Archivo por meses: julio 2017

México no puede sancionar a otro país

 

La posición del gobierno de México frente al de Venezuela no podría analizarse al margen de la política internacional de México, tomada ésta como un legado de generaciones anteriores. Sin embargo, valdría la pena centrar la discusión en los aspectos concretos de las sanciones impuestas por Donald Trump y secundadas por Enrique Peña Nieto y su improvisado canciller Luis Videragay.

México ha firmado acuerdos y tratados para perseguir delincuentes buscados en otros países, afectar sus bienes e, incluso, detenerlos con fines de extradición. Pero el gobierno mexicano no está autorizado para aplicar sanciones por motivos políticos. Incluso, la Constitución prohíbe la extradición de reos políticos (art. 15), con lo cual traza una raya infranqueable entre el Estado mexicano y la lucha política interna de otros países, en la que México no puede tomar parte porque no admite que extranjero alguno lo haga en los asuntos políticos del país.

En México no están autorizados los decomisos, secuestros o incautaciones de bienes, mucho menos las confiscaciones, sin orden judicial. Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado podrían actuar en este sentido, a petición oficial de parte extranjera, sólo para colaborar con el país donde actúan o pueden actuar los posibles responsables de muy definidos delitos, como son terrorismo y delincuencia organizada.

El gobierno de México ha ido mucho más lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer los más sometidos aliados de Estados Unidos. Al admitir como buena una declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de tal personaje haya sido una intromisión en la política exterior del gobierno mexicano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre actuando en la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la CIA dijo: “…tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra”.

La CIA admite a las claras que busca una transición en Venezuela, la cual, en todo caso, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra manera, ¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de la inteligencia estadunidense afirma que estuvo en México y en Bogotá, “tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer…”. Esos ellos son los que gobiernan México y Colombia, quienes, se dice, hablaron con alguien que estuvo tratando de “hacerles entender las cosas”, pero ese alguien no era un diplomático sino un espía mundial e interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han criticado duramente a los gobiernos de esos dos países, los cuales han formulado sendas réplicas negando que sus políticas sean formas de intervención y afirmando que lo dicho por el director de la CIA no implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos.

El gobierno de México podría hacer cuanta declaración considerara correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que no puede hacer es formar parte de un alineamiento internacional para promover el cambio de gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma bilateral, con Estados Unidos, al secundar una sanción de este último contra Venezuela, como represalia política concreta contra otro Estado. Esta conducta es inconstitucional porque lesiona el principio normativo de no intervención y el de proscripción de la amenaza en las relaciones internacionales (art. 89. X).

En Estados Unidos existe una ley que faculta al presidente a llevar a cabo esa clase de actos de represalia y otros muchos más, pero en México no hay nada al respecto en la legislación. Lo que no tiene autorizado el presidente de la República, lo tiene prohibido. Así se simple. Pero, además, la conducta del gobierno mexicano es abiertamente contraria al derecho constitucional mexicano.

La simple sanción aplicada a funcionarios gubernamentales venezolanos como represalia, medio de presión y amenaza, secundando a un tercer gobierno para perjudicar a Venezuela, tendría que llevar a incoar juicios políticos contra los funcionarios que hubieran aplicado la orden relativa. La conducta de Videgaray y posiblemente las del procurador y del secretario de Hacienda, por instrucciones de Enrique Peña Nieto, son contrarias a la Constitución y las leyes de México.

Por ahora, el juicio político parece un sueño, pero para iniciarlo se tiene hasta un año después del momento en que dejen el cargo esos funcionarios y otro año más para sancionarles. Por la naturaleza del agravio, habría que instalar el hasta ahora inexistente juicio político en México.

Narcomicidio

 

Matar a personas armadas, en el acto o en momento posterior inmediato, se está convirtiendo en una práctica. No se requiere demostrar que tales conductas son ilegales y violatorias de derechos humanos, sin embargo, el problema consiste en que se repiten sin que se exprese protesta pública y sin que el gobierno emprenda pesquisas.

De Tlatlaya a Tláhuac se manifiesta una clara tendencia hacia la impunidad de homicidios vinculados a actos de autoritarismo en la lucha en contra del llamado Narco. Esto es parte de la “guerra” declarada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, pero tiene su singularidad, pues acoge una doctrina criminológica extrema, brutal y falsa: el derecho penal del enemigo.

Según esa doctrina, el enemigo, el delincuente, ha transgredido el pacto fundamental y es, por tanto, un elemento a quien no se le puede aplicar la legislación como a cualquiera otra persona, sino como alguien cuyos derechos están disminuidos por la propia situación en la que se encuentra y por las decisiones que él mismo ha venido tomando en contra de la sociedad. Si ese delincuente es particularmente violento, entonces la misma doctrina lo abarca, como es lógico, dentro de la respuesta especialmente violenta de la autoridad.

La teoría de la pena se basa en ver a ésta como un mecanismo de sanción ejemplar, una especie de sistema disuasivo de actos prohibidos por las leyes penales. Pero dicha teoría ha sido analizada bajo una lupa crítica y, al menos, se ha puesto en duda que funcione de esa manera. Mas la pena de muerte está prohibida en México desde 1857, cuando se expidió la Constitución de ese año, quedando entonces con esa sanción sólo unos pocos delitos que tampoco iban a ameritar la pena capital cuando se construyera el sistema penitenciario, al cabo de lo cual, la Carta Magna fue olvidada y se fusilaba a cierta clase de personas.

Tenemos ahora que una parte de la sociedad manifiesta aprobación por combates en los que mueren todos los malos, lo cual no ocurre en las guerras formales. Tenemos también una autoridad que cree que matar es una mejor manera de desalentar el narcotráfico, el asesinato, el secuestro y la extorsión: el derecho penal del enemigo llevado a la supresión del primer derecho humano, el de la vida.

Así, un segmento social agraviado o sólo disgustado por la violencia se pone del lado de la misma y facilita, de tal forma, que la fuerza armada, a la que se ha dado extraordinariamente el encargo de llevar ante la justicia a los más violentos criminales, viole la misma ley que defiende.

Peña Nieto ha dicho que nadie debe obedecer órdenes ilegales. Pero como eludió señalar a qué se refería en concreto y habló unos pocos días después de la matanza de Tláhuac, más bien se entiende que estaba tratando de negar que tales órdenes pudieran impartirse desde su gobierno. No se trata de órdenes verticales sino de informales órdenes consentidas: otro mecanismo, pero también contrario a la ley y los derechos humanos.

Muchos saben que la solución de fondo sería superar la prohibición penal de las drogas y crear un sistema de control estatal y social de las mismas pero, mientras tanto, tenemos un problema: alguna parte de la sociedad y una gran parte del Estado simpatizan con la venganza homicida.

Justo cuando los infantes de marina salían de Tláhuac, ocurrían dos hechos aparentemente contradictorios: por un lado, unos, incluso comunicadores, comentaban que así es como hay que actuar, con arrojo y valentía, para detener a los vendedores de drogas; por el otro lado, otros hacían vallas al cadáver de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, y despedían su ataúd con aplausos y vítores. Se podría suponer que esos eran dos bandos en lucha, pero tal idea habría que ponerla bajo aquella misma lupa crítica con el fin de buscar las relaciones entre la teoría del delito, el derecho penal del enemigo y la supremacía de la violencia mortal. Quizá no tengamos dos bandos aquí, sino sólo uno, el de la muerte.

México no debería seguir por la ruta de afrontar este problema mediante la técnica de la eliminación física de los malos, quienes, se sabe, han matado a muchos, algunos buenos y otros malos. El narcomicidio llevará a una mayor violencia y, también, al deterioro moral de la fuerza armada. Hay que replantear el problema, reconducir a las instituciones en las cuales ahora ya no importa matar, por el camino de abrir escuelas para todos los jóvenes y garantizar a ellos mismos el empleo digno.

Contradicciones del “frente opositor”

 

El proyecto de “frente opositor” o “frente democrático”, promovido por las direcciones ejecutivas del PAN y el PRD, tiene varias contradicciones dignas de ser analizadas.

1. La alianza pretende ser la expresión de una “gran corriente ciudadana”, además de partidos y otras organizaciones. Esta característica no se podría conseguir porque no existe ningún proceso espontáneo entre la ciudadanía a favor de un frente regenteado por ambos partidos, ni por otros.

2. Se ha dicho que ese “frente” estará abierto a cualesquiera partidos que deseen adherirse, excepto el PRI, naturalmente. Este planteamiento es falso por cuatro elementos:

a)El llamamiento no ha estado dirigido en realidad a Morena porque se sabe de sobra que ese partido de ninguna manera podría participar en un frente con el PAN;

b) La alianza PRD-PAN no podría admitir al PVEM porque éste ya estuvo en coalición con Acción Nacional (Fox), traicionaría una nueva alianza, es peón de brega del PRI y una de las formaciones políticas bonsái más corruptas y cínicas que han existido, por todo lo cual sería contraproducente;

c) El PT marchará al lado de Morena, mientras que varios otros partidos lo harán con el PRI. El MC no ha definido su política, excepto de no aliarse al PAN. El único partido que podría ir con Acción Nacional es el PRD, aunque sólo por decisión de la dirigencia de éste.

d) Las organizaciones sociales de izquierda no podrían participar en una alianza donde aparezca el PAN porque sus bases no lo permitirían.

3. La dirección del PRD, en coincidencia con algunas frases del líder del PAN, ha dicho que para construir un frente entre ambos partidos sólo hace falta un planteamiento sobre la violencia que corroe al país, una definición en contra de la corrupción y un pacto a favor del crecimiento económico. Sin embargo, nadie ha planteado contenido alguno, sino sólo temas, ciertamente muy importantes, pero sin definiciones. El PAN comisionó a Gustavo Madero para redactar dos proyectos, uno para el partido y otro para el frente, mientras que el PRD no tiene a nadie en esa tarea, por lo cual es de esperarse que el ex líder panista sea ponente de ambas direcciones. Ya se puede anticipar el texto redactado por uno de los más entusiastas autores de la privatización petrolera.

4. La inclinación de la dirigencia del PRD hacia una alianza programática y electoral con el PAN carece de memoria activa. Acción Nacional es el partido más neoliberal y uno de los dos menos laicos del país; ha apoyado todas las privatizaciones, tanto de empresas y bienes públicos como de recursos naturales; secundó el gran fraude del Fobaproa (100 mil millones de dólares); protegió a los ladrones de las administraciones anteriores; recicló el sistema de corrupción y sigue en eso (hay varios destacados panistas en la cárcel pero aún no caen los principales); “declaró” la “guerra” contra el “narco” con su secuela de violencia y contravención de derechos humanos; ha apoyado en casi todo al gobierno de Peña; sus gobernadores jamás cumplieron sus propias “promesas” y ni siquiera conformaron coaliciones de gobierno con sus aliados, como lo habían pactado; ha repudiado siempre las principales propuestas de la izquierda, pues las considera “populistas”, aunque no se conozca el significado preciso de esta palabra. Nadie ha explicado qué elementos podrían unir a un partido con el otro.

5. La dirección del PAN va a definir pronto el procedimiento para la designación de su propio candidato o candidata, sobre el cual tiene tres opciones: votación, asamblea o encuestas. Todo conduce, sin embargo, a tener aspirante propio y buscar el apoyo del PRD a través de un llamado “frente opositor”.

6.Una parte de la dirección del PRD (Mancera-ADN) sostiene que el “frente” tendría que postular un candidato sin militancia de partido. Miguel Ángel Mancera se considera a sí mismo un candidato ciudadano, lo cual es falso, pues no existe un movimiento en tal dirección en el país ni en la Ciudad de México y, por ahora, él es el personaje más influyente en la dirección del PRD, la cual le podría postular a la Presidencia de la República, sin alianza, en un virtual acuerdo con el PRI para combatir separadamente la candidatura de López Obrador. Otra parte de la dirección del partido (NI), la más proclive al PAN, está dispuesta a apoyar al candidato presidencial panista, al que sea, aunque tiene su preferencia. En este marco, el PRD es cada día menos un partido político propiamente dicho.

7.Entre las tareas hacia la conformación del “frente” no se encuentran las relacionadas con el método para decidir las candidaturas en alianza y ni siquiera se sabe cuáles podrían ser éstas.

8.Sería imposible que, en escasos tres meses, una coalición entre el PAN y el PRD pudiera construir una candidatura común ubicada al margen de los dos partidos. No se puede improvisar un aspirante con liderazgo popular sin afiliación de partido. El último que tuvimos en México fue Cuauhtémoc Cárdenas, hace ya 30 años.

9.El PRD está cerca de que caduquen su Consejo Nacional y todas sus direcciones locales (7 de septiembre de 2017). Se les está terminando el tiempo para el que fueron elegidos pero no quieren convocar a nuevos comicios, a pesar de resoluciones del Tribunal Electoral, a las cuales no les hacen caso. Para adoptar la decisión legal de ir a una alianza general con el PAN, se requiere un Congreso Nacional debido a que se encuentra vedada por el anterior cónclave, sin embargo, los actuales delegados también caducarán el mismo 7 de septiembre. Dentro de poco, serán ilegales todas las resoluciones que se lleguen a adoptar en el PRD. Si no hay convocatoria a elecciones estatutarias, el Tribunal Electoral tendría que resolver la realización de las mismas, mediante un fallo adoptado en plena jurisdicción, a menos que los magistrados y magistradas se hagan cómplices de una fraude a la ley. La crisis del PRD es tan profunda que ni siquiera hay ahora elecciones internas y su destino está en manos de los tribunales.

10.En el PAN, el actual presidente tendrá que retirarse para intentar ser postulado como candidato, pero, entonces, su compromiso con el proyecto de “frente opositor” podría quedar en la cuerda floja porque la autoridad política competente de ese partido no ha tomado al respecto resolución alguna.

Renegados de la izquierda

 

Entre los directivos del Partido de la Revolución Democrática que se encuentran más comprometidos con el proyecto de hacer una alianza con el Partido Acción Nacional, destacan aquellos que sostienen la tesis de que los propósitos de tal coalición electoral serían, dicen, impedir que el PRI repita en el gobierno y evitar que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República.

El planteamiento, así de sencillo y directo, es algo inusitado en México. Un partido de izquierda postula que es preciso detener a la izquierda y sostiene la idea de que para ello sería preciso llevar a la derecha panista al gobierno nacional. Esta es la línea que se ejecutó recientemente en el Estado de México, aunque entonces fue para beneficiar al PRI. Por ello hemos dicho que el PRD actúa ahora como parte del mercado político.

La fundamentación analítica de tal línea política no existe en realidad. Lo que se dice al respecto es que Morena es “populista conservador”, pretendida categoría que no se explica, pero que de cualquier forma no podría ser suficiente para preferir a los reaccionarios de Acción Nacional.

Es evidente que en una alianza entre el PRD y el PAN se le entregaría la candidatura a quien los panistas decidieran postular a través de sus mecanismos internos. De otra forma, sencillamente no habría coalición y, entonces, ¿para qué tanta estridencia?

Durante casi 25 años, varios actuales voceros perredistas que hoy proclaman la lucha contra López Obrador apoyaron a éste muchas veces, le acompañaron en el desempeño de la presidencia del PRD, en la gestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las campañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, en México, en la ciudad, para que aquella fuerte coincidencia política y programática se haya traducido en su contrario?

Para cualquiera es claro que entre más desunidas vayan las izquierdas en las elecciones, menor será la probabilidad de que éstas obtengan la mayoría. Lo vemos por casi todo el mundo. También está claro que los partidos más competitivos, en general, no pueden ir solos debido a la atomización política existente en el electorado del país. Es dentro de este esquema que el grupo dirigente perredista hace militancia con la pretensión de llevar a la Presidencia de la República a un nuevo Fox, a un nuevo Calderón, porque repudia la idea de llevar a López Obrador, a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones.

La excusa de algunos es que el problema radica en que Andrés Manuel ha rehusado un acuerdo electoral con el PRD, pero no recuerdan el denominado ultimátum en el Estado de México, el cual fue contestado con un rotundo no por parte del entonces candidato perredista, con el entusiasta aplauso de su propia dirigencia nacional. Se replica, al respecto, que con ultimátum no se puede construir nada, como si en la lucha política no lo encontráramos con frecuencia como método de advertencia y presión que, en aquel caso, era una forma de seguir insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba verdaderamente al alcance de la mano: Morena obtuvo más votos que el PRI según los cómputos oficiales, es el partido más votado en el Estado de México; los partidos bonsái hicieron la diferencia. Todo esto, sin descontar la descomunal compra de votos y el exceso de gastos, es decir, el fraude electoral que pudo haberse neutralizado.

Si en verdad se tratara de derrotar al PRI, mejor sería buscar la convergencia del conjunto de la izquierda, la cual haría más probable la victoria que si se marchara al lado de la derecha panista que no ofrece cambio alguno para el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir que la tesis de apoyar al PAN para contener a la otra izquierda, Morena, es en realidad una retractación ideológica y un entreguismo político. El grupo que impulsa en el PRD la coalición con Acción Nacional se integra por renegados de la izquierda que buscan con desesperación un gobierno panista para “resolver los problemas del país”, según han apostillado en sus infundados discursos.

Lo peor, sin embargo, es que, al admitir de facto que la disputa electoral principal pudiera estar entre Morena y el PRI, el grupo que usufructúa la franquicia electoral del PRD intenta dividir a la izquierda, vista ésta como parte del pueblo mexicano, lo cual terminaría favoreciendo al actual partido oficial.

En cualquier escenario, el mejor servicio que se puede hacer a las fuerzas conservadoras y reaccionarias es luchar desde la izquierda contra la izquierda. Bajo la línea de claudicación y entreguismo, el problema entonces no es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya fuera yendo en coalición con Acción Nacional o lanzando un candidato propio sin alianzas. La lamentable cuestión de fondo es el sitio en el que la ilegítima dirección perredista pretende colocar a la corriente histórica de la que surgió ese mismo partido y de la que hoy evidentemente reniega.

La respuesta que hay que propinar a esa traición al partido y a su programa escrito es unir nuevamente a la gente de izquierda dentro de una sola opción electoral nacional, tal como se comportó esa gran corriente mexicana a partir de 1988.

Las mentirosas golondrinas en el alambre

El gobierno mexicano siempre ha escuchado comunicaciones telefónicas privadas. Lo nuevo consiste en cómo lo hace y en para qué usa el producto de sus ilegales intromisiones. También es novedad que ahora no sólo oye sino también lee las comunicaciones, como en los muy viejos tiempos en que la correspondencia aún no era libre e inviolable.

El gran problema que tiene hoy México es que no hay, ni se quiere que haya, el menor control sobre esa actividad. El gobierno ha dicho que no sabe nada de nada, pero no se le ha solicitado un informe oficial sobre las interferencias “legales”, quiénes las hacen y con qué propósitos generales. Dicen que todo es secreto de “seguridad nacional”, lo cual es una mentira, pero muchos medios y casi todos los partidos se la han creído.

Si en México existiera un verdadero Congreso, el gobierno tendría que informar lo que hace y cómo lo hace, en esta materia y en muchas otras. Lo que es secreto es lo que se oye o lo que se lee, excepto cuando el secretario de Gobernación decide filtrarlo a la prensa: lo secreto se convierte en público, pero el gobierno vuelve a negar su autoría.

En realidad, un gobierno que actúa de esa manera es de carácter delincuencial, pero eso no es visto así, sino que, por lo regular, se acepta que cualquier gobierno necesita conocer las comunicaciones de los adversarios, por un lado, y de los delincuentes organizados, por el otro. Pero se revuelven ambos planos de tal manera que el espía se puede meter con cualquiera.

Aun a los “malos” hay que espiarlos mediante órdenes judiciales, pero tampoco se conoce la estadística al respecto, la cual no tendría que ser secreta.

Las golondrinas en el alambre oyen o leen también a Enrique Peña Nieto, según él mismo ha dicho, aunque no aclaró que se trata de la NSA estadunidense. Sin embargo, tal afirmación del presidente fue para dar a entender que las intervenciones de teléfonos celulares y correos electrónicos son realizadas por personas enteramente desconocidas y, más aún, por cualquiera que se proponga hacerlo para el propósito que fuera. Esta es otra gran mentira de las golondrinas en el alambre, pero admitida por algún columnista que tilda de ingenuos a quienes niegan que pueda haber consorcio de espionaje ilegal fuera del gobierno. Ése, sin embargo, no ha sido ingenuo al tragarse la especie oficial, ni le hizo daño, sino todo lo contrario.

Los sistemas de interferencia de comunicaciones privadas tienen un costo. El poder de fiscalización lo posee el Congreso pero tampoco sabemos qué se ha comprado y cuánto se ha gastado porque se encuentra bajo secreto –”reservado”, se dice–, lo que evidentemente es una mentira más de las aludidas golondrinas. Ninguna partida secreta ha sido aprobada por la Cámara desde hace varios años y, aunque la hubiera, el secreto no exime de dar cuenta del gasto.

La ex procuradora Arely Gómez dijo que la PGR compró equipo de interferencia, caro por bueno. La Secretaría de la Defensa ha dicho que también compró pero no le gustó el servicio del contratista. El CISEN no ha dicho nada, pero se filtra que sí, que lo tiene. Se añade que todo, sin embargo, ha sido enteramente legal. Las mentiras de las golondrinas llegan a su culminación.

Hay uno que otro periodista y director por añadidura, de esos que siempre están con el gobierno y la chota porque les pasan filtraciones de origen ilegal, que ha dicho que no hay motivo para no creerle a los funcionarios, de tal manera que las personas que quieren saber lo “secreto” del tinglado nomás están mal: prohibido inquirir, prohibido saber. Siempre ha habido periódicos así. Espero que en un lejano futuro no haya golondrinas ni redactores que les acompañen.