El gran cambio de régimen político que ofrece el candidato del PAN-PRD, el frentista Ricardo Anaya, es la creación de un gobierno de coalición, «por primera vez en la historia», etcétera. Para ello, le pide al Congreso que emita una ley secundaria del precepto constitucional que permite al presidente de la República, si acaso lo desea, formar el tan mentado gobierno de coalición.

Esto requiere un análisis, mucho más allá de un eslogan de campaña electoral con el cual se manejan el PAN y el PRI en su alianza.

El gobierno de coalición no puede existir como tal, en verdad, si no se le dota de facultades, las cuales no pueden ser sino constitucionales, pues una ley reglamentaria no podría organizar dicho gobierno por encima de las atribuciones y deberes que actualmente se le otorgan a una persona, en la cual se deposita el Poder Ejecutivo de Unión. Es decir, si no se forma un concejo de gobierno, gabinete o cualquier otro organismo por mandato constitucional, con facultades bien determinadas, el gobierno seguirá siendo unipersonal, o sea, a cargo del presidente o presidenta de la República.

La introducción en la Carta Magna de la figura de «gobierno de coalición» es para decorar en la medida en que es potestativa del Ejecutivo unipersonal y también es funcional al mismo. Según el actual artículo 89, fracción XVII, de la Carta Magna, luego que el presidente de la República decida formar un gobierno de coalición, envía al Congreso un programa y una lista de secretarios de Estado –excepto de las fuerzas armadas– para ser ratificados. Forma un gobierno, sí, pero no un ente colegiado con facultades, pues el Poder Ejecutivo seguirá siendo el Presidente solo.

Contra la actual falsificación de un gobierno de coalición, existe una iniciativa de reforma constitucional para crear el Concejo de Gobierno, integrado por los secretarios de Estado y presidido por el propio Presidente de la República. Tales secretarios serían ratificados por el Congreso a propuesta del mismo Presidente, pero con una gran diferencia: dicho Concejo tendría facultades constitucionales como órgano colegiado. Así, el gobierno, fuera o no de coalición, sería un concejo que aprobaría los reglamentos, las iniciativas de ley del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de egresos, la cuenta pública, la promulgación de las leyes y decretos del Congreso y, en consecuencia, las observaciones que se presentaren sobre los mismos, las controversias constitucionales ante la Suprema Corte y los decretos del Ejecutivo.

¿De dónde saldrían estas facultades asignadas a un concejo y ya no a una sola persona? De la vieja institución, de origen monárquico y retomado por las repúblicas, que se llama refrendo. Actualmente, ninguna orden del Presidente debe ser obedecida si no va también firmada por el secretario del ramo correspondiente. Este refrendo tiene como propósitos dos instrumentos típicos del presidencialismo: que haya otra persona que se cerciore de la legalidad y ecuanimidad de la orden o, de lo contrario, que haga ver la posible violación o inconveniencia; y que haya un responsable de la orden emitida, lo cual implica que el secretario pueda ser sometido a juicio político por el Congreso.

Con una reforma de fondo, ese refrendo sería puesto en manos de todo un concejo de gobierno, pero expandido a las iniciativas de ley o decreto y a las devoluciones de los decretos al Legislativo.

De lo que está hablando el panista Ricardo Anaya no es de un gobierno de coalición sino de un ilusorio acuerdo con el PRD para que Miguel Ángel Mancera sea secretario de Gobernación y «jefe» del pretendido gabinete de coalición. En la realidad, si Anaya llegara a ser presidente de la República haría lo que quisiera con el Poder Ejecutivo porque la mención del gobierno de coalición en la actual Constitución no le quita ninguna de sus facultades al llamado titular del Ejecutivo.

Ricardo Anaya y sus cómplices del PRD no están planteando la creación de un concejo de gobierno con facultades constitucionales, sino quieren una absurda ley reglamentaria que no podría crear dicho concejo o, si lo creara, éste no podría tener facultades. Así de simple.

Es por este motivo que el pronunciamiento de Anaya sobre la necesidad de esa tal ley no es más que propaganda electoral para dar cobertura a su plan político de gobernar con el PRD hasta que él mismo así lo desee, si acaso accediera al Poder Ejecutivo como titular del mismo.

Para todos está claro que Ricardo Anaya es libre de decir cualquier mentira, completa o parcial, hacer eslogans exclusivamente propagandísticos, tratar de engañar a la gente con la gran idea de conformar «por primera vez» un gobierno de coalición y acabar con la Presidencia personal que tanto daño ha hecho al país, y bla, bla, bla. Pero el problema es que Anaya está tratando de presentarse como lo que no es, dicho así, como un partidario del sistema parlamentario que en su vida lo ha pensado, ya no digamos propuesto sino ni siquiera entendido.

Se puede hoy hacer un gobierno de coalición pero no sería más que la suma de los secretarios y la misma decisión unipersonal del Presidente de la República, según el molde constitucional original porque el artículo 89, fracción XVII, de la Constitución, que ahora habla de un gobierno de coalición, no limita las facultades presidenciales, ni siquiera en lo del nombramiento de secretarios que deben tener sanción del Senado, porque si éste no los ratifica en dos ocasiones, entonces el Presidente hace la designación libremente. O sea, ¿cuál coalición de gobierno? ¿De qué sanción parlamentaria están hablando?

De engañifas ya estamos hartos. Es cierto que el presidencialismo no ha demostrado ser, en muchas décadas, la mejor forma del Ejecutivo y que el país debe adentrarse en un sistema parlamentario de gobierno. Pero que no nos venga ahora el líder del PAN, Ricardo Anaya, a tratar de regalarnos la falsa idea de que él es el demócrata de la película.

Han existido presidencias unipersonales democráticas (más o menos). Pongo dos ejemplos: Roosevelt, en Estados Unidos, y Cárdenas, en México. Han existido también dictaduras bajo el sistema parlamentario. Así que, aunque el presidencialismo ha traído consecuencias pésimas, el camino hacia una democracia parlamentaria debe ser abierto, con verdad, sin falsificaciones. Ricardo Anaya es un falsificador que se ha colgado de una reforma constitucional, también mentirosa porque es de oropel, promovida por el priista Manlio Fabio Beltrones.

Para caminar hacia un nuevo régimen político es indispensable acabar con la gran convergencia de los últimos casi 30 años entre el PRI y el PAN, quienes han hecho juntos todo lo más importante. El bipartidismo mexicano no es orgánico sino exclusivamente estratégico. Lo hemos vivido alrededor de presidencias más o menos autoritarias pero con la misma política: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Veamos retrospectivamente al país y encontraremos una línea de continuidad, como si hubiera gobernado un mismo partido. ¿No es así…, honradamente?

Lo deslucido de una campaña electoral es la falta de discusión, el derroche de ataques personales y la simulación. Eso ya está en la actual contienda por la Presidencia de la República.

Mas lo feo es la operación política sucia, la maniobra ilegal, la utilización de recursos públicos, la propaganda de mentiras y calumnias, la compra de votos, la cooptación de las instituciones electorales, la presión sobre los medios de difusión, el uso de paleros y provocadores, la intimidación, la agresión. Todo eso también lo tenemos en el México de nuestros días.

Lo deslucido puede ser producto de una burocracia del Estado detenida en el tiempo, pues los políticos mexicanos por lo regular tratan de ser, como antes, maniobreros geniales que operan a la sombra del poder. La falta de debate público no es algo nuevo, sino mala costumbre producto de una democracia formal deficiente.

Pero lo feo es expresión del Estado corrupto mexicano: el uso del poder para perseguir y derrotar a los adversarios políticos, la falta de verdaderos controles sobre los recursos públicos y la ausencia de moralidad republicana de los gobernantes.

Lo feo es la respuesta del poder político y del poder económico ante un fenómeno que tiene dos aspectos principales: el descrédito del gobierno hasta niveles inauditos, incluyendo su fracaso al presentar un falso candidato ciudadano, y la presencia de un aspirante, puntero en las encuestas de opinión, que por tercera vez intenta crear un gobierno de ruptura política.

En casi cualquier otro país, las dificultades del gobierno serían parte de la normalidad y los poderes actuarían bajo las reglas del juego político, es decir, de la competencia. En México no es así. Lo que existe en este momento es una conspiración, de la que toman parte el gobierno federal y ciertos multimillonarios, para tratar de detener a Andrés Manuel López Obrador con métodos ilegales e ilegítimos.

Las cosas están tan claras que bien podría darse por sentado que la campaña de mentiras, calumnias y difamaciones, al dirigirse contra un candidato y un partido, en realidad es una acometida política contra la ciudadanía.

El momento es de campaña electoral aunque el país se encuentra en un periodo en el que los partidos van a tomar sus decisiones formales. No obstante, ya se puede observar el contenido de los embates conservadores.

Es síntoma de descomposición llegar al punto de pagar pintas en Venezuela para que sean noticia en México, en la línea de convencer con artificio que López Obrador forma parte del esquema en el que se encontraría el gobierno de Nicolás Maduro. La asociación que se busca con Venezuela no resulta nueva sino polvo de viejos lodos de Felipe Calderón, el cual empezó con esa campaña que no ha cesado, sino que la toma el PRI.

No se trata sólo de hacer propaganda de falsos vínculos y asignar al líder de Morena puntos programáticos que evidentemente no sostiene, sino crear la idea de que López Obrador llevaría al país al desastre si llegara a la Presidencia. En ese esfuerzo se propagan ideas supuestamente técnicas sobre posibles respuestas dañinas de los mercados financieros ante un cambio político en la conducción del país.

Al estar ubicado el PRI como el partido más repudiado, es ya perceptible que el plan de propaganda del gobierno se dirige también a inducir miedo y desasosiego entre franjas libres del electorado para fomentar la abstención electoral.

El aspecto más irruptor será la compra masiva de votos. Sabemos que el gobierno federal y varios de carácter local tienen tomada la decisión y poseen la capacidad de coaccionar a votantes mediante dinero y bienes. En un marco de cerrada y confusa competencia, la compra de sufragios podría ser determinante. En esto entrarían ciertos empresarios muy adinerados, los cuales ya han hecho contribuciones ilegales, con el propósito de contribuir a las labores de coacción del voto de la ciudadanía.

Además de todo lo anterior, está lo que ya hemos visto en las dos últimas elecciones presidenciales: el partido ubicado en el tercer puesto de las encuestas cambia de rumbo y apoya subrepticiamente al PRI (2012) o, antes (2006), al PAN.

El llamado PRIAN es un mecanismo de bipartidismo que, desde 1988, opera cuando hay que defender políticas decisivas o intereses importantes. Mas su existencia y funcionamiento se basan en una aparente lucha política permanente entre esos dos partidos, el PRI y el PAN. Llegado el momento, probablemente le tocaría otra vez al PAN, arrastrando ahora al PRD, apoyar soterradamente al candidato priista.

Lo feo podría ponerse más feo. Esta es la aspiración de José Antonio Meade y de su padrino, Enrique Peña Nieto, quienes, por lo visto, no están dispuestos a acatar así nomás las reglas de la contienda política.