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La «quiebra» de Pemex: segundo Fobaproa

Desde un punto de vista meramente formal Pemex está en quiebra porque debe más de lo que tiene. Pero bajo un análisis estrictamente económico, Pemex ha sido saqueado por los gobiernos anteriores.

Esa inmensa deuda externa de la petrolera, que asciende a más de 100 mil millones de dólares, no fue consecuencia de necesidades reales de la empresa, sino de una forma de financiamiento del gasto público improductivo, la cual, por tanto, fue inconstitucional.

Fobaproa-IPAB llegó a alcanzar 100 mil millones de dólares de deuda (un millón de millones de pesos de entonces), por lo que se puede decir que la «quiebra» de Pemex es una nueva versión, sólo que este endeudamiento público no ha sido para cubrir deudas y quebrantos de empresarios y bancos privados, sino para sufragar el gasto de operación del gobierno federal durante los cuatro sexenios anteriores. Sin embargo, ambos fraudes también tienen en común que el pueblo tendrá que pagar.

Como se sabe, el débito gubernamental debe ser destinado a inversiones que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos, excepto reestructuraciones o regulaciones monetarias. Esto señala la Constitución. Para eludir fácilmente este mandato, las sucesivas administraciones mantuvieron muy pesada la «carga fiscal» de Pemex, obligándolo a contratar deuda soberana. Es decir, el dinero que Pemex invertía no venía de sus propios ingresos, lo que hubiera sido natural y nada oneroso, sino de los préstamos.

Si los impuestos de Pemex hubieran sido fijados según el exacto nivel de sus necesidades de operación, mantenimiento e inversión, la empresa no hubiera tenido que contratar deuda, pero el gobierno tampoco hubiera podido financiar sus gastos de operación, los cuales fueron aumentando con enorme velocidad a partir del gobierno de Vicente Fox. En el fondo, se trataba de gasto político.

Se pasaba el dinero de una caja a otra para poder elevar el gasto no productivo mientras la inversión de Pemex se tenía que financiar con créditos en el extranjero, después de saquear todos los días a Pemex. La Ley de Ingresos disponía una cantidad fija diaria que Pemex debía entregar como anticipo del pago de sus contribuciones.

México cometió el mismo error que otros países pobres del mundo: dilapidó sus excedentes petroleros en gastos de mantenimiento político, meramente operativos, de una burocracia costosa y parasitaria, así como en subsidios, muchos de los cuales eran innecesarios. A esto hay que agregar la inmensa corrupción que llevaba ríos de dinero hacia las cuentas de gobernantes, funcionarios y contratistas.

Los sucesivos gobiernos decían que el dinero procedente del petróleo debía ser destinado a cubrir las necesidades de gasto de «todos los mexicanos…». Pero esa afirmación era una mentira. Gran parte del dinero procedente del petróleo se estaba usando en sufragar el gasto administrativo del gobierno, en lugar de usarlo en inversiones productivas, petroleras también. La tolerancia hacia la elusión y la evasión fiscal era menos problemática porque más de un tercio del presupuesto se cubría con los excedentes petroleros. En síntesis, todo fue un esquema parasitario hecho por parásitos.

En los últimos años, ante la crisis de la deuda pública y bajo la política de extinción de la empresa por quiebra total, Pemex tuvo que reducir drásticamente sus inversiones. Cayó la producción y la petrolera fue presentada como el fracaso más grande, aunque corrupción y huachicol seguían hacia arriba.

El nuevo gobierno está ahora entregando recursos frescos a Pemex, ha rebajado parte del pago de sus derechos fiscales y autorizó una reconversión de deuda. Se ha evitado más del 90% del robo de combustibles. Si Pemex continúa invirtiendo para producir más, el fisco podrá ir poco a poco regresándole lo que le debe con el fin de hacer de esa empresa una plataforma de crecimiento y desarrollo.

Al mismo tiempo, la producción de refinados es una tarea de Pemex por una razón: México no debe depender (al menos no casi totalmente como ahora ocurre), de las importaciones de gasolinas y gas porque en el momento en que hubiera problemas en el suministro, la economía del país podría paralizarse. Nadie, en serio, podría sostener que México deba seguir trayendo de fuera el 90% de las gasolinas.

El esquema elaborado por la convergencia política PRI-PAN en la «reforma energética» incluyó el plan para que compañías extranjeras trajeran las gasolinas. Pero eso no cambiaría en nada la situación. Quizá la complicara.

No existe energético más caro que el no se tiene. Así han pensado los estadunidenses desde hace años en su política de alcanzar la autosuficiencia en hidrocarburos. Ya casi lo logran, aunque deban producir petróleo y gas más caros. ¿Y México? ¿En qué es distinto en ese aspecto? Estados Unidos tiene el más poderoso ejército para ir a buscar el petróleo a donde sea, pero eso ni por asomo lo podría intentar México.

Moody´s afirma que Dos Bocas costará más de 10 mil millones de dólares y no los 8 mil calculados por el gobierno, lo cual ha de generar, dice, un boquete fiscal. Se basa en la falta de experiencia nacional en la construcción de refinerías, pero no explica dónde está la experiencia propia de esa «calificadora» de riesgos en la presupuestación de complejos petroleros. Sean 8 mil, 10 mil o más, el gobierno de México tiene que hacer lo que sea necesario, para lo cual no se requieren empresas calificadoras porque no es un asunto meramente financiero sino estratégico, un problema de Estado.

Eso nos lleva a un tema mucho más complejo: más allá de los viejos conflictos regionales históricos, la globalización no está evitando del todo nuevas contradicciones internacionales. Los desbalances del comercio han vuelto al escenario, como lo indica la «guerra» arancelaria de Estados Unidos contra China, así como otras medidas tomadas en contra de diversos países, incluido México.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha recrudecido su capacidad de bloqueo comercial y financiero contra aquellos países considerados como amenazas o sencillamente de gobiernos «indeseables».

Pasar de la «guerra arancelaria» a los bloqueos comerciales y financieros requiere tan sólo un paso. ¿Hasta dónde podrían llegar los conflictos dentro de la modernísima globalización? ¿De qué manera y hasta qué punto se podría descomponer la libertad mundial de comercio y circulación de capitales? En verdad no lo podemos saber, sino sólo sospechar. Por lo pronto, Dos Bocas debe ir adelante y luego averiguamos. Así se trabajan estos temas.

 

La Suprema Corte frente a las remuneraciones escandalosas

Para resolver sobre la Ley de remuneraciones de servidores públicos, la Suprema Corte tiene frente a sí un proyecto para declarar inconstitucional ese ordenamiento. Los y las ministras se encuentran de cara a la Constitución.

Para el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, la ley objetada no contiene lineamientos para modular la determinación del sueldo del presidente de la República. Según él, tiene que haber una «elaboración objetiva» de la remuneración presidencial.

La Ley de remuneraciones ha sido una de las más combatidas por ser chocante a los altos funcionarios, incluyendo a los del Poder Judicial. Durante muchos años, esos servidores públicos se asignaron su propio sueldo. Llegaron a los más altos montos jamás vistos. Hoy, no combaten en realidad la ley de remuneraciones, sino el texto de la Constitución (Art. 127) que les impide ganar más que el presidente de la República porque el sueldo de éste se redujo.

El parlamento moderno empezó asumiendo el «poder de bolsa». Contener al monarca mediante la fijación de los impuestos y la autorización de los gastos. Parece, sin embargo, que ahora se quiere que los gastos corrientes tengan «parámetros» predeterminados, racionalidades técnicas preestablecidas, «métodos de cálculo» definidos. Esto quiere el ministro instructor Pérez Dayán.

Sin embargo, el sistema democrático liberal que se mantiene en el texto constitucional expone otra cosa. A la espera de una democracia directa y participativa, la vigente, enteramente formalista, indica que la política de sueldos la marca la representación popular. El poder de bolsa es exclusivo del Congreso y tiene dos partes: ingresos y egresos. Estos últimos los determina de manera exclusiva la Cámara de Diputados en el Presupuesto, el cual es anual.

Se postula que la política de sueldos la determina el electorado, al elegir a quien mejor propuesta tiene al respecto. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere que las remuneraciones de los altos funcionarios sean determinadas por «parámetros» y mediante métodos «objetivos». ¿Cuáles pueden ser éstos? Si tuviéramos una difícil situación de bajos ingresos y altas deudas tendríamos que bajar los sueldos de los jefes sin pensar en «parámetros». De la misma manera, cuando el pueblo ha votado y nos ha dicho que basta de privilegios, tenemos que bajar los sueldos de esos mismos jefes por el simple dictado del electorado. Cuando es preciso aumentar el gasto social y rebajar las erogaciones operativas, meramente burocráticas, hay que reducir los sueldos de los funcionarios de alto rango para dar al presupuesto otros objetivos. Todo esto es lo que está ocurriendo.

Así funciona el sistema representativo liberal formalista. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere inventar un nuevo sistema tecnocrático y obligar al Congreso a expedir una ley que diga lo contrario, es decir, que los sueldos de los jefes del aparato público se deciden mediante criterios «objetivos» y «técnicos», pero de ninguna manera políticos en el sentido más amplio y exacto del término.

Si así lo dijera al final la Suprema Corte, no podría ser de esa forma porque el país no está para admitir que el sueldo del presidente se defina mediante imposibles «razones» técnicas, lógicamente, por parte de unos tecnócratas. Es decir, aunque se declarara en la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, mientras no se deroguen los artículos 75 y 127 de la Constitución, el sueldo del presidente de la República, el más alto en el Estado mexicano, seguirá siendo determinado por votación en la Cámara de Diputados, cada año, como está establecido desde que se fundó la República.

El ministro Pérez Dayán va más lejos en su intento de echar abajo la ley de remuneraciones. Como dicho ordenamiento fue expedido por la Cámara de Diputados siete años después de que se lo enviara el Senado, entonces es nulo. ¿Qué? Pues sí. Ese ministro ponente pretende hacer que la Corte declare que una ley es inconstitucional porque el Congreso se tardó demasiado en expedirla. ¡Wau! Eso nunca se había visto.

No existe precepto alguno en Constitución, ley o reglamento que prescriba la caducidad de un proyecto enviado desde una cámara a la otra. Jamás. Las normas señalan la «preclusión» de la facultad de las comisiones para dictaminar una minuta procedente de la colegisladora cuando se hubiera agotado el plazo con el propósito de poder discutirla y votarla directamente en el pleno, como se hizo en este caso, pero no existe la posibilidad de declarar desechado un proyecto enviado desde la otra cámara sin la votación de la asamblea, pero, además, para devolverlo a la de su origen. Nadie por su propia decisión puede archivar una minuta o declararla extemporánea, excepto, por lo visto, Pérez Dayán, quien de seguro debió haber leído el artículo 72 de la Constitución cuando era estudiante, pero se nota que no entendió nada.

El ministro instructor dice que la ley de remuneraciones debió haber señalado lo que ya dice la Constitución en un artículo diferente al 127, justamente el 95, en el que se prescribe que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no puede ser disminuidas durante su encargo. Pero ese precepto vigente no requiere reglamentación especial porque es de aplicación directa. Es más, se ha respetado.

Dice el ponente que la ley de remuneraciones ataca la «autonomía presupuestal» del Poder Judicial y de los órganos «autónomos». Esta afirmación es por completo contraria a la Constitución. La Carta Magna dice que los «autónomos» y poderes deben enviar, a través del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, pero no dice que ésta debe aprobarlo como llegue. El poder de bolsa, en su vertiente de egresos, corresponde por entero sólo a los diputados y diputadas. Punto.

Lo que además hace la Cámara es determinar toda «retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley», como le ordena la Constitución. Esto incluye a los integrantes de los órganos «autónomos», preocupados, todos ellos, por mantener sus altísimos e injustificados sueldos.

La llamada «autonomía presupuestal» indica que la administración del presupuesto que le asigna la Cámara a cada ente autónomo y a los poderes Judicial y Legislativo no corresponde al Ejecutivo sino a ellos mismos, sin poder eludir la revisión de sus gastos por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Pero sólo la Cámara puede autorizar sus respectivos montos presupuestales y los sueldos de los empleos señalados en ley. Hagan lo que hagan, así seguirá siendo.

En el fondo de este largo, escabroso y lamentable litigio sobre la ley de remuneraciones se encuentra la aplicación del artículo 127 de la Constitución. Antes, cuando el presidente ganaba lo que quería, sin contar lo que robaba, no había problema alguno. Hoy, el sueldo presidencial es moderado y adecuado a un Estado empobrecido y saqueado. Sí, es políticamente adecuado.

Hay intereses evidentes en este asunto aunque también, podría pensarse, miseria moral de los altos jefes que reclaman inmensos sueldos cuando el país en el que se encumbraron quiere cambiar.

Existen también en la ponencia de Pérez Dayán otras pretensiones de inconstitucionalidad y algunas propuestas que son discutibles, pero el enfoque en su conjunto es inicuo porque propone la subversión de una parte del sistema político de la Constitución pero desde un mal uso del control constitucional que forma parte de ese mismo sistema.

La Suprema Corte de Justicia no puede dictar una sentencia de carácter aditivo, con la cual se agregue algo a una ley. Puede declarar omisiones legislativas pero no legislar directa o indirectamente.

En la situación actual, si la Corte declarara sin razón la inconstitucionalidad de la ley por «omisión legislativa» para tratar de obligar al Congreso a legislar por pedido y lograr así la elevación del sueldo del presidente de la República, la mayoría legislativa le respondería expidiendo el mismo texto vigente porque los elementos que Pérez Dayán quiere que entren en la legislación atentarían contra la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para expedir el presupuesto de egresos e incluir ahí la política de sueldos. Eso no lo podría admitir un parlamento que está tratando de recobrar altura republicana y democrática.

La transformación que se está intentando en el país a partir de la victoria electoral del 1 de julio de 2018 no va a rodar sobre una mesa de billar. Es natural que los conservadores hagan lo que se pueda para, desde sus trincheras, combatir los elementos centrales del dictado de las urnas. La respuesta ha de ser tratar de impedírselos.

España sobre el filo de la navaja

En varios países, incluido México, se ha recibido como un alivio el triunfo del Partido Socialista (PSOE) en España. Sin embargo, de momento, lo que ha ocurrido es el fracaso de las tres derechas que se encontraban en dura disputa entre ellas por acreditar mayor aptitud reaccionaria y, luego, unirse en un nuevo gobierno.

En realidad, el PSOE, con el 28.68% de la votación útil, aunque ha sido altamente beneficiado por el sistema de reparto de escaños, no rebasa con sus 123 diputados y diputadas la suma de las tres derechas que operan a nivel de todo el Estado español (147).

La mayoría del Congreso de los Diputados es de 176. El PSOE está lejos de esta cantidad. No obstante, ese partido ha manifestado que desea un gobierno monocolor, es decir, no busca una coalición de partidos. Quiere llevar a España a una vida política que se curse sobre el filo de la navaja.

Según un análisis entre grandes conglomerados ideológicos (en los tiempos en que ya no hay ideologías sino sólo técnicas, se dice), las izquierdas suman 48.53% de los votos válidos y las derechas alcanzan el 46.85, contando a todas las formaciones con presencia parlamentaria. En escaños, de un lado hay 187 y del otro 163.

El primer problema es que el PSOE y Unidas Podemos no alcanzan la mayoría absoluta, pues suman tan solo 165 de los mencionados 176 que se requieren para lograr un gobierno en primera votación. En una segunda vuelta, se podría tener un gobierno de minoría si acaso se obtuvieran más votos a favor que en contra, con lo cual los grupos parlamentarios que se abstuvieran podrían decidirlo todo, pero la derecha, sola, no podría detener la investidura de un gobierno de izquierda.

El segundo problema consiste en saber dónde están en la izquierda esos partidos valientes que desean un gobierno inestable (PSOE en solitario) frente a una derecha convergente que tendría más escaños que los socialistas.

Caminar por el filo de la navaja querría decir que un gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSOE), sin coalición, podría estar en minoría en cualquier coyuntura, como le ocurría al de Mariano Rajoy y al mismo Sánchez, quien no podía siquiera sacar el presupuesto.

Los peores momentos políticos de España, bajo la democracia, han sido con gobiernos minoritarios. Nunca nada bueno ha salido de ese esquema.

Pero Pedro Sánchez tiene otra tesis. Él cree que puede gobernar con astucia, administrando a un conjunto abigarrado de grupos parlamentarios que, así como pueden converger pueden romper todo pacto. Esta equivocado.  Se sobreestima a sí mismo. No es cuestión de astucia. Hay un país en juego.

El esquema de Sánchez es algo así como un cesarismo o bonapartismo, que consiste en una confrontación política sin solución propia que arroja un poder equilibrador por encima de facciones. El líder del PSOE «no sería de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario»: un Luis Bonaparte que pasó de presidente a emperador. España es un «reino» pero no es para tanto.

El resultado de las elecciones no favorecerá a las izquierdas en tanto subsista su separación. No sólo existe el grave problema de los españoles y españolistas frente a los nacionalismos catalán y vasco (ERC y Bildu), con quienes se podría hacer una mayoría absoluta de izquierda con 184 escaños, sino también el del programa social de izquierda.

Como el PSOE en alianza con Podemos no llegaría a la mayoría, a cada paso debería negociar con otros, pero dentro del plano de la izquierda. Las cosas serían más adversas para España cuando el PSOE, como gobierno monocolor, tuviera que negociar todo con el Partido Popular o con Ciudadanos, dos derechas en competencia para ver cual es más reaccionaria. Esto último está incluido en el nefasto plan de Pedro Sánchez.

Existe entre las bases socialistas un repudio a negociar con Ciudadanos. Quizá eso se vaya diluyendo, pero de esa forma provocaría un vuelco a la derecha en el gobierno de Pedro Sánchez, lo cual sería por completo contrario al dictado de las urnas. Lo que perdieron las derechas en las elecciones sería recuperado con los actos de gobierno de los socialistas.

En el momento en que se abriera una coyuntura, el PSOE habría de ser defenestrado sin que las otras izquierdas pudieran salvarlo. Al final de ese proceso, una nueva elección contendría el riesgo de lo que ya se vio hace poco en Andalucía: un gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el partido más franquista.

Si Podemos no puede abstenerse gratuitamente en la segunda votación para formar gobierno, el voto en contra de aquellas tres derechas (PP, Cs y Vox) sería suficiente para impedir que Pedro Sánchez fuera investido. Habría otra elección, pero luego de un fracaso del PSOE, entendido quizá como incapacidad para sortear la abigarrada composición política española.

El camino de la unidad de las izquierdas, dos de ellas dentro del gobierno y las otras pequeñas en coexistencia constructiva, tampoco es fácil pero, al menos, abriría un camino de reformas sociales y políticas en una España que está hace ya tiempo sedienta de aguas nuevas.