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Impuestos condonados

La Cámara de Diputados ha enviado al Senado un proyecto de reforma constitucional, iniciado por el Ejecutivo, para prohibir la condonación de impuestos. Las oposiciones dicen que están de acuerdo, pero no tanto y buscan enredar el texto.

Esas condonaciones siempre han sido indebidas porque no están autorizadas en la Constitución. El Ejecutivo carece de facultades expresas para perdonar adeudos fiscales.

Se sabe que las condonaciones han sido una característica del sistema impositivo mexicano desde hace muchos años. Centenares de miles de millones se dispensaron sólo en los últimos dos sexenios mediante autorizaciones legales difusas aprobadas por el Congreso y aplicadas muy concretamente por los sucesivos gobiernos.

La condonación se aplica sobre adeudos, es decir, impuestos ya generados pero todavía no pagados. Es un perdón de pago que en los hechos produce una transferencia de recursos públicos al causante incumplido.

Ahora se está diciendo en el Senado que hay que prever excepciones en el mismo texto constitucional, tales como condonar impuestos en casos de catástrofes naturales o a favor de «grupos vulnerables». Pero eso sería una forma de justificar de alguna manera lo que antes se hizo.

Para auxiliar en casos de catástrofes naturales o ante cualquiera otra situación de emergencia económica en alguna región o actividad se pueden conceder estímulos fiscales a del momento de la crisis, pero la condonación no es sobre los impuestos en curso sino sobre los adeudos.

Para ponerlo de otra manera: llega un huracán devastador y el gobierno perdona los adeudos fiscales, de tal forma que sólo gana el que debe, el incumplido, mientras quien está al corriente en el pago de sus impuestos sigue igual. ¿Qué clase de propuesta es esa?

Lo de las catástrofes viene a ser un nuevo cuento para mantener las condonaciones que siempre fueron actos de gobierno sin justificación.

La flexibilidad fiscal no debe incluir la condonación porque la inmensa mayoría de los causantes, empezando por los asalariados, jamás podrán ser beneficiados. Condonar es nulificar un adeudo que puede tener años. Es una amnistía fiscal para unos pocos contribuyentes, los incumplidos.

El texto aprobado en la Cámara de Diputados es escueto porque de otra manera se podría caer otra vez en lo que ya vivimos. El PRI había propuesto un enredado mecanismo para que el presidente de la República pudiera condonar en ciertas situaciones, a juicio de él mismo, bajo condición de que fuera «transparente», es decir, que se hiciera lo que nunca realizaron los priistas y panistas en el gobierno. Ese fue un intento de justificar las negras condonaciones del sexenio pasado, las cuales, con su parcial publicación, han provocado indignación en la ciudadanía, excepto, claro, en los líderes políticos de los partidos condonantes.

El secreto fiscal no aplica para los contribuyentes cautivos, pues sus enteros al fisco los hace el patrón, es decir, los conoce una persona diferente del trabajador. La secrecía es para quienes hacen declaraciones fiscales, los mismos que pueden recibir condonaciones, además de montones de estímulos, desgravaciones, perdones de multas y otras muchas prestaciones que abultan la lista de gastos fiscales. Lo peor es que al recibir esas oscuras recompensas se obtienen amparos de jueces que dicen proteger un secreto que en realidad es de clase, ya que no es de todos y para todos, sino que es usado para ocultar abusos de unos cuantos que esquilman las finanzas públicas.

La prohibición de las condonaciones fiscales en el artículo 28 de la Constitución debe ser sencilla, directa, efectiva y sin enredos, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados.

La definición de Morena sobre su futuro

A ningún partido mexicano le ha ido bien en sus elecciones directas: casi todas han sido cuestionadas. Antes, ese método electivo no existía, pero los partidos eran otros. Los de ahora no aciertan a definir el mejor sistema electoral interno, quizá porque ese no existe.

Morena vive un proceso de elecciones internas y no parece haber una solución sencilla. El debate se había ubicado en el padrón de afiliados, el cual es una repetición de lo ocurrido en otros partidos en los últimos 30 años. Los inscritos pueden llegar a ser más de tres millones. Algunos preguntan ¿de dónde salieron todos esos?

El PRD llegó a tener una afiliación de 7 millones que ni en sueños se convirtieron en votos. Ese partido tenía (y tiene) en su peor momento muchos más miembros que sufragios. El PAN quintuplicó el número de sus afiliados tan luego que llegó al gobierno y después tuvo que depurar su padrón para dejarlo parecido a como era antes, al cabo de lo cual la disputa por la legitimidad del listado de afiliados no termina. El PRI jamás conoció de cierto su propio tamaño orgánico porque lo que le interesaba eran los votos y su capacidad de comprarlos, es decir, la población a su alcance: aún ahora el tema del padrón de afiliados es central en todo torneo interno priista, al grado de motivar escisiones.

En cuanto a sus adhesiones, Morena no es el mismo partido antes que después de su triunfo electoral. Eso es del todo entendible. Pero ese problema no es suyo sino del país.

En México, hace mucho que los partidos no están compuestos principalmente por militantes. Los afiliados suelen ser personas más o menos necesitadas de una relación específica con el poder, ya sea municipal, local o federal. No es que sea inexistente la membresía de convicción política e ideológica, sino que ésa suele ser marginal frente a los millones que son incorporados con facilidad a través de otros mecanismos. Este fenómeno se podría denominar clientelismo orgánico, es decir que los «clientes» son incorporados a la estructura partidaria como afiliados con plenos derechos.

Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con semejantes ideas e intereses. Bien, pero éstos solían ser generales antes que demasiado concretos. En México, lo que domina es el clientelismo: en sus diferentes grados, el poder es como un panal.

Morena no puede saber quienes son sus militantes y quienes sólo sus afiliados más o menos ocasionales. Por ello, se propone, hay que acudir a la población abierta para decidir el lío de su nueva dirigencia. Así lo entiende Andrés Manuel y algunos otros. Pero el espíritu de partido, en especial la lealtad, decisión y esfuerzo de sus fundadores aconsejaría lo contrario, es decir, radicar la determinación electoral sólo en aquellos afiliados que iniciaron lo que se convirtió en una gran proeza nacional.

Sin embargo, Morena ha sido más un movimiento electoral que un partido organizado de militantes. Esa es una realidad, la cual tampoco podría ser alterada de un día para otro.

La propuesta de Andrés Manuel tiene dos lados: la encuesta como método decisorio (nada extraño en la historia reciente de la izquierda mexicana) y la concurrencia abierta al proceso, es decir, la admisión como candidatos de personas adheridas a Morena en cualquier momento. No es nada fácil.

El asunto no se resuelve con restringir o dilatar el listado de electores, aunque esa decisión debe tomarse con entera claridad, transparencia y convicción. El problema de fondo va a seguir siendo el de la naturaleza del partido que se precisa construir.

Lo que ya se demostró es que en el México de la segunda década del siglo XXI funcionó de maravilla un movimiento electoral abierto, como también lo fue de alguna manera el PRD en sus inicios. La cuestión es si, una vez que triunfó, Morena puede seguir en esa ruta con el mismo esquema orgánico. En realidad, esa pregunta es la que debería responder la próxima dirección, sean quienes fueren sus integrantes.