Archivo por meses: Abril 2016

2018

Ningún partido puede ganar solo una elección en México, incluida la presidencial de 2018. Pero más allá de los partidos, el país tiene tres corrientes políticas principales: la izquierda en su acepción más amplia, llamada progresista por algunos; la derecha tradicional encabezada por el PAN, la Coparmex y los derivados de Acción Católica; la derecha priista con las estructuras supervivientes del viejo régimen. En rasgos generales se trata de un esquema de tercios. Es claro, por tanto, que la derecha es mayoritaria en el país y cuando se alía consigue las regresiones y agresiones más grandes contra la nación y el pueblo mexicano, como lo demostró con la llamada reforma energética, pero en el terreno electoral suele presentarse dividida.

Pueden las izquierdas tener un candidato único de todas las fuerzas progresistas del país y expresarse en las urnas como el tercio mayor. Sí, eso es más fácil que cualquier otra solución política en la encrucijada mexicana. El gobierno de Peña vive en el descrédito porque carece de política general, de propuesta política, sus acciones reaccionarias han dependido de los apoyos panistas y oligárquicos pero no hay un programa que pudiera reflejar lo que es el PRI ahora: el gobierno sencillamente sobrevive. El PAN no se presenta como relevo nacional ante el PRI porque ha demostrado que no lo es: tuvo 12 años para hacer cambios democráticos y no quiso ni siquiera intentarlos. Las fuerzas progresistas del país no han gobernado y son contrarias a las políticas de la vieja derecha y de la nueva derecha.

El entorno más general de la coyuntura es el declive del neoliberalismo en el mundo, su descrédito, aunque en muchos países se mantenga en el poder por falta de alternativas progresistas bien estructuradas. Es cierto que lo mismo puede ocurrir en México hacia el 2018, tal como ahora, pero es por ello justamente que se requiere plantearse la unidad política de todas las izquierdas y de todas las fuerzas progresistas y democráticas. El repudio popular al PRI no se va a condensar con varios candidatos a la Presidencia sino con uno sólo y con una planilla que lleve al Congreso una fuerza para hacer viable un gobierno progresista.

Este debe ser el trabajo actual en los partidos de izquierda, en los sindicatos democráticos, en los movimientos campesinos y populares, en la amplia intelectualidad progresista. Estas fuerzas serían suficientes para alcanzar un cambio político y el inicio de un proceso en el que no ha estado el país desde los años 30-40 del siglo XX. Es claro que las tareas son ahora diferentes a las de la centuria pasada pero no tanto como para suponer que no existen la derecha y la izquierda en el seno de la sociedad y como fuerzas sociales, es decir, no sólo de carácter político.

Una de las características peculiares del México actual es la necesidad de una nueva democracia en la que se forme una también nueva ciudadanía. Hay que dejar atrás tanto el clientelismo de subsistencia como la ciudadanía testimonial que vota pero no decide y mucho menos propone, es decir, superar ambos prototipos de sujetos políticos que prohijaron una “clase política” que se encuentra en plena decadencia y cuenta con un sistema de partidos inoperante. Las fuerzas progresistas deben proponer una democracia en la que la ciudadanía intervenga en la política como fuerza decisoria y como elemento propositivo: todo se debe poder cuestionar y también todo se debe poder proponer mediante un sistema de intervención directa a través de toda clase de debates y votaciones populares, desde la revocación de mandato, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, en todos los niveles, desde el país entero hasta el barrio o el pueblo. De ese tamaño tiene que ser el cambio que abandere la izquierda en México.

En materia económica, la tarea más urgente, más nacional y más popular es modificar el patrón de distribución del ingreso, acabar con esa concentración brutal que impide el crecimiento económico y fomenta la pobreza.

En la amplia materia social el país requiere que los derechos justamente sociales sean exigibles, que para cada uno de ellos haya una forma precisa de hacerlo valer por cualquiera. De poco sirve el listado de derechos en la Carta Magna si esta misma no brinda el camino de su propia realización.

Como se puede observar, la lucha por la democracia como la gran bandera de las izquierdas podría ir desde la participación política y la creación de una nueva economía hasta la realización efectiva de los derechos sociales. Se trata, como puede observarse, de la fundación del Estado democrático y social de derecho. Si las izquierdas no se unen nadie lo logrará en México. Eso es obvio. A partir de aquí hay que discutir, pero ya.

Tortura: ¿peores escenarios?

A propósito del escándalo desatado por el video de una mujer torturada en Guerrero, el subsecretario para asuntos de derechos humanos, Roberto Campa, dijo que la tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios. Pero es que ya estamos en uno de los peores escenarios.

Luego de que el informe anual del Departamento de Estado norteamericano señalara que en México se siguen produciendo graves violaciones de derechos, la revelación de la tortura de Ajuchitlán en contra de Elvira Santibáñez, por parte de dos militares y tres agentes de la Policía Federal, generó de súbito el ofrecimiento de disculpas del general secretario de la Defensa y del jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, pero el uno y el otro no hicieron un análisis sino sólo asumieron una posición. Las disculpas ofrecidas no han sido aceptadas.

Los dos militares presuntos torturadores sólo están acusados de desobediencia en el Ejército porque la PGR no mueve un dedo, como de costumbre. Es quizá una exageración decir que en México no hemos tenido Ministerio Público, pero es del todo justificado afirmarlo mientras no se demuestre lo contrario.

La tortura y muerte de detenidos no es práctica inusitada de “unos cuantos”. Eso lo dice entre otros uno de los azuzadores periodísticos de la intolerancia y la represión, Carlos Marín. La tortura como método de investigación en México es más vieja que el general y el jefe de la policía que la han condenado en sus discursos.

Es también una necedad suponer que la intervención de los militares en tareas de policía explica la práctica de la tortura en el Ejército. Algunos lo han expuesto así sólo para vincularla con la “guerra” contra el narcotráfico que se busca justificar.

La tortura ha sido inveterada práctica de la autoridad civil y de la militar. Lo fue en las represiones de los años cincuenta, sesenta, setenta y siempre vuelve a asomar. Gutiérrez Barrios, jefe de la seguridad del Estado, era el mayor organizador de la tortura en el país pero en Tlaxcoaque, sede de la policía capitalina, había cámaras de tortura contra detenidos comunes y políticos por igual. Ahí torturaron y mataron a Hilario Moreno, militante comunista, y muchos otros sufrieron. Jefes y oficiales en el Ejército también hacían lo suyo, solos o en compañía de los brutales agentes civiles de la entonces Dirección Federal de Seguridad, como ocurre ahora con las “operaciones mixtas”.

En los últimos cuatro años han recuperado su libertad 100 personas que lograron acreditar que fueron torturadas luego de su detención. Es muy difícil probar la tortura en un juzgado y mucho más ante el Ministerio Público: hay miles de denuncias pero no hay miles de procesados. Nada puede justificar que se torture por más vueltas que se le quiera dar al asunto pero tampoco se puede suponer que se trata de algo insólito. Y más allá de la tortura, habría que refrescar la memoria de Roberto Campa con un “escenario peor” que fue el crimen de Tlatlaya entre otros.

Hace más de dos décadas (1991) que se expidió la ley contra la tortura bajo la recurrente idea falsa de que promulgar una norma implica resolver un problema. Hoy, dos discursos, más el de Roberto Campa, tampoco harán que la tortura sea eliminada. El problema, como otros, amerita un auténtico cambio de régimen. Mientras, hay que seguir luchando contra la tortura y demás violaciones de derechos fundamentales sin miedo a ser sometido a la insolente acusación de inconforme irracional.

Propaganda personalizada

Como no se sabe, en México está prohibida en la Constitución la propaganda gubernamental personalizada, es decir, que contenga nombres, símbolos o rostros de cualquier servidor público. Lo que sí se sabe es que esta publicidad pagada abunda en los medios.

Durante años he llevado a cabo una lucha en contra de esa práctica inconstitucional pero he tenido muy poca suerte. El primer problema es que no existe ley reglamentaria de ese precepto constitucional contenido en el artículo 134, por lo cual tampoco está definido el procedimiento ordinario exacto para hacer denuncias formales y exigir las sanciones correspondientes. El segundo problema es que en tiempo de elecciones sí se puede combatir esa propaganda personalizada en los organismos electorales y los correspondientes tribunales, pero eso tampoco ha resuelto nada, ya que la autoridad es remisa y omisa, y, además, los servidores públicos no pueden ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral, son impunes por mandato legal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha resuelto una vez más que no se acredita la conducta ilegal imputada a dos gobernadores: Eruviel Ávila, del Estado de México (ponente: Oropeza), y Javier Duarte de Veracruz (ponente: Penagos); además, lo hizo también en principio respecto de Manuel Velasco de Chiapas, a reserva de aprobar la exculpación posteriormente, ya que fue desaprobada la ponencia de la magistrada Carmen Alanís que proponía declarar fundada la queja y se nombró un nuevo ponente.

Dice la mayoría del Tribunal (Carrasco, González Oropeza, Penagos y Galván) que no se acredita propaganda personalizada porque no está probado que se haya pagado con fondos públicos, pero se da vista al congreso mexiquense para que averigüe si hubo “falta de cuidado”. ¿Si las gacetillas son ajenas al gobierno, cuál podría ser la “falta” de cuidado? Pero la mayoría de los magistrados explica el asunto admitiendo que la gacetilla denunciada efectivamente tiene apariencia de gacetilla pues no está firmada y tiene un formato diferente que las notas normales, pero que nadie, ni el quejoso ni la autoridad (el INE), mucho menos la Sala Especializada del Tribunal, mostraron la orden de inserción y el recibo de pago. La magistrada Alanís les respondió que eso no es necesario porque hubo contratos con los medios aunque en éstos no se esclarece las inserciones que ampara cada uno. En síntesis, el Tribunal envió a Toluca el asunto para que allá se averigüe algo. No es ingenuidad sino plan con maña.

Si la gacetilla era gacetilla y en ella aparecieron los gobernadores, entonces hay una violación del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución sin que la autoridad tenga que saber porqué el periódico no lo informa. La gacetilla pagada no está prohibida, lo prohibido es la foto del gobernante, la promoción de su persona. Eso es todo. Pero no ha podido hacerse valer.

Las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF sólo servirán para que los gobernadores que pagan dinero público por aparecer en los diarios (Eruviel Ávila es el campeón nacional) se sigan burlando de la Constitución y de todo el orden jurídico que, como se sabe, en México es muy relativo. ¿Aparte de los diarios y revistas donde las inserciones son más claras, cuántas noticias de radio y televisión en la que aparecen gobernantes o se habla de ellos son gacetillas? No lo sabemos. La falta completa de transparencia en los gastos de comunicación social de todas las oficinas públicas del país nos impide tener alguna idea al respecto. En realidad, los medios no están obligados a informar al público quién paga cada inserción pagada, pero los entes públicos sí se encuentran obligados por las leyes para informar a quién le pagan y para qué.

De Iguala a Cocula

La tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del asesinato de seis personas, hechos ocurridos en Iguala, se ha convertido en el tema del basurero de Cocula. No se discuten ya los levantones y los homicidios de Iguala sino lo que posiblemente ocurrió en Cocula, mejor dicho, lo que no pudo ocurrir ahí: la incineración total de 43 cuerpos en el breve lapso de una noche.

Tampoco se sabe algo sobre las causas de las desapariciones y de la conducta de la policía preventiva municipal al tratar de detener a los estudiantes. Nada se conoce del paradero del entonces secretario de seguridad pública de Iguala ni de sus posibles nexos con el grupo Guerreros Unidos. Tampoco se comentan hechos concretos que vinculen al entonces alcalde y a la esposa de éste con ese mismo grupo de narcotraficantes, buena parte de los cuales se encuentra en prisión.

La opinión pública carece de dato alguno sobre el negocio de producción, industrialización, tráfico, distribución y venta de derivados de la goma de amapola y otras drogas procedentes de Tierra Caliente, tanto en México como en Estados Unidos, todo lo cual podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nada sabemos tampoco del otro grupo, el rival, se dice, denominado Los Rojos, a pesar de las detenciones de varios de sus jefes.

Mucho menos se ha tocado el porqué los autobuses en los cuales aquella noche se transportaban los estudiantes tomaron rumbo hacia el centro de Iguala en lugar de virar hacia la carretera que conduce a Chilpancingo y a Tixtla. Aún más oscuro está la causa de la vuelta a la derecha que dio casi simultáneamente otro de los autobuses para enrumbarse directamente hacia la carretera, no obstante lo cual, según la verdad histórica de la PGR, sus ocupantes también fueron víctimas de un levantón de la policía municipal.

Los agentes activos y pasivos de estos hechos no han sido relacionados por la autoridad, ni siquiera entre sí. Al menos, ésta no se ha tomado la molestia de explicar algo al respecto. El contexto que se presenta ante la opinión pública es que nada coincide, que se trata de piezas de rompecabezas diferentes. Una obsesión se advierte: dar por hecho que nada tuvieron que ver militares y policías federales.

Los expertos independientes se han trenzado en una mala relación con las autoridades del gobierno y con la PGR al punto de que éstas ya no ocultan su deseo de que aquéllos se vayan y nunca vuelvan, mientras los enviados de la CIDH no aciertan a comunicar si desean continuar su trabajo o ya prefieren irse del país. De cualquier forma, el resultado es que la opinión pública, a estas alturas, nada tiene claro y ya hasta se duda de que haya alguien capaz de explicar bien alguno de los temas imbricados en la tragedia de Iguala.

Si en el basurero de Cocula ardieron aquella noche pocos, muchos o ningún cuerpo; si los posibles cadáveres calcinados en ese lugar corresponden a los estudiantes detenidos en Iguala; si hubo un gran incendio controlado aquella madrugada y si llovió poco o mucho, son aspectos que pudieran ser vistos siempre que se encontraran directamente relacionados con lo básico: ¿qué ocurrió y porqué?

Nos han sacado de Iguala y nos han llevado a Cocula, como dicen que hicieron los narcos con los estudiantes, por veredas oscuras y sin que nos diéramos cuenta, sólo para ocultar lo que sucedió aquella infausta noche y mantenernos en la ignorancia sobre quiénes hicieron cada cosa y porqué, es decir, alejarnos del conocimiento del significado verdadero de los hechos reales.

Juicio político: estrenar la Constitución… de 1917

Una noticia chusca ha conmocionado selectos medios. Un juzgado administrativo le ha puesto un plazo hasta el próximo domingo a los integrantes de las comisiones de gobernación y de justicia de la Cámara de Diputados para que procedan a integrar la Sub-comisión de Examen Previo. Si no lo hicieren así, la jueza podría consignar a los contumaces, ya multados y desaforados por ella misma, a otro juzgado, bajo la acusación de cometer el delito de incumplimiento de sentencia de amparo o algo por el estilo.

¿Qué es esto? Algo inaudito. Un abogado, Horacio Culebro, héroe de varias batallas, acudió hace ya muchos meses a un juzgado en procura de la protección de la justicia federal contra la omisión de la Cámara de Diputados al no integrar, como lo indica la ley, la sombría Sub-comisión de Examen Previo para sustanciar los procedimientos de responsabilidad política de altos servidores de la Federación y los estados. Existen 300 denuncias que no han sido tramitadas y, como es tradicional, la Cámara de Diputados no tramitará ninguna, al extremo de negarse a integrar el organismo que debe hacerlo.

En México nunca se ha llevado a cabo un juicio político desde que la actual Constitución entró en vigor. Puede decirse entonces que en este país ningún alto funcionario ha cometido jamás actos u omisiones que afecten los intereses públicos y su buen despacho en contravención de normas constitucionales o legales. Ninguno es ninguno, en 99 años. México es un país inverosímil, nadie en el mundo podría admitir la existencia de tan maciza realidad política. Aquí no hay dictadura perfecta –con licencia de Vargas Llosa– sino Estado perfecto, aún más difícil de alcanzar.

El juicio político suele confundirse con el desafuero, pero son diferentes. El primero es, como lo dice su nombre, eminentemente político y está dirigido a remover altos servidores públicos por mala gestión, abuso, ignorancia o error grave que afecte intereses públicos. Por otra banda, el desafuero es quitar la inmunidad a efecto de que el servidor público aforado pueda ser acusado en un juzgado penal de haber cometido un delito. Claro, se le separa del cargo, pero si el juez rebota la acusación, el desaforado puede regresar al cargo. Desde 1917 se han producido unos cuantos desafueros, los cuales, en los años veinte y treinta, tuvieron como propósito sólo remover legisladores y gobernadores, pero después se decidió castigar con cárcel, como a Díaz Serrano, para dar sustento al lema electoral de renovación moral de la sociedad (!); por cierto, el dinero del fraude nunca apareció. También se recuerda el desafuero de López Obrador, singular acontecimiento a cargo de Vicente Fox en la Presidencia y del PRI y el PAN en la Cámara, para abrir un juicio penal y suspender el derecho ciudadano de ser elegido, lo cual fue en realidad un ignominioso acto contra la precaria democracia nacional. Pronto veremos otro desafuero pero sin trascendencia alguna.

El juicio político, por su lado, es un instrumento parlamentario de vieja hechura que le otorga al Legislativo capacidad de control sobre el Ejecutivo. No se trata sólo de revisar las cuentas sino de evaluar el desempeño de los altos funcionarios, su capacidad, el apego a lo prescrito en las leyes y a los requerimientos de la sociedad. El presidente de la República no es sujeto de juicio político porque no se le ha querido dar al Congreso la facultad de removerlo por motivos puramente políticos ya que el Legislativo nombra al sustituto, pero las órdenes del jefe del gobierno deben ser firmadas por el secretario de despacho correspondiente, el cual sí es sujeto de responsabilidad política y puede ser enjuiciado por el Congreso. El presidente de la República es sin embargo sujeto de juicio bicameral de destitución (impeachment), pero sólo acusado de delitos del orden común o traición a la patria. Bueno, pero todo esto es puro postulado constitucional que jamás ha tenido expresión alguna.

Ahora bien, cuando la oposición empezó a tomar fuerza en la Cámara de Diputados, el PRI se encargó de enredar el trámite de los juicios políticos, por si acaso. Se designó a las comisiones de gobernación y de justicia para incoar los procedimientos después de pasar por una subcomisión de examen previo. Ésta es la que aún no existe. Si no hay a quien enviar un papel, tampoco habrá quien lo pueda regresar. Así es la lógica política en San Lázaro. Una vez cubiertos ambos trámites, dice la norma, la sección instructora entra en escena y la hace de fiscal. Pero la tal sección sólo se ha ocupado de desafueros (procedencia, se le llama) pero nunca de juicios de responsabilidad política.

Cuando no fue por una causa fue por otra, pero siempre el PRI se ha salido con la suya y, en varias ocasiones, el PAN ha acudido en su ayuda. Una vez que el PAN apoyó incoar el procedimiento a pedido del PRD, el PVEM empató la votación para evitar el juicio político contra Madrazo Pintado a pesar de que ese dizque partido entonces era aliado de los panistas y no de los priistas. Hasta ahora, todo ha quedado en las puras ganas de estrenar la Constitución… de 1917.