Ningún partido puede ganar solo una elección en México, incluida la presidencial de 2018. Pero más allá de los partidos, el país tiene tres corrientes políticas principales: la izquierda en su acepción más amplia, llamada progresista por algunos; la derecha tradicional encabezada por el PAN, la Coparmex y los derivados de Acción Católica; la derecha priista con las estructuras supervivientes del viejo régimen. En rasgos generales se trata de un esquema de tercios. Es claro, por tanto, que la derecha es mayoritaria en el país y cuando se alía consigue las regresiones y agresiones más grandes contra la nación y el pueblo mexicano, como lo demostró con la llamada reforma energética, pero en el terreno electoral suele presentarse dividida.

Pueden las izquierdas tener un candidato único de todas las fuerzas progresistas del país y expresarse en las urnas como el tercio mayor. Sí, eso es más fácil que cualquier otra solución política en la encrucijada mexicana. El gobierno de Peña vive en el descrédito porque carece de política general, de propuesta política, sus acciones reaccionarias han dependido de los apoyos panistas y oligárquicos pero no hay un programa que pudiera reflejar lo que es el PRI ahora: el gobierno sencillamente sobrevive. El PAN no se presenta como relevo nacional ante el PRI porque ha demostrado que no lo es: tuvo 12 años para hacer cambios democráticos y no quiso ni siquiera intentarlos. Las fuerzas progresistas del país no han gobernado y son contrarias a las políticas de la vieja derecha y de la nueva derecha.

El entorno más general de la coyuntura es el declive del neoliberalismo en el mundo, su descrédito, aunque en muchos países se mantenga en el poder por falta de alternativas progresistas bien estructuradas. Es cierto que lo mismo puede ocurrir en México hacia el 2018, tal como ahora, pero es por ello justamente que se requiere plantearse la unidad política de todas las izquierdas y de todas las fuerzas progresistas y democráticas. El repudio popular al PRI no se va a condensar con varios candidatos a la Presidencia sino con uno sólo y con una planilla que lleve al Congreso una fuerza para hacer viable un gobierno progresista.

Este debe ser el trabajo actual en los partidos de izquierda, en los sindicatos democráticos, en los movimientos campesinos y populares, en la amplia intelectualidad progresista. Estas fuerzas serían suficientes para alcanzar un cambio político y el inicio de un proceso en el que no ha estado el país desde los años 30-40 del siglo XX. Es claro que las tareas son ahora diferentes a las de la centuria pasada pero no tanto como para suponer que no existen la derecha y la izquierda en el seno de la sociedad y como fuerzas sociales, es decir, no sólo de carácter político.

Una de las características peculiares del México actual es la necesidad de una nueva democracia en la que se forme una también nueva ciudadanía. Hay que dejar atrás tanto el clientelismo de subsistencia como la ciudadanía testimonial que vota pero no decide y mucho menos propone, es decir, superar ambos prototipos de sujetos políticos que prohijaron una “clase política” que se encuentra en plena decadencia y cuenta con un sistema de partidos inoperante. Las fuerzas progresistas deben proponer una democracia en la que la ciudadanía intervenga en la política como fuerza decisoria y como elemento propositivo: todo se debe poder cuestionar y también todo se debe poder proponer mediante un sistema de intervención directa a través de toda clase de debates y votaciones populares, desde la revocación de mandato, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, en todos los niveles, desde el país entero hasta el barrio o el pueblo. De ese tamaño tiene que ser el cambio que abandere la izquierda en México.

En materia económica, la tarea más urgente, más nacional y más popular es modificar el patrón de distribución del ingreso, acabar con esa concentración brutal que impide el crecimiento económico y fomenta la pobreza.

En la amplia materia social el país requiere que los derechos justamente sociales sean exigibles, que para cada uno de ellos haya una forma precisa de hacerlo valer por cualquiera. De poco sirve el listado de derechos en la Carta Magna si esta misma no brinda el camino de su propia realización.

Como se puede observar, la lucha por la democracia como la gran bandera de las izquierdas podría ir desde la participación política y la creación de una nueva economía hasta la realización efectiva de los derechos sociales. Se trata, como puede observarse, de la fundación del Estado democrático y social de derecho. Si las izquierdas no se unen nadie lo logrará en México. Eso es obvio. A partir de aquí hay que discutir, pero ya.

A propósito del escándalo desatado por el video de una mujer torturada en Guerrero, el subsecretario para asuntos de derechos humanos, Roberto Campa, dijo que la tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios. Pero es que ya estamos en uno de los peores escenarios.

Luego de que el informe anual del Departamento de Estado norteamericano señalara que en México se siguen produciendo graves violaciones de derechos, la revelación de la tortura de Ajuchitlán en contra de Elvira Santibáñez, por parte de dos militares y tres agentes de la Policía Federal, generó de súbito el ofrecimiento de disculpas del general secretario de la Defensa y del jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, pero el uno y el otro no hicieron un análisis sino sólo asumieron una posición. Las disculpas ofrecidas no han sido aceptadas.

Los dos militares presuntos torturadores sólo están acusados de desobediencia en el Ejército porque la PGR no mueve un dedo, como de costumbre. Es quizá una exageración decir que en México no hemos tenido Ministerio Público, pero es del todo justificado afirmarlo mientras no se demuestre lo contrario.

La tortura y muerte de detenidos no es práctica inusitada de “unos cuantos”. Eso lo dice entre otros uno de los azuzadores periodísticos de la intolerancia y la represión, Carlos Marín. La tortura como método de investigación en México es más vieja que el general y el jefe de la policía que la han condenado en sus discursos.

Es también una necedad suponer que la intervención de los militares en tareas de policía explica la práctica de la tortura en el Ejército. Algunos lo han expuesto así sólo para vincularla con la “guerra” contra el narcotráfico que se busca justificar.

La tortura ha sido inveterada práctica de la autoridad civil y de la militar. Lo fue en las represiones de los años cincuenta, sesenta, setenta y siempre vuelve a asomar. Gutiérrez Barrios, jefe de la seguridad del Estado, era el mayor organizador de la tortura en el país pero en Tlaxcoaque, sede de la policía capitalina, había cámaras de tortura contra detenidos comunes y políticos por igual. Ahí torturaron y mataron a Hilario Moreno, militante comunista, y muchos otros sufrieron. Jefes y oficiales en el Ejército también hacían lo suyo, solos o en compañía de los brutales agentes civiles de la entonces Dirección Federal de Seguridad, como ocurre ahora con las “operaciones mixtas”.

En los últimos cuatro años han recuperado su libertad 100 personas que lograron acreditar que fueron torturadas luego de su detención. Es muy difícil probar la tortura en un juzgado y mucho más ante el Ministerio Público: hay miles de denuncias pero no hay miles de procesados. Nada puede justificar que se torture por más vueltas que se le quiera dar al asunto pero tampoco se puede suponer que se trata de algo insólito. Y más allá de la tortura, habría que refrescar la memoria de Roberto Campa con un “escenario peor” que fue el crimen de Tlatlaya entre otros.

Hace más de dos décadas (1991) que se expidió la ley contra la tortura bajo la recurrente idea falsa de que promulgar una norma implica resolver un problema. Hoy, dos discursos, más el de Roberto Campa, tampoco harán que la tortura sea eliminada. El problema, como otros, amerita un auténtico cambio de régimen. Mientras, hay que seguir luchando contra la tortura y demás violaciones de derechos fundamentales sin miedo a ser sometido a la insolente acusación de inconforme irracional.