Archivo por meses: abril 2019

El Memorándum de AMLO: de la forma al fondo

Algunos, los conservadores, no se han dado cuenta de que la manera de hacer política está cambiando en aras de que cambie el contenido de la misma, el fondo. No se trata de que ese cambio sea bueno nomás por serlo, pero de que hay cambio, lo hay.

El presidente ha firmado un documento insólito: un Memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como “inconstitucional” por varios opositores y algunos críticos. Un ex ministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto conocido de la autoridad.

Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública más que cuando declaraban: “he dado instrucciones para…”, pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?

El Memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo.

Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente.

La iniciativa original enviada por el Ejecutivo ha sido modificada en un proceso enredado, pero el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados no es del todo el texto que se requiere.

El Memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los “aviadores”, centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos.

El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.

Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el Memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema.

Si esos “especialistas” escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cual es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo en otra época.

Si en lugar de Memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí.

Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si  acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. “Reservar instancia”, se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un principio. Pura forma.

En cuanto a motivar y fundar los textos oficiales, eso opera para las órdenes, decretos, resoluciones, contestaciones y cosas por el estilo, con el propósito de hacer valer los principios de legalidad y certeza. Pero no se puede estar hablando de la misma manera para todo memorándum interno del gobierno. Cuando alguno de los secretarios que recibieron el Memorándum dicte alguna resolución, entonces de seguro dirá bajo qué norma está actuando: así podrán los juristas acartonados tomarse la molestia de ir con los jueces.

Otros han dicho que el Memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan?

Gracias al ruido desatado sobre el dichoso Memorándum, éste ha tenido mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente.

Sin embargo, en política la forma no es fondo; sólo el fondo lo es. Lo trascendente no es la forma de memorándum sino el contenido del texto firmado y, especialmente, lo que se va a hacer.

El desvanecimiento de la OEA

Los momentos más importantes de la historia de la Organización de Estados Americanos han estado vinculados a las órdenes impartidas por el gobierno de Estados Unidos. Se recordará, entre otros muchos, la expulsión de Cuba (“incompatibilidad de regímenes sociales”) y la ocupación militar para derrocar al gobierno constitucionalista de la República Dominicana.

Pero desde aquello que era dramático se ha llegado al ridículo inaudito: una organización de Estados admite como miembro del mismo al Poder Legislativo de un país. La idea de reconocer a Guaidó como Presidente de Venezuela fracasó cuando en la resolución se sustituyó el término República Bolivariana de Venezuela por Asamblea Nacional, es decir, que el país ya no es integrante de la organización sino sólo su Poder Legislativo. Fue Jamaica, el voto 18 que era indispensable para alcanzar la mayoría suficiente, quien introdujo la corrección.

La OEA es ya una organización en la que están en la mesa gobiernos y una asamblea de diputados. Dentro de poco, de seguro podrán ingresar con derechos plenos partidos políticos si acaso eso sirve para llevar a cabo planes intervencionistas.

Hay un tal Almagro, quien opera como Secretario General de la OEA, que se ha dedicado a combatir todo aquello que odia Donald Trump en el continente. Entre los dos están logrando lo que no se pudo antes: llevar a la OEA a su completo desvanecimiento.

Una organización de tan pobre perfil que llega a los extremos de promover golpes de Estado, ya se ubica un peldaño más abajo que cuando admitía los mismos con simpatía. Pero al designar por sí y ante sí al representante de un Estado soberano, como recurso político golpista, conduce las relaciones internacionales hemisféricas al extremo del colapso. En realidad, esa resolución carece por completo de efectos reales, como se dijo luego de la votación.

La OEA no ha sido un foro privilegiado de sus países miembros, pues casi todos ellos han creado instancias regionales para impulsar relaciones políticas y económicas de mucho mayor calado que el viejo “ministerio yanqui de colonias”, como algunas veces le llamaba Fidel Castro.

El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no fue lo que más aumentó la presión sobre la OEA. El mayor problema ha sido el conjunto de derrotas de las izquierdas en varios países. La llegada de gobiernos francamente derechistas en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador ha llevado a la OEA a ser algo parecido a lo que era en los sesentas y setentas del siglo pasado.

México ha tenido históricamente una distancia de la OEA. Casi todos sus gobiernos fueron fríos en tanto que, por nacimiento y desempeño, esa organización estaba más cerca de la doctrina Monroe que de unas relaciones hemisféricas en pie de igualdad. El Estado mexicano nunca necesitó a la OEA,  por lo cual fue uno de los más alejados de la misma.

El embajador mexicano ante ese organismo, Jorge Lemónaco,  ha dicho que la afiliación de la Asamblea Nacional de Venezuela a la OEA es una victoria pírrica de algunos, es decir, que le ha costado demasiado a sus patrocinadores, para empezar, el más completo ridículo.

Nicolás Maduro quizá podrá caer, pero es más difícil que Juan Guaidó, el designado por Trump, llegue a ser realmente presidente. La crisis venezolana no es un fenómeno que afecte al hemisferio y mucho menos a las relaciones internacionales del mundo, como pretenden 50 gobiernos que quieren decidir la coyuntura en el país de Bolívar. Sin embargo, se encuentra sorprendentemente en la lista de conflictos mundiales.

En Europa occidental y central pocos han resistido los requerimientos de la Casa Blanca, pero acá, en América Latina, al menos existen todavía gobiernos con dignidad para negarse a intervenir en asuntos internos de otras naciones. México es uno de ellos.

Mientras, la OEA se ha desvanecido. En horabuena.

Trump, de las amenazas a los hechos

Nadie en el mundo podría concluir que las caravanas de migrantes centroamericanos con rumbo a la frontera con Estados Unidos conforman una “emergencia nacional”. Millones de personas sin visa buscan cada año pasar esa frontera, por lo cual, emergencia no es.

Tampoco se trata de una simple maniobra electoral, muy adelantada porque resta más de un año para la elección presidencial.

El problema consiste en la lucha política que llevan a cabo en Estados Unidos los grupos más defensistas, encabezados por el actual presidente con su lema “primero USA” y “hacer grande a USA”.

Aunque los demócratas son más reacios al libre comercio con México, Trump ya dio por cerrada esa negociación y ahora quiere dos cosas: el dinero para terminar y reforzar el muro fronterizo y la colaboración del gobierno mexicano para detener a migrantes centroamericanos y para recibir a los solicitantes de asilo que logran pasar la línea o el río en busca de ingreso legal a Estados Unidos.

Lo que quiere Trump no puede ser concedido. El Congreso no va a aprobar los fondos requeridos y seguirá combatiendo la decisión presidencial de apropiarse de otros fondos para desviarlos hacia el muro fronterizo. México, por su parte, no dará un golpe de timón en materia migratoria ni firmará un convenio de “tercer país” para hacerse cargo de los migrantes no mexicanos que pisan territorio estadunidense.

Algo podría, sin embargo, obtener Donald Trump con sus resoluciones presupuestales y sus amenazas de “cerrar la frontera” y, ahora, de imponer un arancel extraordinario de 25% a las importaciones de automotores procedentes de México.

Quizá el mandatario estadunidense no sabe de cierto lo que pueda obtener al final de sus actuales confrontaciones, pero sabe que algo tendrá que ser. Que no prosperen, por ejemplo, los recursos judiciales contra sus inconstitucionales decisiones presupuestales, por un lado, y que México acepte mayor cantidad de centroamericanos en su territorio en espera de la resolución sobre su solicitud de asilo, por el otro.

Es por eso que el tono sube y baja sólo para volver a subir. Las amenazas de Trump tienden a poner nerviosos a sus interlocutores. No obstante, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el gobierno de México han aguantado bien las arremetidas verbales de Trump.

Sin embargo, la Casa Blanca está probando suerte con medidas administrativas que hacen que algunos pasos fronterizos se hagan más lentos por falta de suficiente personal. Esta situación no es ya una declaración delirante, como la del cierre total de la frontera, sino un acto muy concreto para ir incorporando a otros actores en una posible escalada de crisis fronteriza. Ahora ya están en el problema importadores y exportadores de ambos países que pueden presionar a los diputados en el Capitolio y al gobierno mexicano.

Con un arancel a los automotores procedentes de México se trataría de provocar una reacción equivalente y, de esa forma, una escalada, la cual ya no se limitaría al tema migratorio sino que sería un problema comercial y, por tanto, industrial.

Hasta el momento, López Obrador no ha caído en las provocaciones de una parte de la prensa mexicana y de un segmento de la oposición política que le exigen rechazos verbales a las amenazas de Trump. Pero las cosas se pondrían un tanto más complicadas si el presidente de Estados Unidos lleva a cabo una escalada, pero ya no de frases sino de decisiones administrativas y comerciales tan reales como duras.

Una guerra comercial no puede ser llevada a cabo por México. Las agresiones que en esta materia puedan ser emprendidas por Trump no tendrían para qué provocar respuestas a la medida de parte de López Obrador, ya que eso sería justamente entrar al juego en el que la Casa Blanca se sabe ganadora.

Por parte de los demócratas en el Capitolio tampoco habrá una defensa militante de las importaciones mexicanas. Por tanto, si Trump convierte sus delirantes amenazas en actos de agresión comercial, México se va a ver solo, por lo cual se requeriría la más amplia solidaridad interna, una especie de inmunidad fundada en la lealtad nacional.

Empezar a pelear internamente sería una fuerte carta de victoria del gobierno de Trump.