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Meade, el perfecto candidato

Un neoliberal sin titubeos, un tecnócrata de carrera, un político de escritorio, un lector sólo de textos de circunstancia, un alto servidor público desde joven sólo en gobiernos neoliberales fracasados, un temprano defensor de los intereses de la banca rescatada con bonos Fobaproa, un operador del llamado sector financiero del Estado, dos veces secretario de Hacienda, alto funcionario de los dos gobiernos del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón), del anterior del PRI (Ernesto Zedillo) y del actual (Enrique Peña Nieto). Además, carece de militancia formal en partido político. Es el perfecto candidato. Es José Antonio Meade.

El aspirante tiene, sin embargo, problemas en cuanto a su prestigio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, uno de los templos del neoliberalismo mundial) dice que el actual gobierno mexicano «no ha logrado disminuir la pobreza ni la desigualdad». En otras palabras, los actuales gobernantes mexicanos son unos defraudadores porque hace más de 5 años prometieron reducir esas dos aberraciones.

La pobreza no sólo se mantiene sino que se reproduce. En su reciente informe, Perspectivas Económicas, la OCDE afirma que el 40 por ciento de la gente en México «no puede comprar la canasta básica de consumo»: son unos 45 millones de pobres. Al tiempo, señala que «16 de cada 100 mexicanos (y mexicanas) tienen un ingreso que los mantiene por debajo de la línea de pobreza», es decir, son casi 20 millones de «infrapobres». Habría que agregar que la desigualdad tiene ahora su máximo nivel histórico pues menos del 1% de las familias acapara cerca de la mitad de la riqueza individual: México es el país más desigual de la OCDE y uno de los peores del mundo en esta materia.

Dicho informe señala que «la inflación ha desbordado con creces la meta del banco central –que es de 3 por ciento y ahora se sitúa en 6.3 por ciento–, como consecuencia de la depreciación acumulada del peso durante 2017 y de la progresiva liberalización de los precios nacionales de los carburantes», mejor conocida como el «gasolinazo» y más recientemente los «gasazos» que le han pegado aún más duro a la gente.

Sigue la OCDE: «la deuda pública registró un aumento sostenido que la llevó de representar un monto equivalente a 43 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2012 hasta más de 58 por ciento en 2016, lo que propició que las agencias de calificación modificasen de estable a negativa su perspectiva de la deuda soberana de México».

José Antonio Meade, llamado en público cariñosamente «Pepe» por Peña Nieto, es cómplice del sobreendeudamiento de su promotor político Luis Videgaray y es culpable directo de las reducciones en la inversión pública y de los recortes presupuestales del gasto social.

Los datos anteriores no han sido dichos sólo por López Obrador, sino que ahora los señala la OCDE, por lo que no podrían ser tildados de «populismo» o de otros insultos.

A la hora de las recomendaciones la OCDE se limita mucho, pero alcanza a sugerir «la lucha contra la evasión fiscal» y la implantación de «programas para erradicar la pobreza extrema», nada de lo cual se le ha visto intentar a José Antonio Meade como secretario de Hacienda, dos veces, y de Desarrollo Social.

El perfecto candidato es un neoliberal perfecto y, en tanto que ostenta esa calidad, tiene sobre sus hombros el fracaso del neoliberalismo en México. Pero más acá de la tragedia mexicana de los últimos 35 años (él lleva 20 como neoliberal práctico), Meade es uno de los responsables de la reciente continuidad del estancamiento de la economía nacional e, incluso, directa y personalmente, es culpable de la caída nominal del producto interno en el último trimestre, la cual ya viene a ser el colmo de los desatinos gubernamentales. Como recién ha dicho la OCDE, «las políticas monetaria y fiscal no están respaldando el crecimiento»: esto es obra del perfecto candidato.

Más allá de la OCDE, la crítica al desempeño de los neoliberales en el poder, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña y sus respectivos discípulos o amigos, entre ellos José Antonio Meade, estriba en que México ha empeorado no sólo en su situación social y en sus números macroeconómicos, como el PIB per cápita, por ejemplo, sino también en sus perspectivas. Lo que impera son las desgracias de la violencia galopante, la falta de esperanzas, el resentimiento de la juventud y el que las nuevas generaciones de trabajadores están siendo condenadas a vivir peor que sus padres.

El estrepitoso fracaso del neoliberalismo en México no es algo que le importe a los grandes empresarios, a los políticos del sistema de corrupción hecho Estado nacional y a los ideológicos del conservadurismo. Ellos aplauden a su perfecto candidato queriendo proyectar el mensaje ideológico de que, al fin, México tendrá un presidente sin partido que, por lo mismo, sí podría resolver los problemas nacionales, aunque no acierten a definir cuáles son ni cómo encararlos. ¡Ah!, perdón, promete Meade que va a convertir a México en potencia, pero, ¿con qué tecnología propia, señor candidato priista sin partido? Ustedes, los neoliberales, se han encargado de impedirla y no han querido crear las escuelas superiores que se requieren ni han invertido en investigación y desarrollo. Ya renunciaron prácticamente a todo, incluyendo la ingeniería petrolera mexicana pues ahora de plano entregan yacimientos a las trasnacionales y mantienen quebrada a Pemex.

No deberíamos aspirar a ser «potencia mundial» mediante un perfecto eslogan mentiroso y puramente electorero, sino un país que tenga verdadero rumbo cierto, que luche contra la desigualdad y la pobreza, la corrupción y la violencia, que se empeñe en alcanzar la democracia y reivindique sus propias riquezas como medios para lograr su progreso social.

Corrupción que se quiere retener

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Decir que en México es imposible eliminar la corrupción es en realidad una defensa del sistema político. Quienes se encargan de difundir la idea de un país irremediablemente corrupto no son estudiosos del problema sino aquellos operadores políticos que se benefician de la corrupción.

En cualquier Estado existe corrupción pero no todos ellos son corruptos. México sí lo es. La cuestión central consiste en que el sistema político opera con la corrupción: es ésta misma en todas sus formas operativas. Los gobernantes realizan sus funciones en un medio de corrupción, pero no porque ellos sean personalmente corruptos (que lo son en su mayoría), sino porque los procedimientos políticos, la administración pública, la vida institucional, funcionan con base en mecanismos de corrupción.

No ha habido gobierno que no se pronuncie de alguna manera contra la corrupción. Han existido momentos en que el más corrupto llama a combatir la corrupción. Ahora, el país está construyendo un Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que los políticos se encuentran en una lucha para designar al mejor fiscal de la materia, el cual sería el más amigo y el más flexible, aquel que entienda justamente que es imposible eliminar la corrupción y que ese puesto no es para perjudicar a quienes dan los cargos.

Ese sistema anticorrupción (así, con minúsculas) no tiene el menor sentido práctico porque quienes están sentados en su mesa de consejo son corruptos al ser operadores de un sistema político que usa la corrupción como método de gobierno.

Aún más, no existe separación clara entre la política social como forma de gobernanza y la corrupción. En la inmensa mayoría de los programas sociales se practica la corrupción como instrumento de la política. Ni siquiera se exceptúan los hospitales, mucho menos las ayudas y los subsidios. La corrupción es sistémica, estructural, es un fenómeno eminentemente político, por lo que abarca al país entero.

Para combatir la corrupción es preciso destruir el sistema político actual, la forma en que operan las instituciones del Estado, no sólo en el plano de la administración de los recursos presupuestales sino principalmente en las funciones sustantivas que aquellas realizan con el público. La relación entre los servidores públicos y la gente tendría que modificarse totalmente.

Esto no es posible si no lo encabeza el gobierno. La denuncia pública es a lo sumo un instrumento de propaganda, por lo cual debería abarcar el planteamiento del cambio de gobernantes. Lo que se requiere es un gobierno capaz de realizar sus funciones de otra manera, sin buscar acuerdos corruptos por todos lados, que deje de dar a ganar a cambio de apoyo y dinero, que rompa con los repartos, mordidas, moches, embutes, diezmos, etcétera, que caracterizan a todos los niveles de gobierno y, en especial, con la impunidad galopante que existe en la función pública.

Es imposible calcular el monto al que asciende la corrupción. Lo que se estudia es la percepción de la gente a través de análisis demoscópicos. México es uno de los más corruptos en el mundo y el número 1 de la OCDE. Hay quienes hablan del 10% del PIB y otros de mucho más. Algo sabremos hasta cuando se combata en serio la corrupción y se pueda advertir su expresión cuantitativa pero, sobre todo, haya una forma nueva de relacionar a la ciudadanía con los órganos del Estado y con los servidores públicos.

Un combate a fondo contra la corrupción traería como consecuencia insurrecciones organizadas para restablecer los repartos ilegales, los privilegios. Dejémonos de slogans absurdos como ese de promover la «cultura de la denuncia». El gobierno tendría que denunciar los subsistemas corruptos, explicar con detalles cómo funciona cada mecanismo, desde las dádivas hasta los moches de los legisladores, las grandes mordidas en las obras públicas y en las compras gubernamentales. De seguro que las sociedades corruptas redoblarían su estrategia escatológica apoyada en la inducida creencia de que todos estamos manchados y que la limpieza es imposible. Pero un gobierno decidido tendría que resistir todos los lanzamientos en su contra. Habría que recurrir a un cierto estoicismo para aguantarlo todo.

Acabar con el sistema político que prohíja la corrupción no sería una revolución pero cambiaría mucho el cauce de la lucha política en México. Además, nos permitiría apreciar mejor los problemas de mayor fondo, entre ellos la desigualdad y la pobreza, en los cuales se expresan las contradicciones sociales.

Omisión legislativa: no hay Estado de derecho

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Durante diez años, el Congreso ha incumplido su obligación de emitir una ley sobre propaganda oficial. Entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña ha existido una línea de continuidad en la aplicación de la misma política de no tocar ese tema y, por tanto, poder transgredir más cómodamente el contenido del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, pues muchos gobernantes compran ilegalmente espacios de propaganda personalizada con fondos públicos y ninguno es reconvenido.

Ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a la asociación Artículo 19, con el cual se ordena al Congreso legislar en materia de propaganda oficial, de conformidad con lo prescrito en la Constitución desde el 13 de noviembre de 2007.

El punto es relevante porque no se trata de una omisión cualquiera sino de un tema político trascendente y porque el PRI y el PAN, responsables de dicha omisión, jamás han expuesto los motivos de la misma. Después de intentar inútilmente un proyecto de consenso, yo presenté la primera iniciativa de ley el 29 de marzo de 2011, pero ni siquiera logré que se abrieran conversaciones sobre el tema. Cuando se realizó otra reforma electoral en el año de 2014, se volvió a imponer al Congreso un nuevo plazo para emitir la ley de propaganda oficial, pero priistas y panistas fortalecieron cínicamente su conducta omisiva.

¿Qué clase políticos son aquellos que no obedecen la Constitución, callan ante el reclamo, vuelven a comprometerse a cumplir con su deber y de nuevo omiten expedir una ley que obligatoriamente debe ser aprobada, cualquiera que fuera su contenido, pero en congruencia con la Carta Magna? La respuesta de esta pregunta es todo un tema en el estudio sobre el curso que ha tomado la llamada transición de México a la democracia.

Mas no se crea que es la única omisión. Aunque la ley de réplica ya fue expedida, luego de ser omitida durante varios años, la de sueldos de servidores públicos, reglamentaria del artículo 127 de la Carta Magna, ha sido ignorada durante más de cinco años, sin explicación alguna, a pesar de que el Senado envió minuta a la Cámara de Diputados, pero Calderón y Peña, sucesivamente, la congelaron: acuerdo entre priistas y panistas.

En realidad, no se trata sólo de una omisión legislativa sino también del Poder Ejecutivo, ya que éste nunca envió al Congreso iniciativa alguna para expedir la ley reglamentaria de la propaganda oficial.

México vive en la tolerancia legal y fáctica de toda clase de tropelías que agravian los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, la falta de una ley de propaganda oficial afecta varios derechos: información, libre comunicación de las ideas por cualquier medio, rendición de cuentas a la ciudadanía, administración eficiente, eficaz, transparente y honrada de los recursos públicos, fiscalización del gasto público, carácter institucional de la propaganda oficial, entre otros, dentro del marco general del apego del poder público a la Constitución.

Toda propaganda de cualquier ente público debe tener carácter institucional y nunca incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es esto lo que dice la Constitución ( art. 134), pero la realidad está muy lejos del mandato y sólo refleja la desfachatez con la que los poderosos agravian lo que se supone que es la ley de leyes, la Carta Magna, que en México ni es carta ni es magna porque el poder político sigue sin reconocer límites.

En realidad, la llamada transición mexicana ha sido en buena medida un fraude. Cierto que la situación no es la misma que en los años 60 y 70, y que la ciudadanía tiene algunas formas de defensa de las que antes carecía, pero no se ha instituido un verdadero Estado de derecho. Véase cualquier tema, desde la justicia hasta la fijación del salario mínimo: la Constitución no se encuentra vigente.

Cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte declara que hay omisión legislativa, en realidad está diciendo que el Congreso no acata la Constitución, que los políticos que conforman ese órgano son ímprobos, que durante 10 años un poder del Estado ha logrado impunemente transgredir la norma dictada por él mismo sin que ocurra absolutamente nada, que se ha mandado al diablo a las instituciones y, de paso, a los pocos legisladores que han exigido que se expida la ley que se tiene que expedir.

El gobernador que más ha transgredido la Constitución (ahora ya ex gobernador pero líder priista en la Ciudad de México) ha sido Eruviel Ávila, quien durante su mandato publicó todos los días en muchos diarios una foto suya, con un pié de grabado diciendo cualquier tontería, sólo para estar presente en ellos. No es el único caso pero sí el más ridículo. El Instituto Nacional Electoral hizo unas dizque investigaciones con motivo de unas quejas que yo presenté y no quiso llegar a ninguna conclusión a pesar de que las gacetillas prohibidas seguían apareciendo durante los procesos electorales. Yo mismo, frente al Secretario de Gobernación, le dije al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que él violaba la Constitución todos los días del año con sus gacetillas ilegalmente pagadas, pero Osorio Chong me dijo en corto que él no podía hacer nada para hacer valer la Carta Magna respecto a la propaganda oficial. Agregaría yo que tampoco en otros muchos temas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte, a instancias del ministro Arturo Zaldívar, nos viene a decir que el Congreso está fuera del orden constitucional en materia de sus deberes relacionados con la propaganda oficial. ¿Y la ley de sueldos de servidores públicos? ¿Esperaremos otros diez años y así sucesivamente? No. Aunque sea positivo lo que ha hecho la Suprema Corte en este caso, ese no es el camino idóneo para superar la desgracia en la que nos encontramos, pues a este paso podría transcurrir un siglo para reconvenir a los sinvergüenzas que dominan en el Congreso.

Conclusión: hay que cambiar por completo al órgano legislativo.

Adiós, Agustín Carstens

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Sería imposible no decir adiós a Agustín Carstens ahora que ya se va para no volver, al menos en lo que resta del sexenio y de todo el próximo. Quien fuera secretario de Hacienda se hizo célebre cuando pronosticó un «catarrito» en los inicios de la crisis de 2008-2009.

México fue entonces uno de los países que sufrió más la crisis mundial. Recesión, inflación, devaluación, «fuga» de capitales, recortes al gasto social y a la inversión, fueron algunos de los saldos del «catarrito» de Agustín Carstens.

Como reconocimiento a tan inesperado pronóstico económico y a tan inexplicable manejo de la crisis, Carstens se convirtió pronto en director (llamado gobernador) del Banco de México. Como se recordará, él realizó una campaña electoral por medio mundo (literalmente) para convertirse en Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, sin la menor posibilidad porque ya se sabe que ese cargo lo designa Europa: fue un gasto inútil a cargo del Banco.

El próximo director del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea(no es FMI, Banco Mundial, ni nada que se les parezca), se aleja de México en un momento en que la inflación va en aumento, el ritmo de crecimiento económico está volviendo a mostrar una tendencia recesiva y los capitales parasitarios se muestran nerviosos, todo lo cual genera de nuevo la llamada volatilidad como expresión de incertidumbre.

Carstens es un adorador del mercado de capital-dinero parásito que ronda por el mundo como medio privilegiado de financiamiento. Este sistema genera de por sí volatilidad en tanto que el mercado rentista global atrae o expulsa a los inversionistas en bonos y otros papeles altamente líquidos según la estabilidad de la economía o el nivel de las sobretasas que se pagan como primas de riesgo. A México le toca ser país que debe ser calificado según las tasas de interés que paga porque no compite en materia de estabilidad garantizada y mucho menos de crecimiento impetuoso. Así, en tanto que pueden ocurrir ciertos sucesos económicos, los poseedores de bonos retienen su dinero en el país en la medida en que el Banco de México incrementa su tasa de referencia, la cual ya ha llegado a 7%, es decir, con prima de riesgo de casi 5 puntos porcentuales respecto de los países más estables y prósperos.

México ha sufrido mucho por su deuda pública y privada. La manera en que se financia, a través de mercados abiertos, se considera lo normal, lo predominante, lo único que se puede hacer. Ningún plan para reducir la capacidad de presión del mercado de capital-dinero especulativo se ha formulado en el país, a pesar de que sufrimos en 1994-95 y se repitió 14 años después. En cualquier momento podemos volver a tener un escenario semejante.

En 1995 se generó una deuda (Fobaproa-IPAB) de más de 100 mil millones de dólares tan sólo con el llamado rescate bancario, luego de un crack en la capacidad de pago del país. Aún hoy se siguen pagando anualmente intereses por esa deuda gestada mediante el populismo financiero (reparto de dinero entre los más ricos). Los estragos de la crisis de 2009 también se sienten todavía, pero el doctor que nos había diagnosticado «catarro» ya se va sin haberse tomado la molestia de explicarnos el motivo de tan escandalosa equivocación.

Como país sujeto a la volatilidad que a su vez se produce por falta de certeza en el comportamiento de ciertas variables económicas, México seguirá sufriendo enfermedades prevenibles mientras no se modifique la política económica general. Es preciso confeccionar un esquema que vaya bajando el peso específico del capital especulativo en el financiamiento.

El macabro sistema de las Afores es un completo fracaso como mecanismo de pensiones pero lo es también como instrumento de financiamiento, tanto más cuanto que se le permite invertir en el extranjero y todo queda en manos de los mismos financieros. Además, es el negocio más fácil y más rentable de todo el sector financiero: es un descarado robo a los pobres.

El mercado de capital-dinero parasitario es a su vez un factor de contención de posibles reformas que tiendan a fortalecer el mercado interno de mercancías y servicios. Como ese capital rentista huye a la menor provocación, presiona a favor de la elevación de las tasas de interés, la que, por su parte, encarece el crédito reduciendo el acceso al mismo y deteniendo nuevas inversiones.

Esto es un desastre. Carstens es parte de ese desastre. Sin embargo, su salida del país no conducirá a cambio alguno mientras no se vaya todo el gobierno y no llegue otro igual.

Meade: programa neoliberal y loco espanto

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En un coloquio de neoliberalismo organizado en San Luis Potosí por Miguel Alemán, de familia estatista pero bárbaramente enriquecida a costa de la nación, descolló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tanto por ser precandidato priista preferido cuanto por haber entrado al debate preelectoral: «evitemos el populismo», dijo ante acostumbrados escuchas, quienes, de todas formas, le aplaudieron como si sus ideas fueran interesantes e innovadoras.

Lo más viejo que tenemos en México en materia de política económica es el neoliberalismo que ha azotado al país durante más de 30 años y lo ha condenado al estancamiento y, en algunos aspectos, al retroceso.

Dice José Antonio Meade que hay que comparar Corea del Sur con Corea del Norte para darnos cuenta de lo que significan estatismo y populismo. El primero de ellos crece constantemente mientras el segundo está en la pobreza, estancado. Pero eso ya se sabe hasta el cansancio. Lo que no se ha querido reconocer es que México, comparado con Corea del Sur, se ha quedado muy atrás.

Dejemos a un lado de momento el ritmo de crecimiento de la economía, el nivel de los salarios reales, la distribución del ingreso, la inversión publica, etcétera. En todo eso Corea del Sur se encuentra mejor que México.

Centrémonos en un aspecto que es ilustrativo de todo lo demás. Hace 30 años, Corea del Sur y México tenían cada cual 25% de jóvenes matriculados en educación superior. El país asiático se puso a trabajar al respecto, mejoró sus finanzas y la inversión educativa (puro populismo), al grado de que ha sobrepasado el 60% de matrícula universitaria. México, en su penoso estancamiento neoliberal, sigue igual, sólo tiene 28%, es decir, de cada 100 jóvenes mexicanos, 72 carecen de acceso a la educación superior. Así no se puede progresar.

José Antonio Meade debería pasearse por las páginas electrónicas y constatar la gran cantidad de marcas coreanas, incluyendo su formidable industria naval. Ese país tiene, por ejemplo, automóviles de marca propia, mientras que México, potencia de la industria de ensamblaje de autos y camiones, no tiene una sola, todas son de trasnacionales, incluyendo coreanas: seguimos en la pura maquila.

Nuestro país tiene muy poca «innovación» porque su Estado es pobre y, por tanto, incapaz de financiar ese gasto, entre otros muchos. La ley habla del 1% del PIB para investigación científica pero la realidad nos marca la mitad y decreciendo. ¡Oh!, «muera el populismo» es la consigna.

También dejemos, por el momento, el brutal problema de la corrupción mexicana y veamos tan sólo el de la productividad del trabajo, pensemos en el abismo existente entre México y Corea del Sur, sin mencionar otros países. El nuestro basa su competitividad internacional en bajos salarios y en un sistema fiscal blando, lo cual le permite comparecer en el mercado exterior (80% hacia Estados Unidos) a costa de su propia pobreza.

Para José Antonio Meade las cosas deben seguir igual o peor, para lo cual es preciso que le apoyen a él con el fin de derrotar a Andrés Manuel López Obrador, a quien identifica con el actual gobernante de Corea de Norte. Así, el secretario de Hacienda advierte como peligro real que México llegue a ser como aquel país asiático, lo cual es un grabado meramente onírico que, como decía Freud, llevaría a la locura a quien lo usara para normar su comportamiento.

Pero no es que Meade realmente esté loco sino que advierte la amenaza de que la política neoliberal de estancamiento del país y bonanza de unos cuantos reciba la respuesta popular que debió tener desde hace ya muchos años. Y, como no puede contrastar honradamente la penosa realidad mexicana con el resto del mundo, el precandidato priista recurre a un loco espanto, el vínculo entre López Obrador y Corea del Norte. Luego, sin embargo, se contradice cuando afirma que el líder de Morena carece de programa. Ha de ser porque él no lee más que literatura neoliberal pero jamás libros del dirigente de izquierda ni de cualquier otro autor de esa tendencia.

A falta de ideas nuevas, mentiras espantosas.