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Manipulación priista de la desgracia

Para buscar atronadores aplausos, el PRI ha propuesto que se cancele total y definitivamente el financiamiento público de los partidos políticos y se recorte la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

En un momento en el que el partidismo en general y los partidos políticos, como entidades individuales, sufren descrédito, repudio e, incluso, descomposición, el PRI (léase Enrique Peña Nieto) ha decidido pegar un grito para que se escuche bien que él y su gente están del lado de los más resueltos demoledores del sistema de partidos, pero ahora bajo la atroz cobertura de ayudar a los damnificados. Sin embargo, ese discurso no le va a quitar al PRI su condición de partido más repudiado del país. Lo que busca Peña es poner a otros partidos contra la pared aunque sea dudoso que lo pueda lograr.

La propuesta priista para abolir el financiamiento público y desmochar la representación proporcional es engañosa porque implica que el Congreso la apruebe por dos tercios en ambas cámaras, pero esta mayoría no la alcanza el PRI ni con los partidos bonsai. Además, existe un principio en la Constitución (art. 105. i) en el sentido de que durante el proceso electoral, que ya inició, no se pueden introducir modificaciones legales fundamentales y, aunque esta sería una derogación de preceptos de la Carta Magna, habría que expedir luego una nueva legislación ordinaria que regulara el financiamiento privado de los partidos y la asignación de asientos en las cámaras. Para todo eso no hay tiempo ni oportunidad, por lo cual, no se podría expedir la reforma anunciada por el PRI antes de las elecciones del año próximo.

Mientras, el resto del financiamiento público del PRI de 2017, recortado por las multas en curso de pago, será donado a la Federación con el fin de que se incorpore a los gastos tendientes a atender a los damnificados de los sismos. ¿Quién pagará los sueldos de los empleados y de dirigentes de ese partido en lo que resta del año incluyendo los aguinaldos? De seguro, Enrique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la nómina entre entidades públicas de gobiernos priistas y algunos empresarios ricos, pues al PRI no lo van a cerrar, todavía.

Como antes de las reformas electorales, los recursos de procedencia ilícita forman parte del sistema político. El financiamiento público de los partidos no ha inhibido las operaciones ilícitas que ocultan el rebase de topes de gastos, ni tampoco ha detenido a los gobernantes que canalizan fondos presupuestales hacia campañas electorales. Mas aquí la clave ha sido la impunidad, ya que no existe autoridad capaz de perseguir esos ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, no hace falta una ley sino que ésta se cumpla.

Sin embargo, lo que el PRI busca es un sistema en el que los partidos competitivos sean exclusivamente aquellos que puedan recibir enormes cantidades de dinero de los grandes ricos del país y, de seguro, habría que incluir entre estos a algunos de la llamada delincuencia organizada.

En cuanto a la representación proporcional, este sistema se estableció para que la mayor parte de los electores pudiera estar representada en congresos y ayuntamientos, lo cual, a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si en México sólo existieran 300 diputados de mayoría relativa (uno por distrito), quedaría sin representación al menos el 40% del electorado cuyo candidato no hubiera alcanzado la mayoría relativa en el correspondiente distrito. Eso es lo que ocurre en varios países con sistema electoral viejo y anacrónico como Estados Unidos y Gran Bretaña.

En efecto, el PRI desea el sistema electoral gringo, con sus contribuyentes de Wall Street, como dice el senador Bernie Sanders, que convierte a los candidatos triunfadores en lacayos del capital financiero.

Peña Nieto desea un sistema bipartidista de opciones netamente burguesas para eclipsar a las formaciones populares que, por consecuencia, no podrían competir en el marco de un incontrolable financiamiento privado concentrado en dos partidos que se repartieran las curules dentro de un sistema de representación de mayoría, tal como ocurre en Estados Unidos, donde sólo hay distritos uninominales y el financiamiento público, incompatible con el privado, es rehusado por los principales candidatos porque lo consideran pequeño para cubrir sus inmensos gastos.

Lo que busca el PRI es una regresión. Menos mal que no ha de ser para esta temporada, por lo cual, de momento, es pura propaganda. Lo peor estriba en que ésta se hace en nombre de los damnificados. Eso se llama manipulación de la desgracia y describe bien la estatura política de sus iniciadores.

Hacia la protección civil ciudadana

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Otra vez, la solidaridad espontánea inundó el espacio público ante la tragedia. La fuerza destructora del sismo del 19 de septiembre de 2017 hizo que miles se movilizaran de muy diferentes maneras para ayudar a los directamente afectados. Pero, otra vez, la improvisación tuvo que sustituir la inexistente organización previa. Es que México prefiere tener un inservible servicio militar obligatorio que un servicio de protección civil que nos organice en forma permanente y, además, algo también muy importante, que organice al gobierno.

El proyecto de reforma constitucional sobre la protección civil se ha mantenido en el mecanismo de congelación del Congreso durante dos décadas. Es hora de rescatarlo, como damnificado que es de la ausencia de razones y explicaciones que prevalece en la lucha política mexicana.

El servicio de las armas se instauró con la República. Desde entonces es obligatorio acudir a tomar instrucción y alistarse cuando se llame a filas. Así sigue en la Constitución. En contraste, la protección civil está pensada como una estructura de gobierno con un supuesto voluntariado, pero no como un sistema nacional obligatorio.

A veces es dable pensar que los organismos de protección civil de los tres niveles de la administración pública son sólo un renglón en los presupuestos.

¿Quién se encarga de revisar inmuebles y exigir respuestas gubernamentales y también de los dueños de las edificaciones? Pues «protección civil», pero, ¿lo hace efectivamente? No. Tendría que ser la gente organizada quien lo hiciera y quien luchara por una política de mantenimiento, mejoramiento y protección de toda clase de inmuebles, así como de instalaciones hidráulicas, comunicaciones y de otro tipo, donde se producen desastres. No pueden evitarse huracanes y terremotos pero pueden evitarse derrumbes e inundaciones. Con esa idea hay que trabajar intensamente, pero todo el año y todos los años.

Cuando ocurre la desgracia, todo tiene que improvisarse. En medio de un rescate hay que empezar por pedir picos, palas, implementos de primeros auxilios, agua potable y muchas cosas más porque, en las prisas, las autoridades se hacen bolas y porque nunca están preparadas. Recién nos enteramos de un complicado trámite que tuvo que hacerse para que cesaran inútiles sobrevuelos de helicópteros que impedían escuchar a los rescatistas, pues los jefes en tierra y los pilotos en el aire no tenían idea del trabajo que se estaba haciendo en las montañas de escombros, vigiladas desde arriba como si eso sirviera para algo.

Las fuerzas armadas ya son enteramente profesionales. Un servicio militar obligatorio podría dejarse para situaciones de conflicto bélico o peligro de guerra. Pero, mientras tanto, México parece estar en una guerra declarada por la naturaleza, pues no está bien preparado para hacer frente a lo inevitable: la catástrofe natural. También hay catástrofes provocadas por decisiones de autoridades ineptas o corruptas, pero frente a ello se requiere igualmente un servicio efectivo de protección civil.

Es preciso trasladar poder a la ciudadanía. Para eso es indispensable la creación de las instancias donde se organice la gente y se tomen las decisiones. El único impedimento que existe es el temor del poder burocrático de perder autoridad, lo cual, en realidad, sería magnífico.

Mientras tanto, hay que esperar la próxima catástrofe. En palabras de Peña Nieto, la siguiente «prueba dolorosa». Este subterfugio presidencial es denigratorio. ¿Quiénes están viendo el desastre como recurrente «prueba dolorosa», en lugar de preparar al país para encarar lo que ha de venir? Varios, entre ellos, él mismo.

Al amanecer no estaba el gobierno

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Cuando el sol iluminó, el gobierno no conocía ni remotamente las consecuencias del sismo de la medianoche anterior. En la mañana del viernes 8 de septiembre de 2017, oficialmente todo parecía casi normal o al menos incierto. Las declaraciones eran ambiguas porque el sistema de protección civil es en México un renglón más en el presupuesto antes que una organización popular, como la observamos en muchos otros países. Poco a poco, los medios de información fueron relatando las consecuencias más visibles del temblor: «hay decenas de muertos y un tercio de las casas de Juchitán está inhabitable».

Por su parte, el presidente de la República, ubicado en el cuartel de las catástrofes, ya había dicho, todavía de madrugada, que el sismo era el de mayor magnitud en cien años, pero sin tomar en cuenta los factores de duración y forma de movimiento del suelo, mucho menos sus consecuencias, pues aunque a Peña le gusta dar primicias, carecía al respecto de conocimiento. No obstante que no se sabía ni por aproximación lo que había ocurrido, era menester decir algo aunque fuera superficial, inexacto o exagerado. Así opera el gobierno.

La realidad, sin embargo, como siempre, estaba ahí, pero no frente a los gobernantes. Cuando el «jefe del Ejecutivo» acudió por vez primera a Juchitán a tomarse la foto de espalda a unas ruinas, junto al gobernador y la alcaldesa, no se sabía el tamaño de la catástrofe pero las promesas eran fabulosas: «llegará toda la ayuda necesaria», cosa que no ha ocurrido una semana después.

Luego, cuando Osorio Chong estaba diciendo en Chiapas que no era justo lucrar con la desgracia, el presidente priista del Congreso oaxaqueño repartía personalmente despensas etiquetadas con su nombre y, en la capital del país, la esposa del «jefe del Ejecutivo» ya había despachado en ceremonia ante las cámaras algunas toneladas de víveres desde el Campo Marte. Por su parte, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue a Juchitán a ofrecer la reparación de escuelas y «toda otra ayuda necesaria», pero entonces el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que va a ser todo «un reto» conseguir dinero para la construcción de viviendas porque, al parecer, son muchas las dañadas. Se nos informa, no obstante, que «somos el único país del mundo en el que, todavía en situación de emergencia, ya estamos haciendo el censo para iniciar la reconstrucción», en palabras dichas por el jefe de la «protección civil», que es Osorio Chong, cuya secretaría, la de Gobernación, debió hacer, mucho antes, el censo de edificios en malas condiciones y de vivienda precaria, como instrumento para emprender las reparaciones antes de que se derrumbaran, pero ni siquiera tiene completos los llamados atlas de riesgo. Mientras, el «jefe del Ejecutivo», en persona, era el encargado de informar el número de muertos conforme iban ocurriendo los decesos o encontrándose los cuerpos.

Cinco días después del sismo, se emitió una declaratoria para activar el Fondo de Desastres, quizá porque durante los anteriores cuatro días todavía había dudas sobre lo ocurrido. No se sabe, sin embargo, cuanto dinero se va a girar desde la Tesorería de la Federación, ni para qué objetos. Mas, para moderar el gasto, se avisa al pueblo la cancelación de la cena prevista en Palacio el 15 de septiembre, aunque hace cinco años que no se realiza aun sin temblor de tierra.

El Estado mexicano sigue sin contar con la organización adecuada a un país de grandes desastres naturales. Esto se debe a que después de las calamidades sobrevienen cosas más importantes, como repartir despensas en tiempos electorales y, luego, recompensar el voto emitido, por ejemplo. La protección civil tendría que sustentarse en un servicio que involucrara a toda la población, en lugar del militar que actualmente no sirve para nada, con el propósito de capacitar y organizar a la gente para prevenir daños y encarar las catástrofes. Este proyecto ha estado congelado en el Congreso desde 1998.

Pero se requiere algo más: evaluar las condiciones en que se encuentra la vivienda popular, especialmente en las zonas de sismos, huracanes, inundaciones y deslaves que, en conjunto, conforman la mayor parte del país. El mejoramiento de la vivienda debería ser un programa prioritario de los presupuestos.

En México, los damnificados de temblores, vientos huracanados, desbordamientos de ríos, mares profundos, enterramientos, socavones y anegaciones duran años en esa condición, como lo hemos visto tantas veces, pero se va haciendo menor la publicación de videos, fotos y testimonios. Poco a poco se va «olvidando» la desgracia para volver al infortunio de siempre. Esto ocurre en muchos países, es cierto, pero no es consuelo.

Mas en lo que México resulta inigualable es en la actitud de su gobierno, su clientelismo de la desgracia, su demagogia de la reconstrucción, su vanagloria de no hacer gran cosa, su discurso vacío y su patética actitud piadosa que termina en decepciones o ridiculeces, tal como se lo dijeron en su cara a Aurelio Nuño en Juchitán.

Lo más afrentoso, sin embargo, es el gasto en publicidad de los gobernantes, empezando por el presidente de la República. Mas no es sólo por el monto de lo erogado que podría ser útil para otro efecto, sino por la utilización de la catástrofe para aparecer en actos políticos montados por el ogro filantrópico, como llamaba Octavio Paz al Estado mexicano. La desgracia es usada para fabricar una imagen de gobernante bueno y misericordioso sólo por lo que dice que hará, aunque siga negándose a responder por lo que antes no hizo.

No es pequeño el cambio político que requiere México pero tampoco es tan difícil lograrlo. Quizá pronto.

Falso frente ciudadano

2 respuestas

El nuevo Frente Ciudadano por México integrado por el PAN, el PRD y el MC es falso porque no es una formación ciudadana si por esta acepción se entiende una participación más o menos espontánea y abierta, en forma de movimiento sin estructura jerarquizada. En este nuevo frente sólo participan partidos políticos, es decir, todo lo contario a lo que se entiende por algo de carácter ciudadano.

Los políticos profesionales, como los que han creado el nuevo Frente, son ciudadanos y ciudadanas, naturalmente, pero su forma de ser y actuar no corresponde a la manera como se comportan las corrientes ciudadanas.

Mas la falsedad del acuerdo de colaboración y acción conjunta entre esos tres partidos va más lejos. Se habla de un nuevo «sistema político (que) debe construirse, no en función de partidos o candidatos, sino a partir de un proyecto de país…» y bajo una «gobernanza ciudadana.» Sin embargo, se promete formar un «gobierno de coalición del Ejecutivo Federal (sic) al amparo del artículo 89 Constitucional», pero este precepto señala que, de haberlo, el gobierno de coalición se integraría «con uno (sic) o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión». ¿Dónde quedaron los «ciudadanos»?

Para seguir en el engaño, al flamante Frente no le importa caer en contradicciones. Se propone «establecer la democracia interna y garantizar la representatividad ciudadana en los partidos políticos para que actúen con responsabilidad y asuman el rol de facilitadores, de instrumentos para que los ciudadanos construyan, promuevan y guíen el cambio de régimen que necesita el país». O sea, la «nueva» democracia de los partidos ha de servir para que los ciudadanos ingresen a ellos y se conviertan en militantes que, desde su nuevo partido, construyan otro régimen político que no sea de partidos. Si la base del cambio van a ser los «ciudadanos», pero como integrantes de los partidos, volvemos a lo mismo. Al final, no se está planteando nada.

En esa misma línea de contradicciones, el frente panista-perredista dice buscar «la conformación y consolidación de un nuevo régimen, cuya base sea el empoderamiento ciudadano.» Sin embargo, no se plantean nuevos derechos ciudadanos, tales como crear un recurso popular para objetar leyes y actos de autoridad directamente ante un tribunal constitucional; hacer efectivo el derecho a la consulta popular (recién violado y desconocido) extendiéndolo a todos los niveles políticos del país, la obligatoriedad del plebiscito para tomar ciertas decisiones importantes, entre otros. En el centro de una democracia nueva tendría que estar la construcción de ciudadanía, pero ésa sólo será posible con nuevos derechos políticos. Sin embargo, el Frente se enreda en su propia retórica, la cual no oculta sino realza su pobreza programática.

Como no se planean nuevos derechos, los frentistas entienden «la participación ciudadana» como el ejercicio de las actuales libertades, con el fin de que los ciudadanos «incidan en todos los niveles, procesos y decisiones de gobierno». Este es el sobado planteamiento abstracto de que los ciudadanos lleguen a «incidir» en el gobierno a través de la libre manifestación de las ideas y el voto, pero ya no estamos en el siglo XIX. De lo que ahora se trata es que, además, los ciudadanos empiecen a tomar directamente decisiones que hasta hoy han sido reservadas a los gobernantes.

Para culminar su plataforma programática, el falsificado Frente Ciudadano nos plantea la manera en que piensa repartirse el Ejecutivo. Veamos aquí en concreto la proclamada participación ciudadana: «el titular de la Secretaría de Gobernación, asumirá, además, la función de líder de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del presidente de la República, garantizando la pluralidad indispensable para la puesta en marcha del nuevo régimen». Con esto se entiende que el «nuevo régimen» son ellos, los líderes frentistas. Al PAN le correspondería la presidencia y el PRD nombraría al secretario de Gobernación (jefe de la policía) como «líder de gabinete». Pero, a propósito, ¿cuál gabinete? Ése no existe en la Constitución.

Es tan lo mismo el planteamiento del Frente Ciudadano que ni siquiera incluye la creación de un Consejo de Gobierno con facultades constitucionales definidas, a partir de actuales funciones del presidente de la República, es decir, la conversión del Ejecutivo en algo mucho menos personal y con un órgano colegiado, lo que podría hacer real la existencia de un gobierno de coalición, pues ahora éste no es más que una frase suelta en el texto de la Carta Magna de la que se quiere colgar el nuevo Frente ante la falta de propuestas propias.

El documento firmado es un programa electoral aunque carece legalmente de ese significado. Es el anticipo de lo que podría ser una coalición de tres partidos. Acción Nacional ya se ubica desde ahora al frente de la operación.

Dicen los firmantes en referencia a la situación previa al arribo del actual gobierno: «ayer tuvimos la democracia frente a nosotros y la dejamos ir.» Y agregan: «proponemos reanudar juntos la transformación democrática». Nadie hubiera creído hace unos años que los administradores del PRD llegaran a suscribir la tesis de que, con los sucesivos gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, habíamos entrado en la transformación democrática que luego «dejamos ir», la cual, ahora, hay que «reanudar juntos». ¿Para llegar a lo mismo? ¿No fueron suficientes aquellos fracasos? ¿Quieren más? Así es, por lo visto.

Por más que el nuevo Frente presenta su discurso como algo nuevo, lo que logra es morderse la cola, perseguirse a sí mismo, en simetría con lo que finalmente es: un conjunto de políticos conservadores.

Respuesta de Pablo Gómez a Alejandra Barrales

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Lunes 4 de septiembre de 2017.

Alejandra Barrales,

Ciudad.

He leído sin la menor sorpresa que afirmaste ayer en el Consejo Nacional del PRD que «Los que se quieran ir, que se vayan…, que lo hagan de prisa…». Es evidente que, entre otros, sin duda muchos miles de miembros del partido, te refieres a mí. Por ello, respondo a tus afirmaciones.

Eres la única persona que, al frente de un partido, tiene prisa de que se vayan sus militantes. Te importa menos que un bledo, por lo visto, las causas y contenido de las disidencias, ni se te observa interés alguno en discutir algún tema de relevancia. Perteneces auténticamente al sistema grupal faccioso que domina al partido y se caracteriza por su acrecentada intolerancia, ya que no son las ideas las que le importan sino sólo sus propios y exiguos intereses.

Apresurar a los disidentes a abandonar las filas de una organización política de afiliación voluntaria no puede ser más que síntoma de una crisis. Pero, que lo haga quien ostenta el cargo de presidenta nacional es un síntoma de descomposición. Sin embargo, el punto relevante es saber cómo y porqué ha llegado el PRD a la patética situación en la que se encuentra.

Las respuestas no vendrán de los actuales administradores del partido a quienes tú encabezas de manera incidental y por imposición externa. Vendrán de millones de ciudadanos y ciudadanas que hasta hace poco votaban por el PRD con el interés de promover un cambio democrático y social en el país, entre ellos quienes tú has llamado «lastres».

La profundidad de la crisis de descomposición que sufre el PRD se debe a que éste ha dejado de ser una opción nacional, democrática y social, con cuya seña de identidad nació alguna vez hace poco más de 28 años.

El PRD no se encuentra ahora en la lucha política en la cual participó durante más de dos décadas. Se encuentra dentro del mercadeo político con el que se intercambian concesiones sin propósitos nacionales y populares.

El Consejo Nacional del PRD ha acordado buscar una alianza con el Partido Acción Nacional para ir en coalición durante las próximas elecciones de 2018. El último Congreso Nacional del partido, su máxima autoridad estatutaria, aprobó otra línea, la de la alianza con las izquierdas. Ustedes, por su propia cuenta, han decidido llevar al PRD por un camino del todo diferente.

Se nos acusa de apoyar a otro candidato. Pero el PRD no tiene ninguno, ¿por qué se habla de otro? Yo he propuesto la unidad de toda la izquierda y, además, que el partido apoye a una determinada persona porque sostengo que se trata del virtual candidato de las izquierdas, entendidas éstas como gran agregado popular y no sólo como grupos dirigentes. Tal es mi derecho como miembro del partido. Pero, por lo visto, carecer de candidato, precandidato o simple aspirante serio, les conduce a ustedes estar en la graciosa circunstancia de tener un no candidato. ¿Cuándo se ha votado en las filas perredistas que López Obrador no puede ser postulado por el partido? Lo que se votó en el más reciente Congreso fue no hacer una alianza electoral nacional con el PAN.

Ustedes sí que carecen de derecho para negociar una alianza con el PAN y para apoyar a un panista como candidato a presidente de la República, pues eso no está autorizado por el partido, sino que se encuentra precisamente descartado. Son ustedes quienes actúan al margen del Estatuto del PRD.

Al mismo tiempo, como parte de la descomposición del partido a la que ustedes han conducido, se encuentran hundidos, ahora más que nunca, en la ilegalidad. Debieron haber convocado a elecciones internas para realizarse a más tardar en el presente mes de septiembre. El Tribunal Electoral se los ha ordenado. Sin embargo, ayer convocaron para realizar los comicios internos dentro de más de un año, cuando los cargos que ostentan tendrán doce meses de haber caducado. Como se sabe, los puestos electivos en el PRD tienen una duración de tres años, los cuales se cumplirán el próximo 6 de octubre. Dentro de un mes, ustedes no sólo integrarán una dirección ilegítima, como ya lo son por estar contra el programa y la línea del partido, sino también serán una dirección legalmente inexistente, de facto; ingresarán en la galería de los autócratas.

La firma que llegaran a estampar en un acuerdo de alianza o coalición con el PAN sería nula de pleno derecho pues ustedes, los firmantes, carecerían de representación válida conforme a la legalidad.

Frente a tu dicho de que quienes quieran irse que se vayan, te respondo: yo no quiero irme ni me voy. Quienes deberían abandonar la dirección formal del partido son todos ustedes, los y las que transgreden el programa y la línea política, las y los tránsfugas de la izquierda que han votado en favor de una alianza electoral nacional con el PAN y buscan afanosamente respaldar a un candidato panista para que se convierta en otro Fox, en otro Calderón, un o una derechista neoliberal que sólo podría prometer al país más pobreza, estancamiento, atraso e injusticia. Yo no me voy del PRD porque advierto contradictorio que quienes defienden el programa y la línea política del partido tengan que abandonar sus filas en lugar de que sean desplazados las y los actuales administradores, responsables de la profunda crisis de descomposición que lastimosamente sufre el Partido de la Revolución Democrática.

La crisis del PRD es en realidad la bancarrota política de sus representantes formales, de quienes administran pero no dirigen, de quienes mercan pero no luchan.

Tú no eres nadie para orillar a que me vaya ni para echarme del PRD. Ustedes son los tránsfugas.

Sinceramente,

Pablo Gómez, afiliado al Partido de la Revolución Democrática (rúbrica)