Archivo por meses: Septiembre 2016

Enrique Ochoa Reza (PRI) y de la CFE violaron la Constitución

El artículo 126 de la Constitución dice que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, pero como era una costumbre violar ese antiguo precepto, hubo necesidad de reformar el siguiente artículo, el 127, el cual, entre otras muchas cosas, prescribe: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Enrique Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, cobró un millón 206 mil pesos netos por haberse separado voluntariamente como director general de la Comisión Federal de Electricidad para aceptar un nuevo encargo presidencial, al margen de la función pública, luego de 2 años y 155 días de dirigir la paraestatal. El instrumento invocado por el “líder” priista para demandar y obtener su “liquidación” fue el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE que no es ley, no es presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no es contrato colectivo, no es condiciones generales de trabajo, en virtud de lo cual sus reglas particulares sobre pagos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por servicios prestados son nulas de toda nulidad según la Carta Magna.

Mas el problema no termina ahí sino que está bastante más complicado. El “Manual” no permite otorgar “liquidación” a los jefes de la CFE que se separen de manera voluntaria, como fue el caso del líder priista, el señor Ochoa Reza, antes de tres años. El artículo 33 de ese “Manual” tiene dos apartados en cuanto al pago por servicios prestados: retiro “por voluntad propia”, que es el caso, y por “liquidación” que de ninguna manera es el caso. De haberse aplicado el primero y no el segundo el señor Ochoa Reza no hubiera alcanzado ningún pago porque sólo aplica para después de tres años de servicio.

Está claro que el “Manual” es groseramente contrario a la Constitución pero, en el colmo, también fue violado para poder entregar de todas maneras un dinero a Ochoa Reza por cuenta de la nación.

La redacción actual del artículo 127 de la Constitución fue discutida en el Senado durante dos años. Yo fui quien redactó y presentó la iniciativa. Después, estuvo congelada en la Cámara donde tuvo que ser sacada de los cajones cuando los consejeros del IFE pretendieron aumentarse el sueldo con lo cual se provocó un escándalo. Finalmente, el decreto de reforma constitucional se aprobó en los estados y se publicó el 24 de agosto de 2009, junto con un plazo para que el Congreso emitiera la ley reglamentaria. A pesar de que el Senado aprobó un proyecto de ley en 2011, desde entonces el PRI y el PAN han olvidado ilegalmente la minuta: ahí sigue sin que haya explicación alguna, al estilo mexicano. No obstante, el texto constitucional está vigente y debería ser respetado pues contiene normas que no requieren interpretación alguna.

Así como Ochoa Reza ha cobrado una liquidación inconstitucional y, en el colmo del abuso, contraria a las mismas reglas inconstitucionales de la CFE, hay muchos que lo hicieron antes y muchos más que, habiéndolo hecho, reciben además una pensión vitalicia. No sólo son los ex presidentes de la República sino los ex directores de organismos descentralizados. José Ángel Gurría, por ejemplo, fue empleado de Hacienda desde muy joven y cuando después de pocos años en el cargo abandonó la dirección de Nacional Financiera le contaron su antigüedad en la Secretaría para juntar años y aplicar un reglamento interno que otorga buenas pensiones por haber estado en “el sector financiero”. Al pensar en personas como ésa, genuinos exponentes de la corrupción mexicana, el Congreso estableció la regla de que, a pesar de haberse otorgado en el pasado al margen de la ley, “no se concederán ni cubrirán (hoy, mañana y siempre) jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados”.

Al respecto de la corrupción, Enrique Peña Nieto ha dicho que “No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra…”. Es decir, que la corrupción está en todos y beneficia a todos. Esta es la idea que se ha querido implantar sobre ese lacerante fenómeno desde los años cincuenta del siglo XX, es un criterio netamente priista. Los gobernantes roban y arrojan escurriduras sobre algunos otros, funcionarios y particulares, para que formen “parte de un modelo”, como lo ha catalogado el mismo presidente de la República. Estamos seguros que Peña conoce ese “modelo”, el cual contiene, según los conceptos de él mismo, una fórmula tendiente a culpar a “todos” de lo que ha sido una penetrante obra del poder.

Quienes firmaron la autorización para pagar a Enrique Ochoa Reza su millón y pico de pesos son Jaime Tadeo Castelán y Karine Slim, el primero es subgerente de Relaciones Laborales, el segundo es jefe del Departamento de Dictámenes, pero ambos tienen jefes que ordenan. El convenio fue registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje aunque no corresponda a la naturaleza de esa fraudulenta “liquidación”. Junto a Ochoa Reza, esas dos personas, por lo menos, deben ser sometidas a un procedimiento en el órgano interno de control de la CFE. El asunto tendría que llegar a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al Ministerio Público. Así suelen tratarse esa clase de conductas en muchos países, pero como México no hay dos.

Valdemar y el clero

Hugo Valdemar Romero se ha convertido en los hechos en el principal vocero del Episcopado Mexicano. Bajo el cobijo de Norberto Rivera Carrera, cardenal y arzobispo de la Ciudad de México, ha convertido su voz en la del clero católico con la cobertura que le brindan los grandes medios de comunicación.
Este sacerdote sostiene que la homosexualidad se “padece” y hay que “liberarse” de ella, para lo cual recomienda a un psicólogo de apellido Cohen, “quien padeció la homosexualidad y pudo liberarse”, según dijo Valdemar en una declaración hecha ante sí mismo, el Sistema Informativo de la Arquidiócesis, y desde luego difundida por la prensa.
Valdemar no expone una interpretación de los Evangelios sino una ética que promueve la intolerancia y el odio hacia los y las diferentes. Lo ha hecho con los islamistas y, de costumbre, lo hace contra los homosexuales y las lesbianas, a quienes considera contagiados y contagiosos pero, como la cura es una “reorientación a la normalidad” y una “liberación”, según palabras de Valdemar, se trata de arrancar deseos, inclinaciones o lo que sea distinto al paradigma ético que sostiene el sacerdote ¿de cuál iglesia?
Para Valdemar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamado también matrimonio igualitario, pone en riesgo el futuro de la sociedad, según dijo en reciente entrevista radiofónica. Aunque con confusos y equivocados conceptos, el sacerdote convertido en ideólogo privilegiado del clero católico decía a José Cárdenas que “atrás de todo este tipo de iniciativas hay una teoría e ideología de género (sic), donde se va implementando toda una serie de nuevos valores, falsos valores, que niega la misma antropología y la misma constitución humana de la persona (sic)”.
Valdemar sabe que seguirá habiendo parejas de homosexuales y lesbianas, las cuales no pueden evitarse con la fuerza que hoy tienen los enemigos del respeto a las diferencias, mas lo que él busca, tal como sus mentores, es que tales parejas no se vean, que se mantengan ocultas. Es por ello que el acto civil del matrimonio igualitario se analiza como contrario al matrimonio eclesial católico y los derechos legales de la pareja no heterosexual son inaceptables para ese oscurantismo decaído y vuelto a levantar. Pero, en el fondo, ninguna religión tendría que verse ofendida en absoluto con la legalización de decisiones convenidas entre dos personas cualesquiera que sean su sexo y su preferencia sexual.
Valdemar postula sin recato la ideología de género todavía dominante, la cual es excluyente, maniquea, opresiva, es algo de lo que algunos llaman “dominación masculina” (Bordieu) o, en términos más amplios, “opresión de género” (Pitch), llevada a las leyes modernas por aquel liberalismo que, como parte de su homofobia, replanteó que las relaciones entre hombres eran un delito (sodomía) en el primer código penal de 1835, en Veracruz, y prescribió la pena “de diez a quince años de trabajos forzados” con el propósito de castigar a unos y lograr que otros ocultaran sus preferencias sexuales. Empoderados católicos de inspiración medieval como Valdemar hacían leyes todavía en la primera mitad del siglo XIX, mas los liberales anticlericales las siguieron haciendo por el estilo a partir de la segunda mitad de ese mismo siglo persiguiendo actos sexuales contrarios al “orden natural” (Código de 1871), “antinaturales”, escriben hoy Rivera y Valdemar en su semanario. La homofobia no es exclusiva de sacerdotes. Ahora, cuando la proclama de la modernidad es ya historia, se anatematizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo tal como ocurría en las oscuridades medievales.
Dentro de esta misma discusión, nos enteramos por Valdemar que la Conapred y la Copred (organismos públicos para garantizar la no discriminación) son “instituciones represoras” que “actúan para que encarcelen a los padres de familia que no aceptan la dictadura gay”. Al respecto Valdemar dice que esto es “diabólico”. ¿A que diablo se refiere?
Me niego a creer que todo el clero, por el que habla Valdemar, tenga esas ideas. Me quedo al respecto con un obispo, el de Roma, Francisco, quien en referencia a los homosexuales dijo “¿quién soy yo para juzgarles?”. Algo nuevo tendría que hacer en México el pontífice católico cuando Rivera ya no sea arzobispo en funciones, ya pronto.
 

Presupuesto: los mismos errores

     Enrique Peña Nieto ha cometido los mismos errores de siempre en materia de finanzas públicas y, en general, de economía nacional. Como consecuencia, el país se encuentra a las puertas de una crisis.

Durante el periodo en curso, como antes, no se ha impulsado la inversión ni se ha iniciado un proceso de redistribución del ingreso. Estos dos errores básicos son la base sobre la que se sustenta el estancamiento económico crónico que padece el país. La reforma energética, en lugar de promover más inversiones, ha provocado su disminución pues Pemex ha sido víctima de un feroz ataque desde la Presidencia de la República, al grado de obligar a su achicamiento: cada día produce menos. La inversión pública en general también ha sufrido porque el gobierno carece de proyectos directamente productivos y se dedica al fomento de ciertas inversiones privadas mediante subsidios nada disfrazados.

Peña dio al principio de su gestión algunas señales de que podría modificar la política económica, al menos en cuanto a la recaudación, pero se limitó a la llamada reforma fiscal, obtenida a partir de algunas de las propuestas del PRD y con el indispensable apoyo decisivo de dicho partido, pero ésta ha sido tan repudiada por capitalistas y altos empleados, así como por el PAN, que Peña decidió limitarse a los cambios iniciales de lo que podría ser una nueva política fiscal. Peor aún, en lugar de utilizar bien los nuevos recursos proveídos por aquella reforma mocha, el gobierno mantuvo la contracción del gasto productivo, sostuvo la expansión inercial de los sueldos de la alta burocracia, amplió la base del gasto directamente clientelar, apoyó a algunos gobernadores en apuros, subió los gastos de operación y dilapidó con propósitos electoralistas mientras que la corrupción se acentuaba. El resultado ha sido que la deuda pública acumulada ha crecido mucho respecto de la cuantía del PIB anual al llegar al 50.5% de éste (la más alta desde la crisis de 1994-96), mientras la economía sigue estancada en términos sociales, es decir, tomando en cuenta el crecimiento de la población.

Desde hace mucho tiempo, los sucesivos gobiernos han creído que la productividad es el aumento de la tasa de ganancia. No entendieron nunca que esta última es el rendimiento del capital determinado por varios factores y no sólo por la elevación de la capacidad productiva del trabajo social. Ese inicuo concepto que prevalece ha dado sustento a políticas económicas basadas en la protección de la tasa de ganancia (ingreso neto por unidad de capital invertido), en lugar de buscar que el aumento de la productividad se traduzca en mejores remuneraciones de los trabajadores de la ciudad y el campo, es decir, en la ampliación del mercado interno. Es por ello que México es también campeón mundial en concentración de ingreso y riqueza en unas cuantas manos.

Asimismo, se ha creado un concepto de finanzas públicas que consiste en mantener uno de los menores porcentajes de recaudación en términos del PIB que existen en el mundo. El gobierno cree que este es un dogma que procura la inversión, especialmente la extranjera, pero con el cual no puede explicar bien porqué ésta ha disminuido recientemente.

Como casi todo se ha hecho igual que antes, ahora tenemos otra vez un grave problema de gasto-financiamiento. El gobierno se ha endeudado sin bases y ha decidido buscar remedio a su despropósito mediante el superávit primario que no es otra cosa que bajar el gasto social y restringir más aún la inversión pública para garantizar el pago de los abonos de la deuda (3% del PIB en el año). Cuando un gobierno tiene más ingresos que egresos (superávit) sin contar el costo financiero está reteniendo dinero de las contribuciones mientras que el nuevo endeudamiento ya casi es igual que los intereses de la deuda acumulada. De esa manera se perjudica la economía al bajar el gasto y no usar la deuda para invertir. Ya se puede apreciar que el año próximo el crecimiento económico será igual que durante el actual, si acaso. Desde la crisis de 1994, los saldos sexenales (Zedillo-Fox-Calderón) de crecimiento del PIB per cápita real han venido cayendo, desde 2.8 hasta 0.6%, y parece que así cerrará al término del sexenio de Peña.

Durante el presente año se recortó por un lado y se gastó más por el otro. Ahora vendrá un recorte casi general, pero no bajarán los altísimos sueldos de la alta burocracia (de los más elevados del mundo) ni sus gastos de operación (inconstitucionales muchos de ellos). ¿Qué país reduce su gasto en educación (-15.1%), ciencia (-23.3%) y salud (-10.8%)? Sólo uno: México.

Es necesario, por tanto, organizar manifestaciones y otras protestas para exigir que los gobernantes se bajen sus sueldos y abatan otros gastos superfluos. Se podrían rescatar así algunos miles de millones para educación y salud mientras se logra un gobierno que no cometa los mismos errores.

Que se publique la conversación de Peña con Trump

La inopinada visita de Donald Trump a México ha tenido graves consecuencias porque cuando se juntan a maquinar varios políticos extraviados el resultado no es una suma de errores sino un error multiplicado.

El origen es la pretensión obsesiva de Peña Nieto de hacerse pasar por un estadista de nivel mundial. Pero el presidente de México no ha elaborado ninguna iniciativa de carácter internacional. Sus conversaciones con otros jefes de gobierno han sido anodinas. Su política internacional es principalmente defensiva frente a las acusaciones de que en México se violan los derechos humanos.

Aunque el gobierno de Peña no tiene nada qué proponer a otras naciones, se ha visto metido en un problema relativamente nuevo: un posible presidente de Estados Unidos propone concluir el muro fronterizo a lo largo de toda la línea, revisar el TLC y cambiar las reglas fiscales, además de intensificar más aún (Obama ya lo ha  hecho) el programa de deportaciones. Como parte de su estridente propaganda y ante la renuencia a costear el muro a pesar de que muchos están de acuerdo con su completa construcción, Trump ha tenido éxito en sostener que él sería capaz de obligar a México a pagar por el 100% del muro. Podría decirse que algo de lo más aplaudido en los discursos del candidato millonario es la temeraria afirmación de que México pagará aunque los mexicanos aún no lo sepan, según dijo en Phoenix al regresar de su visita a Los Pinos.

Al parecer, una consecuencia de la desastrosa invitación a Trump fue la separación del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El error de fondo provocado por el ridículo protagonismo del presidente se multiplicó rápido: el falso cálculo de que la visita de Trump le restaría votos a éste; la absurda idea de que se podría aminorar la salida de dólares para ayudar a estabilizar el peso; la estrafalaria pretensión de que Hillary Clinton tendría también que aceptar la invitación de Peña, lo cual haría del presidente mexicano un político de grandes ligas al recibir en su oficina a los dos candidatos estadunidenses en la víspera de la votación.

Como los errores políticos no se suman sino que se multiplican porque son en realidad un mismo error, no ha sido Videgaray el único perjudicado sino todo el gobierno y el PRI, incluyendo al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el cual se permitió afirmar en entrevista con El Universal que la visita de Trump había sido un éxito del presidente.

Para colmo, Peña no dejó zanjada el tema del muro en la conferencia de prensa conjunta y tuvo que aclarar después en un tuit que sí le había dicho al candidato en privado que México no va a pagar el muro. Con esa aclaración, sin embargo, Peña cometió la peor parte del error: caer en el falso debate de quién pagará. La posición de México como Estado y como nación es que todo acto tendiente a construir ese muro sería considerado una agresión, la cual, por tanto, crearía un grave conflicto internacional de consecuencias impredecibles. Esto era lo que se debió decir con o sin entrevista y es lo que habría que proclamar ahora, pero el tema del muro ya sería ridículo en boca del presidente.

Por un lado, Trump ha afirmado que Peña nunca le dijo que México no pagaría. Por otro, Hilary Clinton acusa a su rival de mentiroso con base en un tuit del presidente mexicano. Pero no está demostrado que el republicano dijera una mentira. Esto complica todo y deja en auténtica vergüenza a México.

Para colmo, Trump dice que fue tan exitosa su visita a México que han tenido que despedir a quienes la promovieron. Después ha agregado que Videragaray, “maravilloso hombre”, fue un “brillante secretario de Hacienda”. Lo peor de todo es que ese candidato ha subido en las encuestas a pesar de las burlas que ha hecho del gobierno mexicano y de México.

Ante ese error multiplicado, el Congreso debería exigir el texto de la conversación privada entre Enrique Peña y Donald Trump. Por haber situaciones graves que afectan a México, debe hacerse valer el derecho a la información.

Mejor acabar con el presidencialismo

Algunos lamentan que el informe presidencial se haya eliminado como acto ceremonial y que ahora sea un trámite burocrático. Pero el problema nunca ha sido la forma de presentar las cuentas sino el carácter del poder ejecutivo. Sea cual fuere el método de informar, bajo el sistema presidencialista la función de gobierno está conferida a una sola persona mientras que la representación popular vive en permanente minusvalía e, incluso, requiere una mayoría de dos tercios de sus integrantes para hacer valer sus propios proyectos de ley.

El informe del ejecutivo viene de las monarquías constitucionales y fue asumido por las repúblicas junto con otras fórmulas tendientes a reducir las funciones de los parlamentarios. Esa división en la que cada poder (el ejecutivo y el legislativo) debe sostenerse por sí mismo no se convirtió en los hechos en una dictadura congresual, como se argumentó al principio al concederse a los representantes el control de ingresos y gastos o poder de bolsa. Por el contrario, el ejecutivo tiene una enorme capacidad para brincarse el presupuesto e incluso para reducirlo en los hechos. Luego de eso, presenta cuentas y no ocurre absolutamente nada.

Quienes se lamentan de la cancelación de la lectura del informe en plenaria del Congreso consideran que hace falta escuchar los compromisos que desee hacer el presidente en turno, pero en realidad el informe fue instituido para entregar cuentas de la administración pública y no para conocer el programa del gobierno, aunque tampoco se impiden las promesas.

La cancelación de la visita anual del presidente al Congreso fue resultado de la crisis del presidencialismo exacerbado que el país sufrió durante muchos años, al tiempo que la oposición adquiría mucha mayor presencia en las cámaras. Desde 1979 se empezaron a intentar las interpelaciones al ejecutivo durante la sesión del informe. Llegó un momento en que era mejor para el titular del ejecutivo que se  le impidiera hablar y que se aplicara a la letra el precepto que ordenaba la concurrencia del presidente y la presentación de un informe por escrito. Así sucedió.

Cuando el presidente concurría al Congreso, el informe se discutía en las cámaras de manera ritual y sin repercusiones; ahora que se envía por oficialía de partes todo es igual. En realidad, lo que está en crisis en México es el sistema político que opera bajo la simulación y la falta de discusiones verdaderas entre los partidos políticos.

La propuesta de crear un concejo de gobierno, integrado por los secretarios de despacho ratificados por el Congreso y presidido por el titular del Ejecutivo, fue rechazada tanto por el PRI como por el PAN. Ahora se propone para la Ciudad de México y creo que  volverá a ser rechazado porque no se advierte disposición de empezar siquiera a erosionar el molde presidencialista.

En cambio, el PAN, con apoyos en el PRD, pide la segunda vuelta en la elección presidencial, la cual no resuelve el menor problema pero de seguro llevaría al país a votar en dos ocasiones para elegir a un presidente que tendría la misma fuerza política que en la primera de ellas, pues el sentido del segundo voto es algo obligado por la circunstancia.

Mejor sería terminar con el presidencialismo, modificar el sistema político del país para que el parlamento, conformado mediante la representación proporcional, formara gobierno. Con eso también se podría avanzar en lo tocante a los partidos políticos, los cuales asumirían la función de fuerza gobernante cuando estuvieran en mayoría y serían oposición reconocida cuando se encontraran en minoría. Los gobiernos de coalición serían posibles como pactos formales en el seno del Congreso para dar suficiencia parlamentaria al gobierno.

Claro, toda resolución del parlamento tendría que ser obligatoria para el ejecutivo, integrado éste en un concejo en cuyo seno se adoptaran resoluciones legales de cara al país.

Abrir la política, pues. ¿Para qué volver a la parafernalia de la lectura presidencial? Mejor que se debata entre iguales.