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Su propio presente persigue a Venezuela

Ya no hay la menor duda que Estados Unidos lidera una fuerte coalición internacional para derrocar al gobierno venezolano. Durante los últimos años, el desgaste político en el país de Bolívar ha sido constante, de manera que es su propio presente el que lo persigue: ninguno de sus problemas parece tener posibilidades de pronta solución. Da la impresión de que las cosas, a lo sumo, van a empeorar, cualquiera que sea, por lo pronto, el curso que adopte la lucha política.

Venezuela es un país de más de 30 millones de habitantes. No es nada pequeño. Su riqueza natural ha sido sostén de la economía, el petróleo, cuyo volumen de producción sigue en caída a pesar de contar con las mayores reservas en el mundo. El producto interno continúa disminuyendo mientras la inflación anual ya se mide en porcentajes de millones.

Venezuela es un país que en pocos años ha vencido el analfabetismo, brindado medicina, vivienda y escuela a quienes antes carecían de lo indispensable. Ha superado en gran medida la extrema pobreza pero, en tal proeza, se ha empobrecido como país. Esta contradicción no puede ser superada con la sola perseverancia del partido gobernante, sino que reclama un cambio en la política económica.

El centro de la disputa ha sido desde un principio la renta petrolera. Durante décadas, una burguesía triunfante se apoderó de los beneficios del petróleo, compraba todo con esas divisas en Estados Unidos mientras acaparaba el gran comercio, los medios de comunicación, los transportes y otros servicios. Los capitalistas venezolanos han sido los más parasitarios de América desde el destronamiento de los cubanos, hace más de 50 años.

El bipartidismo, posterior a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, impuso una democracia deforme y corrupta en cuyo centro siempre estuvo el reparto de la renta petrolera a costa de la generación de enormes centros de pobreza alrededor de las ciudades. Desde ahí bajaron un día los pobres a apoyar a Hugo Chávez, un militar golpista que había estado varios años en prisión, luego de los cuales no menguó su popularidad. Eso ocurrió hace 20 años.

En 2002, Venezuela sufrió un golpe de Estado en el que se autoproclamó presidente el líder de la organización patronal (Fedecámaras), con el apoyo de la oposición política. La asonada fue derrotada dos días después con el rescate del presidente Hugo Chávez, encarcelado en una isla. Luego se produjo una huelga petrolera ruinosa para el país y, después, un referéndum revocatorio en el cual Chávez fue confirmado. Entre cada uno de esos acontecimientos se producían frecuentemente protestas, campañas, forcejeos, bloqueos, escándalos, fuga de capitales, manipulaciones económicas: la lucha política más encarnizada en el Continente.

Las contradicciones se profundizaron a la muerte del caudillo del socialismo bolivariano. En 2013, Nicolás Maduro llegó a la presidencia con el 50.61% de los votos contra el 49.12% de su contrincante, Henrique Capriles, pero, en 2015, la Mesa de Unidad Democrática, que agrupaba a toda la oposición, obtuvo el 56.3% de la votación para elegir a los diputados. Bajo el sistema electoral venezolano se conformó una mayoría de 112 escaños de un total de 167. Tres lugares permanecieron en condición suspensiva por anulación, los cuales le impedían a los opositores controlar los dos tercios, porcentaje necesario para tomar las resoluciones más trascendentes.

Desde el día de la derrota electoral del chavismo, la unión de los opositores anunció que removería al presidente de la República por la vía de declararlo ausente. Eran los mismos que, 13 años antes, habían participado en el revertido golpe contra Chávez y todos los otros poderes constitucionales. Son los mismos que ahora han vuelto sobre sus propios pasos al declarar vacante la Presidencia del país.

No hay en América Latina una oposición política, organizada en partidos legales, que haya sido más abiertamente golpista que la venezolana.

Entre tanto, la provocación desde ambos bandos ha conducido a la frecuente represión de la fuerza pública y a la prisión política como respuestas que no mejoran en nada la posición del gobierno.

Una de las bases de sustentación de la fuerza opositora sigue siendo la disputa en pos de la riqueza petrolera, aún cuando la renta de ésta ha disminuido. Pero, además, grandes segmentos de la clase media desprecian lo mismo a los trabajadores urbanos que a todos los demás pobres. Los universitarios egresados de las escuelas de medicina se negaban a trabajar fuera de sus ciudades, luego de lo cual el gobierno tuvo que abrir planteles en otras partes con estudiantes de otros lados: hay en Venezuela una furia social poco conocida por su intensidad en el resto del Continente.

El gobierno del socialismo bolivariano se concentró en sus propios proyectos redistributivos mediante el uso de la mayor parte de la renta petrolera, con lo cual desatendió la infraestructura e ignoró casi todo el campo de las inversiones directamente productivas. Al tiempo, se introdujeron las máximas regulaciones sobre casi toda clase de empresas y el mercado exterior. Es entendible que, en tales condiciones, lo que se ha llamado la guerra económica de los ricos tuviera enormes éxitos, en especial cuando el precio mundial del crudo se redujo.

Los capitalistas venezolanos no hubieran alcanzado sus objetivos de boicot económico sin la desastrosa política del gobierno de Maduro. Ya desde antes, bajo los esquemas de utilización de la renta petrolera y de gestión de la economía trazados por Hugo Chávez, la desestabilización y la recesión se apreciaban como algo seguro. Con Nicolás Maduro, ya nadie lo podía poner en duda.

No parece existir, sin embargo, en el seno del Partido Socialista una alternativa política para modificar el camino. Los embates opositores y, ahora, las descaradas conspiraciones extranjeras, llevan al chavismo a aglomerarse detrás de la muralla.

El orden constitucional ha sido roto por una golpista oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional y por un gobierno que desconoce al poder legislativo. Ni los diputados tienen cobertura constitucional para desconocer al titular del Poder Ejecutivo ni el gobierno puede dotar a la llamada Asamblea Constituyente, por él mismo convocada, con poderes que no sean sólo los de redactar una nueva carta magna, de la cual no se ha escrito un solo renglón.

Ningún poder se encuentra operando por entero dentro de la legalidad, excepto las fuerzas armadas que no son un poder constitucional. Este es el dato más estremecedor de la actual crisis política venezolana.

Las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro han sido infructuosas y, ahora, se observan como inviables. Los opositores quieren que se les entregue todo el poder por completo, sin condiciones ni demoras. Pero eso sólo lo podrían hacer los militares, siempre que éstos se encontraran unidos en tal propósito, luego de lo cual podrían empezar las confrontaciones armadas.

Es evidente que la represión, hoy mucho más que antes, conspira contra el represor, el gobierno. Entre más violencia se produzca, entre más peligro de confrontaciones armadas se aprecie dentro y fuera del país, mayor fuerza decisiva tendrán los militares, lo cual es justamente lo que busca Donald Trump.

Un acuerdo podría consistir en la sustitución de Nicolás Maduro por un nuevo vicepresidente ejecutivo, nombrado por el Partido Socialista y aceptado, al menos, por algunas otras fuerzas políticas, pero, para ello, se requerirían negociaciones sensatas y leales, las cuales han sido rechazadas de antemano por el ahora candidato a usurpador y por su patrocinador, el inquilino de la Casa Blanca.

No existe nada en el discurso y los actos de la coalición extranjera encabezada por Estados Unidos que no sea la exigencia de un golpe militar que derroque a Nicolás Maduro e imponga a un tal Juan Guaidó.

¿Un gobierno impuesto por Estados Unidos con el uso de las bayonetas venezolanas, que serían traidoras por definición, tendría algún futuro en la Venezuela de nuestros días? ¿Luego del derrocamiento del gobierno de Maduro y, necesariamente, del Tribunal Supremo de Justicia, podría realizarse en los siguientes 30 días (Art. 233 constitucional) una nueva elección bajo condiciones de normalidad y con un encargado del poder impuesto desde la Casa Blanca?

¿Quiénes, en México, quieren llevar al gobierno de nuestro país a ubicarse en un plano contrario a la Constitución para convertir, por vez primera, al Estado mexicano en potencia extranjera interventora aunque no tuviera que enviar tropas? Que levanten la mano bien en alto para poderlos ver.

Estado huachicol

El robo de hidrocarburos no ha sido efecto de unas bandas delincuenciales que lograban eludir la vigilancia de la autoridad. Ya se ha visto y comentado con amplitud. Es preciso, por tanto, examinar el asunto desde el ángulo del Estado, su estructura y sus formas de gobernanza.

El robo de gasolinas, así como de otros muchos bienes públicos, es parte del funcionamiento del Estado corrupto y sus maneras de gobernar a través de la corrupción directa y el reparto de canonjías, fondos, bienes y resoluciones gubernativas, legislativas y judiciales, a favor de personas con quienes se gobierna, funcionarios y líderes de organizaciones sociales.

El huachicol es una expresión radiografiada de ese Estado corrupto que ha existido en México desde los años cincuenta del siglo XX. La organización estatal funciona mediante repartos, de tal manera que se conforma un sistema de distribución de riqueza pública. Al mismo tiempo, opera mediante la adjudicación de funciones en las cuales es posible el cobro de sobornos.

Bajo este método de gobernar, la corrupción baja hasta los eslabones más finos de la sociedad. Ya no sólo el Estado es corrupto sino que muchas personas entran en contacto con la corrupción y de alguna manera admiten ese funcionamiento estatal.

No existe otro país en el que durante lustros hubiera sido robada todos los días una gran parte del combustible hasta el grado de construir un sistema. Hay muchos expendios que vendían más gasolina robada que la recibida legalmente de Pemex. La corrupción oficial se convertía en privada. Los expendedores recibían un grato descuento pero tenían que aceptar como algo normal y cotidiano que los funcionarios públicos siguieran robando a la nación, sencillamente porque así eran las cosas.

Al mismo tiempo, los transvasadores de los ductos tomaban el combustible de válvulas y vías paralelas construidas o toleradas por empleados y funcionarios de la paraestatal petrolera.

El producto ilegal de las ventas de gasolina se tenía que repartir entre todos los integrantes de la industria del huachicol.

El gobierno estaba al tanto con detalles de ese saqueo, en el cual también participaba la policía. El huachicol ha sido una actividad de Estado.

Cuando se abran al público los mecanismos ilegales imperantes en energía eléctrica y otros bienes y servicios se verá que el problema no se ha limitado a Pemex.

El sistema político de la corrupción que hemos llamado Estado corrupto no es un fenómeno circunstancial ni corresponde a una u otra administración. Como parte integrante de la forma de gobernar, la corrupción ha permeado todo el entramado político y el espacio público. No existe ámbito en el cual la corrupción no se exprese de alguna manera y, por tanto, por lo regular, es ampliamente conocida.

La tolerancia social a la corrupción no sólo ha tenido su base en el reparto de beneficios y en las facilidades que se otorgan, sino principalmente en la ausencia de un relevo en el poder que tuviera como una de sus motivaciones justamente la de desmontar el Estado corrupto. Ahora, por fin, tenemos un gobierno que asume, como parte relevante de su programa, el acabar con la corrupción.

Las tareas políticas para superar el Estado corrupto son muy grandes y diversas, pero todas deben cumplirse. Si no fuera así, el aparato estatal volvería una y otra vez sobre sus mismos pasos, aquellos métodos ampliamente conocidos y arraigados.

No hay derecho de fallar.

Ahora se propone “activar” la suspensión de garantías

En las audiencias que ha convocado la Cámara de Diputados se ha propuesto “activar” o “reglamentar” el artículo 29 de la Constitución, con el objeto de encarar el problema de la violencia y la intervención de militares en funciones de policía.

Lo más llamativo y sorprendente es que esa propuesta ha procedido de defensores de derechos humanos, los cuales coincidieron en dicho planteamiento durante la audiencia de la mañana del jueves 10 de enero en San Lázaro.

El artículo 29 de la Constitución fija la regla para “restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías”. Ni más ni menos. Cualquiera supondría que un defensor de los derechos humanos siempre estaría en contra de decretos para limitar libertades. Ahora, por lo visto, estamos empezando a caminar sobre un sendero de lo nunca antes visto… ni imaginado.

Ese artículo constitucional está redactado para hacer frente a invasiones extranjeras o revoluciones armadas internas: la guerra de verdad. Es difícil entender de qué manera sería aplicado ahora con el propósito de continuar esa “guerra” declarada hace 12 años por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Las personas que están proponiendo “activar” una declaración de “invasión” o “perturbación grave de la paz pública” se manifiestan, al mismo tiempo, en contra de la creación de la Guardia Nacional y la incorporación a ésta, por un tiempo limitado, de efectivos procedentes del Ejército y la Armada.

Ya se ha repetido que esa Guardia sería un cuerpo policial civil dirigido desde la secretaría de seguridad, aunque con disciplina militar, a diferencia de las corporaciones policiales que hemos tenido hasta ahora y que infortunadamente han fracasado en el cumplimiento de sus funciones básicas.

Mas no se está pensando en una institución para reprimir las protestas sociales y políticas con el pretexto de garantizar “la paz pública” o “el orden público”, ya que estos conceptos no serían parte de las funciones de la Guardia Nacional. Esto quiere decir que la propuesta de creación de ésta se encuentra absolutamente alejada de todo lo que tenga que ver con restricción o suspensión de derechos y garantías o con represiones en contra de manifestaciones populares.

Entre la “activación” del artículo 29 de la Carta Magna y la idea de formar una Guardia Nacional no existe contacto alguno porque sendos elementos se ubican en los extremos propositivos: la primera serviría para cercenar libertades de la gente, mientras que la segunda estaría buscando exclusivamente que esa misma gente pudiera vivir sin tantas amenazas a su propia seguridad.

Sin embargo, la presencia y dirección temporal de efectivos del Ejército y la Armada en la nueva Guardia Nacional, es algo que crea justificada desconfianza. Esto se debe a que, por definición, la seguridad pública es una función de instituciones civiles. El problema es que hoy en día el país adolece de un notorio déficit de policías que efectivamente lo sean. Tampoco, por otro lado, se puede retirar súbitamente al Ejército y a la Armada de muchos lugares del país acosados por una exacerbada crisis de violencia.

La idea es que los militares regresen a los cuarteles y que exista suficiencia en los cuerpos policiales. Esto conlleva la condición de que la policía deje de ser parte del sistema de corrupción que ha imperado, pues, si no fuera así, todo seguiría igual o peor por más agentes de policía que ingresaran al servicio.

El proceso de transición entre una Guardia Nacional con una fuerte presencia de soldados y marinos, y aquella que se busca formar como institución de policía civil profesional, disciplinada, inspeccionada y controlada, no podría ser tan rápido como se quisiera. Por tanto, lo que principalmente se debate en la Cámara de Diputados es de qué manera y con qué plazos tendría que darse esa transición.

Pero lo que está por completo descartado es “activar” cualquier mecanismo para “restringir” o “suspender” el ejercicio de derechos y garantías constitucionales.

El modelo mexicano de seguridad pública ha fracasado

De momento no existe la Guardia Nacional proyectada por el actual gobierno. Lo único que hay es un dictamen favorable en la Cámara de Diputados que aún no ha sido consultado al pleno. Pero, con o sin proyecto, el problema de la inseguridad pública y la emergencia de violencia es básicamente el mismo.

La Guardia Nacional no va a acabar con ese fenómeno que tiene ya más de 20 años. Cuando la violencia delincuencial se desborda, los cuerpos policiales se convierten en partes integrantes del problema, ya que éstos profundizan su corrupción y son puestos al servicio del negocio ilegal.

La solución mexicana resultó un fracaso. El Ejército y la Armada fueron volcados a las acciones contra la delincuencia organizada durante 12 años, supuestamente al lado de la policía. En lugar de tener un cuerpo policial federal se tenían tres: dos militares y uno civil aunque con frecuencia a cargo de militares, más otro en cada entidad federativa. Ninguno de ellos podía hacer lo necesario porque la política social no estaba en dirección de la lucha contra la delincuencia organizada, con lo cual seguía creciendo el resentimiento en el que se anida el fenómeno criminal.

Además, el Estado mexicano siguió considerando la prohibición legal de las drogas como algo ineludible. Aunque el consumo en sí mismo no es en México un delito, los cuerpos de seguridad lo siguen prohibiendo en los hechos y cobrando mordidas. Además, las cárceles están llenas de jóvenes consumidores o narcomenudistas, así como de campesinos productores. El resultado es un desastre.

El proyecto de Guardia Nacional no está hecho para resolver todos estos grandes y penosos problemas. De lo que se trata es de conformar paulatinamente un cuerpo de seguridad federal, estrictamente una guardia, capaz de convertirse en institución civil al servicio de las personas, pero sin tener como funciones las de preservar el orden público.

Desde algunas instituciones ya existentes se tendría que empezar a construir esa guardia. Durante los próximos cinco años, aunque, si es posible, antes –dice el dictamen aprobado en la Cámara—, la nueva Guardia tendría que ir pasando de un mando a cargo de miembros del Ejército y la Armada a otro de personal formado en la nueva institución.

Así tendrían que volver a los cuarteles los integrantes de las fuerzas armadas que ahora se dedican a trabajos de policía. Mas la nueva Guardia no se quiere sólo para la emergencia sino para contar con un cuerpo de seguridad que cubra el territorio del país, mientras que los cuerpos de policía federal, local y municipal se dediquen a resguardar instalaciones públicas y lugares de habitación, lo cual supuestamente siempre ha sido su deber.

El combate a la delincuencia organizada tendrá éxito cuando sea derruido el Estado corrupto, se reoriente la política de todas las entidades del Estado nacional hacia el bienestar social y el trabajo, se distribuya de otra forma el ingreso y las funciones públicas se orienten hacia el beneficio de la gente. Dentro de esto, un punto, sólo uno, es el contar con cuerpos profesionales de seguridad que no sean corruptos.

Una parte de la oposición hubiera querido que el nuevo gobierno y la nueva mayoría legislativa se cruzaran de brazos, decepcionaran, se pusieran a repetir lo mismo.

En cuanto a la política económica y social, en lo referente a los nuevos sistemas democráticos de toma de decisiones y en lo relativo a la creación de nuevas instituciones de seguridad pública debe aplicarse el programa que tuvo el apoyo mayoritario en las elecciones. Hacer caso a esa oposición que busca que todo quede igual que antes sería una desobediencia del mandato ciudadano.

Si la oposición considera que las propuestas de la nueva fuerza gobernante son peores que las implantadas por ellos en otros momentos, ese es su derecho, su privilegio. Que la oposición se oponga es lo más normal. Lo que no se puede admitir es el argumento que consiste en que lo nuevo debe ser lo mismo que antes.

El fracaso del modelo mexicano de seguridad pública ya no requiere demostración.

EZLN: 1 de enero de 1994-2019

Hace 25 años hubo en México una rebelión en contra del neoliberalismo impuesto desde arriba sin consultar a la nación y en contra del priismo represivo y antidemocrático. No fue el único pronunciamiento, sino el que asumió el carácter de lucha armada. Como tal duró poco, sin embargo sus protagonistas directos se han mantenido armados y más o menos sitiados durante estos 25 años.

El EZLN es un agrupamiento político-militar integrado por indígenas de varias etnias chiapanecas, pero no elaboró por sí mismo un programa propiamente indígena. Sus planteamientos se refieren siempre a la pobreza, el atraso, la falta de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, de los habitantes del país.

Sus referencias a la pobreza, como las repetidas en la celebración del 25 aniversario en La Realidad, son las mismas porque la situación no ha cambiado durante ese lapso. Pero tampoco se ha modificado el programa ni el análisis básico de la situación política de México que realizan los dirigentes del EZLN.

El planteamiento más fuerte de la reciente celebración ha sido el rechazo del EZLN al nuevo gobierno, al que se acusa de tramposo y mañoso, pero se agrega que éste busca destruir a la organización zapatista.

Un planteamiento obligadamente novedoso del discurso del EZLN es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, se considera un tanto diferente al que encabeza Andrés Manuel López Obrador (nombre que no consideran oportuno mencionar, según han dicho): “qué lástima que le hacen caso al que está ahí engañando al pueblo”, se lee en el discurso oficial de la celebración en La Realidad.

La rebelión detenida por el cese al fuego impuesto bajo presión popular e internacional por parte del gobierno de Carlos Salinas, llevado después a una ley, siguió siendo de alguna manera rebelión, pues el discurso de Marcos influía en las izquierdas, en segmentos de la juventud y entre los pueblos originarios.

Sin embargo, desde hace años ya no se ha podido decir lo mismo. La rebelión zapatista es uno de los pocos datos políticos congelados que existen en el México actual. Si ese movimiento armado y sus modos de propaganda y organización posteriores eran una forma de lucha política, es decir, por el poder, en la actualidad ya no lo son.

Han escrito los líderes del EZLN: “hemos visto que estamos solos; lo que hemos logrado ha sido con nuestro trabajo y esfuerzo, con nuestros errores”. Esto es cierto, aunque habría que precisar que lo hecho por la dirigencia y el pueblo zapatistas ha sido una elevada obra de organización, entereza y firmeza. Mas el problema consiste precisamente en que la lucha política no se emprende con el objeto para dejar las cosas como estaban antes.

Según el EZLN, en su entorno y en el país siguen igual la miseria, la desigualdad y la injusticia. Así es; quizá sean mayores. Pero no se encuentran en la reciente proclama de los zapatistas algunas vías de acción para combatir esos factores socioeconómicos y políticos tan lacerantes. Sólo se halla el mismo razonamiento tendiente a resistir, aunque ahora frente al nuevo gobierno federal.

No debería ser motivo de discusión la indispensable independencia política y la integridad orgánica del EZLN. En este campo, cualquier gobierno puede ser una amenaza, sin exceptuar al actual. Tampoco podría alguien dudar del carácter crítico del discurso de aquellos y aquellas que se rebelaron la madrugada del 1º de enero de 1994.

Pero ya llevan tiempo estando ausentes las pautas zapatistas para continuar en aquella lucha, gigantesca por sus objetivos e inesperada por su forma, que esa admirable organización inició hace ya 25 años.

Hay algo nuevo y mejor en eso que acaba de hacer una mayoría popular mexicana. Soslayarlo podría servir para sufrir menos por parte de quienes han perdido poder y privilegios. Mas el pensamiento crítico, por otro lado, siempre debe serlo y… demostrarlo. O sea, conocer el pasado, analizar el presente y usar los prismáticos para alcanzar a ver el futuro.