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Nueva policía

Se requiere una nueva policía en la Ciudad de México. Esto se ha dicho durante muchos años. Tal discurso ya ha cansado de tanto repetirse, pero mucho más enfada la ausencia de reformas profundas en el cuerpo policial capitalino.

Cuando desde una corporación de policía preventiva o «ministerial» (antes judicial) se filtran a la prensa indebidamente informaciones sobre víctimas, sin que las autoridades condenen el hecho y mucho menos persigan a sus autores, es cuando mejor se aprecia la descomposición institucional. Tal cosa ha ocurrido hace unos días, como expresión de arraigadas costumbres.

El aumento en la incidencia de delitos de violencia sexual en la CDMX ha llevado a las autoridades a actuar de la misma manera de siempre, la más primitiva. Se sigue ignorando que quien tiene la obligación de dar seguridad es el Estado, no cada persona. La violencia, incluyendo en especial la de género, es un tema de la autoridad y no se resolverá caso por caso porque el fenómeno es inconmensurable, aunque en cada evento se debe organizar el aparato de seguridad y justicia para perseguir a los culpables directos, aspecto que ni siquiera se logra por lo regular.

Sin embargo, la autoridad no parece asumir su más alta responsabilidad, sino que busca y rebusca explicaciones absurdas y repite viejas actuaciones.

El aparato policial-judicial no está hecho para crear un ambiente de seguridad pública y aplicación de la ley, sino para hacer lo que se pueda. Con solo vigilar intermitentemente el diez por ciento de las cuadras de una inmensa zona metropolitana se puede lograr disuadir la comisión de ciertos delitos, pero nada más en los lugares «patrullados». Por eso, en la CDMX hay gente que quiere patrulla en cada cuadra, el perfecto Estado policial; esos son extraviados deseos provocados por el hartazgo. Existen muchas grandes ciudades donde hay poco patrullaje pero mucho diálogo entre policía y ciudadanía, además de suficientes, cercanos y funcionales puestos de agentes.

En todo el mundo los policías tienen tareas de «inteligencia» o mínimamente de reporte sistemático y puntual de situaciones. Pero, aquí, eso no se ha empezado a hacer.

La mordida sigue campeando por toda la ciudad sin que hasta ahora se haya sentido alguna disminución. Esa corrupción, como casi todas, es un sistema; no se debe al binomio mordelón-ciudadano con el que se «arregla» el asunto de «otra manera» pero claramente ilegal. La mordida es responsabilidad última de los jefes de policía. Pero, además, hay simple cuota que paga el comerciante para mejorar el sueldo neto total de los «patrulleros» (y sus jefes), cuyos rondines, se supone, ahuyentan a los ladrones.

Con motivo de varios hechos de violencia sexual se han producido airadas protestas de muchas mujeres. En ningún caso esos actos públicos ha sido una provocación contra la policía o el gobierno. Uno o dos de ellos se han analizado así, erróneamente, debido a que la autoridad no se siente responsable de los delitos violentos que se repudian, sino que sigue pensando como antes, al viejo estilo de funcionarios sin obligaciones políticas inherentes al cargo. Se sigue presentando al autor directo del delito como el único responsable; eso expresa la falta de probidad, tradicional en el servicio público, así como la separación entre autoridad y sociedad, la conversión de los puestos en buenas chambas, la inexistencia de verdadera carrera profesional.

La reforma profunda de la policía para crear algo de verdad nuevo no podría ser dirigida por los jefes actuales. Ellos no saben qué cosa podría ser una policía nueva, solo entienden de la actual y de posibles mejorías, aunque por lo pronto todo está un poco peor.

Es necesario elaborar un programa hacia una nueva policía, que abarque organización, obligaciones, objetivos, métodos, disciplina, control interno y vínculo social. Las pocas reformas muy parciales que se han hecho hasta ahora, cuando fueron buenas, se deshicieron rápido o se hundieron en la corrupción.

Aunque con versiones diferentes, la izquierda lleva más de 20 años en el gobierno de la ciudad, pero no se ha propuesto todavía conformar una nueva policía. En el ámbito federal, López Obrador ha planteado la creación de un cuerpo de seguridad pública llamado Guardia Nacional y el Congreso ha aprobado las reformas que desde ahora están a prueba. La cuestión no consiste en el nombre ni en los uniformes sino en todo lo demás.

No conviene seguir repitiendo los fracasos sino romper con el pasado. Esa es una tarea política en toda la extensión del concepto.

Estafa sin rúbrica

Las estafas no suelen llevar rúbrica. Alguien signa un papel en algún momento pero por órdenes superiores, mientras quien da la orden no reconoce nunca el acto ya que no firma los papeles. Así ha funcionado un viejo sistema de atracos contra los fondos públicos del Estado mexicano.

Esto lo sabe la Fiscalía General de la República (FGR). Es por ello, quizá, que innovó su estrategia frente a la estafa maestra, la cual fue un sistema de financiamiento a favor del PRI mediante desvíos fraudulentos de fondos públicos. Rosario Robles acudió un día a San Lázaro, como secretaria de Estado que todavía lo era hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y afirmó que ella no había firmado ningún papel relacionado con la estafa descrita por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF sabe que nada fue firmado por secretario alguno, mucho menos por el presidente de la República, pero que eso no exime del delito. Si no se dispuso ilícitamente del dinero para disfrute personal, se permitió que se entregara, lo cual también es delictivo. En realidad la acción y la omisión vienen a ser prácticamente lo mismo cuando se está en el desempeño de un cargo público de alta responsabilidad. Si la estafa maestra fue una estafa, lo cual ha sido acreditado por la ASF, entonces existen responsables, los cuales abarcan desde quienes no hicieron nada para impedirla, los que la ordenaron de palabra, los que sí firmaron las autorizaciones y, también, las personas que sirvieron de intermediarias y las que recibieron los dineros ilícitos.

Eso es lo que busca esclarecer la FGR, por vez primera. Antes, cuando un político caía, se le acusaba directamente de muchos delitos con causa o sin ella: delincuencia organizada, lavado, evasión, etc. Pero eran pocos los indiciados y siempre por motivaciones políticas coyunturales. Los demás corruptos nunca fueron sometidos a proceso penal y gozan de cabal libertad.

La manera en que la FGR ha empezado a encarar el asunto de la estafa maestra está acorde con los tiempos políticos y con el nuevo sistema penal. La combinación de ambos ha traído como resultado que se intente abrir causas penales mediante un accionar directamente judicial, sin que el Ministerio Público le haga de juez y sin que el juez le haga de tribunal de alzada. Así, la FGR solicitó al juzgado su intervención para abrir procesos penales contra personas sin que previamente se hubiera librado una orden de aprehensión. De lo que se trata no es de encarcelar a algunos de momento sino de abrir los procesos penales que conduzcan a que se conozca lo ocurrido, la estafa. Si luego los culpables deben ir a la cárcel, pues que vayan; ese sería un desenlace pero no un inicio.

El esclarecimiento de la estafa maestra va a llevar años. Se trata de una sucesión de desvíos de fondos públicos, un sistema organizado para disponer de miles de millones. Lo que ha acreditado la ASF es lo que contablemente fue posible, pero falta desvelar el entramado exacto y los nombres de sus operadores, tanto en sede judicial como en el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, la Fiscalía ha iniciado un nuevo rumbo que podría permitir el esclarecimiento de esa red de peculados, fraudes y robos que se organizó durante el sexenio pasado para financiar la actividad política del partido oficial, el PRI.

A través de la imputación del delito de «ejercicio indebido del servicio público», en este caso se busca fincar responsabilidad por omisiones porque no es sencillo demostrar la apropiación de bienes públicos cuando no es difícil esconder lo robado. Aún así, hay que dejar claro que el desvío de fondos debe ser impedido por los altos servidores públicos, sin «lavados de manos» ni «obediencias institucionales». Así está operando ahora el Ministerio Público, con lo cual éste ofrece un magnifico compromiso en el plano de la lucha contra la corrupción.

Debe entenderse que quien permite el robo es tan ladrón como quien se apropia de lo robado.

Del Pemexgate a la Estafa Maestra

El Pemexgate y la Estafa Maestra son operaciones hermanas: robar fondos públicos para invertir en la compra de votos. Recordemos unas historias.

En el año 2000 hubo elecciones generales. El candidato a presidente por el PRI era Francisco Labastida Ochoa, a quien se le observaba en peligro de ser derrotado luego de la crisis económica y el escándalo del Fobaproa, como al final ocurrió.

Por órdenes del mandatario saliente, Ernesto Zedillo, el director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, hizo un convenio con el Sindicato de Trabajadores Petroleros (Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, entre otros) para entregarle un total de 1 100 millones de pesos (unos 116 mdd), bajo la cobertura de subvenciones contractuales. Esta operación se realizó en varias entregas desde Pemex al sindicato y desde éste, en efectivo, a la Secretaría de Finanzas del PRI, sin que se haya podido saber si algunos de los intermediarios tomaron dinero para su propio peculio.

Durante los años de 2013 a 2015 y posiblemente después, se realizaron muchos convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles, y universidades, centros educativos, organismos no gubernamentales (ONG) y otras entidades para proveerles recursos a efecto de que realizaran estudios, promociones y otras actividades «propias» de la política social del presidente Enrique Peña Nieto, pero sin que se llevaran a cabo en la práctica. El objetivo era desviar miles de millones de pesos de dinero público hacia campañas electorales del PRI, pasando a través de coberturas sociales cuyos operadores se llevaban una comisión adecuada, personas de toda confianza del grupo gobernante y del partido oficial.

Desde el año 2000 ya era más difícil financiar desde el gobierno las campañas electorales, aunque eso se hacía en diversas escalas, en especial en el ámbito local. Lo mismo podía decirse hacia los años 2013-2018.

Para el PRI, el tema consistía en aplicar cuantiosos recursos públicos sin declarar ingresos y mucho menos gastos electorales. El propósito era la compra directa del voto ciudadano. Ese mecanismo se tenía que hacer con dinero en efectivo para evitar escándalos como el de las tarjetas Monex y Bancomer (estas últimas no se investigaron en absoluto), utilizadas con ese fin desde la secretaría de finanzas priista, a cargo de Luis Videgaray, durante la campaña de Peña Nieto en el año de 2012. Fueron también varios miles de millones de origen público y privado.

Pemexgate y Estafa Maestra tienen unas similitudes evidentes. La primera defraudación consistió en una sola operación, aunque el desembolso duró varios meses. La remesa inicial fue utilizada por Francisco Labastida en la precampaña interna. La última, cobrada en efectivo en una sucursal bancaria y transportada en una camioneta blindada propiedad del candidato a presidente, llegó unas semanas antes de las elecciones. La segunda defraudación, la Estafa, duró varios años porque se ideó para financiar sucesivas campañas electorales locales.

No hubo «desafueros» ni juicios penales o políticos en ninguno de esos dos fraudes electorales, hasta ahora.

Por el Pemexgate, el IFE impuso una multa por mil millones al Partido Revolucionario Institucional, confirmada en el Tribunal Electoral con la mínima diferencia de votos, pero sólo por 500 millones, cuyo traslado en efectivo a las oficinas del PRI había sido acreditado por la PGR con testigos del banco y del partido, luego de cobrar los cheques firmados por el secretario de finanzas del sindicato, el candidato a senador Ricardo Aldana.

En el Pemexgate, el gobierno de Vicente Fox,  que había presentado la denuncia, se desistió al firmar un nuevo convenio con el sindicato mediante el cual éste regresaría durante 20 años el dinero desviado, mediante descuentos de algunas prestaciones que la empresa le entregaba a la organización, pero, al mismo tiempo, se elevaban otras subvenciones para compensar los pagos. Ese fue un segundo fraude a Pemex. De esa forma se declaró judicialmente que ya no había daño patrimonial. Fueron exonerados los líderes petroleros, los dirigentes priistas y el entonces director de la paraestatal. Así lo decidió quien era presidente de la República, con la completa satisfacción de la dirección del PAN.

Luego de la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, el PRI se planteó en 2013 el objetivo de obtener el triunfo en las elecciones locales. Había comicios próximos en 14 entidades del país. Fue entonces que dio inicio la Estafa Maestra, hermana del Pemexgate, pero realizada con mayor sofisticación en los métodos, cuantía y dispersión de recursos.

En los años de 2013 y 2014,  las actividades de desvío de fondos públicos con propósitos electorales no se limitaron a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, sino abarcaron también otras diez entidades públicas (Pemex, SCT, SEP, BANOBRAS, entre otras), por un monto de 7.67 mil millones, sin tomar en cuenta las operaciones realizadas con posterioridad, parte de las cuales también forman parte de la Estafa Maestra.

En este caso, las denuncias formales proceden principalmente, aunque no sólo, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y es hasta ahora cuando se han llevado a cabo algunas actuaciones en tribunales. La PGR era absolutamente incapaz de investigar algo que tuviera que ver con las ilegales operaciones electorales del presidente de la República y sus colaboradores.

Por su parte, las autoridades electorales no han actuado, a pesar de los informes de fiscalización y denuncias penales interpuestas por la ASF, con las cuales se podría configurar el desvío de miles de millones de pesos de origen público hacia el PRI.

Existe una lista de 128 empresas usadas por las entidades que recibían los fondos públicos para simular actividades, desempeños y gastos. En efecto, las ocho universidades implicadas y otros entes «contrataban» a esas empresas, las cuales entregaban el dinero al partido oficial o a los candidatos priistas. El entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, definió alguna vez este mecanismo como un «fraude millonario».

Toda la historia de la Estafa Maestra debe ser contada en sede judicial, pero también corresponde al Congreso fincar las responsabilidades de carácter político, tal como se lo mandata la Constitución. Los procesos y juicios que se llegaran a abrir no tendrían que analizarse como venganzas. Hace años que en los juzgados y en las cámaras debieron incoarse los procedimientos legales. No se podía. La situación política es ahora otra. Sí se puede.