, el Estado asuma las consecuencias y les proteja del vendaval. Así fue hace 25 años con el Fobaproa, cuando el Estado tomó una deuda de particulares por cien mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte le sigue debiendo a los bancos rescatados, a quienes les paga unos escalofriantes intereses, con todo y la prima de riesgo: tasa Cete más 1 o 2 puntos. ¡Calamidad!

Como los principales líderes empresariales no están de acuerdo con la política del gobierno actual, lo que es lógico, tendrán que esperar a la próxima elección para postularse directamente o apoyar a sus amigos y empleados. Tendría que ser una mayoría ciudadana la que hiciera regresar al país a épocas oscuras.

La libertad de difusión es de todos

La vieja libertad de publicar escritos se denomina ahora libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ese artículo 7º constitucional, reformado en 2013 (único cambio desde 1917), no se refiere sólo a los periodistas, sino a todas las personas. Sin embargo, se pretende que en los hechos no sea así, pues se invoca como garantía de unos cuantos, los profesionales de la comunicación.

La llamada libertad de prensa solía entenderse como de aplicación restringida porque hasta hace poco sólo el periodismo comunicaba masivamente. Es por ello que no es lo mismo que un comunicador profesional publique algo sobre un político, artista, empresario, clérigo, etcétera, a que eso lo divulgue cualquier otra persona. Se le confiere mayor libertad al profesional de la difusión.

En sentido convergente, la Suprema Corte tiene el criterio de que una persona públicamente expuesta, un gobernante por ejemplo, puede ser indicada con mayor severidad, incluso con intromisión en su vida privada, sin que el señalado pueda fundadamente reclamar.

Los límites constitucionales de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7) son los mismos que los de la libertad de manifestación de las ideas (Art. 6). Quizá por eso se siguen confundiendo esas dos libertades. Además de cuestiones de orden público, tales limitaciones versan sobre los contornos de la vida privada y los derechos de terceros.

Ahora bien, los dueños de los medios de comunicación nunca están personalmente involucrados en las discusiones. Quienes se meten en toda clase de problemas relacionados con la difusión de ideas e informaciones son los periodistas propiamente dichos, es decir, trabajadores de los medios. Sólo cuando se abren procesos judiciales comparecen también las empresas como tales. Sin embargo, son los dueños quienes señalan la línea editorial.

El ejercicio de la libertad no protege sólo lo que publican los medios de comunicación sino también lo que les responden los aludidos. Existe, además, el derecho de réplica en la Constitución y en la ley. Así, está previsto el diálogo en la Carta Magna. Sin embargo, la crítica a los periodistas suele analizarse como un atentado a la libertad de difusión de ideas e informaciones. Más duro resulta que el poder político, sujeto de la crítica persistente de los periodistas, sea señalado como enemigo de la libertad de difusión cuando responde y, más aún, cuando lo hace igual de fuerte que los mensajes de los comunicadores profesionales, en especial los llamados editorialistas, articulistas, columnistas o conductores.

Gran parte del problema estriba en que la prensa mexicana es notoriamente deficiente si se le compara con la de muchos otros países grandes. No sólo se trata de la falta de conocimientos generales, lo cual es muy fácil de observar, sino de aquello que puede referirse a lo propiamente profesional.

El debate sobre los medios no está en el campo de la ética, como algunos lo han querido arrinconar. Es un problema tanto de responsabilidad social como de ejercicio de la profesión. En México han existido periodistas muy distinguidos y admirados, pero muy pocos. Han sido maestros sin discípulos, quizá por eso aquéllos han brillado durante tanto tiempo.

Para las generaciones que vivieron el oscurantismo político priista, la prensa era vendida, así se le conocía. Mas quien la compraba era el gobierno y, en lo individual, los políticos del poder, siempre con recursos públicos. Aquellos pocos periodistas ejemplares sí eran socialmente responsables porque denunciaban y criticaban sin mentir ni deformar. Sabían indagar y discernir, además de que eran cultos y conocían la artesanía de la redacción.

Muchos periodistas de aquellos tiempos de la intolerancia priista sufrieron represalias, sí, mas dejaron un legado. Pregunten por Julio Scherer, entre otros.

Después, bajo la libertad de prensa, también hubo hostigamiento. Entre mejor periodista se era, mayores bloqueos se sufrían. Pregunten a Carmen Aristegui entre varios.

El gobierno actual no va a reprender a ningún periodista. Por eso ya no existe el chayote, instrumento ignominioso de la falta de libertad de información y crítica. Por eso también la publicidad institucional es menor y tiene otros parámetros. El gobierno no pide que se le apoye ni que se le deje de criticar. Pero no es un exceso demandar que la prensa se diga lo que está ocurriendo y sus implicaciones verdaderas.

Algunos siempre hemos criticado a los medios. ¿Por qué no hacerlo hoy también si acaso se considera necesario? La aspiración a tener una prensa mucho mejor no es nueva ni es espuria.

Mas existe otro elemento. Nadie puede pedir una prensa neutral. Eso no existe. Consulten el tema con Carlos Payán, maestro de buen periodismo profesional, comprometido y honrado. Los medios mexicanos son más o menos variados pero predomina la derecha. Quien niegue esto vive en otro planeta, aunque la mayor parte de la derecha no admite serlo. Le da pena, pero ese es otro problema.

No debería verse como anormal o indebido debatir aun desde el gobierno con esa derecha que tiene un poder de comunicación efectivo, es decir, la propiedad de importantes medios de comunicación social.

Tampoco debería verse anómalo que, cuando se alteran los hechos y sus contextos o se informa francamente mal, se critique a toda publicación que lo hace, incluyendo a las muy minoritarias de izquierda, las cuales parece que se desorientan con mayor facilidad.

La prensa es terreno de lucha política. Hubo tiempos en el siglo XIX que un periódico era un partido. Nuevos intentos se produjeron en el siglo XX.

El debate con la prensa no es para descalificarla. Ella acaso se descalifica sola. Pero eso no quiere decir que el debate sea innecesario. Dice Andrés Manuel que el pueblo mexicano ya no es manipulable. Tiene razón en tanto que esa expresión consigna un hecho histórico, un cambio en la conciencia popular, pero en cada caso, a cada tropiezo de la vida, ante cada acontecimiento, sí se pueden distorsionar los hechos y ponerlos en un contexto inexistente. Sí puede haber manipulación social inducida desde la prensa. De hecho la hay.

Muchos consideran que un gobernante no debe criticar a nadie porque «representa a todos». Esa subjetividad no predomina en ninguna otra parte del mundo. Los mandatarios gobiernan a todos pero no lo hacen por igual. Si así fuera, no tendría caso convocar a elecciones y votar. Es falsa aquella idea priista de neutralidad social del poder promovida durante los tiempos neoliberales, luego adoptada por el PAN. Los partidos expresan ideas e intereses diferentes y por ello buscan gobernar. No existe tampoco ningún principio jurídico que limite la libertad de expresión ni la de difusión de las ideas por el hecho de estar en el ejercicio del poder político. El presidente de la República es responsable ante la ley por sus expresiones propias. La inmunidad sobre lo dicho sólo la tienen los legisladores, con base en el artículo 61 constitucional, para proteger sus expresiones críticas de los otros dos poderes y de personas o corporaciones poderosas.

Algo que caracteriza a la mayor parte de la prensa mexicana es su desdén o ignorancia del sistema democrático y sus leyes. Esto es normal en un país donde éste ha sido precario. No se analiza el carácter universal de la libertad de difusión de ideas e informaciones. El ejercicio de alguna profesión, oficio o mandato público no la puede restringir,  ya que todas sus limitaciones están expresamente consignadas en la Constitución.

Que el presidente critique a la prensa, como siempre lo hemos hecho quienes no ejercimos el poder durante muchas décadas y no estamos arrepentidos de nada al respecto, es un acto sincero que no podría considerarse como autoritarismo. Ya vivimos otra situación política aunque, a cada paso, la prensa analiza al gobierno actual a la luz de la forma en la actuaban los anteriores. Están desorientados porque les conviene.

El carácter inviolable de la libertad de difusión en las benditas redes sociales es un tema más amplio que comprende la neutralidad de la red internacional, internet. Esa también se encuentra garantizada en el mismo artículo 7º constitucional. Al tiempo, está cambiado el periodismo como profesión y también como negocio.

Después, el mundo se verá peor a sí mismo

Ningún sistema sanitario estaba preparado para la pandemia de Covid-19, ni siquiera los mejores en el mundo. Ha sido sorpresivo el ataque viral. La pregunta es por qué.

Vivimos una época de incesante desarrollo de la ciencia y la técnica. Contamos con muchos y muy talentosos científicos preparados en las ciencias de la salud y especialidades afines. Existen recursos materiales de sobra para ser usados en la materia más sensible de la humanidad, el cuidado de la vida.

No estamos en el siglo VI, bajo la plaga de Justiniano, ni en el XIV (1347) cuando Euroasia y África fueron azotados por la peste bubónica (quizá entonces murieron 100 millones), provocada por una bacteria que no tenía sus días contados. La gente creía que la enfermedad llegaba como castigo por el pecado. No había entonces estreptomicina. Esa bacteria siguió activa hasta 1959, según la OMS, y aún hubo algunos brotes posteriores. Ahora mismo, surge a veces la peste por comer carne de marmota en Mongolia, su origen histórico.

Algo peor ocurrió con la ya erradicada viruela que había azotado a los seres humanos quizá 10 mil años. Las últimas grandes epidemias de ese virus alcanzaron centenares de millones de víctimas mortales. América conquistada conoció esa enfermedad como parte de su gran drama.

En nuestros días, las epidemias son asunto político. Todos los gobiernos del mundo saben muy bien que, por experiencia histórica, la humanidad debe esperar siempre que aparezcan nuevas enfermedades. Sin embargo, ningún gobierno se dedica a actuar permanente y sistemáticamente en consecuencia. Sus grandes prioridades son siempre otras.

No se trata sólo de los sistemas médicos de cada país, sino también de las ordenanzas, la organización nacional e internacional de la sanidad, es decir, de la acción política. Por un lado, la prevención es mucho menos rentable que la curación. Por el otro, el comercio tiene preeminencia sobre la salubridad. En el fondo de todo esto, la tasa de ganancia (utilidad por unidad de capital invertido) determina en gran medida el ritmo de desarrollo y extensión de la medicina como ciencia y como práctica. Estos principios que invaden la sanidad son expresiones de la política dominante, de las decisiones de cada Estado y de todos ellos como gran congregación internacional.

Sin partir de esta realidad política no se podrían analizar las causas por las cuales se dejaron pasar muchos días antes de admitir la existencia de un brote epidémico de algo desconocido y, luego, pasó otro tiempo igual o mayor para que se fijaran medidas de control.

Tampoco se entendería el porqué en varios países, ahora muy golpeados por la pandemia Covid-19, las cuarentenas iniciales se tomaron con poca seriedad, ya que los gobiernos no condujeron bien, no convencieron, no organizaron a la sociedad y les preocupaba más que el paro económico fuera lo más leve y rápido posible. Luego, llorosos, implantaron el estado de sitio, llamado de diversas maneras. Los venció, lamentablemente, el coronavirus.

Ya que toda alarma y contención eran costosas para la «economía», habría que postergarlas. Al final, la pandemia ha tenido un costo mucho mayor tanto para el capital como para el trabajo y el Estado, aunque muy especialmente para las víctimas. Una catástrofe previsible pero que no fue prevista.

Sin una autoridad sanitaria mundial, con poder suficiente para dictar decretos vinculantes y absolutamente obligatorios, el mundo va a seguir improvisando respuestas cada vez que aparezca una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es producto de la segunda posguerra y del sistema de Naciones Unidas que ya es obsoleto. Hoy se requiere una institución políticamente diferente, un poder mundial con bases democráticas.

Ahora bien, existe algo mucho más de fondo, lo cual resulta complicado porque es más costoso: la igualación de los sistemas sanitarios en todos los países. La salud debe ser un derecho universal de los seres humanos. Los recursos para garantizarla deben provenir de todos los países. El sistema sanitario debe ser igual en todas partes. Esto es algo elemental desde el punto de vista de una humanidad.

Las diferencias en cuanto a la salud no sólo existen entre los países sino dentro de cada uno de estos. Los niveles de atención son muy contrastantes, con la excepción de unos cuantos estados.

Hay algo más: la alimentación, tanto en su cantidad como en su calidad debe ser regulada a nivel mundial. Existe el hambre en el siglo XXI cuando la tecnología ha llegado a niveles asombrosos. En los países pobres hay legiones de personas desnutridas, especialmente niños y niñas. Además, en lugares donde no hay hambre existen malnutridos y muchos suelen enfermar debido a otra clase de epidemias: obesidad, diabetes, etc. La gran industria de los alimentos chatarra y anexas se basa en la libertad de comerciar que en este caso es también la de enfermar al prójimo.

Los fármacos, carísimos por ser monopolizados, convierten la salud en materia de lucro desmesurado en aras de mantener la libertad de comercio. Las grandes farmacéuticas  cobran una especie de impuesto al mundo entero durante lapsos en que sus patentes se encuentran vigentes y cada gobierno defiende a las suyas. Mucha gente muere por no tener disponible la medicina ya existente. La investigación requiere grandes inversiones, pero éstas deberían ser aportadas por todos con el fin de que sus resultados ya no se monopolicen y se conviertan en cargas. No sólo se requiere socializar esa industria sino internacionalizarla, es decir, hacerla propiedad de la humanidad.

A lo anterior hay que añadir la existencia de estructuras oligopólicas, siempre ligadas a la corrupción, que obtienen ganancias extraordinarias a partir del control de mercados de medicinas y equipos médicos. Los presupuestos destinados a la salud son golpeados por esos mecanismos empresariales  en los países pobres.

A todo esto habría que agregar que la llamada comunidad internacional admite el bloqueo de países en plena pandemia. Todo bloqueo económico debería estar prohibido pero, en emergencias de salud, sus impulsores y cómplices tendrían que ser sancionados por cometer actos contra la humanidad.

El mundo actual es tanto más vulnerable cuanto que ahora es más inestable y sus partes integrantes están más vinculadas. Cualquier cambio económico le afecta al mundo entero y, a veces, aquél es producto de una simple declaración amenazante. La pandemia Covid-19 ha generado una crisis económica mundial, una recesión que, aunque de poco tiempo, será fuerte. Y, al mismo tiempo, ha demostrado que el sistema mundial no funciona de acuerdo con lo que proclama, es decir, no protege a la humanidad.

En particular, la pandemia muestra que los sistemas de salud no funcionan bien en ninguna parte del mundo y que todos requieren profundas reformas que no pueden ser sólo nacionales sino internacionales.

Tenemos como uno de tantos ejemplos las casas hogar de personas de la tercera edad en Europa, en especial en España e Italia, las cuales se convirtieron en centros de mortandad de miles de adultos mayores porque son guarderías de cuerpos sin formar parte de un sistema de bienestar y salud.

Después de la pandemia, el mundo habrá de verse a sí mismo peor que antes. Eso sería suficiente para que se abriera la oportunidad de que las ciudadanías impusieran a sus Estados las grandes reformas políticas que se requieren. Esas ya no tendrían que ser sólo de un país u otro, sino de todos.

Recesión, subsidios y moratorias

Frente a la crisis económica desatada con motivo del Covid-19, uno de los debates se ha ubicado en los subsidios públicos a los capitalistas. Todos discuten sobre de qué tamaño será la disminución del PIB, pero pocos hablan de la dimensión de la pobreza y de la que ha sido agregada en la crisis.

Por lo pronto, hay en el mundo 7.8 billones (millones de millones) de dólares destinados al «salvamento». 3.3 billones para gastos de salud y apoyos directos; 1.8 en préstamos e inversiones de capital; y 2.7 en garantías públicas sobre el crédito privado. Se dice que a todo esto le hace falta un billón y medio de dólares adicionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene otro billón disponible para ser prestado a los países socios, pobres y necesitados, le reclama a México por destinar a la crisis actual tan sólo –dice— once mil 200 millones de dólares, el 1.1% de su PIB.

Al mismo tiempo, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial están exigiendo subsidios fiscales para las empresas. Unos cuantos ex presidentes latinoamericanos neoliberales, Ernesto Zedillo incluido, proponen que se agreguen a la lista de tareas urgentes los consabidos «estímulos fiscales».

Las oposiciones se han puesto de acuerdo en algo: acusar a Andrés Manuel López Obrador de no ser un «hombre de Estado» ni un «presidente de todos». Piden dinero, aunque no precisan exactamente cuánto y de qué forma. La gran burguesía siempre pedirá impuestos mínimos y, de ser posible, condonación de los mismos. En México, como en Estados Unidos, entre más ganancia obtengas menor es la tasa efectiva de impuesto a la renta. La Constitución dice lo contrario, como también prohíbe las exenciones y condonaciones fiscales.

¿Qué quieren en concreto esos líderes opositores? Es necesario buscar la respuesta para tratar de entender a qué se debe la campaña contra Andrés Manuel. Él ya les ha dicho que, si lo quieren quitar, pidan el adelanto de un procedimiento revocatorio en las urnas, pero ellos han respondido que de ninguna manera van a hacer eso. Lo que exigen es que el presidente se ponga a trabajar en lo que ellos mismos desean: subsidio efectivo… en la forma que sea.

El método de las condonaciones ya sabemos a qué nos ha llevado en los últimos sexenios: miles de millones perdidos al ser regalados a los ricos. Dejar de cobrar impuestos de ejercicios anteriores, incluyendo multas y recargos, es la peor injusticia fiscal, es decir, una cancelación de impuestos y un atentado al sistema de redistribución del ingreso. Ahora mismo, AMLO denunció que unas cuantas empresas deben al fisco 50 mil millones, aunque el mismo presidente informó este jueves que una cuarta parte del dinero se va a recuperar de inmediato: mil gracias, señores, por pagar impuestos debidos, aunque nos vayan a quedar a deber las multas.

México es uno de los países más atrasados del mundo en materia de recaudación. El fisco no pasa de administrar el 15% del PIB. España, que se encuentra por debajo de la medida de la eurozona, recauda el 40%, por no mencionar a aquellos que se encuentran por arriba del 50%, es decir, más de la mitad del valor de lo que se produce en el país. ¿Quieren seguir bajando la recaudación? Sí, porque les conviene a unos pocos aunque perjudica a la inmensa mayoría.

Otra cosa podría ser diferir durante unos meses el pago del impuesto sobre la renta de personas morales o de las cuotas patronales de seguridad social, sin recargos. Eso no disminuye el caudal público pero permite un desahogo del causante. Lo que no se puede admitir es que las empresas jineteen impuestos retenidos a cargo de consumidores y trabajadores, puesto que eso es lo que algunas hacen de por sí en forma ilegal.

Una de las medidas que se ha tomado en otros países es el establecimiento de un sistema de garantías sobre el crédito otorgado por parte de los bancos a las empresas. Con esto, un alto porcentaje de los adeudos irrecuperables será traspasado al gobierno, el cual se ha de convertir así en gracioso socio del banco pero sin derecho a utilidades, sino sólo a pérdidas.

Esta sería una especie de segunda edición del Fobaproa, cuando el gobierno asumió los quebrantos de los bancos, es decir, préstamos no pagados convertidos en deuda nacional. Eso fue la socialización de los adeudos de los ricos. Un robo de cien mil millones de dólares, de los cuales aún se debe la mayor parte y se siguen pagando los intereses a los bancos, cada mes y puntualmente, desde el Presupuesto de Egresos. Sí, son dineros aportados por todos para cubrir adeudos de unos cuantos ricos de hace 25 años. Esto ha sido como estar pagando créditos de guerra impuestos por la potencia vencedora.

El gobierno puede dar prestamos directos a empresas pequeñas y a comercios informales, como ya lo está haciendo para dos millones de establecimientos, pero al margen del esquema de asumir pérdidas de los bancos privados.

En México se debe hacer lo que el G-20 recomienda: ocho meses de moratoria en créditos bancarios, para concluir el próximo diciembre. Los bancos mexicanos ya han concedido tres meses sin recargos ni comisiones, no será difícil que amplíen el plazo sin afectar sus balances.

Por lo pronto, el FMI ha ofrecido a 25 países seis meses de moratoria en el pago de intereses sobre los empréstitos contratados con el organismo mundial.

Para ser sensatos, tanto el G20 como el FMI están planteando algunas moratorias antes de que éstas se produzcan en los hechos. Se evita así una rebelión de deudores y se delimita el lapso de la suspensión  de pagos.

Si el G-20 y el FMI fueran en verdad partidarios de una moratoria de la deuda pública, al menos de los países pobres que son la mayoría, plantearían un acuerdo de todos los Estados para imponer la suspensión sin recargos del pago de los intereses durante unos meses, a efecto de concentrar recursos en la crisis de la pandemia. Pero eso no lo van a hacer porque la mayoría de los gobiernos defienden el libre mercado financiero y cumplen con el pago de intereses de los empréstitos; muchos de ellos le tienen miedo, con razón,  a los acreedores que les amenazan con dejar de invertir o vender sus bonos de un día para otro; les atosigan las primas de riesgo, gran negocio inmoral que se sustenta en las pobrezas nacionales. No hay ni se quiere que haya un gobierno mundial que defienda los intereses públicos universales.

El FMI va a canalizar «urgentemente» 18 mil millones de dólares desde su Fondo de Reducción de la Pobreza. Ese monto es mínimo si se piensa en la cantidad de pobres del planeta. México, un país pobre que no se encuentra en esa lista del FMI y por tanto no le toca nada, destina anualmente a combatir la pobreza más de lo que el FMI va a canalizar para ese propósito en todo el mundo durante 2020, año de la gran crisis Covid.

En México no existe un fondo de desempleo o simplemente de despido. Muchos están yendo a retirar dinero de su ya menguado ahorro en el SAR. Otros están siendo apoyados por entidades públicas o por empresas. En todo el entorno social impera la solidaridad para aguantar la crisis.

Mayo será un mes especialmente difícil pero no sólo en materia sanitaria, como ya se ha anunciado, sino también en la economía popular. Mas los siguientes meses del año seguirán estando dentro de la temporada de vacas flacas.

El gran problema que va a enfrentar el gobierno mexicano es el de un ingreso mínimo vital, como el que reciben los adultos mayores y los jóvenes aprendices, pero para trabajadores desplazados, tanto de la economía formal como de la informal.

Por lo pronto, los opositores resentidos seguirán pidiendo que el presidente se ponga a su servicio protegiendo los intereses de los individuos de su clase. ¡Ya no!

Coronavirus y globalización

La pandemia COVID-19, como emergencia de salud, durará unos meses, pero su impronta podrá perdurar varios años y provocar cambios imprevistos. No se trata de la recesión a la que ha llevado la alerta sanitaria, ya que, al fin, la bajada de la producción y de los servicios será superada y paulatinamente se recuperará la economía mundial.

El problema que tenemos enfrente es que la globalización económica galopante no contiene un acuerdo político suficiente para establecer normas admitidas por todos y mecanismos comunes para la gestión de las condiciones básicas de la vida, incluyendo, naturalmente, la seguridad en su más amplia acepción.

Lo hemos visto con mayor claridad en la coyuntura sanitaria. El organismo de salud de Naciones Unidas (OMS) está prácticamente dedicado a emitir un boletín diario con algunas recomendaciones. Ningún gobierno ha hecho un pronunciamiento sobre la forma titubeante en que él mismo reaccionó al principio. Los sistemas de salud de casi todo el mundo se encuentran colapsados o lo estarán pronto porque están mal hechos.

La gran pandemia de 1918-20 se produjo luego de una terrible guerra que había arrojado al menos 14 millones de muertos entre militares y civiles. Se calcula que de aquella gripe enfermaron 50 millones y otros cinco millones fallecieron. No existía entonces el transporte aéreo de pasajeros como industria mundial, no obstante la enfermedad abarcó muchos países: viajó en ferrocarril y en barco.

El COVID-19 llegó en avión a casi todos los países y, consecuentemente, lo hizo con una rapidez muy previsible pero que no se quería admitir al principio. La OMS tardó días en anunciar la pandemia, tal como el gobierno de China, antes, se había demorado mucho en reconocer el brote epidémico por temor a que se afectara su economía.

El sistema de globalización económica no sirve para proteger a los humanos, es decir, al sustento básico de la humanidad que es la salud para vivir. Esto es así al tiempo en que tampoco sirve para proteger el medio ambiente, evitar la guerra, garantizar la paz, superar la pobreza, combatir las violencias, igualar las condiciones de vida básicas, redistribuir la riqueza entre las naciones, los pueblos y las clases. ¿Para qué sirve, entonces, si ha fracasado también en lo más vital: la salud de la humanidad?

La globalidad es una forma de relación del capitalismo interconectado. Ningún país puede ser autosuficiente porque, al consumir todos mercancías iguales o semejantes, se imponen las diferencias tecnológicas, de materias primas y de nivel de vida de los productores, todo lo cual se expresa en los costos. El encadenamiento productivo es capitalista, no tiene que ver con la salud ni con el planeta sino con la ganancia. Esto se sabe de tiempo atrás, pero hoy quizá sea mucho más claro. De cualquier forma, esa globalidad es frágil, pues una pandemia la lleva al desequilibrio. Un desajuste productivo, comercial o de servicios conduce a otros desajustes y así sucesivamente, tal como ocurre con el contagio viral.

Una globalización así no tiene futuro en tanto pacto, ya que, como ahora, ni siquiera se pueden tomar medidas globales sobre un virus emergente que se desplaza en forma de enfermedad pandémica, es decir, global, y puede enfermar a cualquier persona en cualquier país, aunque al final el número de fallecimientos sea estadísticamente «marginal».

Por lo pronto, la pandemia paraliza una parte grande de la economía y es ahí donde está radicado el debate de un mundo globalizado que se organiza como maquinaria de producción de plusvalor, es decir, de apropiación privada del producto excedente de la humanidad.

La Unión Europea es la más alta expresión de la globalidad actual: la asociación política de Estados independientes sin fronteras ni aranceles. Está, sin embargo, a las puertas de una crisis vital porque no es «natural» la ausencia de acuerdo suficiente para que los costos sociales sean cubiertos en condiciones equitativas entre sus integrantes. Los salvamentos europeos suelen consistir en prestar dinero para asegurar los pagos a los bancos alemanes y franceses, tal como lo vimos en Grecia. Las primas de riesgo que sólo pagan algunos por sus deudas dividen entre sí a los países de la Unión como si fueran adversarios, sometidos sólo a la dictadura de los mercados. No se trata de falta de solidaridad sino de ausencia de un gobierno compartido basado en reglas democráticas suficientes para ser en verdad una unión.

La globalización como instrumento de las clases dominantes no podrá nunca arrojar un gobierno internacional democrático porque la democracia de esas clases, las propietarias, no va mucho más lejos que algunos derechos históricamente alcanzados, por cierto, en su mayor parte, por quienes no son propietarios.

Es por ello que no hay acuerdo suficiente sobre Estado social, distribución del ingreso, medio ambiente, armamentismo, hegemonismos internacionales, y ahora sobre sanidad, sino sólo en cuanto a las esferas conectadas directamente con el funcionamiento de la maquinaria de exacción mundial de excedentes económicos. En el fondo, el pacto global se basa en la unión de los capitalistas de los países miembros para dar seguridad y estabilidad al sistema de producción de plusvalor. Luego de la pandemia, en Europa habrá mucha más gente que se pregunte sobre el valor, significado y alcance de la Unión Europea, a la vista de la falta de normas y de gobierno común para hacer frente a todos los problemas humanos.

En verdad, en la emergencia, cada gobierno europeo ha estado solo, decretando las medidas sanitarias que buenamente considera pertinentes, tratando de salvar lo más que se pueda de la producción, el comercio y los servicios, y, finalmente, subsidiando empresas, otorgando garantías públicas sobre el crédito bancario y cubriendo una parte del consumo de trabajadores formales e informales desplazados.

El relativo desorden interno de los principales países europeos durante la pandemia fue convertido en un caos de  Europa,  la cual resultó muy precariamente unida.

La Unión Europea tiene una crisis que hasta antes del coronavirus no era reconocida muy a las claras por todos. No se trata sólo del abandono del Reino Unido sino de que a la lista se pueden agregar otros países en donde la extrema derecha no es como el gobierno británico sino algo mucho más agresivo. Esas tendencias políticas en crecimiento se van a apoyar en las disfunciones de la UE durante la crisis de la pandemia y su recesión económica. Son parte del deterioro de la globalización como proceso; no pocos obreros y pequeños propietarios les están apoyando.

Como economía, el mayor beneficiario de la globalización ha sido China. Sus ritmos de crecimiento, su diversificación, su paso de maquilador a tecnológico, su infraestructura productiva y la incorporación de muchos millones al trabajo técnico en la ciudad y el campo, convirtieron a ese país en un gran proveedor mundial, al tiempo que importa enormes cantidades de productos como insumos de sus manufacturas, y paga de contado puntualmente las patentes y el uso de marcas de las trasnacionales.

El caudal relativo de producto excedente es más alto en China en tanto que los menores salarios permiten una tasa mayor de explotación. Aunque el esquema maquilador ya existía y sigue vigente en muchos países pobres, la reforma económica china abrió un inmenso campo de inversiones para el avance tecnológico estadunidense. Los grandes inventos se convirtieron en mercancías producidas por millones de piezas, a bajo costo, con lo cual se fortaleció una gran concentración de capital en las empresas tecnológicas norteamericanas. Ese esquema fue replicado por algunos países europeos. El mundo pudo comprar inventos nuevos hechos en China, producidos bajo esquemas de plusvalor absoluto, es decir, ligado al aumento de la jornada de trabajo o a la disminución del salario real. Ha sido el sueño dorado de la burguesía de todos los tiempos: lograr en el mismo proceso la ventaja tecnológica (plusvalor relativo) y la ventaja laboral (plusvalor absoluto). Esto, evidentemente, ha fortalecido lo que en economía política se llama ganancia extraordinaria o súper ganancia, muy por encima de la tasa media.

El capitalismo de Estado chino ha demostrado que, como sistema autoritario y bien organizado, tiene más ventajas que el capitalismo liberal. En el gigante asiático opera la mayor holding trasnacional que haya existido, el Estado chino. En la globalización, el país más poblado se ha convertido en la economía más grande, pero también es la más dependiente. Esto último es lo que el gobierno chino pretende ir superando, para lo cual, la crisis coyuntural provocada por la pandemia puede serle de importante ayuda. Se sabe que no basta la expansión comercial sino, a la vez, la seguridad productiva y de los mercados. Por lo pronto, el gobierno chino es el mayor poseedor de valores gubernamentales de Estados Unidos, su gran acreedor.

La crisis provocada por la pandemia puso de relieve algo que se sabe bien: las economías más grandes dependen cada vez más, consecuentemente, del resto. Actividades «esenciales» que podrían estar activas se encuentran paralizadas porque sus insumos son de procedencia extranjera y en sus respectivos países se encuentran en paro, o debido a que los medios de transporte se encuentran detenidos.

Lo que va a ocurrir al día siguiente en el que se declare el término de la emergencia sanitaria es que no pocos gobiernos presenten planes para que sus países dependan menos de los demás. Es evidente que se va a repensar el alcance de la globalización pero por motivos políticos, aunque no pocas empresas tengan que pagar las consecuencias debido a que se encuentran altamente globalizadas.

Estados Unidos, el país más dañado por el número de fallecimientos, se tardó mucho en detener los vuelos internacionales. Así ocurrió también en Canadá. La enfermedad llegó a través de ambos océanos, lo cual era lo más fácil de advertir desde el principio. Lo mismo sucedió en América Latina. En México, el COVID-19 procedió principalmente de Italia y Estados Unidos, ya en segunda o tercera exportación. Pero en casi todo el mundo predominó la idea de que la interrupción sanitaria del transporte internacional de pasajeros arruina la economía, aunque de todas maneras se iba a tener que hacer. Esa idea es parte de la globalización basada exclusivamente en la ganancia. Está claro que, aun sin aviación comercial, el coronavirus hubiera llegado a América, pero con otra cadencia, lo cual quizá hubiera permitido que los estadunidenses tomaran a tiempo sus medidas sanitarias.

Es verdad que la recesión de 2020 no podría ser comparada con cualquier otra porque se debe a un fenómeno generado al margen de la esfera propiamente económica. Sin embargo, su impronta llevará a una revisión del estado que guarda la globalización capitalista que ha regido al mundo durante varias décadas.  Mas esta revisión no sólo ha de correr a cargo de los centros dirigentes sino también de quienes producen ideas políticas en el seno de las sociedades, los intelectuales y los líderes.

El debate que se va a abrir será sobre cómo conducir la globalización en términos menos unilaterales, más vinculados a objetivos humanos, digámoslo así, que tienen que ver con la salud, el medio ambiente, los derechos sociales, la pobreza, las violencias, la concentración de la riqueza y del ingreso, la paz.

Los líderes de la globalidad podrían ahora afirmar que se requieren más y mejores instancias de «coordinación» o «encuentro» de carácter internacional,  pero de esas ya hay demasiadas, además de la ONU, incluso de orden propiamente político, como el G-20, el G-7 y otros en diversos estratos. De organizaciones internacionales de Estados soberanos estuvo lleno el siglo XX  y su continuidad en la centuria presente. La Organización de Países No Alineados ya no existe en los hechos porque todos sus integrantes se encuentran subordinados al mismo esquema imperante de la globalidad: no tienen nada de qué hablar entre ellos, según se cree. El fracaso de los escenarios sobre el tema del medio ambiente es un desgarrador ejemplo de la inexistencia de formas efectivas de gobierno mundial. El COVID-19 refrenda una inoperancia global en temas de la humanidad.

 La globalidad como proceso, es decir, la globalización, va a tener un momento peculiar después de la pandemia. La recuperación económica en cuanto al valor del producto se hará como reposición de lo que había antes del paro. Esto no será difícil. No se ha destruido ninguna infraestructura productiva. No se trata de las consecuencias de una guerra, como inútilmente se insinúa por varios sitios. Pero, a partir de la vuelta a lo de antes quedarán más cuestiones abiertas. ¿Puede la humanidad seguir por el camino de una integración global basada exclusivamente en el objetivo de la exacción y reparto elitista del producto excedente?

Neoliberalismo, el saldo del desastre

El neoliberalismo no es una teoría ni una ideología sino un programa político de contenido social y económico. Es un proyecto para lograr un capitalismo más puro sin que la burguesía tenga que pagar tasas fiscales para financiar las rémoras del sistema.

Para ser neoliberal se requiere una doctrina, un conocimiento, una forma de analizar la realidad y un lugar desde donde ver, cierto, pero el neoliberalismo no busca otra cosa que capitalismo, el original, por decirlo de esa manera. Se quiere volver al pasado. Mas que conservadores, los neoliberales son reaccionarios.

Esa gran corriente internacional no busca eliminar al Estado, claro está, pero ni siquiera quitarle autoridad sino gasto social, lo que es otra cosa complemente diferente. Aún más, el neoliberalismo tiende a un Estado autoritario como forma de disciplinar a los trabajadores y pequeños propietarios, es decir, a todos los demás.

En el mundo, el neoliberalismo avanzó con rapidez ante la caída de los regímenes de socialismo de Estado y de la crisis del Estado social en los países capitalistas. En el llamado Tercer Mundo, los neoliberales se colgaron del desastre de la deuda, las recesiones, las inflaciones y otras muchas calamidades que ellos, en su mayoría, habían gestionado, como fue el célebre Fobaproa, cuyos intereses se siguen pagando a los bancos, mes tras mes, luego de 25 años.

Cancelado en la Constitución mexicana el derecho a la tierra y permitida la privatización legal de ejidos y comunidades, el combate se trasladó a las pensiones, la educación,  la salud y la energía, las cuales también deben ser privadas, según el canon neoliberal. En México, esas grandes esferas han estado bajo un fuego cruzado entre quienes buscan su privatización y los que defienden su socialización.

El 1º. de mayo de 1992 (día internacional de los trabajadores) nació el llamado Sistema de Ahorro para el Retiro que privatiza la administración de los fondos de pensión y elimina el sistema solidario. Se condenó a millones a jubilarse para empobrecerse.

También cundió en el Estado mexicano la idea de que éste no debería «impartir» obligatoriamente educación superior. Así quedó en 1993 el nuevo texto en la Constitución, el cual sólo hablaba de «promover y alentar» ese nivel educativo, para dar entrada al cobro generalizado y amplio  de colegiaturas.

Ante la imposibilidad de crear universidades privadas rentables, los neoliberales buscaban llevar a las instituciones públicas a operar dentro de un sistema restringido a quienes pudieran pagar y a becarios de escasos recursos y altos promedios. Las colegiaturas universitarias fueron derrotadas por el movimiento estudiantil de 1986-87 y, después, por la prolongada huelga de la UNAM de 1999-2000. Sin embargo, el gobierno respondió con una disminución del ritmo de crecimiento real de la educación superior pública, la cual era considerada como de imposible financiamiento en su totalidad por parte del Estado.

El turno le llegó también a los servicios de salud cuando en la primera Presidencia panista se creó el Seguro Popular como vía de canalizar recursos a los estados que se hacían cargo de las unidades médicas con un sistema de aseguración de tipo privado y cuotas familiares. El planteamiento neoliberal era que el sistema de gastos médicos privados podía funcionar en el campo de la medicina pública. Los resultados fueron muy malos, incluyendo la reducción en términos reales de la capacidad del Estado de prestar atención médica.

Pero la intervención neoliberal en la medicina fue más lejos. Los hospitales debían en alguna medida contratar servicios médicos con empresas privadas y, además, hacer subrogaciones, como aquellas realizadas en masa por el IMSS para el servicio de «guarderías infantiles». La venta al Estado de medicamentos e insumos quedó en manos de unos cuantos comerciantes quienes imponían sus precios.

No estaba permitido a las empresas privadas la distribución de energía eléctrica, pero el gobierno autorizó a productores privados que se instalaran para vender fluido a la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encarga de distribuirlo prácticamente por cuenta de aquellos. Así fue como se profundizó la privatización de esta rama estratégica y la ruina del organismo público.

El último presidente panista intentó una reforma petrolera para entregar en concesión los nuevos yacimientos de crudo y gas del Golfo de México. Durante meses, el Congreso discutió nuevas leyes sin que al final hubiera una clara victoria de nadie. El presidente priista que llegó al relevo, puesto de acuerdo con el PAN, logró la reforma de la Constitución para la privatización de la industria petrolera, sueño dorado de los neoliberales.

El saldo de las principales reformas del neoliberalismo difícilmente podría ser más deficitario. Todo está en crisis o a punto de estarlo.

El sistema de retiro no será capaz de otorgar una pensión mayor al 70% del salario que hoy recibe cada trabajador y trabajadora; muchas y muchos no alcanzarán siquiera un salario mínimo y tendrá que haber subsidio público. La jubilación ya no será un descanso y una recreación después de una vida de trabajo sino el momento de una aguda depauperación de los trabajadores de México.

La educación superior no abarca más del 30% de los jóvenes y, por tanto, sigue estancada, por lo que hay muchos miles de rechazados cada año, legiones de jóvenes hacia el resentimiento social.

El sistema de salud tiene que ser reconstruido en sus bases organizativas y en muchas de sus unidades médicas. Lograr una medicina universal tardará todavía unos diez años.

Los concesionarios de petróleo y gas no han hecho las inversiones a las que se comprometieron y ahora será peor por la baja del precio del crudo; mientras, Pemex ha sido saqueada y arruinada, por lo cual durante un tiempo será una carga sobre las finanzas públicas. La CFE, por otro lado, tiene que recuperar su función de organismo productivo rector de la industria eléctrica.

El neoliberalismo mexicano hizo muchas promesas al país, pero no cumplió ninguna como no fuera despojar, entregar, desmantelar, arruinar.

Mas, a diferencia de otros países, los gobernantes neoliberales en México han sido unos corruptos que robaron y desfalcaron lo que pudieron, convirtiendo en negocio la función pública.

Después de 40 años, México tiene una sociedad más desigual y con mayor número de personas en pobreza y en pobreza extrema. A esto se le puede llamar el saldo del desastre neoliberal.

El país en su mayoría ha dicho no más; ahora faltaría que pudiera decir nunca más.

Prioridad del crecimiento

El gobierno ha anunciado el esperado golpe de timón en la política económica mexicana. Del superávit primario de .75% del PIB para el año actual, se anuncia ahora que no habrá superávit sino déficit primario, o sea, el gasto programable será mayor al ingreso total y, por tanto, tendremos cada año más deuda.

El superávit primario reduce el gasto programable con el fin de limitar el incremento de la deuda. Su monto es un dinero que no regresa a la sociedad. Es una respuesta forzada para evitar una crisis de endeudamiento. Pero, por otra parte, se frena el crecimiento económico cuando éste es deficiente o negativo.

La cautela del nuevo gobierno se expresó en conservar el superávit primario durante el año 2019 (1% del PIB), aunque reduciéndolo luego en una tercera parte. Pero al aprobarse el Presupuesto para 2020 ya se estaba notando que no iba a ser posible mantenerlo. Cuando la economía no crece, cualquier gobierno debe redoblar esfuerzos para impulsar la inversión, lo cual se logra, en parte, con el uso del endeudamiento público, siempre que los recursos adicionales se utilicen correctamente en fines productivos.

Con la crisis mundial del coronavirus ya no tenía sentido seguir discutiendo sobre este punto, pues el producto tendrá en 2020 un menor valor en dos millones de millones de pesos, en el mejor escenario. Ahora lo más relevante es el cálculo del déficit público y su costo. El gobierno estima que va a requerir financiamiento por casi cuatro puntos del PIB con una tasa nominal muy alta de 6.30, 3% en términos reales. Los intereses del débito gubernamental mexicano siguen siendo demasiado altos.

En la caída de la producción mundial (quizá -2%), México se encuentra en un mayor problema porque tuvo estancamiento en 2019. El reto ha de ser, sin embargo, la velocidad con la que se pueda recuperar la disminución del presente año. En cuanto más pronto se reanuden el trabajo y el comercio, más rápidamente será posible canalizar fuertes inversiones públicas, luego de pagar el enorme gasto social de la pandemia, el cual también estará en la cuenta del déficit. El otro factor es meramente externo: la capacidad de recuperación de la economía de Estados Unidos, donde ya se autorizó para la emergencia sanitaria un nuevo débito por dos millones de millones, pero de dólares.

En consecuencia, no es suficiente abandonar la política del superávit primario sino que se requiere asumir la política de la inversión pública, el aumento del crédito disponible y el fomento de nuevos proyectos productivos.

Si antes no era factible la reforma fiscal por motivos meramente políticos, ahora ya tampoco lo es por razones económicas. Si se tiene una retracción de inversiones, mejor no hay que aumentar los impuestos a los ricos sino buscar bajarlos a los pobres, siempre que sea posible.

Para que una economía crezca se requiere la ampliación del campo de las inversiones. Puede haber mucho capital-dinero acumulado en los mecanismos financieros pero poco útil en la economía real. Así ocurre en México porque dicho campo se ha restringido debido a dos factores principales: las ganancias fáciles se hicieron un poco difíciles y los capitalistas no le tienen la menor confianza al gobierno de López Obrador porque éste no les representa. A esto hay que añadir el bajo crecimiento industrial en Estados Unidos.

Para que la inversión privada se pueda expandir se requiere que el gobierno canalice enormes sumas al gasto, especialmente en infraestructura y en producción directa. Esto requiere proyectos maduros, muchos de los cuales ya existen. Si con unos 400 mil millones de pesos al año se formara un fondo de inversiones sobre proyectos de carácter local y se administrara directamente por el gobierno federal a través de la Presidencia, se podría ayudar a «soltar el gasto», como se dice en la jerga. Hay que recuperar 2 billones, al menos, perdidos en la pandemia. Por ende, hay prisa.

Esto es tanto más importante cuando los llamados «megaproyectos» ni son «megas» ni van rápido, como se necesita. El «elefante reumático» ya no puede ser una explicación luego de más un año de gobierno nuevo. La maquinaria del Estado debe ponerse en sintonía con las desgracias nacionales que son muchas y graves.

Si como consecuencia de la crisis mundial y de la desaceleración de México que venía desde el año pasado, no se toman decisiones rápidas y bien dirigidas, el rezago de la economía ya no será el del «elefante» sino algo mucho peor.

Ya cambió la política económica del gobierno. Ahora hay que hacer una nueva política administrativa.