Archivo por meses: junio 2016

AMLO frente a Peña

Andrés Manuel López Obrador ha hecho un planteamiento tendiente a que en México se forme, ahora mismo, un gobierno de transición. Esto implicaría otro gabinete con una política supuestamente transicional entre la actual y la que implantaría la fuerza que tomara el mando a partir de diciembre de 2018.

El planteamiento es incorrecto porque Peña Nieto no quiere marchar hacia otro rumbo pero también porque él no lo necesita. Aunque sea contradictorio, la situación del país es de franco deterioro en todos los aspectos pero no existe una crisis del poder. La mega violencia delincuencial tiene más de diez años. El estancamiento económico empezó hace tres décadas. La pobreza crece desde hace más de 30 años. La corrupción como sistema es aún más vieja. La matricula universitaria como porcentaje del número de jóvenes está estancada desde hace 40 años. Sería difícil imaginar que a México le hubiera podido ir peor que como le fue durante el lapso del predominio neoliberal. Peña, sin embargo, dice que “los populismos” destruyen lo edificado durante décadas pero en México se ha echado a perder lo poco que se había construido por las generaciones anteriores, no obstante lo cual ese proceso se sigue presentando discursivamente como la única ruta del progreso, tanto por parte de los líderes priistas como de los panistas que comparten la responsabilidad en la catástrofe nacional.

Lo que López Obrador llama la “mafia del poder” y que la estira hacia todas partes, por lo cual le sirve para todo y, en esa misma dimensión, no le sirve para nada, no es otra cosa que la oligarquía que se ha formado en México durante esos años de concentración incesante del ingreso y empobrecimiento relativo y absoluto de la mayoría de la población. En Estados Unidos, el 1% acapara cerca de la mitad de la riqueza. En México ese acaparamiento lo hace el 0.01%. En los últimos 5 años, el ingreso promedio de los hogares ha disminuido, según el INEGI, lo cual no ha ocurrido en el vecino del norte. Por el otro lado, en nuestro país, tan sólo 2 500 personas (0.002% de la población) tienen más del 20% de la riqueza individual total, unos 400 mil millones de dólares.

Si de seguro Peña no aceptaría formar un gobierno de transición para empezar a negarse a sí mismo, la izquierda no debería suponer que tal cosa es posible. Sin embargo, López Obrador piensa que hay que presentar a Peña la propuesta menos entendible para éste; habría que añadir que es también la menos entendible para la generalidad de las personas, en especial para la gente de izquierda.

El gobierno de Peña ha empeorado sensiblemente. De la inicial búsqueda de acuerdos con las principales fuerzas políticas ha pasado a negar el diálogo si el interlocutor no depone sus demandas. La tesis de que las leyes no se negocian es diazordacismo puro, el cual conduce a más represión. Si algo se negocia a las claras en la lucha política es la legislación, eso es lo negociable por naturaleza. Más aún, sin la negociación de las leyes no hay democracia funcional.

Al mismo tiempo, el gobierno de Peña es cada vez más irresponsable. Su política presupuestal consiste en recortar gasto social y de inversión sin restar un solo peso a las erogaciones para la operación política ni a los altísimos sueldos del gobierno. Peña tampoco consigue más dinero que lo obtenido mediante las reformas iniciales que se hicieron gracias a las propuestas de otros partidos, excepto el PAN. Ahora, como dice la derecha europea y estadunidense, la consigna vuelve a ser menos impuestos a los ricos y menos gasto social. Eso exige Donald Trump, entre otros. Ni siquiera se ha planteado imponer la tasa cero de interés a los bonos Fobaproa, ahora conocidos como IPAB, deuda fraudulenta con la que tiene que cargar el pueblo mexicano pero a la cual se le sigue pagando buenos réditos. Parece mentira que México haya negociado rebajas en tasas de adeudos internacionales pero no sea capaz de reducir los intereses de la deuda más ilegítima de la historia contemporánea del país.

La oligarquía que domina denuncia a los “populismos” irresponsables y “destructores”, al radicalismo político, pero lo hace por boca de los gobernantes. Éstos no estarán toda la vida en los cargos públicos pero piensan igual que los que sí estarán toda la vida al frente de sus empresas y negocios financieros, quienes han concentrado y centralizado el capital y la producción, quienes controlan los grandes flujos de importaciones y exportaciones, quienes mueven inmensos capitales de un lado para otro. ¿Podrían los gobernantes actuales y los oligarcas de siempre promover una transición hacia un Estado democrático y social de derecho?

Diálogo trágico

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Tuvieron que morir por las balas de la Policía Federal ocho personas en Nochixtlán para que el gobierno abriera un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de meses de solicitudes infructuosas de los maestros y de francas negativas de parte de las autoridades. Dicho esto de otro modo, la política gubernamental de condicionar todo diálogo a la renuncia de las peticiones principales del movimiento arrojó un saldo sangriento de muertos y heridos. La responsabilidad de esa tragedia es sin duda de Peña Nieto como jefe del gobierno pero el expositor sistemático de la negativa política fue Aurelio Nuño, secretario de Educación y hombre de mayor cercanía del presidente.

En un esfuerzo por sabotear el diálogo ya iniciado en la Secretaría de Gobernación, el mismo Nuño declaró que el tema educativo no sería tocado en las conversaciones. En realidad la reforma no es a la educación básica sino a la administración de la misma. Lo que tiene por ahora que abordarse entre los representantes de la CNTE y el gobierno es un tema de política de organización y administración de recursos humanos de las escuelas primarias y secundarias públicas del país. El sistema de evaluación jamás podrá ser la base del mejoramiento de la enseñanza, mucho menos cuando tiene aspectos punitivos entre otras contradicciones, pero lo verdaderamente grave es que el secretario del ramo así lo considere y por ello defienda las reglas de la evaluación como si fueran parte de una verdadera reforma educativa.

Para arrebatarle al SNTE el control del ingreso y la promoción en el magisterio no se requería improvisar un sistema de evaluación súbita y masiva, pero el gobierno lo adoptó por necedad y ha llevado al país a un ya largo conflicto donde las autoridades fueron cerrándose cada día más: fueron desde la amenaza y los procedimientos de separación de quienes no se presentaban a las evaluaciones hasta los ceses de faltistas y el encarcelamiento de dirigentes. Al final, hubo fuego de la policía.

Osorio Chong, jefe superior de la Policía Federal que disparó contra habitantes de Nochixtlán y quien, por tanto, alguna responsabilidad ha de tener en los hechos de sangre, encabeza la delegación del gobierno en las conversaciones del Palacio de Covián. En tal situación, ese secretario es quien debe encontrar la manera de eludir la línea más intransigente de Peña-Nuño que consiste en que para conversar se requiere la sumisión del que critica, denuncia y protesta.

Mas para lograr la derrota de esa línea intransigente y represiva se requiere que las fuerzas democráticas alcen su voz con la mayor fuerza. No se trata sólo de echar abajo la punitividad del sistema de evaluación sino de derrotar ese alcance punitivo hacia todo conflicto político. Hay que entonar muy alto para obligar a bajar el volumen del griterío autoritario dentro y fuera de los medios de comunicación. Hay que exigir, por tanto, que el diálogo tenga resultados, que predomine la voluntad de llegar a acuerdos.

Es mentira que las leyes no se negocian en sedes gubernamentales, esa afirmación es mendaz y forma parte de la línea de Nuño fraseada ahora por Osorio, la cual sólo busca colocar a las negociaciones de Bucareli sobre la cuerda floja. Tal tesis diazordacista, preámbulo de incontables represiones, debe ser derrotada.

Las investigaciones en curso de la PGR sobre los muertos y heridos por arma de fuego en Nochixtlán no son de fiar. La procuradora es parte del gobierno, lo es en los hechos aunque no lo sea en la ley. Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es incapaz jurídicamente de abrir procesos penales. Así que, en este caso como en otros muchos, se requiere un fiscal independiente. El gobierno no debe seguir investigando al gobierno como hasta ahora ha ocurrido.

No fueron profesores de la CNTE las víctimas mortales del fuego policiaco sino la gente que buscaba impedir la acción de los gendarmes en Nochixtlán porque apoyaba a sus propios maestros. Esto nunca lo reconocerá a las claras un gobierno engreído que quiere dar lecciones de rigidez como instrumento de gobernabilidad.

Recordemos por otra parte que el gobierno no debe educar sino que debe ser educado, conocimiento éste alcanzado desde el siglo XIX. Pues sí, ya estamos en el XXI…, cronológicamente.

Desde Vallejo hasta Rubén Núñez

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El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto. Ellos son presos políticos. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones.

El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.

A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos. Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa pero ya docilitados.

La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.

La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.

El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!

Pleito de partidos

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Las recientes elecciones en casi la mitad del país se nos presentaron como un pleito de partidos. Los protagonistas principales se la han pasado echando bravatas y lanzando golpes: siguen en eso. No sabemos de cierto lo que cada cual propone aunque estamos seguros que el PRI no posee más que la política aplicada hasta ahora por parte de Peña Nieto, es decir, nada nuevo. Sin embargo, la competencia ha sido muy dura y los resultados están apretados: habrá gobernadores con algo más del 30 por ciento de la votación.

La concurrencia en los doce estados donde se eligieron cargos ejecutivos ha sido normal: poco más del 50% del listado de electores; y muy baja en las entidades (CxMx y BC) donde sólo se eligieron diputados: menos del 30%. Pero el hecho de mayor trascendencia es que el PRI perdió cinco gubernaturas (Ags., Chih., Dgo., Q. Roo y Tamps.) aunque recobró dos (Oax. y Sinaloa). Este saldo desfavorable para el gobierno de Peña es producto de la política conservadora de corte neoliberal, la incesante corrupción gubernamental y la crisis de violencia que se recrudece en el país.

La otra característica ha sido que la división de la izquierda le impidió a ésta obtener el triunfo en Tlaxcala, Oaxaca y Zacatecas. Asimismo, en Veracruz una alianza exclusivamente entre Morena y PRD se hubiera alzado con la victoria. En esos cuatro estados la izquierda es mayoría política pero no ejerce esa responsabilidad: pierden con ello el país y la democracia. El objetivo de Morena de tomar el puesto de partido principal de la izquierda es una victoria sin trascendencia ni validez en tanto que la lucha es contra la derecha. En el otro lado, la tesis de la dirección del PRD de que sólo en alianza con la derecha panista se puede derrotar al PRI es igualmente falsa. Los dos partidos de izquierda se demostraron a sí mismos que su política no es la mejor aunque no se han tomado la molestia de iniciar un examen directo de la situación política del país.

Al PRD no le ha ido bien porque cosechó divisiones internas en Veracruz, Oaxaca y Zacatecas al grado de no alcanzar por ese motivo las gubernaturas en estos dos últimos estados donde los candidatos aliancistas eran militantes suyos.

Ahora bien, en la Ciudad de México aparentemente no se produjeron cambios pero los resultados en el terreno indican otra cosa. Morena mantuvo su condición de partido más votado pero además ya es mayoría en diez delegaciones mientras el PRD sólo lo es en cinco y el PAN en una. Las causas de la derrota del PRD, tanto en 2015 como el pasado 5 de junio, no consisten en la escisión que sufrió sino en la errática política del gobierno capitalino que en el imaginario ciudadano corresponde a ese partido. La administración de Miguel Ángel Mancera nunca tuvo proyecto alguno por lo que la ciudad ha funcionado con piloto automático. Desde diciembre de 2012 no ha ocurrido nada verdaderamente nuevo, casi todo ha sido aplicar leyes y programas anteriores. En consecuencia, la ciudad no está mejor que antes y los electores así lo reportan. En realidad, el PRD en la CdMx se encuentra anclado con su voto duro y no hizo siquiera el intento de realizar una campaña electoral. La lista de los primeros seis candidatos externos hizo ver que la dirección del partido carecía de figuras propias para encabezar una planilla porque aplica una política de exclusión. En este esquema político, Mancera y Jesús Ortega se repartieron las candidaturas como si fueran dueños de una miscelánea. El resultado porcentual no fue tan catastrófico como un año antes porque la participación ciudadana fue muy baja y el voto duro perredista todavía existe como producto del clientelismo directo, según lo demuestra el hecho de que el PRD recién recibió en la CdMx la misma votación que la totalidad de los sufragios registrados en sus propias elecciones internas de 2014: poco más de medio millón. El porcentaje de ahora es mayor (28% contra 20% de hace un año) pero la masa de votos es la misma.

Desde otro ángulo de análisis, la suma de los sufragios en favor de Morena y PRD arroja el 61.6% de la votación válida, casi 15 puntos porcentuales más que hace un año, lo cual indica que la división no ha provocado una reversión de las coordenadas políticas básicas de la ciudad porque el PRI y el PAN nunca habían estado tan bajos en porcentaje: carecen de plataforma propia y no saben siquiera ser oposición. El problema consiste, sin embargo, en que la división se ha convertido en buena medida en un pleito particular entre dos partidos en lugar de abrir un espacio de debate político que tanto demandan la izquierda y el país entero.

Elecciones 2015: lecciones

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Las contiendas en los 12 estados del país donde se elegirán gobernadores o gobernadoras el próximo 5 de junio han sido las más sucias de los últimos años. Llama la atención que el jefe de un partido, Enrique Peña Nieto, se haya condolido de esta situación cuando el PRI es el que más ha contribuido al enchiqueramiento de la competencia electoral.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ha llegado al extremo de ejercer la inconstitucional censura previa contra mensajes de radio y televisión, pero lo peor es que el Tribunal Electoral las confirmó en sentencias que agravian la libertad de difusión y podrán tener consecuencias gravísimas debido a los argumentos fraudulentos con que se dictaron. A cambio, el INE ha mantenido en el aire espots claramente calumniadores, como uno en Zacatecas que fue suspendido por el Tribunal pero un día antes de la terminación del periodo de campaña. Gran parte del reciente lodazal se debe al gobierno y a la influencia de éste en el INE y el TEPJF.

Manlio Fabio Beltrones se ha estrenado como líder priista en unas elecciones ganables pero con guerra sucia y más que nada con el poderoso respaldo de los programas sociales del gobierno incluyendo el Fondo Nacional de Desastres Naturales. El oficialismo ha regalado todo lo que tuvo a la mano a cambio del voto coaccionado, cada vez más necesario por parte del viejo PRI que no tiene la menor intención de cambiar su forma de ser.

Convertir las campañas en intercambios de injurias, calumnias, difamaciones y otras formas de denostar o de plano defenestrar al adversario se ha traducido en el estrechamiento del campo de las propuestas. Es miserable que casi todos los candidatos y candidatas prometan lo mismo: más empleo y mejor seguridad pública (hay uno en Tamaulipas que ha dicho que no habrá un secuestro más durante su sexenio). Ninguno lo puede lograr. Mas lo peor es que casi no hay propuestas de reformas económicas, administrativas y democráticas. Pareciera que no hay tareas generales pero tampoco se mencionan otras de carácter concreto. La pobreza programática ciertamente corresponde a los candidatos y candidatas, con sus buenas excepciones, pero también es característica de los partidos que han postulado a personas sin perspectivas transformadoras. El fenómeno consiste en que los partidos mexicanos son cada vez menos propositivos; lo que quieren es ganar a como dé lugar aunque ellos mismos no sepan exactamente para qué como no sea el desempeño de los cargos públicos y el control del gasto.

Lo anterior ha conducido a que cada vez gobiernan más las personas y mucho menos los partidos que, se supone, han sido creados con ese propósito. En la contienda de este año casi ningún partido llevó a cabo una campaña unitaria a pesar de que la mitad del país va a votar. Esto habla de una despolitización del poder público y de la conversión de los partidos en simples frentes electorales.

Aquí hay una crisis política que tiene como expresión superficial el hartazgo popular de los políticos y el debilitamiento de la lucha entre los partidos. La democracia mexicana, exclusivamente representativa y formalista, está al borde de la bancarrota porque la clase política no alcanza a ver que una ciudadanía nueva requiere no sólo elegir sino también proponer, decidir, remover y disponer. El sistema constitucional mexicano requiere un cambio de gran alcance, el cual está siendo postergando por los partidos, inmersos como se encuentran en luchas personalistas y de grupos que se benefician de la corrupción pública, es decir, que son funcionales al Estado corrupto.

Sean quienes sean los próximos gobernadores y gobernadoras el hecho es que no hay una mayoría política en el país. En varios estados las diferencias van a ser pequeñas de manera que los nuevos gobiernos vivirán su gestión con mayores vigilancias y en medio de la crítica de sus opositores, los cuales serán representantes en suma de la mayoría ciudadana. Esta característica no es nueva, sin embargo no está escrito que así debe ser en cada ocasión. Lo significativo hoy es que seguirá la dispersión del voto entre tres o cuatro pedazos de ciudadanía.

Otra característica de la temporada ha sido la división en la izquierda. Cualquier observador en Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala podría decir que la tarea era unir a las izquierdas para ganar de seguro esas gubernaturas. Es cierto que a pesar de la división algunos resultados pueden ser favorables a una de las izquierdas, sin embargo, tanto la posición de Morena de rehusar la búsqueda de acuerdos con el PRD como la de éste de aliarse con el PAN en varias entidades, no eran los mejores caminos. Para el PRD la cuestión se complicó aún más debido a que en varios estados cosechó nuevas escisiones. Tal vez el resultado electoral muestre que la política correcta es edificar la unidad en la acción en lugar de profundizar la división con base en ataques insultantes pero insulsos que sólo impiden la polémica de fondo tan necesaria para las fuerzas de izquierda.