Archivo por meses: noviembre 2018

Omisiones escandalosas

La falta de lectura o comprensión de los textos legislativos suele generar más escándalos que las rigurosas crónicas de los hechos y de los dichos. La reciente ley de remuneraciones ha generado más notas escandalosas que muchas otras noticas sólo por la omisión de la lectura del texto legal y, en consecuencia, del relato de su contenido.

Si así va a seguir la comunicación social cuando vengan otros muchos decretos que tiendan a subvertir el viejo Estado corrupto y el antiguo sistema de la democracia formalista, México entero vivirá en el escándalo provocado por la ignorancia.

La ley de remuneraciones estuvo congelada más de seis años. En total, el Congreso llevaba ya nueve años en omisión legislativa. Sus detractores han dicho que está mal, que tiene contradicciones y antinomias, que es inaplicable, que generará muchos amparos, que es un caos. Pero nadie ha dicho por qué. Sólo se afirma que en lugar de Unidad de Medida y Actualización dice salario mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hubiera sido aprobada hace seis años, como era obligado, durante varios años habría tenido ese “defecto” y seguiría con el mismo, tal como también lo tienen todas las leyes que fueron expedidas antes de que se creara el UMA y se eliminara el DF. La vigencia de las normas no se afecta con los cambios de denominación. Para eso se generan disposiciones transitorias en los decretos legislativos.

Muchos comunicadores reprodujeron la especie de que la nueva ley de remuneraciones indicaba los sueldos de algunos funcionarios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple suposición.

La falta de lectura del decreto lo convirtió en lo que no era y le restó relevancia a lo que efectivamente contiene.

La ley de remuneraciones define lo que éstas son y señala lo que no son. Ya se acabó el tiempo en que la segmentación de conceptos escondía lo que en realidad percibe cada servidor público. Todo lo que se paga, en efectivo o en especie, es remuneración y ésta se encuentra sujeta a las mismas normas.

La regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República tiene 9 años vigente, se encuentra en el artículo 127 de la Constitución, pero algo nuevo de esta ley es que ya existen sanciones aplicables en el caso de que tal precepto no se respete.

No recuerdo a ningún comunicador social que se haya dado cuenta de que el decreto contiene también sanciones administrativas y unas adiciones al Código Penal Federal.

Pero hay otras omisiones informativas. Algunos conductores de programas radiofónicos han estado preguntando que quién determina la remuneración del Presidente de la República, el cual es el salario máximo en el Estado mexicano. Parece que no se recuerda que es la Cámara de Diputados la que lo fija cada año, junto con muchos otros, desde 1824.

Si la ley de remuneraciones durmió el sueño de la congeladora legislativa fue porque es odiada por quienes tenían el control del termostato, los partidos del PRIAN. Esos no han estado de acuerdo con la regulación de los sueldos de la alta y dorada burocracia que durante décadas ha dispuesto de los recursos públicos para establecer las remuneraciones más altas y las pensiones más ofensivas.

Entre las omisiones informativas se encuentra el carácter ilegal de los pagos a ex directores de la banca del Estado, quienes gozan de pensiones otorgadas por los órganos de gobierno de las instituciones pero en contravención del artículo 127 de la Carta Magna.

Como no existía ley reglamentaria y, por tanto, tampoco sanciones, se podía seguir cobrando pensiones y sobresueldos sin admitir el imperio de la Constitución. Con esa ley, tildada de absurda, ya no será tan sencillo seguir cobrando lo que está prohibido.

Las pensiones de los ex presidentes en realidad nunca estuvieron establecidas en una ley o decreto legislativo, sino que se ubicaban en una partida del presupuesto de la Presidencia para repartir dinero entre aquéllos y sus viudas. Esto ya resulta insostenible a la luz de la nueva legislación.

La prisa de la mayoría de la Cámara de Diputados para expedir la ley de remuneraciones era legítima en tanto que ésta es necesaria para proyectar el presupuesto de 2019. Regresarla al Senado para que dijera Ciudad de México en lugar de Distrito Federal y cosas por el estilo hubiera sido un despropósito.

El insólito acontecimiento de que casi todos los medios de comunicación hubieran compartido la tesis del apresuramiento infundado no es más que expresión de las ganas de presentar a la nueva fuerza gobernante del país como inexperta o acaso voluntarista y necia. ¿Por qué no se criticó mejor la congelación del proyecto y la omisión legislativa que duró nueve años? Eso también se llama omisión informativa.

El primer decreto legislativo de la nueva mayoría parlamentaria ha sido presentado como parte de un escándalo pero sin escudriñar su contenido. Mas como se trata de la primera de una serie de reformas que habrán de venir como expresión de un programa ofrecido en las recientes elecciones, acaso podría pensarse en que la producción legislativa deberá encarar el escándalo por vías de las omisiones informativas.

No ha de ser sencillo para los medios de comunicación ubicarse en la nueva realidad política mexicana. Gran beneficio obtendría la nación si se rescatara del olvido la crónica parlamentaria.

Aversión a la democracia

La consulta popular constitucional sólo se puede realizar el día de elecciones (art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca a solicitud del presidente (en funciones) o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su legitimidad; el INE las organiza. También puede activar el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible convocar a una consulta constitucional sobre la construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron entender que con la convocatoria a la consulta sobre el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba usando un método propio de la oposición en un país sin consultas legales. El presidente electo y la nueva mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya como presidente, hubiera tenido que esperar dos años y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la consulta, pero fingen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto “fabuloso” e igual negocio, el problema político medular es el método para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la consulta, en realidad tienen aversión hacia todas ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces en materia fiscal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta ciudadana, como método, es indeseable porque el sistema de democracia formalista, puramente representativa, se podría venir abajo con la aplicación de métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los sistemas que admiten la democracia directa no cancelan las elecciones periódicas, pero fingen ignorancia. Las consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del formalismo representativo ya no sería el único y que la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin consultar a nadie pero, además, era económicamente lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta popular como método de gobernar, se ha abierto otra discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? ¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar de éstas, necesitamos una infraestructura productiva que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente centralización de las conexiones aéreas o debemos promover interconexiones múltiples en las diversas regiones? ¿Necesitamos un “fabuloso” aeropuerto en una sola ciudad para promover inversiones productivas o requerimos una extensa infraestructura de trasporte terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una muestra de las extraviadas políticas económicas de los neoliberales, muy dados a realizar actos de relumbrón que no sirven para promover crecimiento y redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso del poder para fomentar fabulosos negocios privados. Hay que buscar caminos diferentes.