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¿Quién debe aprobar los sueldos?

Durante muchos años, los más altos jefes del aparato estatal mexicano se han otorgado a sí mismos sus respectivos sueldos. Al principio, el presidente de la República finalmente los aprobaba, pero llegó un momento en que en los poderes judicial y legislativo, así como en el sector paraestatal, los mismos jefes decidían con libertad.

Las compensaciones, estímulos, prestaciones, ayudas, pago por riesgo, seguros de gastos médicos, separación, retiro y, al final, el “sueldo base”, formaron parte de los muchos conceptos en los que se ha dividido la remuneración de los jefes.

En el sector paraestatal existen indemnizaciones y pensiones ilegalmente otorgadas a personas que pasaron por los puestos directivos y salieron con sueldos vitalicios.

Una de las características del Estado corrupto es justamente la discrecionalidad en el otorgamiento de sueldos, bajo numerosos conceptos, que llevan a la conformación de una alta burocracia muy bien pagada y, consecuentemente, comprometida con una política patrimonialista de la función pública.

Este sistema genera unas relaciones de poder en las que personas y grupos se imbrican entre sí como detentadores de los altos puestos, se forman capillas y se construyen relaciones de complicidad: surge un monopolio de la función pública. Por ello, algunos hablan de “clase política” y, ahora, también de “tecnocracia” del Estado.

Altísimos sueldos no es lo más redituable del sistema, lo sabemos, sino toda clase de actos corruptos, moches y mordidas, así como el robo directo de fondos, pero es una expresión institucional aparentemente legalizada.

¿Quién debe aprobar los sueldos? Según la Constitución, esta facultad corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas, aún cuando se trate de los ayuntamientos. Nada más. Ahí está el poder de bolsa del Estado. Lo demás siempre será propuesta, pero no autorización. Sin embargo, en México no está vigente el Estado de derecho, sino que hay una realidad que no es legal. Digamos que es lo único funcional, hasta ahora.

La aprobación del nuevo artículo 127 de la Constitución, sobre el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, en realidad no cambió nada como no fuera la nomenclatura en algunos presupuestos. Como el proyecto de ley reglamentaria, aprobado en el Senado, sigue congelado en la Cámara luego de siete años, muchos funcionarios se niegan a obedecer las reglas constitucionales con el pretexto de que no hay legislación secundaria, la cual no sería indispensable aunque sí es necesaria.

Ya es inminente la aprobación de dicha ley federal de remuneraciones, que tiene que verse como eslabón de una nueva política administrativa y, se piensa, debería reproducirse en las entidades federativas, tal como lo marca el mismo artículo 127 constitucional.

Esa nueva política debe promover la reducción de gastos de operación innecesarios, incluyendo las remuneraciones de los jefes.

El “sueldo base” siempre es moderado. Por ejemplo, en la Suprema Corte, donde se encuentran las remuneraciones más elevadas, dicho sueldo es de 54 mil pesos al mes, antes de impuesto, apenas el 13.73% de la mensualidad de cada uno de los once ministros y ministras, a lo que se agregan 7 conceptos de “prestaciones” diversas por un subtotal de 1.3 millones al año, más 853 mil pesos anuales de “pago por riesgo”; todo eso para cada cual.

Al comenzar a bajar desde la cumbre del abuso, las remuneraciones van siendo menores pero contienen los mismos conceptos e injusticias.

Existen dos seguros que son los más extracontractuales y recientes: de separación y de gastos médicos, pero se les cubren a quienes también son objeto de cuotas “patronales” de seguridad social. El Estado paga doble cuota, la institucional y la de seguro privado. Los restantes trabajadores no tienen esas prestaciones adicionales. El seguro médico privado cuesta más de 5 mil millones al año sólo en la administración pública federal y el de separación consiste entre el 8 y el 12% de la remuneración, es como un aumento mensual automático. ¿Por qué sostener una política estratificadora, discriminadora e injusta?

Hasta ahora, la Cámara de Diputados ha dejado pasar casi todo, ocupados muchos diputados en aumentar el estimado de ingresos con el fin de repartir el “excedente” en proyectos dirigidos, para luego proceder a cobrar los “moches”. Pero eso ya se va a cerrar.

En lo que no se debe caer es en una asignación de remuneraciones según criterios sueltos o de momento. Se trata de implantar una nueva política de administración y no de ejecutar un plan de recortes.

Las remuneraciones de cada nivel deben estar en función de la responsabilidad implícita y la habilidad requerida. Asimismo, la política salarial debe combatir el criterio estratificador de antes, con el propósito de empezar a romper el carácter estamental de la alta burocracia del Estado y contribuir a restarle autonomía.

El punto político central del plan de reforma de la administración pública consiste en que las decisiones presupuestales del Estado empiecen a ser escrutadas por la opinión pública, no sólo mediante la transparencia en lo que ya se ha avanzado algo, sino respecto de sus motivos, alcances y objetivos.

La administración pública es parte integrante de lo que se llama política y, por ello, debe concentrar la atención de la ciudadanía. Esa es la idea.

Poder de poderes

La tradición política republicana en México es el predominio avasallador del Poder Ejecutivo sobre todo otro órgano del Estado.

Es a esto a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando renuncia a esa herencia en su discurso en el Tribunal Electoral. Mas eso no significa que el sistema político de la Constitución consigne la existencia de una “separación” de poderes y ni siquiera se habla ahí de “contrapesos” y otras expresiones que corresponden más bien al lenguaje coloquial. “Los Poderes”, de los que habla la Carta Magna, constituyen el “Supremo Poder de la Federación” (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado es uno sólo, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o solamente bélicos.

Conforme a la doctrina constitucional que prevalece en México y al texto mismo de la Carta Magna, la única rama del poder que puede legalmente remover a los integrantes de las otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es el Congreso. Al presidente, que no es sujeto de juicio político (espero que siga sin serlo), también se le puede remover a través de un juicio, pero de carácter penal (art. 108, 2º y 111,4o), a cargo del Poder Legislativo.

La realidad, sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras del Congreso no se encuentran en manos de un solo partido como para ejercer esas altísimas facultades. Se requieren votaciones de dos tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa mayoría. Sólo varios partidos podrían remover y sustituir al Poder Ejecutivo y al Judicial, incluyendo a los gobernadores del Banco de México, a los organismos llamados autónomos o independientes y al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ese tamaño es el poder que la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.

Quienes representan a la Nación son los que, llegado el caso, pueden tener el poder de poderes, llevado éste a la remoción de todos los demás, pero no siempre para dar órdenes directas al Ejecutivo, excepto en situaciones y momentos definidos en la ley.

Con dinero, decretos, concesiones, nombramientos y amenazas, el presidente de la República ha controlado por completo a su propio partido, según la tradición mexicana. Durante décadas ése tenía la mayoría calificada. Como esto es lo que se quiere eliminar, entonces podríamos entrar a una situación en la que el presidente sea el líder político de su partido y tome en el seno de éste las decisiones políticas más importantes que tuvieran que ser impulsadas en el Ejecutivo y en el Legislativo. Como dentro de las formaciones políticas ya se discute, se comparte, se negocia, se rivaliza y se toman acuerdos, ese partido del presidente podría empezar a ser partido de verdad.

Dice Andrés Manuel que no tendrá palomas ni halcones, en clara referencia a que nadie podrá actuar en su nombre más que en forma oficial. Quizá lo anticipe porque ya se observan intentos de algunos muy listos de pasar supuesta consigna del Presidente Electo por debajo del agua o con simples insinuaciones. Así ha operado el viejo sistema y hasta en ese punto es preciso cambiarlo todo.

Ha dicho también López Obrador que no será tapadera de nadie. El Congreso, por su parte, tampoco tendría que serlo. Esto abre la posibilidad de que las cámaras ejerzan a plenitud sus facultades de control político que son muchas y relevantes, sin entrar en mecanismos de encubrimiento o complicidad. No importaría que dicho control afectara a secretarios de Estado y personas allegadas al presidente de la República: nadie tendría su tapadera, ni siquiera AMLO.

Lo que sería por completo desastroso es que no hubiera diálogo y negociación políticas entre los integrantes de la fuerza que ha recibido el mandato de cambiar el viejo sistema y buscar su sustitución radical. En el nuevo esquema, presidente y partido no deben estar lejos o cerca, extremos de los cuales antes se hablaba, sino ser un mecanismo de decisiones, ya que los objetivos generales se conocen, mas las formas, tiempos y maneras tienen que ser definidas a cada paso.

Si se quiere que los propósitos del 1 de julio se conviertan en realidades, la nueva disciplina debe basarse en la solidaridad, la cual implica igualdad y apertura políticas, sin secretos, insinuaciones, seguidismos, lecturas de pensamiento ni engaños.

Sería un error convertir a Morena en una agencia electoral, sin vida propia, sin opinión ni manera de actuar con sus gobiernos y grupos parlamentarios.

Los partidos no deben ser sólo para hacer campañas sino para elaborar ideas y luchar por ellas, para asumir la responsabilidad de marcar un rumbo. Por su lado, los gobiernos no son aparecidos incidentales sino que surgen de formaciones políticas más o menos estables; rara vez proceden de un independiente, en cuyo caso, ése de seguro forma un partido de cualquier estilo.

El país requiere una fuerza política de relevo que sea verdadera, es decir, que no conforme un club de negocios sino un sistema para expresar objetivos y métodos con transparencia y honradez. La esencia de un partido es su programa, el que sea, pero verdadero; es la expresión de ideas e intereses de grupos y clases. He aquí una tarea para hacer historia.

Hay temas legislativos mayores

Hay temas que acaparan la atención en los medios y redes sociales. Son los de sueldos, delegados del gobierno federal en los estados y uno que otro futuro nombramiento en el Ejecutivo.

Ya se sabe, a pesar de brincos, que los más altos sueldos de la administración pública van a ser rebajados; que ya no se cubrirán las pensiones ilegales y abusivas de los ex directores generales del sector paraestatal (art. 127), así como de los ex presidentes y sus esposas y viudas; que no habrá compensaciones escondidas; que los tabuladores serán verdaderamente públicos; que nadie podrá cobrar más de lo que tiene legalmente asignado (art. 127). Ya se sabe también que se van a cancelar las plazas de confianza creadas para complacer a amigos y cómplices, y que, en lugar de centenares de delegados del gobierno federal en los estados, sólo habrá uno por entidad. Por último, todos tenemos la información de que los cargos que no requieren confirmación parlamentaria, son de la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

Pero hay temas legislativos mayores que casi no se están mencionando aunque se sabe que el Congreso abre sesiones el 1 de septiembre.

La Cámara de Diputados debe clausurar el departamento de regalos, a través del cual se agregan al presupuesto federal asignaciones al margen de toda meta y objetivo, es decir, sin programa alguno. De esa práctica vienen los “moches”, cuando quien metió el concepto en el Presupuesto pasa a cobrarle al que está recibiendo el recurso.

Al mismo tiempo, el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos debe ser exclusivamente para aumentos de sueldos durante el ejercicio y ajustes de partidas ya incluidas en el mismo. El gasto discrecional debe ser sustituido por una política de modificación de programas y partidas sólo mediante ajustes propiamente presupuestales. En una frase, los gastos secretos del Presidente deben ser cosa del pasado, lo cual ha de ser un paso de gran calado en el combate al Estado corrupto que ha prevalecido en México.

El primer paso en materia salarial es asegurar que los incrementos anuales a los mínimos general y profesionales siempre se fijen por encima del aumento de precios registrado en el año anterior más un porcentaje que compense lo que durante los 12 meses anteriores se hubiera perdido por la inflación. Así mismo, ¿de qué tamaño debe ser el aumento de precios para obligar a un incremento antes de que se cumpla el año de su vigencia? La ley debe señalarlo, en lugar de que, como ahora, lo decida el gobierno.

Uno de los primeros puntos que deben cumplir los legisladores es eliminar su propio fuero y el de los demás políticos poderosos, lo que implica ponerlos a nivel de cualquier persona susceptible de ser sometido a proceso penal, si acaso llegaran a existir causas para ello. Esto es tanto más importante porque la eliminación del fuero se aplicaría también en delitos cometidos antes de asumir el cargo.

En cuanto al presidente de la República, éste puede ser ahora sujeto a proceso por delitos del orden común (art. 108, 2º ), pero sólo por parte del Congreso. Lo que ahora es preciso modificar es que se puedan abrir en su contra procesos penales en los tribunales ordinarios.

Lo que es aconsejable cuidar es que los titulares de los poderes públicos no puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se les someta a un proceso penal, sólo con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de tales poderes y evitar golpes de Estado por la vía policial-judicial. Sería un sistema semejante a la libertad bajo fianza a la que tiene derecho cualquier procesado. Luego de la condena, se revoca la inmunidad, se remueve del cargo y se ejecuta la sentencia. Este mecanismo impediría la impunidad, lo cual es la parte más importante.

Si el Ejecutivo “no va a ser tapadera de nadie”, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el Congreso tampoco debería serlo. Las comisiones investigadoras de las cámaras nunca han llevado a cabo su cometido porque están limitadas al sector paraestatal y carecen de capacidad para hacer comparecer a cualquiera bajo protesta de decir verdad. Una reforma en esta materia es urgente para trasparentar el funcionamiento del Estado mexicano, incluyendo contratos y cuentas, a través de mecanismos políticos permanentes y viables. Habría que inscribir a México dentro del control parlamentario que existe en muchos países, lo cual implica abrir todo lo público al escrutinio.

Como está ahora el calendario de sesiones ordinarias, el Congreso no va a poder agotar sus agendas legislativas y ocurrirá lo que ya hemos visto: nunca hay tiempo de discutir los temas más importantes que se dejan para el final. Además, no es aceptable que los legisladores trabajen 5 meses y medio pero cobren doce. Es fácil concluir que se precisa ampliar ese calendario.

Es necesario introducir en la Constitución la revocación del mandato de los cargos ejecutivos de elección popular, lo cual sería una nueva forma de resolver problemas políticos por vías civilizadas y populares, dos de las condiciones básicas de un sistema democrático.

En cuanto a las consultas populares, se requiere impedir que éstas sean arbitrariamente impedidas por la Suprema Corte, como ocurrió con la llamada reforma energética. En realidad, la Carta Magna sólo impide poner a consulta el presupuesto, las tasas impositivas y el financiamiento público. Así se convino en el Congreso y eso es lo que quiere decir el texto vigente. Ahora, es preciso remontar aquel percance de la democracia participativa y poner las cosas en su lugar.

En el plano fiscal no habrá aumento de tasas impositivas ni nuevos impuestos. Sin embargo, existe una lista de pendientes sobre aquellos decretos que el Ejecutivo ha emitido, por encima del Congreso y de la Constitución, para perdonar a algunos privilegiados el pago debido de sus contribuciones. Por motivos de justicia, no convendría dar largas al tema, pero también para no permitir que las políticas de otorgar privilegios sigan como si nada.

Se tiene que revisar de inmediato la reciente ley de propaganda oficial y volver a los proyectos anteriores para asegurar que en ese tema se cumpla la Constitución y se acabe con simulaciones y discriminaciones. En específico, ningún gobernante debe usar fondos públicos para hacer propaganda de su persona porque la Carta Magna lo prohíbe.

El financiamiento público de los partidos debe ser reducido ante la evidente exigencia popular, aunque sin desregular el financiamiento privado. Esto debería hacerse antes de que termine el año para aplicarlo en el ejercicio fiscal de 2019.

Hay más leyes urgentes que deben ser discutidas en el Congreso. Las listas se encuentran en manos de los futuros grupos parlamentarios y de muchas organizaciones sociales y civiles donde hay proyectos cuyo rezago es largo.

Medios y redes podrían abrir la discusión sobre tan importantes temas nacionales. Podrían, digo.