Archivo por meses: Agosto 2017

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás

 
La empresa Odebrecht, de origen brasileño, ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional. Numerosos gobiernos fueron “seducidos” mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas a cambio de contratos para la realización de obras públicas a cargo de la trasnacional brasileña. El primer procurador que se lanzó contra esa empresa ha sido el estadunidense, luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo, precisamente contra altos funcionarios, incluso ex presidentes. En Brasil, el caso es de amplios vuelos.
 
En México, todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht. Sin embargo, la PGR ocultó todo lo que pudo saber al respecto y declaró que seguía investigando el asunto. Por su lado, Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador, quien se había atrevido a señalar a esa empresa como repartidora de mordidas, mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos.
 
Ahora, después de los testimonios rendidos en Brasil, los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran que están listos a colaborar. ¿Para esclarecer lo imposible?
 
Marcelo Odebrecht, socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido, logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, cuyo contenido, naturalmente, está en la más completa oscuridad, pero que hubo de tener algún propósito concreto. La trasnacional brasileña ha contratado en México por 1 400 millones de dólares. Los directivos de Odebrecht que han declarado ante la justicia en Brasil dicen que entregaron a Emilio Lozoya, en total, 10 millones de dólares, con lo cual se estarían refiriendo a un miserable 1% de soborno, cuando en México la tasa de referencia de las mordidas es de 10%, el llamado diezmo.
 
Esta situación abre un enorme campo a las hipótesis: podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados sólo con algunos contratos o sólo serían para el director de Pemex mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno, antes y después de diciembre de 2012, es decir, algo le hubiera tocado a Felipe Calderón.
 
También podría ser que los declarantes brasileños no hubieran sabido de la suma total de sobornos en México, sino sólo de una parte menor, aquella que les consta directamente.
 
Marcelo Odebrecht fue sometido a juicio en Estados Unidos en 2015, luego de lo cual, todas las operaciones de su empresa en el Continente tuvieron que ser analizadas como posibles partes integrantes de una forma de actuar basada en el soborno. Eso ocurrió en muchos países, excepto, como siempre, en México.
 
Anteayer, en la llamada cumbre de fiscales de América Latina (11 países), Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, dijo cualquier cantidad de frases enredadas o sin sentido para agradecer las informaciones provenientes del exterior, especialmente de Brasil, sobre el comportamiento de Odebricht, pero se pudo observar que carece de un caso conformado.
 
En ese momento, Emilio Lozoya estaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público, pero, como dijo su abogado, el muy conocido Javier Coello Trejo, él nomás iba a eludir todo lo relacionado con las cuestiones que pudieran inculparlo. Pues claro, Lozoya no va a confesar, como no lo hacen quienes reciben mordidas. El problema es que la PGR no tiene nada porque sencillamente no ha investigado nada.
 
Como los sobornos pudieron haber empezado, según los inculpados en Brasil, antes del 1º. de diciembre de 2012, el asunto pudiera tener alguna conexión con los gastos de la campaña priista, lo cual sería conveniente investigar con la ayuda del entonces, como ahora, operador de Peña Nieto, el actual secretario de Relaciones Exteriores, el señor Luis Videgaray, organizador, en ese mismo lado, de las ilegales tarjetas de pago en la campaña electoral de 2012. Si así fuera, las mordidas de Odebrecht hubieran tenido que ser lavadas y qué mejor que pagando con tarjetas.
 
Emilio Lozoya salió de la PGR tan campante como entró. Él ya lo sabía. En su calidad de inculpado, no tiene obligación de responder las preguntas del Ministerio Público. Así que, si quieren acusarlo, que le demuestren algo, pero como no se trata de eso, la PGR está en situación de completo extravío mental, como casi siempre en asuntos relacionados con la corrupción y algunos otros más.
 
En Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países ya están abiertos los procesos penales sobre sobornos de Odebricht, excepto en México.
 
La solicitud de legisladores para que se den a conocer las auditorías en Pemex no está mal, pero las mordidas no se anotan en los libros de contabilidad. Es dinero que se cuela. La declaración del defensor de Lozoya (antes agresivo persecutor por consigna), en el sentido de que no hay depósitos bancarios sobre ese dinero, claro que debe tener sus bases porque las cosas se hacen con cuidado.
 
Los corruptos son eso, no son estúpidos. No hay dinero a la vista, lo cual no demuestra que no lo haya en absoluto. Para investigar existe el Ministerio Público, pero en México ése no fue creado para tal efecto. Triste realidad.

El candidato de la izquierda

 

Dentro de la camarilla que administra al Partido de la Revolución Democrática existen dos grupos de interés. Uno de ellos desea postular a la Presidencia de la República al candidato del Partido Acción Nacional a través, se dice, de un Frente Amplio. El otro desea postular a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la CDMX. Ambos grupos estarían conformes si el candidato de la alianza con el PAN fuera el mismo Mancera u otro personaje “sin partido”, lo cual se ofrece imposible.

Es obvio que un candidato panista no sería de izquierda sino de derecha. Es claro que Mancera no es un político ni mucho menos uno de izquierda y que su gobierno casi no se ha visto porque desde el principio careció de programa.

Partir del esquema anterior no nos ayuda demasiado a confeccionar una prospectiva sobre las tendencias electorales en el país, pero ayuda a tal propósito y nos indica de cierto que en la izquierda mexicana, considerada ésta como el pueblo de izquierda, sólo hay un candidato y que, como todos lo sabemos, ése es Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista del perredismo que durante casi 30 años ha buscado el poder para aplicar un programa democrático y social, sería una inmensa equivocación caer en la patética situación de postular a un panista o una panista, sin importar la generación y el grupo al que pertenezca, o en caer en el engaño de un candidato del tipo de Mancera que sólo funcionaría para restar votos a López Obrador, a cambio de alguna prebenda oculta pero efectiva de parte del gobierno peñista.

Lo que los administradores del PRD hicieron en el Estado de México fue una canallada. Su candidato no era opción de gobierno. El abanderado, Juan Zepeda, habló con López Obrador sobre el tema y las condiciones de un posible acuerdo que fuera digno para las dos partes. Los franquiciatarios del PRD se negaron a colaborar porque tenían un acuerdo con el gobierno federal, especialmente impulsado por Mancera, el mismo personaje que ahora quiere ser candidato a presidente para seguir luchando contra la izquierda del país. Aún hoy, después de la fraudulenta elección, el PRD se niega a admitir que Morena es el partido más votado en el Estado de México según las mismísimas cifras oficiales, pues la ventaja asignada a Del Mazo proviene de los partidos bonsái.

Los administradores del PRD niegan en público que desde el gobierno de la Ciudad de México se compraron votos en las dos últimas elecciones (la de diputados y la de constituyentes), no obstante lo cual ese partido perdió su condición de ser el más votado. El trato que le ha dado el PRD a Morena en la Asamblea de la CDMX nunca se había visto entre partidos porque cuenta con el apoyo del PRI y del PAN, unidos todos contra el “populismo”, aun sin que alguien defina el contenido de esa expresión, ahora usada como insulto. Los diputados del PRD en la Asamblea no son de izquierda, sino que piensan, votan, hablan, actúan, agandallan y disfrutan como siempre lo ha hecho la derecha: son manceristas, aunque el mancerismo no exista.

Esa misma dirección ilegítima no quiere admitir lo que todos sabemos: el PRD no es opción de gobierno en ninguna parte del país en este momento. A esa situación se le ha conducido al un partido que unió a todas las izquierdas y se convirtió en una posible alternancia democrática, popular y social de México.

¿Por qué ha caído tan bajo el PRD? Sus administradores entraron en el mercado de la política a obtener o recoger ventajas de circunstancia. Ellos olvidaron luchar por un cambio de rumbo para México, quizá porque todo lo vieron muy difícil, pero nadie había dicho que iba a ser fácil. Cuando Andrés Manuel rompió con el PRD, algunos esperábamos que se abriera un camino de cambios profundos y radicales en la conducción de ese partido. Aunque se dieron muchas luchas con ese propósito, hasta ahora todas ellas han fracasado.

El punto, por tanto, es que si no se ha podido remover a la dirección ilegítima que desconoce el programa, se niega a convocar a elecciones y se quiere perpetuar en la dirección, tal como lo hacen los autócratas, entonces es preciso organizar a los miembros del PRD para apoyar, juntos, al candidato de la izquierda, es decir, a nuestro candidato.

Las críticas que se expresan contra López Obrador desde la izquierda, aquellas que son sinceras y no provienen, por tanto, de las tribus de tránsfugas que administran el PRD, son parte de las discusiones en una corriente viva que siempre ha estado compuesta de varias izquierdas, tendencias de pensamiento y acción que deben discutir, confrontarse, no sólo a través de la exposición de sus respectivas ideas sino de la práctica política, sin renunciar a sus inmensas coincidencias.

Los actuales administradores del Partido de la Revolución Democrática deberían desalojar sus puestos. Mientras tanto, es preciso contribuir desde diferentes lugares y circunstancias a la unidad de la izquierda, como ha sido siempre la línea política escrita del PRD, apoyando todos al mismo candidato a la Presidencia de la República, al candidato de la izquierda mexicana.

Venezuela: los golpistas

 

Es irrelevante que el gobierno mexicano haya “desconocido” las recientes elecciones venezolanas luego de saludar el plebiscito convocado y realizado por las oposiciones. Esto es así para los venezolanos mas no para los mexicanos. Aquí se ha cometido una intervención política del gobierno mexicano en asuntos internos de otro país.

El gobierno de Peña podría romper relaciones con Caracas, si así lo decidiera. No requiere sanción parlamentaria, ni siquiera apoyo popular. Pero México no reconoce gobiernos y, por tanto, tampoco los desconoce: no puede ser golpista. Tiene o no relaciones diplomáticas con otros Estados. Punto. Así es la política exterior mexicana. O, mejor dicho, era, porque Peña Nieto y Luis Videgaray la han defenestrado. Lo peor es que lo han hecho alineándose con Washington, quien sí reconoce o no a otros gobiernos y, más aún, los puede sancionar y buscar su derrocamiento; así es la política exterior de Estados Unidos, pero ése es otro país y tiene otra historia.

Mas al margen de los desaguisados del gobierno de Peña Nieto, existe Venezuela, donde se ha llevado a cabo durante los años recientes una aguda lucha política, cuyo centro es el destino de los excedentes petroleros, los cuales, por décadas, habían sido capturados por una minoría privilegiada que terminó en una profunda corrupción. Aquella oligarquía fue arrollada por una revolución basada en las urnas: bajo el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela había votaciones a cada rato, fueran o no necesarias.

La oposición venezolana siempre ha sido golpista. Intentó varias veces derrocar a Chávez a través de varios métodos, incluido el golpe militar. Mas lo que no estaba previsto era que lo siguiera siendo después de ganar por primera vez los comicios legislativos. Tan luego como la coalición opositora logró la mayoría en la Asamblea Nacional, se propuso terminar con el mandato de Nicolás Maduro y en eso sigue.

Lo que tampoco estaba previsto era que Maduro se convirtiera en otro golpista a través de actos sucesivos: primero, anular elecciones distritales supuestamente fraudulentas para impedir que la oposición tuviera mayoría de dos tercios en la Asamblea; segundo, negar el derecho a la votación revocatoria del mandato presidencial; tercero, suspender las elecciones locales con lo cual se aplastó el derecho del pueblo a elegir, con el único propósito de evitar la derrota electoral del oficialismo; cuarto, incrementar la lista de presos políticos; quinto, mover al Tribunal Supremo para que éste se arrogara las facultades constitucionales de la Asamblea, lo cual tuvo que ser revertido; sexto, instalar una Asamblea Constituyente, convocada sin sanción legislativa ni consulta popular previa, para decretar luego la caducidad del mandato del poder legislativo.

Las fuerzas bolivarianas que lograron una redistribución profunda de la renta petrolera, han quedado en minoría por no haber aprovechado en su momento los altos precios del crudo para impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Anclado en su carácter de gran exportador de petróleo, Venezuela no resolvió siquiera el problema de la producción de energía eléctrica, mucho menos el de los alimentos. Una nueva industrialización se esperaba al principio de la presidencia de Hugo Chávez con el fin de lograr una economía en expansión y la ampliación del mercado interno, pero no fue así. La política social que jamás se había visto en Venezuela, la que abrió escuelas y hospitales, construyó vivienda y otras obras, forjó programas de subsidios populares, no fue suficiente para impulsar la economía en su conjunto a fin de hacerse sustentable. La guerra económica desatada por una rancia burguesía parasitaria no fue contrarrestada por el gobierno, mucho menos después de Chávez, con la llegada del gobierno de Maduro, el cual no resuelve problemas sino los crea.

Sin duda, los ricos en su totalidad se encuentran en las filas opositoras; ahí nadie se equivoca porque todos desean recuperar lo que se les ha quitado: el excedente petrolero. El problema del gobierno es que su fracaso no se debe a la siempre previsible resistencia de sus adversarios sino a sus propias equivocaciones, graves y consuetudinarias. La crisis económica venezolana es en verdad profunda.

La incompetencia política de Maduro está al nivel que la de sus opositores, con la diferencia de que el presidente tiene que pagar de contado, cada día, sus propias equivocaciones, mientras que sus adversarios se alimentan del desplome de popularidad de un gobierno inoperante. En realidad, el bloque opositor no ha hecho nada verdaderamente memorable después de su triunfo electoral, más que un plebiscito ciudadano golpista que, de cualquier forma, fue un fracaso porque no se alcanzó el objetivo de lograr más votos que los obtenidos por Maduro cuando éste fue candidato a presidente.

A los cuantos días, el partido de Maduro se llevó su propio fracaso porque la elección de la asamblea constituyente quedó lejos del objetivo de congregar a una mayoría de los electores en un país con tan alta incidencia electoral. Los venezolanos sí que saben votar pero ahora han concurrido a urnas diferentes, colocadas por ambos bandos en días distintos, lo cual no era para resolver algún problema sino para complicarlo todo.

No hay pronóstico. Sin embargo, si no se abre un camino de acuerdos, sólo otra fuerza, fuera de la contienda política directa, podría obligar a todos a deponer su beligerancia civil. Esa fuerza sería el ejército, el cual se niega a disparar, pero cuya intervención decisoria tornaría el panorama más difícil y los tiros podrían empezar de verdad.