Archivo por meses: diciembre 2016

En México no hay rebelión

Desde la fundación del México republicano se ha asignado al Presidente la obligación de disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Ya desde Apatzingán (1814: art. 160) se hacía este planteamiento. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (art. 16) fijó la redacción actual. El único cambio ha sido (2004) agregar la obligación presidencial de preservar la “seguridad nacional” según ley expedida por el Congreso, con el fin de dar cobertura jurídica al CISEN y a la “inteligencia” gubernamental, pero se dejó igual el resto de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna.

Si durante casi 200 años no ha sido necesario hacer una interpretación del término “seguridad interior”, ¿qué lo requiere ahora? El gobierno y los militares están viendo esa fracción VI como si ahí estuviera una facultad conferida a las fuerzas armadas, pero eso no es verdadero. Lo que tal precepto establece es una obligación del Presidente de la República de usar la fuerza armada para la seguridad interior de la Federación es decir, del poder constituido en el país, frente a rebeliones armadas. Aquí se encuentra una de las dos funciones del Ejército y la Armada: defender al poder, impedir su derrocamiento violento. La otra es rechazar una agresión extranjera, tal como el mismo precepto constitucional lo refiere bajo el término de “defensa exterior”.

¿Para qué hacer una ley que convierta al Ejército y la Armada en cuerpos policiales? Pues para otorgarles facultades que no tiene la policía y que serían contrarias a los derechos fundamentales y sus garantías, establecidas en la Carta Magna. Eso es lo que se busca.

El fracaso del gobierno se ha convertido en ocasión para otorgar a las fuerzas armadas las prerrogativas que éstas han estado exigiendo, tales como retención de detenidos, intervención de comunicaciones, acceso a datos protegidos, detenciones sin orden judicial, etcétera. Es la “guerra” que fuera declarada por Calderón. Sin embargo, la crisis de violencia que padecemos es otro fenómeno.

Bajo un Estado de derecho el gobierno no puede declarar la guerra a sus propios ciudadanos que no están levantados en armas, sino que frente a la violencia debe otorgar garantías a todos para que la ley se cumpla y se logre defender a la sociedad, en especial la vida de las personas. La idea de esa falsa guerra es tan odiosa porque atenta contra los derechos humanos.

Calderón pidió al Congreso allanamientos y detenciones sin orden de juez. “La chota en tu casa”, le llamé entonces. La Cámara de Diputados ya las había aprobado cuando en el Senado ocurrió un milagro el día de su discusión y el precepto regresó a San Lázaro donde finalmente se declaró rechazado. Ahora lo está planteando el PRI, con el recíproco apoyo del PAN, bajo el pretexto de que los militares ya que no están de acuerdo en seguir siendo policías si no se les garantiza impunidad.

Lo ha dicho a su modo el general secretario, Salvador Cienfuegos. Él afirmó que los militares podrían preferir ser acusados de desobediencia a tener que enfrentar procesos por delitos relacionados con violación de derechos humanos. Dijo que les podía salir más barato. Es decir, que por cumplir órdenes se atropellan derechos. Pero entonces la solución debería consistir en que no se emitieran órdenes contrarias a la ley y se respetara a los seres humanos. Nada más elemental bajo un Estado de derecho.

El proyecto del PRI para otorgar preeminencia inconstitucional a los militares debería transmutarse en una reforma para instaurar en las leyes el protocolo de relación entre militares y población civil como ya lo había intentado la Armada de México. Tlatlaya es el paradigma de ejecuciones de “rebeldes” que aun en la guerra están absolutamente prohibidas.

Al mismo tiempo, el artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer más funciones que las militares. En México no hay guerra interior ni con el exterior. El mismo jefe del Ejército admite que no están actuando como soldados y, por tanto, se encuentran al margen de la Constitución, pero pide una ley que resuelva el problema. Pues no, no se puede. Se tendría que hacer una subversión de la Carta Magna para inventar una institución que fuera, al mismo tiempo, policía y ejército, pero además al margen del respeto de los derechos de la gente. En esto último estriba en realidad el mayor problema.

Habría sin embargo una solución aunque diferente a la que se pide ahora. Debería revisarse la última minuta sobre el tema, enviada por el Senado a la Cámara e ilegalmente congelada por ésta, pues nunca se votó en San Lázaro debido a la inconformidad de los militares y de Calderón.

País a la venta

La inversión extranjera directa no es despreciable de por sí. El problema es que el Estado, administrador por cuenta de la nación de los yacimientos de crudo y gas, decide traspasar parte de esa riqueza a empresas privadas. Los inversionistas van tras un 40 por ciento del valor del producto. Pero México podría ir por toda la ganancia y, además,  desarrollaría la ingeniería y la tecnología que tanto hace falta en un país atrasado.

Dos de las asignaciones en la zona marítima conocida como Perdido han sido otorgadas a consorcios en los cuales Pemex es socio minoritario. En una de las áreas ya se han hecho trabajos de exploración, la inversión es por tanto muy segura. Los nuevos socios mayoritarios de Pemex en esos proyectos serán la australiana BHP Billington, para el campo Trión (120 mil barriles diarios), y Chevron (EU)-Inpex (Japón).

Las otras trasnacionales beneficiadas con siete contratos adicionales, agrupadas todas ellas en diferentes consorcios, fueron: Statoil (Noruega); BP (Gran Bretaña); Total (Francia); ExxonMobil (EU); Offshore Oil Corporation (China); PC Carigali (Malasia). Ha sido un festín para esas empresas las cuales ampliarán sus operaciones hacia la zona sur del límite internacional marino del Golfo de México.

Todo lo que se pueda hacer con esos nueve contratos para aguas profundas pudo haber sido planeado hace diez años exclusivamente por Pemex de tal forma que ya estarían en actividad varios campos. Pero durante ese lapso el Estado mexicano, sus grupos políticos decisorios, se dedicaron a ponerse de acuerdo poco a poco hasta que al final definieron la forma exacta en que privatizarían los yacimientos de hidrocarburos. Mientras, siguieron dejando a Pemex sin recursos propios con el fin de que contratara empréstitos que en los hechos y en forma ilegal financiaran el gasto corriente del gobierno. La empresa petrolera estatal mexicana fue ahorcada también para justificar las actuales subastas petroleras a favor de trasnacionales. Sin embargo, al día siguiente de la asignación de nuevas áreas Pemex lanzó una oferta de deuda para obtener 4 mil millones de dólares pero contrató 5 mil 500 de una demanda de 30 mil. El petróleo sigue siendo negocio aunque el gobierno federal ya no lo quiera operar. Los inversionistas privados se arrebatan los papeles.

La política petrolera del gobierno es una de las formas de poner un país a la venta pues se trata de bienes nacionales no renovables (crudo y gas) cuyos precios son variables y constituyen además reservas de largo plazo. Aunque sea una enajenación parcial, ya que una parte del dinero se quedará como impuestos y otros ingresos, no se puede ocultar el carácter de venta de los yacimientos. Los contratos se firman con una duración que está determinada por la existencia productiva de los pozos y el número de éstos en cada depósito natural será el necesario para extraer todo el hidrocarburo posible. Es evidente que el yacimiento es lo que se está vendiendo con independencia de la forma de determinar el precio del mismo.

El problema no termina ahí. La concesión a las trasnacionales implica que México renuncia a un desarrollo de la ingeniería en general y de la tecnología petrolera. Un país atrasado debe usar sus riquezas naturales no sólo para el gasto social sino principalmente para construir las estructuras productivas permanentes a través de las cuales se forjen trabajadores más productivos y con mayores ingresos. Lo que México requiere no sólo es vender materias primas sino transformarlas y aprender a producir más y mejor. Esa no es la política del gobierno.

La subasta de yacimientos ha sido presentado como un respaldo del “mercado” a México como economía y como gobierno. Eso lo ha dicho el secretario Meade, pero no es más que propaganda. Las trasnacionales han venido a hacer negocios altamente redituables –eso es lo suyo– aprovechando el entreguismo del PRI y del PAN que fraguaron todo a espaldas al país. Como la Suprema Corte negó la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada separadamente por el PRD y Morena, la nación fue ubicada en situación de indefensión, pero sólo por lo pronto, es decir, mientras no sean removidos del poder ambos partidos causantes del innecesario e inicuo remate de bienes de la nación.

Cuba, Fidel Castro, el mundo

Fidel Castro murió exactamente 60 años después de haber zarpado de Tuxpan rumbo a Cuba para intentar por segunda vez dirigir una revolución. Seremos libres o mártires, dijo varias veces.

La anhelada verdadera independencia nacional de Cuba era el objetivo principal de los rebeldes, la cual se logró pero en medio de un estado de guerra permanente. “Primero se hundirá esta isla en el mar antes de ser esclavos de nadie”, exclamó Fidel ante su pueblo y el mundo.

Con un solo decreto, Fidel Castro nacionalizó todas las empresas estadunidenses que operaban en la Isla como enérgica respuesta a los actos de sabotaje llevados a cabo por la CIA. Estados Unidos había empezado una guerra y Cuba no podía rendirse.

Después del fracaso del desembarco de Playa Girón, lo que se esperaba era una invasión norteamericana directa, la misma que había sido planeada para cuando los expedicionarios cubanos formaran un gobierno provisional en cualquier población remota de la Isla. Por ello se emplazaron en Cuba misiles nucleares soviéticos. Al final, para evitar un catastrófico conflicto mundial, las dos grandes potencias (Jrushchev y Kennedy) convinieron que no habría invasión estadunidense a cambio del retiro de los cohetes, pero no se cancelaron el bloqueo y el asedio. Así, hasta ahora.

En todos estos años en Cuba no ha habido libertad de asociación ni de prensa. Se trata de una muy sensible falta de derechos fundamentales. La posición de Fidel Castro y sus compañeros consistió en que Estados Unidos patrocinaría los medios de comunicación y los partidos políticos. ¿Era esto cierto? A juzgar por la forma en que el gobierno norteamericano agredía a Cuba, no tendría que haber duda de que unos cuantos millones de dólares de más hubieran valido la pena para comprar políticos y periodistas sacados de ser necesario hasta de abajo de las piedras. Como ridícula paradoja, la “libertad de prensa” ha llegado a Cuba mediante las frecuencias de Radio Martí que transmite desde Florida el mensaje de otro gobierno, el de Washington. El problema mayor fue sin embargo la falta de libertad de manifestación de ideas de quienes estaban con la revolución. La férrea disciplina revolucionaria eclipsó al pensamiento crítico. Esa es toda una historia.

Siempre que el gobierno de EU emprendía una agresión, Fidel respondía. Jamás se quedó sin actuar. “Señores imperialistas: no les tenemos absolutamente ningún miedo”, decía un gran letrero puesto enfrente de la oficina de intereses norteamericanos en el malecón de la Habana. Pero, ¿cuáles eran los “intereses” de Estados Unidos en Cuba si los ciudadanos de aquel país ya no tenían propiedades en esa isla? La clase política estadunidense, algunas empresas internacionales y una parte del exilio cubano siempre han buscado revancha. Y en eso siguen a pesar de las relaciones diplomáticas restablecidas por Obama.

La influencia política de Cuba llegó a ser tan grande que se conformó una corriente política latinoamericana, más allá del guerrillerismo, con el sello de Fidel y el Che. Varios países y movimientos que habían luchado y seguían luchando por su independencia y su posterior autodecisión acudían al llamado del gobierno cubano. Fidel convocó exitosamente a una conferencia tricontinental. La Habana era uno de los centros de resistencia al imperialismo, el injerencismo, el intervencionismo y la agresión que formaban y aún forman parte de la política del gobierno de Estados Unidos. La exitosa defensa militar de Angola ante al gobierno racista de Sudáfrica fue el lance de mayor relevancia internacional de Cuba pero no el único. Por otro lado, dos señaladas incongruencias de Fidel fueron su respaldo a la invasión de Checoslovaquia (1968) y su justificación de la ocupación de Afganistán (1979), ambas realizadas por la Unión Soviética: el interés de Estado impidió la defensa de principios originales. Así andaban las cosas entonces.

Fidel Castro era también un exponente del poder dictatorial. Los políticos norteamericanos y no pocos de sus aliados en el mundo entero, en primer lugar las criminales dictaduras en América Latina y los grandes medios de comunicación,  siempre presentaron al líder cubano como un conspirador contra el “Mundo Libre”, lo cual era imposible negar, pero también como un despiadado represor de su propio pueblo. Nadie podría sostener que en Cuba no ha habido represión política, pues sería casi el único país del mundo en carecer de dicho instrumento de gobernanza, pero tampoco fue documentada la existencia de ejecuciones por motivos políticos, torturas y encarcelamientos masivos, prácticas características de gobiernos castrenses y de algunos otros de carácter civil. En marzo de 1959, dos meses después del arribo de Castro Ruz al poder, el presidente de México, Adolfo López Mateos, encarceló en un solo día a cinco mil trabajadores ferrocarrileros que estaban en huelga, cuyos líderes fueron mantenidos en prisión durante más de dos lustros. Nueve años después, Díaz Ordaz masacró estudiantes en Tlatelolco ante el completo soslayo de Cuba y de casi todos los demás gobiernos en aquel mundo donde nadie admitía que en México había un sistema dictatorial o por lo menos represivo. Pero lo había, sí.

Los problemas económicos de Cuba no se han debido siempre al bloqueo estadunidense. Hace años publiqué en La Jornada un artículo intitulado “¿Senilidad de la revolución?” que contenía una crítica del sistema económico de Cuba, por el cual recibí algunas majaderías de parte de ciertos castristas dogmáticos con quienes era imposible discutir el asunto en el marco de una mínima honradez intelectual de su parte. Según ellos, había que sostener que el bloqueo era la causa de todo problema pues de lo contrario se le hacía el juego al imperialismo. El tema de la economía está ahora en boca de todos en Cuba mientras en el resto del mundo se esperan anuncios al respecto.

Hay muchos libros sobre Cuba y su líder. Cuando los archivos se abran por completo otros autores podrán redactar la historia de esa isla. Mas lo que no admite duda es que Cuba está adelante dentro del Tercer Mundo en educación, vivienda, salud e igualdad económica, y que siendo un país pequeño ocupó un relevante papel en el mundo, todo ello bajo la dirección de un rebelde de nombre Fidel Castro.